viernes, 8 de junio de 2012

Condenan al Ayuntamiento a 20 millones por frustrar una promoción de viviendas (SUR)


El Consistorio recurrirá la sentencia que le responsabiliza de que el proyecto no se ejecutara por el retraso en las obras del mercado del Carmen

Los cuatro años de retraso acumulados en la construcción del nuevo mercado del Carmen y el consiguiente derribo del antiguo (finales de 2011) le pueden salir muy caros al Ayuntamiento de Málaga. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 ha fallado a favor de la demanda presentada por la promotora Baensa ante la imposibilidad de levantar el conjunto residencial que tenía proyectado en la zona mientras el antiguo zoco no fuese demolido. La sentencia, recibida hace unos días en la Casona del Parque y que va a ser recurrida, obliga al Consistorio a abonar 19,9 millones (18,3 más la actualización del IPC) a la entidad vasca en concepto de responsabilidad patrimonial por el perjuicio causado. No en vano, su filial Los Lagos Siglo XXI acabó renunciando al proyecto en 2009, ya en pleno parón inmobiliario, por su incapacidad para hacer frente a la hipoteca concedida por Unicaja para la ejecución de 230 pisos, oficinas y locales comerciales en Callejones del Perchel.
Pese al revés judicial, en el equipo de gobierno del PP aún confían en salir indemnes del litigio con la misma promotora a la que el Consistorio compró por 20,7 millones de euros el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria y que también le reclama otros 7,2 por el mantenimiento del inmueble hasta que pasó a ser de titularidad municipal. El alcalde, Francisco de la Torre, reconoció que la sentencia «ha sido una sorpresa, incluso para Baensa», confirmando la presentación del pertinente recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Respetamos el fallo y lo recurriremos, pero no solo por la cantidad en sí, sino porque consideramos que la administración tiene la razón de su parte», afirmó el .
Reclamación patrimonial
La historia se remonta a noviembre de 2007, cuando la promotora se hizo con un solar contiguo al mercado justo un mes antes de que expirara el plazo previsto para la finalización de las obras del nuevo centro de abastos y del 'parking' subterráneo. Nada más lejos de la realidad, los trabajos se fueron postergando por distintos motivos hasta el punto de que el traslado de los comerciantes al nuevo recinto no se produjo hasta octubre de 2011 pese a que estaba listo desde enero de ese mismo año. Según la empresa, al adquirir los terrenos también asumió el compromiso que los anteriores propietarios tenían con la Gerencia Municipal de Urbanismo de esperar hasta que se produjera el traslado. Ante la imposibilidad de intervenir, la sociedad inmobiliaria optó por devolver el dinero adelantado a quienes compraron pisos y locales y dejar la actuación en manos de la entidad financiera (marzo de 2009). Justo un año después, cuando ya se conocía la intención municipal de recuperar el Astoria para uso cultural, la firma presentó en Urbanismo un escrito de responsabilidad patrimonial por 18.329.883 euros, que fue rechazado, por lo que en febrero de 2011 decidió trasladar esta reclamación patrimonial a la vía judicial.
Para el actual responsable del Urbanismo en el Ayuntamiento y portavoz del equipo de gobierno, Diego Maldonado, el fallo judicial es «improcedente», por lo que mostró su «confianza en ganar el recurso» que ya están elaborando los servicios jurídicos municipales. Mientras tanto, en la oposición no dudan en cargar las tintas contra Francisco de la Torre. La portavoz socialista, María Gámez, denunció que «el futuro de la ciudad está cada día más hipotecado por los errores de gestión del alcalde, ya que una vez más serán los malagueños los que tengan que pagar por una actuación inadecuada del equipo de gobierno», destacando además que este varapalo en los tribunales se suma a las condenas por el uso de la red wi-fi o la instalación de videovigilancia en algunas calles del Centro. Por su parte, el grupo municipal de IU avanzó ayer que pedirá la comparecencia del primer edil en el próximo pleno de la Corporación sobre los 25,5 millones que en total exige Baensa. Pedro Moreno Brenes respaldó la intención del gobierno municipal de recurrir la sentencia, aunque dejando claro que se trata de un «hecho grave» por «los fallos que se han podido producir» y por la incidencia que podría tener «en la atención de servicios públicos básicos»

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