El presunto cerebro de la trama, Gregorio Guerra, asegura que se limitaba a firmar las licencias sin mirar los informes técnicos
Guerra, ayer. :: J. ZAPATA. EFE
Gregorio Guerra intentó ayer desprenderse del cartel que le sitúa como presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande destapada en 2007. El concejal de Urbanismo negó la mayor ante el juez asegurando que «nunca» ha recibido dinero a cambio de licencias de obras y que ni siquiera ha llegado a ser tentado por ningún promotor. Durante su declaración, el edil calcó prácticamente el guión que la semana pasada siguiera el alcalde de la localidad, Juan Martín Serón, también imputado junto a otras 18 personas en el denominado 'caso Troya' por aceptar, presuntamente, sobornos a cambio de facilitar aumentos de edificabilidad a distintos promotores pese al pronunciamiento en contra del arquitecto municipal. A preguntas del fiscal, Guerra reiteró en varias ocasiones que su papel en la concesión de licencias se limitaba a firmar los decretos, redactados por un funcionario, en los que se indicaba que se aprobaba de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos. En este punto, llegó a reconocer que ni siquiera los veía. «No leo ni puedo interpretar los informes porque no soy un experto en la materia; sabía que la licencia era correcta porque lo decía el propio decreto», argumentó Guerra, quien desvinculó a Martín Serón al aclarar que el otorgamiento de permisos urbanísticos «no es algo que se despache con el alcalde».
El Ministerio Público dirigió buena parte de su interrogatorio hacia las anotaciones manuscritas y archivos informáticos que fueron intervenidos en su despacho del Ayuntamiento tras su detención, aunque con escaso resultado. El procesado no reconoció como propias varias anotaciones mostradas por el fiscal, entre ellas una en las que se fijaba el precio para el exceso de edificabilidad y del número de viviendas con respecto a lo legalmente establecido: 80 euros por metro cuadrado de más y 6.000 euros por vivienda. «No voy a entrar en detalles. No recuerdo las anotaciones y no reconozco que sean mías», subrayó el edil, para quien la Fiscalía pide una pena de siete años y medio de cárcel y 21 de inhabilitación por once delitos de cohecho y un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Grabación telefónica
Igualmente, Guerra también negó haber mantenido una conversación telefónica con el promotor que denunció los hechos que ahora se juzgan en la que, según leyó en voz alta el fiscal Juan Calvo-Rubio, el concejal amenazaba con revisar una licencia concedida a un empresario si éste no pagaba 122.000 euros. «Así que no paga... No nos vamos a calentar ni a jugar más para que nos pongan una denuncia; si hay que parar la obra, se para», relató el fiscal, palabras que rechazó Guerra: «No recuerdo ni he mantenido ninguna conversación así».
Cuestionado por sus ingresos, explicó que proceden exclusivamente de su nómina y de la de su mujer y que su patrimonio se reduce a un piso que adquirió en 2004 con una hipoteca y a dos vehículos con más de diez años de antigüedad. Además, también puso en tela de juicio la veracidad del informe policial relativo a sus movimientos bancarios para gastos corrientes, que en enero de 2005 llegaron a ser de apenas 64 euros. «La economía familiar la lleva mi esposa. Yo no me ocupo de los gastos que había en la vivienda», afirmó el edil, quien remarcó: «No llevamos ese tren de vida del que habla el informe».
En la sesión de ayer también declaró el asesor jurídico de la oficina técnica municipal, J. B., como responsable de los informes que avalaban los expedientes investigados. En su comparecencia, indicó que se trata de «licencias normales en las que se ha seguido el procedimiento normal». Aseguró no haber recibido directrices y achacó el hecho de que las discrepancias del arquitecto municipal no se explicaran en su informe jurídico «quizá por rutina, pero sin ningún afán de ocultamiento».
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