Los desahucios y la falta de recursos económicos disparan los casos de familias que se instalan ilegalmente en pisos vacíos
Alhaurín. Tres adosados fueron ocupados en marzo. :: A. C.
Tres adosados en Alhaurín de la Torre, un bloque de viviendas en la Trinidad o una urbanización entera en Torremolinos. Diferentes escenarios que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos meses por el mismo motivo: varias familias han ocupado de forma ilegal estos inmuebles vacíos que no han logrado ser comercializados por sus propietarios, ya sean bancos o promotoras, y han provocado gran malestar entre los vecinos de la zona, preocupados por que se produzca un 'efecto llamada'.
Tres casos en apenas tres meses que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Málaga, no son más que la punta del iceberg de un nuevo fenómeno mucho mayor y que podría convertirse en masivo a corto plazo: el de familias desahuciadas por impagos de hipotecas o alquileres que se instalan en los que fueron sus pisos o en otros que nunca han estados habitados. El colectivo calcula que hay varias decenas de casos repartidos por la provincia, aunque no se conoce el número exacto porque «a los bancos no les interesa que salgan a la luz, ya que dañan su imagen y dificultan la venta de sus propiedades», explica Sara Vázquez, asesora jurídica.
Pero tanto las entidades financieras como los empresarios de la construcción son plenamente conocedoras de esta realidad y ya están tomando cartas en el asunto a través de la contratación de vigilantes que disuadan a estos huéspedes indeseados de instalarse en urbanizaciones a estrenar. Así lo confirma Federico Sánchez, presidente de la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad Privada, que afirma que cada vez tienen más clientes que quieren proteger sus inmuebles, urbanizaciones vacías o a medio construir, contra los 'okupas'. Aunque en su mayoría son promotores y bancos, también hay casos de particulares que poseen una vivienda como segunda residencia y no quieren encontrarse con alguna sorpresa cuando vuelven de vacaciones.
Intrusos en casa
Sánchez explica que se trata de una nueva demanda y que lo que más se contrata es el sistema de cámaras de vídeo, que tiene un coste de unos 30 euros mensuales por vivienda, instalación aparte. El servicio de vigilantes privados es más caro, aunque como dice este especialista, siempre es más barato y menos complicado que un proceso judicial para conseguir el desahucio.
Sánchez recuerda casos singulares, como el de una mujer que se ausentó unos días de su propiedad y, al volver, se encontró con unos intrusos, lo que le llevó a contratar este servicio. También entre sus últimos clientes figura un banco que posee una urbanización de unos 40 chalés adosados en Marbella y, al ir a instalarle los sistemas de seguridad, «comprobamos que ya había un par de inmuebles ocupados», apostilla.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga (ACP), José Prado, confirma el fenómeno, aunque asegura que afecta en mayor medida a viviendas en poder de los bancos. «El problema es que hay mucho pillo por ahí que se mueve en la calle y se entera de los pisos que se quedan vacíos», apunta Prado, que sospecha que los 'inquilinos' aprovechan el momento del paso de la propiedad del promotor a la entidad financiera para instalarse.
El perfil de los 'okupas' previamente desahuciados a los que se refiere la integrante de la PAH, que prefiere hablar de «realojados» al considerar que estas actuaciones «son legítimas», responde a a familias de clase media que debido al paro no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca y pasaron a engrosar las cifras de desahucios en la provincia, donde cada mes medio centenar de familias son obligadas judicialmente a abandonar sus casas, según la Plataforma. Solo en la capital, en 2011 se registraron 1.106 desahucios.
Más de 1.000 viviendas que vuelven a quedarse vacías y se suman a un 'stock' de otras 16.600 que promotores y entidades financieras no han logrado vender. Estas promociones fantasma se convierte en muchos casos en la única alternativa de familias sin recursos para vivir bajo un techo. Es el argumento que esgrimen quienes deciden saltarse la ley a la torera y forzar las cerraduras para convertirse en sus 'propietarios', al menos temporalmente.
Presencia policial
Cuando esto ocurre y una vez que consta denuncia del propietario, actúa la policía, pero es el juez quien debe decidir el lanzamiento, que lleva a cabo una comisión judicial. Aunque no es necesaria la presencia de los agentes, cada vez es más habitual su participación por requerimiento del juzgado debido a las protestas de asociaciones como la PAH o del movimiento 15-M.
La situación económica y el sentimiento generalizado de abandono por parte de los poderes del Estado está propiciando esta ocupación irregular de viviendas, según el sociólogo José Manuel López Gaona, que advierte de que este fenómeno 'okupa' irá a más si estos hechos quedan impunes y no hay un mayor control policial. «Algunos ciudadanos, ante la falta de políticas sociales que les den una solución, consideran sangrante e injusto que haya viviendas vacías y ellos tengan que quedarse en la calle», explica este especialista.
Con él coincide Antonio Paneque, presidente de la Organización Social de Acción Humanitaria (OSAH Española), que atiende a 600 familias malagueñas necesitadas y que asegura que escucha a diario frases del tipo: «Antes de quedarme en la calle o vivir debajo de un puente me meto en un piso vacío». Paneque hace hincapié en este nuevo movimiento 'okupa' que nace por una necesidad «de subsistencia», y poco tiene que ver con el fenómeno de protesta política y social contra la especulación que apareció en España hace años.
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