La patronal malagueña ACP reclama la aprobación de un plan de inversiones en obra pública y señala que el retorno de ese desembolso de las administraciones es del 80%
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 08.06.2012 - 01:00
Los promotores y constructores de la provincia, como el resto de los españoles, están con el agua al cuello y exigen a las administraciones que no paralicen la inversión en obra pública para no acabar con este sector. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, denunció ayer la "pasividad de las administraciones ante el derrumbe del sector" y reclamó a las instituciones "un plan de estímulo económico para la provincia" que permita a las empresas tomar aire ya que, en su opinión, "la situación actual es gravísima y el 2012 no va a ser mejor".
La evolución de la licitación pública no deja lugar a dudas. En 2005, el año récord con grandes inversiones en infraestructuras, las administraciones destinaron a la provincia 1.529 millones de euros. De hecho, la barrera psicológica de los 1.000 millones entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y otros entes locales se superó hasta en siete ocasiones en la última década (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Ahora se ha pasado del todo a casi la nada en apenas unos años pues en 2011 se licitaron proyectos por 281,5 millones de euros y entre enero y mayo del presente ejercicio apenas se han suscrito 77 millones de euros.
Prado indicó que la provincia necesita, como mínimo, una inversión pública de 1.000 millones de euros al año para garantizar el empleo y la actividad empresarial, a la vez que añadió que "por cada millón de euros que se deja de invertir en obra pública el sector pierde 18 empleos, de forma que el año pasado se fueron al paro 22.500 personas en la construcción en Málaga".
El presidente de la patronal consideró necesario que el Gobierno haga recortes en la actual situación económica, pero siempre en aquellos gastos que no sean productivos. "Hay que recortar de todo menos en inversión porque ésta es la herramienta más importante para potenciar el crecimiento", añadió Prado, quien aseguró que "creo que la Administración no es consciente de lo que está pasando". En este sentido, el constructor alegó que por cada euro que invierten las Administraciones Públicas retorna a las instituciones el 60% a corto plazo y el 80% a largo plazo. Prado destacó que, si no se invierte, miles de personas van al paro y las prestaciones que cobran por desempleo ya representan el 25% de la cantidad que se ha dejado de invertir, una cifra que se evitaría si esos profesionales siguieran trabajando. Si también se descuentan el abono del 18% del IVA, el 12% de las cotizaciones sociales o el impuesto de sociedades habría que reducir otro 35% de posibles ingresos sin contar con el efecto inducido de tener mejores infraestructuras para la economía local.
Prado indicó que el recorte en obras públicas "es el mayor de todos los recortes sociales que se puede hacer" y denunció que "el efecto del ajuste sobre la construcción ha sido desproporcionado". Si no hay obra pública, la otra opción es construir viviendas pero el sector está completamente paralizado ante la escasez de ventas y la falta de crédito a los promotores. En el primer trimestre de este año se visaron solo 163 viviendas, un 26,2% menos que en 2011, que ya fue el más bajo de los últimos 50 años.
La evolución de la licitación pública no deja lugar a dudas. En 2005, el año récord con grandes inversiones en infraestructuras, las administraciones destinaron a la provincia 1.529 millones de euros. De hecho, la barrera psicológica de los 1.000 millones entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y otros entes locales se superó hasta en siete ocasiones en la última década (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Ahora se ha pasado del todo a casi la nada en apenas unos años pues en 2011 se licitaron proyectos por 281,5 millones de euros y entre enero y mayo del presente ejercicio apenas se han suscrito 77 millones de euros.
Prado indicó que la provincia necesita, como mínimo, una inversión pública de 1.000 millones de euros al año para garantizar el empleo y la actividad empresarial, a la vez que añadió que "por cada millón de euros que se deja de invertir en obra pública el sector pierde 18 empleos, de forma que el año pasado se fueron al paro 22.500 personas en la construcción en Málaga".
El presidente de la patronal consideró necesario que el Gobierno haga recortes en la actual situación económica, pero siempre en aquellos gastos que no sean productivos. "Hay que recortar de todo menos en inversión porque ésta es la herramienta más importante para potenciar el crecimiento", añadió Prado, quien aseguró que "creo que la Administración no es consciente de lo que está pasando". En este sentido, el constructor alegó que por cada euro que invierten las Administraciones Públicas retorna a las instituciones el 60% a corto plazo y el 80% a largo plazo. Prado destacó que, si no se invierte, miles de personas van al paro y las prestaciones que cobran por desempleo ya representan el 25% de la cantidad que se ha dejado de invertir, una cifra que se evitaría si esos profesionales siguieran trabajando. Si también se descuentan el abono del 18% del IVA, el 12% de las cotizaciones sociales o el impuesto de sociedades habría que reducir otro 35% de posibles ingresos sin contar con el efecto inducido de tener mejores infraestructuras para la economía local.
Prado indicó que el recorte en obras públicas "es el mayor de todos los recortes sociales que se puede hacer" y denunció que "el efecto del ajuste sobre la construcción ha sido desproporcionado". Si no hay obra pública, la otra opción es construir viviendas pero el sector está completamente paralizado ante la escasez de ventas y la falta de crédito a los promotores. En el primer trimestre de este año se visaron solo 163 viviendas, un 26,2% menos que en 2011, que ya fue el más bajo de los últimos 50 años.
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