El Ayuntamiento y la promotora recurrieron la sentencia y aún no hay resolución
R. GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 08.06.2012 - 01:00
Un juez declaró nula la licencia urbanística concedida en julio de 2005 por un decreto del entonces alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, para la construcción de un apartahotel de 63 apartamentos y 14 aparcamientos en la zona de Montealto, y que ha motivado la imputación de diez personas por parte de la Guardia Civil por un presunto delito de ordenación contra el territorio. La sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Málaga, publicada el 15 de julio del año 2008, a la que ha tenido acceso este periódico, concluyó que la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Benalmádena para esa obra "no cumple el ordenamiento urbanístico", por lo que dictaminó que "no se ajusta a derecho" y que debía quedar sin efecto.
El fallo judicial, que fue recurrido por el Consistorio y por la propia promotora del proyecto y que sigue pendiente de resolución definitiva, se derivó de una denuncia interpuesta por la comunidad de vecinos de Montealto en 2006. El juez les dio la razón al entender que al ser una zona calificada con la ordenanza pueblo mediterráneo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el proyecto previsto incumplía tanto la densidad de edificación como la dotación mínima de aparcamientos. Al existir ya viviendas en la parcela, la sentencia concluyó que sólo "podrían construirse cinco más o 10 o 15 apartamentos en el menor de los casos", pero no los 63 previstos por la promotora con el visto bueno del Ayuntamiento.
El juez que llevó el caso entendió que este motivo era más que suficiente para anular la licencia municipal sin entrar a valorar el resto de las razones que la comunidad de vecinos incluyó en la denuncia, como es el hecho de que al construir el apartahotel se invade una zona de dominio público hidráulica de un arroyo que discurre por la urbanización y que ahora está siendo investigada por la Guardia Civil.
Varios técnicos, arquitectos, funcionarios municipales, promotores y un trabajador del organismo de gestión de agua de la Junta de Andalucía deberán prestar declaración ante el equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que es quien dirige ahora la investigación de los hechos tras una primera parte que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y que comenzó hace dos años.
Los vecinos también alertaron en su día de el Ayuntamiento autorizó la obra sin requerir al promotor la documentación pertinente. De hecho, según la sentencia, el promotor presentó el proyecto de ejecución visado y el estudio de seguridad y salud más de un año después de les fuese requerido por el decreto de Alcaldía.
El fallo judicial, que fue recurrido por el Consistorio y por la propia promotora del proyecto y que sigue pendiente de resolución definitiva, se derivó de una denuncia interpuesta por la comunidad de vecinos de Montealto en 2006. El juez les dio la razón al entender que al ser una zona calificada con la ordenanza pueblo mediterráneo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el proyecto previsto incumplía tanto la densidad de edificación como la dotación mínima de aparcamientos. Al existir ya viviendas en la parcela, la sentencia concluyó que sólo "podrían construirse cinco más o 10 o 15 apartamentos en el menor de los casos", pero no los 63 previstos por la promotora con el visto bueno del Ayuntamiento.
El juez que llevó el caso entendió que este motivo era más que suficiente para anular la licencia municipal sin entrar a valorar el resto de las razones que la comunidad de vecinos incluyó en la denuncia, como es el hecho de que al construir el apartahotel se invade una zona de dominio público hidráulica de un arroyo que discurre por la urbanización y que ahora está siendo investigada por la Guardia Civil.
Varios técnicos, arquitectos, funcionarios municipales, promotores y un trabajador del organismo de gestión de agua de la Junta de Andalucía deberán prestar declaración ante el equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que es quien dirige ahora la investigación de los hechos tras una primera parte que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y que comenzó hace dos años.
Los vecinos también alertaron en su día de el Ayuntamiento autorizó la obra sin requerir al promotor la documentación pertinente. De hecho, según la sentencia, el promotor presentó el proyecto de ejecución visado y el estudio de seguridad y salud más de un año después de les fuese requerido por el decreto de Alcaldía.
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