La economía crecerá un 2,6% y la tasa de paro subirá al 9% ´en un año de ajuste a la baja´ (La Opinión)

Las cajas de ahorros consideran que la caída de la construcción será "peor de lo esperado" y auguran que la inflación cerrará este ejercicio en el 2,5%
El año 2008 será un periodo de "ajuste a la baja" para la economía española con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% y una tasa de inflación del 2,3%, mientras que la creación de empleo será "menos intensa", según la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS).Así, en su último número de los cuadernos de Información Económica, Funcas augura que en 2008 se crearán 1,5 millones de puestos de trabajo y que la tasa de paro se elevará hasta el 9% de la población activa, frente al 8,6% actual. Para el director general de Funcas, Victorio Valle, esta pérdida de dinamismo es fruto de "tres crisis", que afectan al modelo de crecimiento de la economía española, al sector inmobiliario y a su situación financiera, contagiada por la crisis de las hipotecas ´subprime´ estadounidenses.En su artículo, Funcas insiste en que es "básico" que las autoridades se esfuercen en lograr un mayor crecimiento de la productividad, ya que el diferencial con Europa coloca a España en una situación "preocupante", después de que se hayan "desaprovechado" los tiempos de bonanza para ello. Respecto a la desaceleración de la construcción y la actividad inmobiliaria, Valle explicó que es un fenómeno "muy complejo" en el que se aúnan los bajos tipos de interés actuales, el fuerte endeudamiento de las familias españolas y el endurecimiento de las condiciones crediticias.Todos estos factores provocarán, en su opinión, una pérdida de dinamismo de la demanda de vivienda que sería necesario suplir aumentando el gasto público en inversión especialmente en infraestructuras de transporte, lo que mantendría la demanda en niveles "adecuados" si la situación internacional se torna "más severa".Valle también consideró que los efectos de la crisis de las finanzas se producirán, fundamentalmente, dentro del sistema financiero, aunque reconoce que puede afectar a los hogares, que sufrirán por el endurecimiento de las condiciones crediticias. En cualquier caso, el representante de Funcas aseveró que la situación internacional, y concretamente la europea, no va a ser de "recesión abierta", sino que se trata de un cambio de ciclo que se inicia con una fase de desaceleración, pero que no llegará a valores negativos en la tasa de crecimiento.Por ello, consideró que las autoridades españolas deben combatir esta situación favoreciendo la inversión pública, aunque habría que estudiar "cuidadosamente" la financiación de estas políticas. De hecho, el director de Funcas abogó por que se use financiación exterior para no presionar "adicionalmente" sobre los mercados financieros internos.

Isabel Pantoja compró su chalé a una empresa investigada por blanqueo de dinero (La Opinión)

Las posesiones de la cantante Isabel Pantoja siguen en tela de juicio por su posible relación con el dinero que ganaba de forma ilegal su pareja, Julián Muñoz, en la 'Operación Malaya'.
De ahí que las 'investigaciones', no cesen y ahora haya trascendido que su ya famosos chalé 'Mi gitana', donde vive en Marbella y a cuyas puertas fuera detenido Muñoz, fue comprado por algo más de tres millones de euros, a una empresa de República Dominicana, investigada por blanqueo de dinero y controlada por el imputado en el caso, Carlos Sánchez. Según explica la revista 'Interviú', los beneficiarios de esta venta, rubricada en 2004, se ocultaron tras varias sociedades anónimas con el paraíso fiscal de Gibraltar como telón de fondo. Las investigaciones de la policía española se pararon en el Peñón, ya que una empresa con nombre británico (Stoneseed Holdings Ltd.) era la última pieza visible de la posible trama. Sin embargo, dice la publicación en una información recogida por otr/press, esta operación de compra-venta, es mucho más compleja de lo que aparentaba, ya que lleva hasta el Caribe, a una empresa en República Dominicana que está siendo investigada (tanto por sus fuerzas de seguridad como por las españolas) por lavado de dinero. Y todo queda en familia, ya que el principal beneficiario de la venta de 'Mi gitana' es el empresario granadino Carlos Sánchez, considerado el mentor empresarial de Juan Antonio Roca y imputado en la 'Operación Malaya'. Fue él quien contactó con el ex alcalde marbellí para realizar negocios con el chalé y dada su amistad, permitió que el ex edil y su novia la tonadillera vivieran en su futuro hogar antes de que se formalizaran los contratos. Fue esa decisión la que hizo sospechar a la policía, ya que en este periodo en el que aún no se había firmado nada, Sánchez impuso por escrito un alquiler a la pareja de 1.800 euros, un precio muy por debajo de las ofertas de la zona y que, según un socio del granadino, nunca llegaron a pagar. Las fuerzas de seguridad conocía bien esta forma de actuar, ya que había sido la misma que había llevado a cabo Roca cuando él mismo adquirió algunas propiedades en Marbella. Finalmente, y después de construir un estudio de grabación privado en la propiedad, Pantoja formalizó la compra mediante una de sus sociedades, desembolsando el precio de la mansión en un banco suizo.

La rehabilitación del Hospital de San Juan de Dios costará 2,8 millones. Antequera (SUR)

Los trabajos consistirán en reintegrar diversas zonas del edificio y mejorar cimentaciones, saneamientos, cubiertas, revestimientos e instalaciones

En pocas semanas la reforma de la Iglesia de San Juan de Dios será una realidad tras invertir 430.000 euros, dentro del proyecto de la Ruta de las Andalucías. Ahora, será el anexo edificio del antiguo hospital el que sufrirá una lavado de cara completo tal y como aprobó la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera el pasado viernes.La rehabilitación integral de esta infraestructura contará con una inversión de 2,8 millones de euros para la reintegración a su estado original de diversas zonas y trabajos en cimentaciones, saneamientos, estructuras, cubiertas, revestimientos e instalaciones de diverso tipo, así como la redistribución de los espacios actuales.La construcción del inmueble data de entre finales del siglo XVII y mediados del XVIII. El conjunto de la Iglesia y el Hospital de San Juan de Dios está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2005 y se le aplica el máximo grado de protección contemplado en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico de Antequera.El antiguo hospital presenta abundante humedad en las bases de los muros de carga, con un deterioro más acusado en algunos elementos, como la escalera imperial. El estado general de las cubiertas es muy deficiente y las de las galerías de la planta alta se han de hacer nuevas, al tener que igualar su pendiente con las de la galería adyacente a la iglesia. Esta última ha sido desmontada y reconstruida para dejar vista la gran moldura de la nave y el crucero de la misma. Los pavimentos también se hallan en mal estado, así como los revestimientos verticales y los techos de cañizo o escayola.El saneamiento, la fontanería, la instalación eléctrica, las telecomunicaciones y los sistemas contraincendios precisan una intervención integral, al igual que las carpinterías. La estructura y las yeserías de la bóveda de la escalera precisan ser restauradas.Se harán demoliciones de cuerpos añadidos al inmueble que desvirtúan su imagen original y los muros, forjados y cubierta en mal estado, además de redistribuir las dependencias, pero siempre respetando las partes nobles del edificio. También se actuará para eliminar las barreras arquitectónicas.El complejo de San Juan de Dios se construyó en el solar del antiguo hospital de Santa Ana. El 9 de mayo de 1696 se colocó la primera piedra de unas obras que se prolongarían hasta 1790, si bien las dependencias hospitalarias estaban en servicio muy anteriormente, conforme se iban terminando distintos sectores.En 1820 el conjunto se incorpora al patrimonio del Ayuntamiento, siendo hospital municipal hasta 1984, y desde ese año se integra en la red del Servicio Andaluz de Salud (SAS), hasta que 1999 entra en servicio el nuevo Hospital Comarcal.

Cultura autoriza la actuación para adecentar la fachada de las Carmelitas. Vélez-Málaga (SUR)

La Delegación Provincial de Cultura ha autorizado al Ayuntamiento a continuar con las labores de adecentamiento de la fachada del convento de las Carmelitas, según un informe remitido al Consistorio veleño. Los trabajos fueron paralizados el pasado 7 de febrero por el propio delegado provincial de Cultura, Francisco López, mediante una llamada personal al alcalde, Francisco Delgado, al carecer el Consistorio de la correspondiente autorización al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC). Ahora, la propia Delegación ha resuelto permitir el pintado de la fachada y considera en su informe que la actuación que el Ayuntamiento llevó a cabo es «positiva al intentar disminuir la contaminación visual o perceptiva» de la fachada y «la pintura aportada al expediente en fecha 19 de febrero de 2008 se considera la adecuada».La Administración autonómica hace constar asimismo en su informe que no se podrá actuar sobre el decapado, sino que sólo se podrá realizar el relleno de los desconchones.

Pinturas

Delgado y el concejal de Urbanismo, Claudio Morales, explicaron ayer en rueda de prensa que con vistas a realizar una actuación de mayor calado en el convento de las Carmelitas, se presentará a la Delegación Provincial de Cultura un proyecto de conservación que permitirá actuar sobre el decapado, para descubrir las pinturas que cubren la pintura de la fachada. Esta actuación se llevará a cabo después de Semana Santa, una vez redactado el correspondiente proyecto por parte del Ayuntamiento y autorizado por Cultura.El informe de la Junta de Andalucía también resuelve la retirada del azulejo de la fachada por suponer un fuerte impacto visual sobre el inmueble, así como por carecer de permiso para su instalación. La cerámica fue instalada en 1997.Delgado señaló que la denuncia que se realizó para paralizar el adecentamiento de la fachada del convento fue «malintencionada» y que lo único que ha conseguido ha sido ralentizar los trabajos que se estaban llevando a cabo. El regidor lamentó que Cultura no hubiera actuado con la misma diligencia en el caso del torreón del antiguo castillo de Torre del Mar.

El Ayuntamiento incluye en el proyecto de Juvigolf el nuevo acceso a Chilches. Vélez-Málaga (SUR)

El vial, de apenas dos kilómetros de longitud, dotará a la población de una conexión directa a la autovía El proyecto está a la espera de la autorización de Fomento

La localidad de Chilches, en el límite más occidental del municipio, dispondrá de un acceso directo a la autovía del Mediterráneo, tras el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con los promotores de Juvigolf. El acuerdo consiste en realizar un ramal de 368 metros de longitud, entre la localidad y el nuevo vial que conectará el complejo residencial Juvigolf con la A7.La nueva carretera, que tendrá su punto de partida en el actual nudo de Mucharaviaya y Añoreta Golf, tiene como principal finalidad servir de acceso al complejo residencial que se construirá al norte de Chilches. La idea es que aprovechando el trazado de esta nueva vía, se realice un ramal y su correspondiente rotonda, para enlazar con Chilches.

Trayecto

Este nuevo acceso permitirá que los vecinos y residentes de la localidad reduzcan el trayecto hasta la autovía en algo más de un kilómetro. El vial se divide en dos tramos, uno de 368 metros que va desde Chilches hasta el acceso a la urbanización Juvigolf y otro de 1.210 metros que va desde la propia intersección hasta la autovía.La solución alcanzada para dotar a la población de un nuevo acceso fue dada a conocer ayer en rueda de prensa por el alcalde, Francisco Delgado Bonilla; el primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Claudio Morales, y la teniente de alcalde de Chilches, Rocío Ruiz. Los tres coincidieron en señalar que el nuevo vial dará respuesta a una antigua demanda vecinal dado el mal estado en que se encuentra el actual y único acceso a Chilches desde la N-340.Actualmente, el Ayuntamiento veleño está a la espera de que el Ministerio de Fomento dé las autorizaciones pertinentes para el comienzo de las obras, de lo que dependerá la fecha de comienzo de las mismas. Fomento debe autorizar la reordenación del actual nudo de Macharaviaya, que es desde donde partirá el nuevo acceso.

Mejoras

El convenio con Juvigolf incluye también 1,2 millones de euros en cargas externas, que serán invertidos en la mejora de las infraestructuras de la zona. Según Delgado, la idea es invertir esta cantidad en el arreglo del antiguo acceso.En este sentido, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a la Diputación Provincial la cesión del actual acceso a Chilches desde la N-340 con la intención de transformar la carretera en una travesía urbana en toda regla dotada de una nueva iluminación y acerado.

Serón invirtió en un año el doble de su capacidad de ahorro. Alhaurín el Grande (La Opinión)

La Udyco establece que durante tres años su familia hizo compras inmobiliarias en metálico por 73.000 euros
El alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del ´Caso Troya´.El informe, realizado por la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, y al que tuvo acceso Efe, establece que durante tres años la familia Martín-Santos llegó a cabo compras inmobiliarias por más de 73.000 euros y destaca que todas ellas fueron en efectivo.El documento policial, secreto hasta hace pocos días, recoge que la capacidad de ahorro del regidor y su mujer en 2005 sería de cerca de 26.000 euros, mientras que la inversión inmobiliaria superó los 51.000 euros y resalta además que el matrimonio adquirió un vehículo Audi por un importe cercano a los 30.000 euros.Según la Policía, la pareja compró a lo largo de su matrimonio doce propiedades inmobiliarias y "solamente" en tres casos se subrogó a un préstamo hipotecario, dos de los cuales se cancelaron al año siguiente de su adquisición al producirse la venta de la propiedad.Los investigadores creen que Serón realizó presuntamente "en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo".Este informe señala que la práctica inexistencia de adeudos en una mencionada cuenta de la familia para el sostenimiento de los gastos normales de sus integrantes, "ponen de manifiesto que éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de fuentes de renta de origen desconocido".El informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha analizado las cuentas bancarias del matrimonio, así como el uso que del dinero hacían los dos y los investigadores deducen que podría existir presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito.Para esta afirmación, los agentes se basan en su investigación en la que destacan que "detectan" en la unidad familiar Martín-Santos incrementos patrimoniales no justificados e importante generación de efectivo que posteriormente se trasmite, transforma e incorpora en el circuito financiero legal en forma de producto bancario.Detenidos en 2007. El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín de Grande, Gregorio Guerra, fueron detenidos el 18 de enero de 2007, en la primera fase de la Operación Troya, en la que fueron arrestados en otras fases 22 personas más, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento y veinte empresarios.El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín (Málaga), Carlos Peinado, ha levantado la última parte que quedaba secreta después de un año de instrucción y la mayoría de los imputados son empresarios de la construcción o vinculados con el sector.

Casabermeja lucha por el enlace con la autopista de Las Pedrizas (La Opinión)

El Ayuntamiento argumenta la reivindicación de la conexión en base al área de oportunidad productiva de cuatro millones de metros cuadrados en la zona
La corporación en pleno del Ayuntamiento de Casabermeja ha aprobado una moción conjunta a partir de la cual buscarán apoyos en otras administraciones públicas para incluir en las previsiones constructivas de la futura autopista de Las Pedrizas (AP-46) un enlace que conecte directamente con la localidad. La citada conexión se platea "como prioritaria" en base al desarrollo que asumirá el área de oportunidad productiva que el Plan de Ordenación del Territorio (POT) recoge entre los términos municipales de Casabermeja y Colmenar. "Un cinturón logístico de casi cuatro millones de metros cuadrados que carecerá de las mejoras comunicativas que plantea esta moderna infraestructura", explicó el alcalde de Casabermeja, Antonio Domínguez, quien buscará apoyos para la confirmación del citado enlace en otros municipios de la comarca de Antequera y de la Axarquía, "por resultar también perjudicados ante la ausencia de la conexión viaria". El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, confirmó al ente local que se "harán eco de la reivindicación" con la inclusión de la moción en el pleno que celebrarán este mes. "Por su puesto, también buscaremos apoyos en la Junta de Andalucía, ya que consideramos un contrasentido figurar en los planes urbanísticos como una zona de dinamización económica y no contar con el enlace que realmente nos permitirá revitalizar la economía local", dijo Domínguez. Seis kilómetros. En caso de no contar con la mencionada conexión, los vecinos residentes en el margen de actuación de la infraestructura viaria tendrán que recorrer seis kilómetros hacia el interior de la provincia de Málaga para enlazar directamente con el Puerto de Las Pedrizas, a la altura de la pedanía antequerana de Villanueva de Cauche.

La economía sumergida en Andalucía se cifra en más de 36.700 millones de euros (La Opinión)

Esta cantidad supone más del 17 por ciento del total nacional. La falta de control sobre ciertas empresas es uno de los grandes focos de fraude
La economía sumergida en Andalucía se cifra en unos 36.744 millones de euros, según las estimaciones realizadas por el colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), a partir de datos de organismos oficiales. Estas estimaciones nacen de la extrapolación del dato nacional, que señala que la economía sumergida en España se calcula actualmente en el 23% del Producto Interior Bruto (PIB). Este porcentaje traspasado al ámbito andaluz, donde el PIB es de 146.979 millones, da como resultado que la economía sumergida en Andalucía supone al menos esos 36.000 millones, sin tener en cuenta especificidades y peculiaridades de la Comunidad.Gestha indica que la bolsa de fraude en España, tanto fiscal como a la Seguridad Social, supera los 200.000 millones de euros, el 23 por ciento del PIB. De esta forma, Andalucía puede aglutinar el 17,7 por ciento de la economía sumergida de España.Los datos de Gestha apuntan que distintos estudios de varios organismos, como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES) y la UE sitúan la economía sumergida española en una horquilla entre el 20 por ciento al 25 por ciento del PIB "frente a una media de nuestro entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación".Previsiones. Por su parte, los técnicos de Hacienda consideran que la cifra de economía sumergida podría reducirse en diez puntos porcentuales hasta el 13 por ciento del PIB y situarse en la media de los países de nuestro entorno, recaudando sólo por impuestos unos 21.000 millones de euros anuales "si se autoriza a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para controlar las declaraciones de la renta de estas grandes fortunas".Además, los técnicos entienden que, en el caso de Andalucía, las sinergias "serán mayores en cuanto se incorpore el IRPF a la gestión de los próximos Consorcios tributarios entre la Agencia Tributaria estatal y las agencias tributarias de las comunidades autónomas".Entre los focos de fraude en Andalucía, Gestha señala la falta de control en las empresas que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, ya que los técnicos de Hacienda "han detectado que el 96,68 por ciento de las empresas asentadas en Andalucía cuya facturación oscila entre las dos cantidades citadas, 8.025 sociedades aproximadamente, escapan actualmente al plan de lucha contra el fraude que está dirigiendo la Agencia Tributaria".

Torrox gestiona la compra de 140.000 metros de suelo para VPO en Santilla (SUR)

Conseguir terrenos para la construcción de viviendas públicas es una de las prioridades del equipo de gobierno del Ayuntamiento (IU, PSA y PIU). Por esta razón, el área municipal de Urbanismo con su concejal al frente, José Luis Pérez Moreno, ha iniciado gestiones con los propietarios de una finca de 140.000 metros cuadrados de superficie, ubicada en el Pago de Santilla, en una zona próxima al casco histórico torreño, con la idea de incorporar este suelo al patrimonio municipal. La parcela permitirá al Consistorio poder promover la ejecución de nuevas VPO, así como otro tipo de equipamientos públicos de los que adolece en la actualidad el casco urbano.Pérez ha manifestado que aunque todavía no hay nada cerrado con la propiedad, el equipo de gobierno confía en alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes y que permita disponer de suelo para atender al demanda de viviendas que existe en el municipio, para lo cual el pleno ha acordado la creación de un registro de demandantes. El edil ha señalado no obstante que se trata de suelo a desarrollar en la próxima legislatura.

Compromiso

En este sentido, el edil ha recordado que el compromiso del equipo de gobierno es iniciar en este mandato un mínimo de 250 viviendas de promoción oficial (VPO). Con esta intención, el Consistorio ha solicitado a la Junta de Andalucía la enajenación de varias parcelas que forman parte del patrimonio municipal de suelo para poder sacar a concurso diversas promociones. La primera, de 28 viviendas, la mitad de las cuales estarán destinadas a jóvenes, se ejecutará en El Morche, en un suelo situada frente al hotel Ferrara. Las obras, según Pérez, han sido sacadas a concurso con la idea de que sea una empresa privada la que realice los trabajos.Asimismo, el área municipal de Vivienda tiene incoado un expediente para sacar a concurso una segunda promoción de 93 viviendas en el Barranco del Puerto, mediante el mismo procedimiento, y está estudiando destinar otra serie de parcelas del patrimonio municipal también con autorización de la Junta de Andalucía. Entre ellas, una promoción de más de 100 viviendas en la zona Calaceite, cerca del futuro puerto deportivo.La pasada semana el pleno aprobaba realizar un registro de demandantes para conocer el tipo de vivienda que quieren los vecinos.

El presidente de Aifos presta hoy declaración indagatoria por el 'caso Malaya'. Marbella (SUR)

El presidente y el director general de la promotora inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales, respectivamente, comparecen hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, para prestar declaración indagatoria por el 'caso Malaya'. Ruiz Casado y Briales fueron detenidos en julio de 2006 en una actuación policial enmarcada en la segunda fase del 'caso Malaya' contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en la que también fue apresado el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y están procesados por un delito de cohecho. Ambos permanecieron en prisión preventiva cerca de diez días hasta que abonaron una fianza de 500.000 euros, en el caso de Ruiz Casado, y de 200.000 euros por parte de Briales.También declaran hoy ante el juez por esta causa los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

El pleno aprueba la cesión de suelo para instalar una estación de la ITV. San Pedro de Alcántara (SUR)

El terreno, de titularidad municipal, está situado en el polígono industrial Troyano dice que cumple los requisitos
municipales donde se plantea la construcción de una ITV. / J-LANZA
El proyecto para instalar una estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en San Pedro Alcántara da sus primeros pasos. El pleno del Ayuntamiento dio luz verde a una moción presentada por el teniente de alcalde Miguel Troyano para la cesión a la Consejería andaluza de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de un terreno, de titularidad municipal, para que construya esta instalación, que evitaría a miles de conductores desplazamientos innecesarios a Estepona y Ronda, los puntos más cercanos a Marbella -al que se sumará previsiblemente este año otro en Mijas- para poder cumplir con las revisiones obligatorias de los vehículos. Según explicó Troyano, hay varias parcelas municipales disponibles en la segunda fase del polígono industrial, ubicado junto a la carretera de Ronda, y que cumplirían con todos los requisitos legales, al estar inscritas en el Registro de Bienes del Ayuntamiento así como en el Registro de la Propiedad a nombre del Consistorio.

Beneficios

Es más, explicó que desde la Tenencia de Alcaldía que él dirige tienen hecho un boceto sobre un solar de 3.250 metros cuadrados de superficie. A su juicio, la iniciativa representa «una oportunidad de desarrollo empresarial en la zona y un impulso estratégico para el polígono industrial».La moción salió adelante con los votos a favor del Grupo Municipal del PP -que ostenta la mayoría absoluta- y el Grupo Municipal Socialista. El portavoz y único concejal del Grupo de IU en el Ayuntamiento, Enrique Monterroso, se abstuvo, al entender que desde el equipo de gobierno se habían apropiado de su moción. Monterroso recordó que la sugirió en una comisión informativa a a mediados de noviembre, cuando comunicó que buscaría el acuerdo del pleno del Ayuntamiento para solicitar al Gobierno andaluz una sede de la ITV en el término municipal. Desde la coalición de izquierdas, lo justificaban entonces en que es una ubicación estratégica dentro de la comarca, ya que, facilitaría el servicio a localidades vecinas como Istán, Ojén o Benahavís, y en los 104.000 vehículos que hay censados. «El dictamen fue dejar el asunto sobre la mesa para proseguir su tramitación y por eso no fue a pleno», a lo que el edil de la coalición de izquierdas añadió: «Ahora mi moción desaparece». Algo que Troyano desmintió con rotundidad, ya que afirmó que desde el 24 de octubre pasado ya tenía los planos de futuras ubicaciones de la ITV en San Pedro. Es más, el teniente de alcalde confía en que el Gobierno andaluz apruebe la propuesta en función de la elevada densidad de población que registra el municipio marbellí.

El alcalde de Alhaurín el Grande invirtió en un año el doble de su capacidad de ahorro (SUR)

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del 'caso Troya'. El informe, realizado por la Udyco Costa del Sol, establece que en 2005 la familia Martín-Santos gastó 51.000 euros en inversiones inmobiliarias, todas ellas en efectivo, y compró también un vehículo Audi que costaba casi 30.000 euros, cuando su capacidad de ahorro era de 26.000 euros

Juan Martín Serón invirtió en un año el doble de su capacidad de ahorro familiar (Málaga Hoy)

Un informe policial revela que el alcalde de Alhaurín gastó en efectivo 51.000 euros en inversiones inmobiliarias en 2005
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del caso Troya. El informe, realizado por la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, y al que ha tenido acceso Efe, establece que en el año 2005 la familia Martín-Santos gastó 51.000 euros en inversiones inmobiliarias, todas ellas en efectivo, y compró también un vehículo Audi que costaba casi 30.000 euros, cuando su capacidad de ahorro era de 26.000 euros. Según la Policía, la pareja adquirió a lo largo de su matrimonio doce propiedades inmobiliarias y "solamente" en tres casos se subrogó a un préstamo hipotecario, dos de los cuales se cancelaron al año siguiente de su adquisición al producirse la venta de la propiedad. Los investigadores creen que Serón ha colocado en cuentas de su titularidad "efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo". Este informe señala que la práctica inexistencia de adeudos en una cuenta de la familia para el sostenimiento de los gastos normales de sus integrantes "pone de manifiesto que éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de fuentes de renta de origen desconocido". El informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha analizado las cuentas bancarias del matrimonio, así como el uso que del dinero hacían los dos y los investigadores deducen que podría existir presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito. Para esta afirmación, los agentes se basan en que se ha detectado en la unidad familiar Martín-Santos incrementos patrimoniales no justificados y una importante generación de efectivo que posteriormente se trasmite, transforma e incorpora en el circuito financiero legal en forma de producto bancario. El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Gregorio Guerra, fueron detenidos el 18 de enero de 2007, en la primera fase de la operación Troya, en la que fueron arrestados en otras fases 22 personas más, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento y veinte empresarios. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, Carlos Peinado, ha levantado la última parte del sumario que quedaba secreta después de un año de instrucción y la mayoría de los imputados son empresarios de la construcción o vinculados con el sector

Exigentes requisitos de calidad para los campos de golf que quieran viviendas (Málaga Hoy)

La Junta publica el decreto que elimina la opción del uso residencial en estas instalaciones · Sólo estará permitida la construcción en los proyectos denominados de interés turístico, sometidos a un rígido examen
Los promotores de campos de golf que quieran construir viviendas lo tienen ahora mucho más complicado. Pero no imposible. En el nuevo decreto que la Junta de Andalucía publicó a través del BOJA el miércoles y que entró en vigor justo en el Día de Andaucía, deja un espacio abierto al uso residencial a través de la figura del campo de golf de Interés Turístico. Pero los requisitos para ello son duros y exigen la excelencia en la calidad en todos los aspectos del proyecto, que en último caso aprobará el Consejo de Gobierno de la administración autonómica. Lo principal es cumplir las condiciones generales de los campos de golf (las principales están indicadas en el destacado debajo de esta información), pero también tener un recorrido de, al menos, 18 hoyos y una longitud de más de 6.000 metros o una superficie mínima de 70 hectáreas. La distancia entre el eje de cada calle y la más próxima debe ser de 60 metros y de 90 metros hasta cualquier edificación. La Junta también establece que un 20 por ciento de la superficie debe tener especies vegetales autóctonas de bajo consumo hídrico, una estación metereológica de control y que los lagos conectados con el sistema de riego tengan una capacidad de almacenamiento de agua no inferior a los cien mil metros cúbicos. Pero eso es sólo el principio. A partir de ahí, el gobierno autonómico empieza a concretar una serie de aspectos a cumplir por las instalaciones, como por ejemplo la obligatoriedad de obtener la certificación de calidad ISO 9000 en los tres primeros años de vida del campo de golf así como un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la norma ISO 14000 en el mismo periodo. Además, el decreto establece un aparcamiento mínimo de 100 vehículos, que la mayoría de derechos de juego no estén sujetos a ser socio del club y un calendario y horario de juego compatibles con la orientación turística del campo. Otro de los aspectos que más priman en el texto que regula los campos de golf para su declaración de Interés Turístico es el de las acciones de sostenibilidad porque "debe aportar valores basados en el principio de desarrollo sostenible", según recoge el documento. Así, el proyecto debe recuperar y mejorar la calidad ambiental de los terrenos en los que se instale, revitalizar los elementos naturales o culturales de la zona, incorporar tecnologías para la eficiencia energética, aplicar medidas para disminuir la emisión de gases contaminantes o mejorar el acceso público del patrimonio territorial. Por último, la Junta de Andalucía exige en el Decreto que todos los criterios mencionados se mantengan en el transcurso del tiempo y establece que los campos de golf ya existentes pueden solicitar la declaración de Interés Turístico, lo que no comportará alteración sobre la estructura del campo ni los usos existentes en el mismo.

Exigentes requisitos de calidad para los campos de golf que quieran viviendas (Málaga Hoy)

La Junta publica el decreto que elimina la opción del uso residencial en estas instalaciones · Sólo estará permitida la construcción en los proyectos denominados de interés turístico, sometidos a un rígido examen
Los promotores de campos de golf que quieran construir viviendas lo tienen ahora mucho más complicado. Pero no imposible. En el nuevo decreto que la Junta de Andalucía publicó a través del BOJA el miércoles y que entró en vigor justo en el Día de Andaucía, deja un espacio abierto al uso residencial a través de la figura del campo de golf de Interés Turístico. Pero los requisitos para ello son duros y exigen la excelencia en la calidad en todos los aspectos del proyecto, que en último caso aprobará el Consejo de Gobierno de la administración autonómica. Lo principal es cumplir las condiciones generales de los campos de golf (las principales están indicadas en el destacado debajo de esta información), pero también tener un recorrido de, al menos, 18 hoyos y una longitud de más de 6.000 metros o una superficie mínima de 70 hectáreas. La distancia entre el eje de cada calle y la más próxima debe ser de 60 metros y de 90 metros hasta cualquier edificación. La Junta también establece que un 20 por ciento de la superficie debe tener especies vegetales autóctonas de bajo consumo hídrico, una estación metereológica de control y que los lagos conectados con el sistema de riego tengan una capacidad de almacenamiento de agua no inferior a los cien mil metros cúbicos. Pero eso es sólo el principio. A partir de ahí, el gobierno autonómico empieza a concretar una serie de aspectos a cumplir por las instalaciones, como por ejemplo la obligatoriedad de obtener la certificación de calidad ISO 9000 en los tres primeros años de vida del campo de golf así como un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la norma ISO 14000 en el mismo periodo. Además, el decreto establece un aparcamiento mínimo de 100 vehículos, que la mayoría de derechos de juego no estén sujetos a ser socio del club y un calendario y horario de juego compatibles con la orientación turística del campo. Otro de los aspectos que más priman en el texto que regula los campos de golf para su declaración de Interés Turístico es el de las acciones de sostenibilidad porque "debe aportar valores basados en el principio de desarrollo sostenible", según recoge el documento. Así, el proyecto debe recuperar y mejorar la calidad ambiental de los terrenos en los que se instale, revitalizar los elementos naturales o culturales de la zona, incorporar tecnologías para la eficiencia energética, aplicar medidas para disminuir la emisión de gases contaminantes o mejorar el acceso público del patrimonio territorial. Por último, la Junta de Andalucía exige en el Decreto que todos los criterios mencionados se mantengan en el transcurso del tiempo y establece que los campos de golf ya existentes pueden solicitar la declaración de Interés Turístico, lo que no comportará alteración sobre la estructura del campo ni los usos existentes en el mismo.

Piden cárcel para tres acusados por la muerte de un trabajador (Málaga Hoy)

La víctima, sin contrato y en situación irregular, cayó desde el quinto piso del hotel Las Palomas de Torremolinos
La Fiscalía de Málaga ha solicitado en sus conclusiones provisionales un total de nueve años de prisión para tres personas acusadas de la muerte de un trabajador que cayó desde una altura de 15 metros en un hotel de Torremolinos. El accidente laboral se produjo el 28 de abril de 2005, el mismo día en que la víctima había sido contratada verbalmente por la entidad encargada de los trabajos del Hotel Las Palomas de la referida localidad. El fiscal pide que el administrador de la empresa propietaria del hotel, el gestor de la constructora y el encargado de obras sean juzgados por un delito de contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente, según el escrito acusatorio. El Ministerio Público argumenta que la propietaria del establecimiento hotelero contrató las obras de reforma de varias de sus instalaciones sin la pertinente licencia municipal y que los trabajos fueron encargados a una constructora que no elaboró plan de seguridad, ni nombró un técnico para supervisar la misma. En la obra trabajaban algo más de una veintena de trabajadores, "expuestos todos ellos a condiciones precarias de seguridad", ya que ninguno de los acusados realizó un plan de prevención de riesgos laborales, señala el fiscal. El accidente se produjo sobre las 17.00, nueve horas después de que el obrero comenzara a trabajar para la empresa sin contrato laboral "y a sabiendas de que el mismo carecía de permiso de trabajo" y no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El fiscal acusa al encargado de obras de encomendarle el manejo del montacargas de elevación, pese a que carecía de experiencia para ello. En el momento del siniestro el trabajador se encontraba en la quinta planta del edificio utilizando la máquina, que no estaba bien anclada y tras perder la estabilidad, cayó al vacío, sufriendo múltiples lesiones encefálicas y en el tórax, que le produjeron la muerte inmediata.

Un largo camino sin destino (Málaga Hoy)

Décadas y décadas vienen escuchando hablar los vecinos de El Palo de la posible legalización de las viviendas que se localizan sobre dominio público marítimo terrestre. Un periodo de tiempo en el que las administraciones públicas se han apresurado a anunciar soluciones inmediatas y definitivas para estas construcciones. El último paso lo dio hace una semana el director general de Costas, José Fernández, quien, si bien no manifestó la seguridad de que la situación jurídica de estas casas sea normalizada, sí informó de la elaboración de un proyecto que permitirá adecuar el frente litoral de este espacio de costa. Una medida que puede abrir la vía legal para solventar las dudas que durante tantos años asaltan a las 400 familias que se encuentran afectadas por esta incertidumbre. Sin embargo, dados los antecedentes, las palabras de Costas hay que tomarlas con todas las precauciones. La llegada al Gobierno central del PSOE abrió unas expectativas entre los afectados que finalmente no se han visto cumplidas. En mayo de 2004, el entonces responsable de Costas en la provincia, Juan Carlos Fernández Rañada, se comprometió a retomar el paralizado expediente de deslinde para sacar estos inmuebles del delicado escenario en el que se encuentran. Pero la intención sigue, cuatro años después, en suspenso.Algunos meses después, en diciembre de 2005, la secretaria general del PSOE y portavoz municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Málaga, Marisa Bustinduy, informó del acuerdo alcanzado con la Dirección General de Costas para que a lo largo de 2006 las viviendas fuesen legalizadas. Y el intento, de nuevo, ha quedado en nada.Todo ello en un contexto en el que la amenaza de la piqueta ha estado presente siempre. En los últimos años, los técnicos redactores del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad plantearon en el documento la demolición de algunas viviendas para "esponjar" el barrio y permitir la construcción de equipamientos. La medida provocó una importante protesta por parte de los vecinos, que obligó al alcalde, Francisco de la Torre, a dar marcha atrás en la iniciativa y dejarla sin efecto. A día de hoy, el planteamiento municipal no es otro que acordar con los residentes de la zona aquellas iniciativas necesarias para dignificar las condiciones del barrio.Y la última sombra vino de la mano del Ministerio de Medio Ambiente. Los primeros borradores de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, documento elaborado para analizar y plantear actuaciones en el litoral, incluían la necesidad de derruir las 400 casas de El Palo y Pedregalejo que se encuentran en situación ilegal. La filtración de estas conclusiones hizo que los responsables de Costas rechazasen cualquier intervención drástica en esta zona de la capital y se apostase, por enésima vez, por buscar soluciones de legalización.

El proyecto de las torres de Repsol está anclado tras dos años de espera (Málaga Hoy)

Comarex finaliza el estudio de tráfico exigido por la Junta y el Ayuntamiento y abre el camino para impulsar la aprobación de construcción de los cuatro rascacielos.

Casi dos años después de que fuese presentado en público, poco se sabe del gran proyecto urbanístico que el Ayuntamiento de Málaga y la empresa Comarex pretenden ejecutar sobre los antiguos suelos de Repsol. La intervención diseñada sobre esta parcela, localizada junto a la Avenida Juan XXIII y del futuro bulevar sobre el soterramiento del AVE, sigue estancada a la espera de su tramitación ante la Comisión Provincial de Urbanismo, por la que, de momento, sigue sin pasar.El diseño previsto para este entorno, que pasará a convertirse en una nueva centralidad urbana, contempla la ejecución de grandes torres residenciales y de oficinas. En concreto, y tras varios cambios de forma y contenido, serán cuatro los rascacielos que se levantarán sobre esta parcela, con 99, 106, 113 y 168 metros de altura, respectivamente.

La actuación es fruto del convenio firmado el 21 de marzo de 2006 por Comarex y el Ayuntamiento de la ciudad. Según el acuerdo, la Gerencia de Urbanismo se comprometía a impulsar la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para triplicar la edificabilidad de este suelo, que pasará de 0,34, según el plan vigente, a uno, permitiendo a los nuevos propietarios de los terrenos edificar 930 viviendas de renta libre y unas 400 de protección oficial. A cambio de la intervención municipal, el documento fija una compensación económica a la ciudad de 82 millones de euros, de los que 21 millones tienen que ser ingresados conforme se produzca la aprobación definitiva de la modificación del PGOU y la parte restante, conforme se desarrollen los suelos. Este procedimiento se ajusta a las exigencias de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor a finales de 2005 y que afecta de lleno a este acuerdo urbanístico.Fuentes de la empresa constructora justificaron la demora de la intervención en la elaboración de unos informes de tráfico exigidos por la Junta de Andalucía y por el Consistorio, que ya han sido finalizados. Este trabajo ha sido realizado por la empresa catalana Doymo Desarrollo, Organización y Movilidad. "Una vez acabado es el Ayuntamiento el que tiene que hacer lo conveniente", indicaron las fuentes. El paso que deberá dar no es otro que tramitar el expediente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, cuya decisión no será vinculante, al tiempo que la iniciativa deberá disponer del aval del Consejo Consultivo de Andalucía. Será ese el momento en que se sabrá definitivamente si la aprobación definitiva de esta propuesta corresponde a la Junta de Andalucía, como sostiene la Administración autonómica, o no, como defiende el equipo de gobierno del PP. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, confirmó estos extremos y negó que exista problema alguno relacionado con esta intervención.

La duda vive en las casas de pescadores de El Palo (Málaga Hoy)

La mayoría de los vecinos afectados muestra su desconfianza acerca de las promesas de las administraciones públicas sobre la posible legalización de sus viviendas · Muchos de ellos viven a pie de playa desde que nacieron y confían en poder seguir allí el resto de sus vidas
Hablan con la voz de los años, de las penurias, del dolor y el salitre clavado en la piel. Lo hacen con el sentimiento sincero de ser parte de la costa sobre la que se asientan los pilares de su familia y de las casas donde habitan desde el momento mismo en que nacieron. Sus palabras dan forma al mensaje original de una de las barriadas más señeras de Málaga, de los pescadores que levantaron siglos atrás las primeras chabolas, las primeras edificaciones de madera sobre un suelo marcado en los últimos años por las dudas y las sombras. Rosario, Carmen, María… son algunas de las que sobreviven en las casas de El Palo.Conviven con los interrogantes que se ciernen sobre las viviendas que las alojan con la resignación natural de que quien lleva haciéndolo después de varias décadas. Ahora, cuando asoma en el horizonte una nueva promesa para hacer legal lo que las administraciones entienden ilegal, su testimonio es el reflejo mismo de la incertidumbre. La Dirección General de Costas contempla ahora adecentar este frente litoral como paso previo al camino de legalización de los 400 inmuebles localizados en dominio público marítimo terrestre. Es un privilegio caminar por la fachada misma de estas casas, adecentadas con el esfuerzo de sus propietarios, y lo es aún más conversar con estos vecinos de El Palo, cuyas historias lo son también de Málaga. María Soler lleva casi 96 años habitando uno de estos inmuebles. Su hija, Carmen López, nos cuenta que fue su abuela la que hace más de cien años compró la parcela sobre la que se levanta, por poco más de 35 duros de la época. "Y toda la vida el mar nos ha dado a los vecinos por el culo y los vecinos le hemos dado al mar", afirma con contundencia. "Pagamos la contribución, la basura, el riego de las calles, aunque no las riegan… Mi casa sí tenía papeles, pero vino un temporal y se los llevó", comenta Carmen, quien no esconde su temor a que el futuro de estas viviendas pueda estar en peligro.Justo al lado de esta edificación tiene su negocio Antonio. Un bar que abrió sus puertas hace 29 años. "No me creo lo de la legalización mientras no esté demostrado", afirma con la certeza que le da llevar más de 50 años, desde que nació, escuchando hablar de lo mismo. "Mientras no lo vea no me lo creo".En otra parte del barrio, un pequeño corrillo de cuatro mujeres se reúnen con ansias de expresar su opinión sobre el asunto. Una de ellas, María Jiménez, pregunta si es que van a tirar las viviendas. "¿Si es así, por qué dejaron que se hicieran estas casas; por qué dejan sacar permisos de obra a dos millones de pesetas; por qué tengo que pagar unos doscientos euros de contribución todos los años. Para que ahora no tenga nada?". Es la lógica aplastante del que padece sin saber por qué."Mi casa la he levantado con mi marido, que ha tenido que dar muchos golpes de mar", agrega. María, como otras muchas, sigue ignorando cuál será el futuro del lugar en el que habitan, en su caso, desde hace 34 años. Sus dos hijas nacieron allí y salieron de ella casadas. "Vivimos en un paraíso como para que vengan cuatro granujas y traten de ganar dinero a nuestra costa. Si las van a echar abajo, será con nosotras dentro", grita, en un mensaje que secunda otra de las propietarias. Su situación es la misma que Rosario Díaz y Carmen Serrano, que con 70 años no recuerdan otro paisaje que el de la playa de El Palo.Dolores Luque, cuyas manos reflejan haber cumplido los 84 años de edad, llegó al barrio cuando tenía 10. En aquel entonces, la mar llegaba a apenas unos metros de las fachadas. "Lo que había en aquellos años eran casas de cartón o de madera, chabolas. Y cuando venía un temporal se metía dentro de ellas", añade.Otro de los afectados es Miguel Caparrós, quien abandonó hace unos años el barrio, pero en el que mantiene una vivienda antigua, donde reside su suegra. Esta casa mantiene la fisonomía casi intacta de cuando fue construida. Apenas 40 metros cuadrados de espacio, techos marcados por el paso del tiempo… Y ahora, Miguel ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo permiso para hacer obras de mejora. "Esta casa era de mis padres y se la he comprado a mis hermanos. Ahora intento hacer obras y tenemos los permisos pedidos y pagados", añade.Todos ellos son malagueños en cuyas caras se marca la angustia de la incertidumbre; hombres y mujeres que, en su mayoría, nacieron en las mismas casas sobre las que desde hace décadas se cierne una sombra constante de duda a la que ninguna administración, hasta el momento, ha sabido dar respuesta. Son algunos de los ocupantes de las 400 casas de pescadores de El Palo.

El presidente y el director de Aifos prestarán declaración indagatoria por el Caso Malaya (La Opinión)

El presidente y el director general de la promotora inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales, respectivamente, comparecerán mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, para prestar declaración indagatoria por el "Caso Malaya".
Ruiz Casado y Briales fueron detenidos en julio de 2006 en una actuación policial enmarcada en la segunda fase de la "Operación Malaya" contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, en la que también fue apresado el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y están procesados por un delito de cohecho. Ambos permanecieron en prisión preventiva cerca de diez días hasta que abonaron una fianza de 500.000 euros, en el caso de Ruiz Casado, y de 200.000 euros por parte de Briales. El presidente de Aifos está además imputado en un procedimiento aparte desglosado del "Caso Malaya" por un presunto delito fiscal, mientras que existe otra pieza separada por supuestos regalos de la empresa promotora a autoridades y funcionarios públicos de varias provincias. Además de Ruiz Casado y Briales, también declararán ante el juez mañana por esta causa los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados por los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez y Liétor fueron detenidos en la primera fase de la "Operación Malaya" y ambos están también imputados junto con los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca en una pieza separada por dos operaciones urbanísticas. El martes 4 de marzo han sido citados por el magistrado para prestar declaración indagatoria los empresarios José Ávilas Rojas, Rafael Gómez y Emilio Rodríguez Bugallo. Las comparecencias indagatorias por el "Caso Malaya" comenzaron el pasado 18 de febrero con la declaración de Yagüe, la que fue primera teniente de alcalde del consistorio marbellí Isabel García Marcos y otros tres ex ediles, y desde entonces ya han cumplido con esta citación cerca de una veintena de procesados. En las declaraciones indagatorias el juez notifica el auto de procesamiento a cada encausado y sus defensas tienen la oportunidad de preguntar a los declarantes y solicitar nuevas pruebas. Una vez completado este proceso, el magistrado elaborará el auto de conclusión de sumario y el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial de Málaga, que dará traslado al Ministerio Fiscal para que lleve a cabo las acusaciones y cite a los letrados para la presentación de los escritos de defensa antes del señalamiento del juicio.

El alcalde de Alhaurín invirtió en un año el doble de su capacidad de ahorro (La Opinión)

El alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y su esposa, Teresa Santos, realizaron en un año una inversión inmobiliaria cuyo importe supuso cerca del doble de la capacidad de ahorro de la familia, según un informe policial que consta en el sumario judicial del "Caso Troya".
El informe, realizado por la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, y al que ha tenido acceso Efe, establece que durante tres años la familia Martín-Santos llevó a cabo compras inmobiliarias por más de 73.000 euros y destaca que todas ellas fueron en efectivo. El documento policial, secreto hasta hace pocos días, recoge que la capacidad de ahorro del regidor y su mujer en 2005 sería de cerca de 26.000 euros, mientras que la inversión inmobiliaria superó los 51.000 euros y resalta además que el matrimonio adquirió un vehículo Audi por un importe cercano a los 30.000 euros. Según la Policía, la pareja compró a lo largo de su matrimonio doce propiedades inmobiliarias y "solamente" en tres casos se subrogó a un préstamo hipotecario, dos de los cuales se cancelaron al año siguiente de su adquisición al producirse la venta de la propiedad. Los investigadores creen que Serón ha realizado presuntamente "en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo". Este informe señala que la práctica inexistencia de adeudos en una mencionada cuenta de la familia para el sostenimiento de los gastos normales de sus integrantes, "ponen de manifiesto que éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de fuentes de renta de origen desconocido". El informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, ha analizado las cuentas bancarias del matrimonio, así como el uso que del dinero hacían los dos y los investigadores deducen que podría existir presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito. Para esta afirmación, los agentes se basan en su investigación en la que destacan que "detectan" en la unidad familiar Martín-Santos incrementos patrimoniales no justificados e importante generación de efectivo que posteriormente se trasmite, transforma e incorpora en el circuito financiero legal en forma de producto bancario. El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín de Grande, Gregorio Guerra, fueron detenidos el 18 de enero de 2007, en la primera fase de la Operación Troya, en la que fueron arrestados en otras fases 22 personas más, el arquitecto municipal, el asesor jurídico del Ayuntamiento y veinte empresarios. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín (Málaga), Carlos Peinado, ha levantado la última parte que quedaba secreta después de un año de instrucción y la mayoría de los imputados son empresarios de la construcción o vinculados con el sector.

Ayuntamiento y Junta firman el convenio para la rehabilitación de viviendas (SUR)

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, ha firmado con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía el programa de rehabilitación de viviendas de este año. El organismo autonómico acordó hace unos días destinar en total 9 millones de euros para este programa, lo que podría representar ayudar a la rehabilitación de unas 1.500 casas en deficiente situación por toda Andalucía. En Alhaurín, el plazo de presentación de solicitudes para beneficiarse de este programa comienza el próximo día 10 de marzo y finaliza un mes después. Estas ayudas están destinadas a familias que necesiten mejoras en su domicilio habitual, con subvenciones para las obras que irían desde al 50 al 75 por ciento del coste. Las ayudas se concederán a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros, aunque esa cantidad dependerá también del número de miembros de la unidad familiar.

El proyecto para desdoblar la carretera que une Antequera con Santa Ana costará 1,1 millones (SUR)

La Junta de Andalucía saca a licitación la redacción del texto con idea de mejorar la comunicación con la estación de AVE

Era una actuación muy necesaria, sobre todo, desde finales del año 2006. La puesta en funcionamiento de la estación AVE Antequera-Santa Ana hace poco más de un año puso al descubierto las carencias en comunicaciones de esta pedanía con la ciudad.Hasta ahora, existen dos formas de llegar a la estación: por la pedanía de Bobadilla Pueblo mediante una carretera convencional o por la autonómica A-384 dirección Campillos, que cuenta con un único carril de circulación para cada sentido.Con la llegada de la Alta Velocidad a Antequera el tráfico de vehículos se ha incrementado y ya hay solución a la vista. Y es que la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, a través de Giasa, el proyecto para el desdoblamiento de esta vía desde La Colonia de Santa Ana hasta la autovía A-92. Ahora, las empresas interesadas en la redacción del mismo deberán presentar sus ofertas antes del 22 de abril. La redacción del proyecto costará 1.123.491 euros.De esta forma la Junta da respuesta a una moción aprobada por el pleno municipal de Antequera, a instancia del Partido Popular, en noviembre de 2006 en la que se instaba a la Administración autonómica a acometer estos trabajos.El alcalde de Antequera, Ricardo Millán, mostró ayer su satisfacción por la noticia y reconoció que «se trata de una actuación necesaria, más aún, desde que entró en servicio la estación de Santa Ana». Millán no quiso dar plazos de ejecución, ya que eso quedará definido cuando se tenga concluido el proyecto.

Lista de espera para comprar un piso de lujo en el edificio de Félix Sáenz (SUR)

Ya hay 250 personas interesadas por hacerse con una de las 52 viviendas que la empresa Restaura construye en el inmueble, sometido a rehabilitación. La casa más cara, un ático dúplex de 117 metros, rozará el millón de euros
NUEVO FÉLIX SÁENZ
Inversión: 40 millones de euros.

Viviendas: 52, de distintas tipologías. La superficie va de 50 a 117 metros cuadrados, ya que hay piezas de uno, dos y tres dormitorios.

Precio: 360.000-900.000 euros.

Fase de ejecución: Se ha terminado el estudio arqueológico y la demolición del interior del edificio. Pronto comenzará la construcción de la nueva estructura, que durará 22 meses. La obra finalizará con la rehabilitación de la fachada.

Local comercial: Tiene 1.024 metros repartidos en dos plantas.

Es un inmueble que pocos malagueños no han visitado. No en vano Félix Sáenz fue el primer gran almacén de la ciudad; un emporio comercial que supo mantenerse durante más de 120 años, hasta que en la década de los 90 las grandes cadenas comerciales le arrebataron la clientela. Pero cuando el inmueble inicie su nueva vida, sólo un selecto grupo de privilegiados podrá acceder a su interior. La empresa catalana Restaura, especializada en la rehabilitación de edificios emblemáticos, está convirtiéndolo en un bloque de viviendas de lujo. Y no le faltan novios: 250 personas están apuntadas en lista de espera para optar a uno de los 52 pisos que albergará Félix Sáenz, lo que da idea del interés que ha despertado el proyecto. En dicha lista no falta gente 'VIP', apuntan desde la constructora.Cualquiera diría que hay crisis inmobiliaria. Eso de tener 'colocada' una promoción antes de empezar a construirla suena a otra época. Pero Félix Sáenz es un caso especial. «Para el sector es un momento complicado, pero este es un proyecto único, muy exclusivo, que sólo va a salir al mercado una vez. Y no sólo por la arquitectura del edificio y por su ubicación sino por las características de las viviendas. En cuestión de acabados, es algo que nunca se ha hecho en Málaga», afirma el delegado de Restaura en la ciudad, Jorge Alberto Pardo, quien añade que el inmueble contará con garaje subterráneo y que ofrecerán de forma opcional instalaciones domóticas.

Tipologías y precios

Será a mediados o finales de este mes cuando comience la comercialización de las viviendas, que tienen varias superficies y precios para albergar a distintas tipologías de familias: de 50 a 117 metros cuadrados; de uno, dos y tres dormitorios y entre 360.000 y 900.000 euros. ¿El piso más caro? «Un ático dúplex de la máxima superficie, con tres habitaciones y vistas espectaculares», revela Pardo. La rehabilitación de Félix Sáenz para su uso residencial no está siendo fácil. De hecho, el edificio pasó por dos manos -Somersen y Dos Promociones Aceras- antes de llegar a las de Restaura, que lo compró por 30 millones de euros en 2006 y está invirtiendo 10 millones más en la reforma, siguiendo un proyecto del arquitecto malagueño José Seguí. «Nuestro reto es hacer cosas que nadie se atreve a hacer, obras complicadas como esta, que para nosotros merecen la pena porque suponen un beneficio para la ciudad», afirma el director de marketing de Restaura, Julio Villalobos. A mediados de este mes comenzará la fase de construcción propiamente dicha, ya que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido realizar un estudio arqueológico y demoler el inmueble por dentro, respetando su fachada. Por eso a día de hoy el edificio ofrece un aspecto totalmente hueco. Construir un nuevo bloque en su interior va a requerir «un gran esfuerzo de planificación y logística», resalta Pardo, quien cifra en 22 meses el plazo de ejecución de la obra. Después vendrá la fase de rehabilitación de la fachada, que tiene el objetivo de devolverle su esplendor, pero respetando todas sus características originales.

Local comercial

La única incógnita que queda por desvelar en Félix Sáenz es quién se quedará el gran local comercial que ocupa las dos primeras plantas del histórico inmueble. En total, son 1.024 metros cuadrados por los que ya se ha interesado una serie de empresas, entre ellas El Corte Inglés. «Para elegir al inquilino primará el proyecto que se presente,que debe estar a la altura del edificio», afirma el delegado malagueño de Restaura.

Denuncian deficiencias en las viviendas construidas por Emvipsa en Méndez Hoyos. Vélez-Málaga (SUR)

Los vecinos del edificio de viviendas promovidas por la empresa municipal Emvipsa en la calle Méndez Hoyos, en el solar del antiguo matadero municipal, han exigido al Ayuntamiento la reparación de las numerosas deficiencias detectadas en la construcción. Se trata mayoritariamente de humedades que afectan a buena parte de las 13 viviendas del inmueble, las cuales están haciendo imposible la vida de los vecinos en sus casas debido a la aparición de hongos.El alcalde, Francisco Delgado, dijo ayer en rueda de prensa que el asunto está siendo estudiado por los técnicos de la empresa municipal, cuyo consejo de administración se reunirá la próxima semana para decidir el tipo de medidas que se llevarán a cabo. El regidor criticó a los anteriores responsables municipales encargados de la promoción, a la vez que dijo que se exigirán responsabilidad a la empresa constructora. «El PSOE dice que estamos viviendo de la renta. Unas cosas son buenas y otras son malas como esta», manifestó Delgado. El edil dijo también que los adjudicatarios de otra promoción realizada en la zona del Polideportivo han pedido que asimismo se subsanen las deficiencias aparecidas en su edificación.

Oña acusa a la Junta de paralizar varios proyectos. Fuengirola (SUR)

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, acusó ayer a la Junta de Andalucía de obstaculizar el desarrollo de la ciudad con la paralización de proyectos como la ampliación del puerto deportivo, la creación de nuevos juzgados o el hospital. Oña aseguró que la Junta «se dedica a la obstrucción, al freno y a poner trampas» a Fuengirola. Entre los proyectos paralizados destacó la reforma del puerto deportivo, que según la primera edil «podría convertirse en el motor económico de la ciudad con tan sólo tener la autorización de la Junta». «No pedimos dinero, sólo el permiso y llevamos 14 años en el olvido», apuntó. Oña criticó también el retraso en la puesta en marcha del futuro Hospital de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) Fuengirola-Mijas y la construcción de los nuevos juzgados de la localidad. «Los terrenos están disponibles sin necesidad de esperar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo se necesita voluntad política». La carencia de un conservatorio de música solicitado hace varios años, la falta de guarderías con financiación autonómica, y la negativa a ampliar el servicio de ayuda a domicilio para los mayores del municipio fueron otros de los proyectos sobre los que reclamó su puesta en marcha.

Fomento saca a información pública las mejoras en el proyecto del soterramiento. Marbella (SUR)

El nuevo trazado incorpora varias peticiones vecinales y del Ayuntamiento y eleva a 60 millones de euros el coste final. El cruce de Las Petunias se salvará con un paso inferior

A la tercera parece que irá la vencida. El Ministerio de Fomento sacó ayer a información pública durante un mes el modificado del proyecto de soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara, que incorpora las demandas de algunos colectivos vecinales y del propio Ayuntamiento para mejorar el trazado previsto. Esta vez, la segunda en que se reforma el proyecto inicial, parece que será la definitiva. El Gobierno central accede así a las peticiones más clamorosas, especialmente a la relacionada con el cruce de la carretera de Ronda con la autovía, que inicialmente estaba previsto salvar con un puente y que finalmente se eliminará con un paso inferior bajo rasante. El cruce actual quedará a la altura de la calzada, tal y como requirió en su día la comisión gestora. No es la única mejora. Según recogió ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre las modificaciones se encuentran el enlace de la calle al oeste del centro comercial La Colonia con la vía de servicio del enlace con Guadalmina; el traslado de la rotonda del punto kilométrico 2,400, en la estación de autobuses, al 2,545, mediante la construcción de una estructura así como otras reformas puntuales. Con todos estos cambios, los de ahora y los de antes, el presupuesto se ha duplicado hasta alcanzar los 60 millones de euros frente a los 33 millones de inversión previstos inicialmente.

Asociaciones de vecinos

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, destacó ayer que el ministerio ha actualizado el proyecto inicial, adecuándolo a las normativas técnicas vigentes e incorporado las alegaciones presentadas por las asociaciones de vecinos. El resultado, en su opinión, es un trazado donde prima la seguridad.Las previsiones son que los trabajos de construcción del esperado túnel, de un kilómetro de longitud, así como la mejora del trazado a los largo de seis kilómetros, estén listos a finales del próximo año. El proyecto incluye que el tercer cruce, el de la carretera de Ronda, también desaparezca de la A-7 con un paso inferior. Así, los más de 65.000 vehículos que transitan a diario por la vía dejarán los atascos en el olvido.

El pleno se compromete a aprobar el PGOU antes de julio y exige a la Junta que lo refrende este año. Marbella (SUR)

El pleno, con el aval del Consejo Consultivo, rechaza una reclamación de 27 millones de indemnización presentada por un promotor por pararle sus obras ilegales

Nueva vuelta de tuerca en materia urbanística. El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción del PSOE, completada con una propuesta del PP, para que las administraciones local y autonómica impulsen con fechas sobre la mesa el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en tramitación. Así, se ha instado al equipo de gobierno a que presente un plan de trabajo para acelerar la aprobación provisional del nuevo documento urbanístico antes de julio de 2008, tal y como le reclamaban los socialistas. Para apoyar esta propuesta, los populares pusieron como requisito instar, a su vez, a la Junta a que refrendara el Plan General antes de que finalice este año. «No somos la Junta, pero haremos todo lo posible en la medida en que podamos influir para que sea una realidad», señaló el concejal socialista Óscar Fernández. Las aportaciones de ambos grupos fueron finalmente incluidas en una única moción, aprobada por unanimidad. Alba Echeverría, concejala de Urbanismo, aseguró que estaban trabajando «a destajo», ya que, al Consistorio le interesa que la ciudad cuente con este instrumento cuanto antes. No obstante, recordó que una vez devueltas las competencias urbanísticas al Consistorio marbellí y tras aprobar éste en pleno el nuevo Plan de forma inicial, la aprobación definitiva compete al Gobierno andaluz. «Ya hemos recibido, vistas las alabanzas de distintas consejerías, que si tocamos el modelo de compensación no nos lo aprueban», a lo que la edil de Urbanismo añadió: «Y sin la aprobación definitiva de la Junta, no hay PGOU». En cuanto a plazos, Echeverría anunció que están listas las alegaciones medioambientales para remitirlas a la Consejería de Medio Ambiente. Un trámite necesario para obtener el estudio de impacto ambiental. También se llevó al pleno una propuesta de la alcaldesa Ángeles Muñoz sobre una resolución del Consejo Consultivo de Andalucía que establece el Ayuntamiento conforme a derecho no debe asumir una responsabilidad patrimonial de 27 millones de euros que le reclamaba una promotora que edificó sin licencia de obras.

Petición rechazada

La reclamante es la mercantil Nesgar Promociones SA, que solicitó el pasado día 22 por registro de entrada del Ayuntamiento esta indemnización millonaria por los perjuicios derivados de la suspensión de varias licencias de edificación, acordada por el TSJA, después de que la Consejería de Obras Públicas impugnara dichos permisos otorgados en julio de 2003. La Secretaría del Ayuntamiento concluye en un informe, que no se aprecia relación de causalidad en la reclamación presentada por la promotora por los daños económicos sufridos como consecuencia de la suspensión de las obras solicitada por la Junta y ordenada por el TSJA, «máxime teniendo en cuenta la conducta del propio perjudicado al iniciar las obras sin licencia al proyecto de ejecución». Asimismo, el documento exime al Ayuntamiento de ser el causante del perjuicio patrimonial que reclama la promotora, ya que, «fue la Consejería de Gobernación de la Junta la que interpuso el procedimiento judicial».El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, vaticinó que a esta primera se sumarán otras muchas de promotores con licencia de obras que no tengan cabida en el nuevo PGOU. No obstante, advirtió de que el Ayuntamiento «responderá a las obligaciones legales, pero no de la responsabilidad penal de otras personas».

Autorizan dos nuevos centros comerciales en Málaga capital y Estepona (SUR)

La Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía (CACI), órgano consultivo del Gobierno autonómico, ha informado favorablemente sobre la instalación de dos nuevas superficies comerciales en Málaga. La CACI se ha pronunciado a favor por 23 votos, tres abstenciones y uno en contra sobre la instalación en Estepona del 'Centro Comercial Selwo', con 3.142 metros cuadrados y promovido por Selwo 2005.También en la capital malagueña ha informado favorablemente, por 25 votos, uno en contra y dos abstenciones, sobre el Centro Comercial San Julián, de 16.486 metros cuadrados de superficie. La entidad no ha especificado qué características tendrá esta zona, situada junto al Plaza Mayor e Ikea. También se aprobaron otros cinco centros comerciales en Priego (Córdoba), Mairena del Aljarafe (Sevilla), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y dos en el municipio onubense de Cartaya.

La Junta licita nuevas obras del futuro vial metropolitano oeste (La Opinión)

La carretera, con un coste de casi 50 millones de euros, propone un ´corredor verde´ transversal al Valle del Guadalhorce que recupere "zonas degradadas"
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras de construcción de la segunda fase del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de Málaga por un presupuesto de 49,9 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras, que incluyen la construcción de una vía parque de uso peatonal y que contará con un carril bici, es de 26 meses.La Junta de Andalucía señaló ayer en un comunicado que el carácter periurbano del entorno por el que se desarrolla el vial ha marcado desde la concepción de la actuación con una "especial sensibilización" de integración, así como la creación de nuevos espacios paisajísticos y peatonales en una zona "fuertemente degradada".Así, la actuación incluye también un especial tratamiento paisajístico y de creación de zonas verdes, creando un ´Corredor Verde´ transversal al Valle del Guadalhorce, en algunas zonas de más de 100 metros de anchura, en el que se integra la actuación viaria.El Vial Distribuidor, que se constituye como la vía periurbana de articulación transversal al Valle del Guadalhorce y como el necesario complemento de la segunda Ronda de Málaga, actualmente en ejecución, forma parte del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía, que la Consejería andaluza ha puesto en marcha entre los años 2004 y 2010. Para su financiación se cuenta con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea.Conexiones. Con una longitud de 6,1 kilómetros, el vial cuenta con un eje principal de 5,38, que discurre por los términos municipales malagueños de Alhaurín de la Torre y Málaga; con sendas vías transversales, una de ellas de 300 metros para la conexión con el enlace de Churriana de la segunda ronda, y otra de 460 metros para la conexión con el viario previsto por el Ayuntamiento de Málaga en los polígonos industriales de la margen izquierda del río Guadalhorce.Tanto el vial como sus ramales se han proyectado con calzadas separadas de dos carriles cada una, pues está previsto que en su puesta en servicio sea utilizado por más de 30.000 vehículos al día, con un tráfico de vehículos pesados superior al 13 por ciento en alguno de sus tramos.Así, se han previsto hasta seis conexiones que se resuelven mediante glorietas "para reforzar el sentido de vía metropolitana y no crear la sensación de vía rápida e interurbana entre los usuarios, aumentando así las condiciones de seguridad".

Una promotora demanda por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Marbella (La Opinión)

El Consistorio aprobó ayer por unanimidad desestimar esta reclamación, ya que el demandante ni siquiera disponía del permiso para iniciar las obras
No será la única. La empresa Nesgar Promociones ha abierto la veda de las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial que se le avecinan al Ayuntamiento de Marbella. La mayoría de ellas, por las presuntas construcciones irregulares que, en su día, paralizó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Las obras de Nesgar fueron una de ellas. Su suspensión data del 11 de diciembre de 2003. Cuatro años después, el 22 de febrero de 2007, decidieron recurrir al Consistorio para pedir una indemnización de más de 27 millones de euros por los daños y gastos ocasionados.Desestimada. El Ayuntamiento de Marbella votó ayer por unanimidad a favor de la desestimación de esta reclamación, una decisión para la que contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía."El perjuicio patrimonial que alega el demandante no procede del Ayuntamiento, sino de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que interpuso el procedimiento judicial", establece la resolución del citado órgano autonómico.Asimismo, el documento indica que la promotora inició las obras antes de obtener la correspondiente autorización y que, de hecho, aún hoy carece de licencia. "Es la primera vez que el Ayuntamiento recibe una reclamación de este calibre", indicó ayer el portavoz del Gobierno local, Félix Romero, quién auguró la recepción de "muchas alegaciones de este tipo" en el registro de entrada del Consistorio.Romero está convencido de que no todas estas instancias serán honestas, ya que "existen empresarios sin escrúpulos que intenten resarcirse de las consecuencias de una actuación delictiva e ilícita con anteriores equipos de gobierno".En este sentido, el dictamen del Consejo Consultivo sienta un precedente que "deberán tener en cuenta otras promotoras antes de presentar una reclamación", ya que en este caso el Derecho se sitúa de parte del Ayuntamiento."El Consistorio responderá de aquellas reclamaciones que sean de su obligación legal, pero no de las responsabilidades penales que tuviesen que cumplir otras personas", añadió.El portavoz del Gobierno de Ángeles Muñoz argumentó, durante la celebración del pleno, que las arcas municipales no disponen de las cantidades que pudieron desembolsar algunos promotores, por lo que queda aún por desentrañar la responsabilidad del Ayuntamiento respecto de las cantidades que abonaron.La oposición, tanto PSOE como IU, aprovechó este punto del orden del día para recordarle al Ejecutivo local que otra forma de restablecer la legalidad es revisar las licencias irregulares que se concedieron en el pasado.

Urbanismo invertirá más de 475.000 euros en obras en cinco calles del distrito centro (SUR)

Las actuaciones en la zona de Ventaja Alta se centrarán en la renovación del pavimento, del alumbrado público y en el soterramiento de cables

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado en su última mesa de contratación el proyecto de reurbanización de las calles Ventaja Alta, Ventaja Corta, Ventajilla, Joaquín de Molina y Malaquías -en el distrito centro- por un importe de 476.503,79 euros. Esta inversión, como subrayó el edil de Urbanismo, Manuel Díaz, supondrá la renovación urbana de cinco calles del barrio de Ventaja Alta, en el entorno de Gibralfaro. La empresa encargada de realizar los trabajos que se contemplan en este proyecto será Velasco Obras y Servicios, S.A. con un plazo de tres meses. En concreto, el objetivo principal es el soterramiento de las líneas áreas existentes, tanto de telefonía como eléctricas, así como la renovación del pavimento y de los distintos servicios que actualmente existen en dichas calles.Las actuaciones que se van a ejecutar, según indicó el Consistorio malagueño en un comunicado, comprenden demolición del pavimento existente y reposición del mismo, renovación de la red de saneamiento -pasando de sistema unitario a separativo-, así como la ejecución de las nuevas redes de aguas pluviales y de aguas fecales de las calles, y realización de una nueva red de abastecimiento de agua potable.También contempla otras mejoras como la renovación del alumbrado público, señalización vertical de la zona, soterramiento de la red de telecomunicaciones y de las líneas de baja tensión existentes, y la reposición de servicios afectados.En cuanto a la jardinería y mobiliario urbano, se va a incrementar el número de jardineras en la calle Ventaja Alta, volviendo a disponer tres similares a las actuales y otras dos más de fundición en las que se ubicarán macizos florales, con especies como la adelfa, el hibisco y la lantana.

Los derribos de viviendas ilegales dividen a la sociedad marbellí (La Opinión)

Dos plataformas agrupan a los propietarios de las viviendas ilegales que se escudan en la legalización y a los demás ciudadanos que quieren recuperar los espacios públicos perdidos
Marbella está dividida por su propio planeamiento. Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante 15 años por los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) han creado dos categorías entre los ciudadanos, según sean o no propietarios de viviendas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.Todos son víctimas del mismo problema, la falta de equipamientos públicos originada por el modelo de construcción sin límites; pero difieren en la solución. Entre derribar o legalizar se encuentra el dilema.Dos agrupaciones reúnen a los partidarios de una y otra postura. La plataforma ´29 de Marzo´ vela por el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restauración de la situación original o, lo que es lo mismo, la demolición de las viviendas irregulares o el establecimiento de sistemas de compensación que hagan recuperar a la ciudad las infraestructuras esquilmadas.Por su parte, el colectivo de ´Afectados por el PGOU de Marbella´ reivindica la revisión de cada uno de los casos y la búsqueda de mecanismos que permitan normalizar la situación de las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en el municipio, entre las que se encuentran las 18.000 ilegales por estar construidas en suelos no urbanizables o destinados para otros equipamientos.Tanto en uno como en otro caso, la cuestión es decidir quién paga los platos rotos. "Aquí hay tres claros culpables, las corporaciones municipales y promotores que cometieron los desmanes y la Junta de Andalucía que los permitió", proclamó convencido a este diario el portavoz de ´Afectados por el PGOU´, José Ortiz.Soluciones. El nuevo Plan General, actualmente en fase de aprobación inicial, establece la recuperación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de Marbella para infraestructuras y zonas verdes mediante la normalización de 18.000 inmuebles ilegales. Para ello, propone que las empresas promotoras asuman un modelo de compensación a través de pagos o cesiones de terrenos.Si estas empresas rechazan este acuerdo, serán los propios propietarios de los inmuebles quienes deberán hacer frente a esta responsabilidad, en virtud del citado documento. Pero, "el Ayuntamiento se niega a revisar las licencias ilegales y ocurre que no tenemos culpable", criticó el representante de ´29 de Marzo´, Rafaél Ávila.Ávila teme que el planemiento de Marbella se convierta en una pelota que pasa de uno a otro tejado sin que nadie la recoja. "Si nadie les mete mano a los promotores, que pueden responder patrimonialmente, y los propietarios tampoco responden... de dónde sacamos los equipamientos que faltan", añadió.El Gobierno de Ángeles Muñoz abandera a los llamados ´compradores de buena fe´ y ya ha adelantado su intención de incluir mecanismos dentro del texto urbanístico para garantizar que no sean los dueños quienes afronten las compensaciones.Ortiz está de acuerdo. Él es uno de los afectados y califica de injusta esta medida. "Mi propiedad tiene todas las licencias y, a día de hoy, continúa sin tener ni una sola anotación en el registro de la propiedad", señaló. Ávila no es dueño de una vivienda ilegal pero tiene claro quiénes son las auténticas víctimas. "¿No es también comprador de buena fe aquél que cuenta con una casa legal a la que le han tapado las vistas con una ilegal?". Para Ortiz, sus representados son víctimas al cuadrado. Sufren la falta de espacios públicos y además su hogar no es legal.

Prevén que el juicio de ´Malaya´ se inicie en la primavera de 2009. Marbella (La Opinión)

Los magistrados de la Sección Primera esperan contestar en seis meses los recursos que se presenten y que dentro de ese plazo estén elaborados los escritos de acusación y de defensa
La Audiencia Provincial de Málaga se está preparando concienzudamente para acoger el macrojuicio de la operación ´Malaya´ en las mejores condiciones posibles. No en vano, fuentes judiciales de toda solvencia afirmaron que ahora se está trabajando con la previsión de que la vista oral pueda iniciarse en algún momento de la primavera de 2009.No son cálculos baladíes. El pasado mes de enero, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez Corrales, remitió un informe a la Sección Primera, en el que preveía "realizar las declaraciones indagatorias durante febrero y marzo, y en el que estimaba que podría mandar el proceso a la Audiencia Provincial el próximo verano, aunque no especificaba el mes".Antes de que eso ocurra, deben terminar de declarar los 86 imputados en las indagatorias, y, tras ello, el instructor debe emitir el auto de conclusión de sumario, que cierra la instrucción de más de dos años, recibiendo la Sección Primera -que ahora resuelve los recursos del caso- la causa, formada ya por más de 150 tomos.Suponiendo que este trámite se lleve a cabo en septiembre de 2008, los magistrados de la Sección Primera "podrían resolver los diferentes recursos en un plazo de seis meses". Ése no será su único trabajo, ya que durante esos seis meses previstos los magistrados además deberán dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que elabore su escrito de acusación y a las partes para que presenten sus escritos de defensa.Acuerdos. Teniendo en cuenta que muchas partes pedirán aún la práctica de más pruebas, todo este trámite podría "estar listo en marzo de 2009", por lo que el juicio oral se desarrollaría inmediatamente después.A pesar de ello, las fuentes consultadas esperan que "se llegue a acuerdos parciales entre la Fiscalía y las partes para que se reduzca el número de imputados", ya que con 86 procesados la vista oral será prácticamente ingobernable. Si se contempla que el juicio por los atentados del 11-M tuvo 28 acusados y duró cuatro meses y 17 días, tras la declaración de más de 300 testigos y de 70 peritos, imaginar cuál sería el recorrido del juicio por el ´caso Malaya´ puede ser complicado: 86 procesados, más de 100 abogados personados entre defensas y acusaciones populares y particulares, y más de 600 testigos. "Del año seguro que pasamos", añaden las fuentes. "Imagínese que cada una de las 100 partes quiere interrogar a uno de los acusados. Si se tiene en cuenta que se señala cada día por espacio de cuatro o cinco horas, prever la duración es muy complicado", apuntan.La Audiencia ya se está preparando. No en vano, se ha creado una nueva sección penal, la Novena, que entrará en funcionamiento este año y que servirá para que la Primera no se colapse durante la celebración de la vista, además de que podría asumir algún que otro macroproceso de los que andan sueltos: ´Ballena Blanca´, también en fase de indagatorias, e ´Hidalgo´, con una instrucción más embrionaria y compleja. Refuerzo. En la Sección Primera, de momento, ya hay dos funcionarios más de refuerzo, "un número que tendrá que crecer próximamente para hacer frente al caso", apuntaron las fuentes cuestionadas.En cuanto al lugar, tampoco parece haber problemas, como se podría haber pensado en un principio. Algunos magistrados propusieron que la vista se celebrara en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, pero la Junta de Andalucía ha defendido que en la propia Ciudad de la Justicia hay 800 metros cuadrados que no se han utilizado y que podrían albergar la sala que acoja el voluminoso juicio.En cuanto a la seguridad tampoco hay preocupación. Estas semanas se ha celebrado un juicio contra diez peligrosos narcotraficantes magrebíes y la Policía Nacional ha tomado durante días el edificio, sin que hubiera ningún problema, lo que ha causado tranquilidad en la judicatura. El dispositivo de seguridad, según las fuentes, ha sido todo un éxito.Sobre el ámbito procesal, también se preparan las partes para el juicio. Sin ir más lejos, la Fiscalía ha solicitado que el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca pase dos años más en prisión preventiva, hasta un máximo de 4, de forma que afrontaría el juicio desde la cárcel, aunque, eso sí, sería uno de los imputados que más tiempo ha pasado en prisión por delitos económicos (Antonio Camacho, de Gescartera, estuvo tres años).

El Ayuntamiento firma un convenio con una empresa privada para construir VPO. Archidona (SUR)

El alcalde anuncia que se harán 50 viviendas de este tipo detrás del polideportivo municipal

Los ayuntamientos cada vez se implican más en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para garantizar a sus vecinos un hogar digno a un precio que puedan pagar. Es el caso del Consistorio de Archidona, que ha firmado un convenio con la empresa Encovi S. A. para la construcción de casas protegidas en la localidad. El acuerdo establece que el Ayuntamiento archidonés realizará los trámites pertinentes para que en los terrenos municipales que posee para este fin se puedan construir viviendas de este tipo, mientras que Encovi se compromete a desarrollar ese suelo, según explicó el alcalde, Manuel Sánchez.El primer edil señaló que desde que llegó al gobierno municipal ha realizado todas las gestiones para poner en el mercado el suelo municipal destinado a VPO y permitir con ello que los sectores sociales más desfavorecidos puedan acceder a una vivienda. Así, Sánchez recordó las 28 viviendas realizadas por Emprovima, que se entregarán en el momento en el que la Junta les conceda la calificación y anunció que se construirán otras 50 VPO en una parcela que hay detrás del polideportivo municipal.Además, el Consistorio cuenta con otras dos parcelas donde se podrían hacer viviendas protegidas, una situada detrás de la piscina municipal y la otra en la zona trasera de la calle Almohalla, donde se ha intentado sin éxito que la Consejería de Obras Públicas subvencione seis VPO.

El Consistorio obligado a recibir una urbanización por silencio administrativo. Torrox (SUR)

El edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), culpó ayer al anterior gobierno socialista de no haber realizado ningún acta dentro del plazo legalmente establecido sobre la recepción de la urbanización Tablazo Sur, en Torrox Park. Pérez explicó que debido al silencio del anterior gobierno el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de tener que recepcionar la urbanización a pesar de «no estar en perfecto estado». El edil señaló que la promotora se ha acogido al silencio administrativo para exigir la recepción del conjunto, lo que obligará al actual gobierno a tener que subsanar numerosas deficiencias que afectan al asfaltado de las calles, los jardines, parques y al alumbrado. «Si el acta de recepción se hubiera realizado dentro de los cuatro meses que fija la Ley, mencionando todos los arreglos necesarios, el Ayuntamiento no se vería ahora en esta situación, ya que las reparaciones habrían correspondido al promotor».

Los adjudicatarios de las viviendas de Isla Gomera se enfrentan al Ayuntamiento por su precio. Fuengirola (SUR)

Aseguran sentirse «engañados» al enterarse ahora de que los pisos cuestan entre 132.000 y 175.000 euros. El Consistorio recuerda que son inmuebles asequibles contruidos en suelo municipal, aunque no VPO

«Si no podemos pagarlas, ¿por qué nos adjudican estas viviendas?». Ésta es la pregunta que se hacen Elvira López y los otros 25 adjudicatarios de las viviendas asequibles que promueve el Ayuntamiento de Fuengirola en la calle Isla Gomera, detrás del puesto de la Guardia Civil. Esta semana se han reunido con los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales, Ana Mula y Francisco José Martín, respectivamente, para expresar su malestar por lo que consideran «un engaño». «Cuando nos avisaron en mayo de 2007 nos dijeron que las casas iban a costar entre 60.000 y 90.000 euros y ahora nos encontramos con que los precios oscilan entre los 132.000 y 175.000 euros», asegura Elvira, a la que no le entra en la cabeza la posibilidad de afrontar una hipoteca de 700 euros con un sueldo de mil euros y un hijo de cinco años que está criando en casa de sus padres. Por ello, solicita incluso que le entreguen la vivienda sin garaje ni trastero para abaratar costes. «Lo único que pido es un techo para vivir», añade.En similares circunstancias se encuentra Noemí Carreño. También es madre soltera de una hija de tres años y el sueldo de 'mileurista' no da para muchos lujos. «Si reunimos los requisitos para una VPO no entendemos por qué nos piden ahora este dinero», se lamenta.Dada la situación económica y social de la mayoría de los adjudicatarios -entre ellos hay madres solteras, mujeres maltratadas y familias con pocos recursos-, Martín se ha comprometido a contactar con la constructora Profasán para intentar rebajar los precios, aunque parece descartable que se ajusten a las exigencias de los vecinos. En este sentido, fuentes municipales aseguraron que los precios son los establecidos por la ley andaluza de vivienda protegida, y que en ningún caso se trata de Viviendas de Protección Oficial (VPO), sino de inmuebles a precios asequibles.Además, durante el encuentro en la sede de Servicios Sociales, tanto Mula como Martín recalcaron que en ningún momento se habló de precios durante las reuniones. Sea como fuere, lo cierto es que algunas de estas familias se van a ver obligadas a renunciar a estas viviendas, puesto que están encontrando numerosos problemas para que les concedan el préstamo hipotecario y, según aseguran, les han dado una semana de plazo para decidirse. «Si no, dicen que tienen gente esperando a que nosotros rechacemos las casas para ellos comprarlas», recalca Noemí.

Sin sorteo

Esta promoción, cuya entrega está prevista para mayo, fue adjudicada a través del mismo pliego de condiciones que se usó en las viviendas sociales de Los Pacos, de forma que fueran para los 26 siguientes de la lista de espera. Desde el Consistorio explicaron que a estos pisos se les quitó la calificación de VPO para que pudieran ser adjudicados sin sorteo a esas personas que se quedaron sin plaza en Los Pacos. El Ayuntamiento ha promovido estas viviendas en suelo municipal sacando a concurso la enajenación de la parcela para construir las viviendas y la guardería municipal con un precio de 359.000 euros. Una cantidad inferior a la estipulada en el mercado y que ascendía a 1,8 millones. La empresa adjudicataria fue Profasán, la cual ofertó el valor del terreno y mejoras de acabado, equipamiento de guardería y zonas verdes aledañas por valor de 100.000 euros.En total, se han construido 14 viviendas de dos dormitorios y 12 de tres. Además, se incluyen aparcamientos y trasteros.

El edil Lázaro Díaz será el nuevo responsable de las relaciones con las urbanizaciones de Mijas. (SUR)

Tamara Vera asumirá las competencias en Residuos Sólidos, que hasta ahora correspondían a Ana Román. Los cambios se harán oficiales en el próximo pleno
Segundo cambio en el equipo de gobierno en lo que va de legislatura, aunque en esta ocasión no es tan traumático como el que supuso la marcha de Agustín Moreno, pues sólo se trata de un movimiento de fichas que afecta a varios concejales del grupo socialista. Con el objetivo de reforzar la relación con las numerosas urbanizaciones del municipio, el alcalde, Antonio Sánchez, ha decidido atribuir una competencia más a Lázaro Díaz, que ya es concejal de Parque Móvil, Mercadillos, Zonas Rurales, Agricultura, Parque Zoosanitario y Vía Pública. Hasta ahora, era el edil de Urbanismo, Juan Cruz, quien se encargaba de las relaciones con las urbanizaciones, aunque no de una forma oficial.Fuentes municipales aseguraron a este periódico que con esta decisión -que ya ha salido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- se pretende potenciar los vínculos con las zonas residenciales.La modificación del decreto de delegaciones aprobado el 23 de julio del pasado año -día en el que se remodeló el equipo de gobierno con la toma de posesión de Sánchez- también afecta a Ana Román. La primera teniente de alcalde mantendrá las delegaciones de Servicios Operativos, Limpieza y Parques y Jardines, pero cederá los asuntos en materia de Residuos Sólidos a Tamara Vera, concejala de Medio Ambiente y Juventud.Aunque estos cambios ya están confirmados, aún no son oficiales a la espera de su aprobación en el próximo pleno municipal, previsto inicialmente para la semana que viene.

El Colegio de Arquitectos ultima el convenio con el Consistorio. Marbella (SUR)

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ultima el convenio que firmará con el Ayuntamiento de Marbella para establecer relaciones de colaboración institucional y de carácter técnico, según informó su decano, Francisco San Martín. Está previsto que el acuerdo se rubrique en el plazo de un mes. El propósito es contribuir a la normalización urbanística de la ciudad e impulsar la cuestión de los concursos públicos en las obras que se vayan proyectando, un aspecto que, como advirtió, «no se hace desde hace 20 años».San Martín explicó que se formalizará un protocolo institucional que tendrá «tres o cuatro líneas de trabajo, fundamentalmente de apoyo en el planeamiento urbanístico», una vez que esté aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «La colaboración será intensa en todos estos aspectos», refirió.

Ultiman el vallado del Trapiche, previo a la rehabilitación del edificio. San Pedro de Alcántara (SUR)

Una subvención del Ministerio de Cultura permite costear estos trabajos, que incluyen además la ampliación del acerado

La puesta en valor del Trapiche de Guadaiza, uno de los inmuebles más señeros que data de la colonia agrícola sampedreña, da los primeros pasos en firme, después de años de larga espera. Gracias a una subvención de 50.000 euros, solicitada en su día por la comisión gestora al Ministerio de Cultura, se ha dado luz verde al vallado perimetral de la que fuera Granja-Modelo en los años 60 del siglo XIX y que estuvo operativo como trapiche azucarero en los años 20 de ese mismo siglo. El cerramiento de este solar, cuyo presupuesto de licitación asciende a 30.000 euros (el 60 por ciento del total de la ayuda), está muy avanzado. Operarios de la empresa adjudicataria, Acondima, ultiman la construcción de un pequeño muro, complementado con una verja, en la parte más visible; mientras que en el resto de la parcela se procederá a la instalación de vallas.

Objetivo

De este modo, la Delegación Municipal de Obras y Servicios Operativos, que dirige el concejal Pablo Moro, pretende garantizar la preservación de este emblemático inmueble de posibles actos vandálicos, mientras se resuelve la búsqueda de financiación necesaria para reformarlo con vistas a darle un uso público cultural. Los otros 20.000 euros concedidos por el Ministerio de Cultura se destinarán a la ampliación del acerado, que acometerá la empresa Veracruces Construcciones.Por su parte, la Delegación Municipal de Cultura realiza las últimas modificaciones al proyecto de 2004. La responsable del área, Carmen Díaz, confía en tener listo el documento definitivo en este año. Lo que sí tiene claro es que el remozamiento del Trapiche de Guadaiza, que consta de dos naves -una de ellas calcinada tras un incendio ocurrido en enero de 2000-, se acometerá en una única fase. La intención del equipo de gobierno es que el inmueble sirva como centro cultural, equipado con un teatro, dos bibliotecas, sala de exposición de la maquinaria agrícola y espacios para los talleres de Arte y Cultura.

El Ayuntamiento y el equipo del PGOU se reunirán cada semana para responder a las alegaciones. Marbella (SUR)

El primer encuentro, en el que los técnicos comenzarán por analizar los reparos medioambientales al Plan, tendrá lugar el próximo jueves. «Hay que forzar la máquina», señala el coordinador de Urbanismo, que desconoce cuándo se dará salida a las primeras contestaciones
Las primeras respuestas a las alegaciones contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) están a la vuelta de la esquina. Tras concluir la fase de estudio de los 8.537 reparos presentados durante los dos meses en los que el planeamiento estuvo en información pública, tanto el Ayuntamiento como el equipo redactor van a comenzar a dar salida a los escritos para ir caminando con paso firme hacia la aprobación provisional del Plan General de la ciudad. Después sólo quedará que la Junta diga la última palabra: si le da el visto bueno o no. Según explicó a este periódico Juan Carlos Fernández Rañada, coordinador de Urbanismo, el próximo jueves el equipo redactor, capitaneado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, y técnicos del Consistorio mantendrán la primera de las reuniones semanales que se fijarán hasta que todas las alegaciones sean informadas, ya sea positivamente, con la incorporación de las demandas al documento urbanístico, o negativamente, justificando los motivos por los que se quedan fuera. «Ellos hacen una propuesta y nosotros otra y tenemos que ver en qué términos se contestan», valoró Fernández Rañada.Primero se dará salida a las de corte medioambiental, presentadas tanto por colectivos como por particulares. Hay una razón de peso. Con esta medida el equipo de gobierno prevé agilizar la tramitación del informe de impacto ambiental, de carácter vinculante, que debe que emitir la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No en vano, sostiene que este trámite suele dilatarse en el tiempo entre seis meses y más de un año y medio y habitualmente es posterior a la aprobación provisional.«Nos interesa ir haciéndolo en paralelo para ir cerrando los plazos; ver si hay alguna problemática en este sentido», abundó el coordinador de Urbanismo, que apenas lleva dos semanas al frente de este cargo municipal de nueva creación. Con todo, desconoce cuándo se podrán empezar a responder las primeras alegaciones de las más de 8.500 contabilizadas.Adelantó que las reuniones bilaterales entre el equipo redactor del Plan General y los técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo tendrán un orden del día prefijado, con las alegaciones ya clasificadas por problemáticas tras el trabajo de los últimos meses por ambas partes, con el fin de agilizar lo posible el trabajo.

Informes sectoriales

«Hay que forzar la máquina y meter en ritmo el trabajo», subrayó Fernández Rañada, que especificó que la mayoría de los informes sectoriales perceptivos para seguir adelante con la tramitación del documento -que determinan si hay algún aspecto que perfilar en aspectos de infraestructuras, de recursos hídricos o de patrimonio- ya están listos. Es el caso de los de Carreteras, Costas o Cuenca Mediterránea Andaluza. Resta el de Cultura, que debe emitir igualmente la Junta.Es previsible que las negociaciones entre el Consistorio y el equipo redactor sean más intensas en cuanto se aborden la situación en que quedarán las 18.000 viviendas ilegales. Los criterios de la Junta, que tuteló la redacción del Plan cuando ostentó las competencias urbanísticas, son opuestos a los del equipo de gobierno, que ya ha advertido de que protegerá a los propietarios para que no tengan que pagar de su bolsillo las compensaciones. Casi la mitad de los reparos se refieren, de hecho, a las medidas de normalización.