Fallos en las obras de la plaza sobre el 'parking' de Torrox obligan a cambiar la solería (SUR)

Varias filtraciones tras las últimas lluvias llevan al Ayuntamiento a pedir a la empresa adjudicataria que renueve el material colocado hace un año

26.01.2010 -

EUGENIO CABEZAS

TORROX.

El primer aparcamiento subterráneo de Torrox tiene una capacidad para 370 vehículos y se inauguró en diciembre de 2008. :: E. CABEZAS

Ha transcurrido poco más de un año desde su puesta en marcha, y ya han surgido los primeros problemas graves en el nuevo aparcamiento público de Torrox, situado en el casco histórico, en la zona de La Almedina. Con las últimas y copiosas lluvias registradas en las Navidades, la estructura ha sufrido filtraciones desde la zona de la nueva plaza, en la parte superior, lo que ha llevado al Ayuntamiento torroxeño a encargar un informe técnico para evaluar la gravedad de la situación.

En este documento, se concluye que la solería de granito de la nueva plaza, que es de uso público, sufre daños graves al no estar bien colocadas las losas, por lo que se aconseja su renovación inmediata. De hecho, en las últimas semanas las dependencias de la Concejalía de Urbanismo, trasladadas hace menos de un año a unas oficinas situadas justo debajo de la plaza, han sufrido goteras y leves inundaciones por estos problemas, que el Consistorio ha instado a resolver a la empresa adjudicataria de las instalaciones, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Almedina.

No en vano, este aparcamiento se construyó a través de un sistema de concesión de obra pública, adjudicado por un periodo de veinte años, prorrogables otros veinte, a esta sociedad privada, que en total invirtió siete millones de euros en su ejecución. En el pliego de condiciones, se establecía que tanto la plaza superior como varias oficinas y despachos situados justo debajo, pasarían inmediatamente a manos del Consistorio, que ahora ve como poco más de un año después de la inauguración oficial de este recinto con 370 plazas -se abrió por primera en diciembre de 2008-, no puede hacer uso de la plaza, donde tan sólo se han celebrado algunos actos menores.

Así, por ejemplo, en la última edición de la Fiesta de las Migas, no se utilizó para nada este enclave, hasta donde el equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP) quiere también trasladar el mercadillo del casco histórico, así como emplearlo para más actos públicos. Ante este panorama, el Ayuntamiento ha instado ya a la empresa adjudicataria a que cambie, inmediatamente, esta solería defectuosa, «ya que las obras tienen un plazo de garantía y estamos todavía dentro», reconocieron a SUR fuentes municipales.

Aparcamiento en El Pontil

«Hay buena disposición por su parte y esperemos que lo hagan cuanto antes, porque queremos poder utilizar este plaza para algo más que para que la gente pueda pasear», añadieron las fuentes consultadas por este periódico, que confiaron en que la situación se resuelva en breve.

Por otro lado, hace unos días se han retomado las obras para terminar el segundo aparcamiento público en el casco histórico, en la zona de El Pontil, con 250 plazas. La empresa Ecur es la encargada de su ejecución, con un presupuesto de 613.175 euros. Estará listo para el verano.

El puerto deportivo de Rincón se queda sin inversión pública (SUR)

El Ayuntamiento se reunirá con una empresa privada interesada en el proyecto para impulsar la iniciativa

26.01.2010 -

EVA GUZMÁN EVA GUZMÁN evaguzmanfoto@gmail.com

RINCÓN DE LA VICTORIA.

Se trata de una reivindicación de la localidad para impulsar el turismo en el municipio. :: E. GUZMÁN

La Junta de Andalucía no contempla la ejecución de un puerto deportivo y pesquero en el municipio de Rincón de la Victoria. Así lo ha transmitido la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en respuesta a la solicitud realizada por el Consistorio el pasado mes de septiembre.

El equipo de gobierno (PSOE-PSIRV) entregó un informe sobre la viabilidad del proyecto realizado en 2005, con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La iniciativa prevé ubicar 300 puntos de atraque para embarcaciones de recreo.

La alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE), ha explicado que el problema no es económico. «La Junta tiene actualmente aprobada la ampliación del puerto deportivo de El Candado y el nuevo puerto de Nerja-Torrox, por lo que no lo considera prioritario», ha indicado la regidora, quien ha afirmado que el Gobierno andaluz asegura que no tendría inconveniente en estudiar la propuesta si está impulsada por una empresa privada.

Reunión

En este sentido, el equipo de gobierno mantendrá un encuentro esta semana con una empresa interesada en construir una infraestructura de estas características en el término municipal. «No es la primera vez que nos reunimos con ellos y esperamos ver de qué manera se le puede dar cuerpo a esta idea», ha apuntado la alcaldesa.

Anaya ha explicado que el Consistorio continua trabajando para que este proyecto sea una realidad. De esta forma, están recabando el apoyo de los municipios de la comarca de la Axarquía, tal y como se aprobó en el pleno de la corporación.

La instalación de un puerto deportivo y pesquero en el municipio de Rincón de la Victoria es una antigua reivindicación tanto de los vecinos, como de las distintas formaciones políticas que han pasado por el Ayuntamiento, ya que consideran que serviría de motor de la economía local e impulsor del turismo en la localidad. Asimismo, el gobierno considera que se podrían establecer iniciativas productivas para reconducir la actividad pesquera tradicional de Rincón.

El estudio de viabilidad plantea tres posibles ubicaciones para el futuro puerto deportivo y pesquero, la zona ubicada bajo el hotel Elimar, otra cerca de El Cantal, y en Torre de Benagalbón, al este del arroyo Benagalbón. «No tenemos preferencia por ninguna en particular y estamos abiertos a otras propuestas dentro del municipio», ha explicado el edil de Urbanismo, Salvador Domínguez (PSIRV).

El documento incluye un estudio del clima marítimo y de las condiciones de la dinámica litoral de la zona. Asimismo, se incluye el análisis y la descripción de los factores de impacto ambiental, y el estudio de localización más adecuado, ya que consideran que Rincón cuenta con un accidente geográfico natural idóneo.

Luz verde a la creación de una nueva zona residencial en Fuengirola (SUR)

El desarrollo urbanístico de Las Lomas de Torreblanca permitirá al Ayuntamiento hacerse con diez mil metros cuadrados de terreno

26.01.2010 -

FRANCISCO JIMÉNEZ

FUENGIROLA.

Tres años han sido necesarios para que el Ayuntamiento de Fuengirola haya podido dar luz verde definitiva a un plan parcial que posibilitará la creación de una nueva zona residencial en Las Lomas de Torreblanca, donde está prevista la construcción de 184 viviendas, de las que un 15% serán VPO. Una vez conseguido el visto bueno de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, la Corporación aprobó ayer por unanimidad dar vía libre al desarrollo urbanístico de 61.000 metros cuadrados de terreno, con el aliciente de que 10.875 pasarán a formar parte del patrimonio público, todo un 'tesoro' para un municipio falto de suelo como éste.

Según consta en el expediente de Urbanismo, el nuevo suelo municipal se destinará a centros escolares, equipamientos, zonas verdes y viales. En cuanto al resto, el sector UR-9 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tiene una edificabilidad de 18.400 metros que se destinarán a la construcción de 148 pisos en bloque abierto y 36 viviendas unifamiliares.

La aprobación definitiva de este expediente urbanístico fue una de las pocas novedades del pleno ordinario celebrado ayer en Fuengirola que arrancó con la lectura de una declaración institucional de apoyo a las víctimas del terremoto de Haití y que concluyó con la propuesta del Partido Andalucista de firmar sendos convenios con la fundación Afesol y la asociación ARK para la atención a las personas sin techo. Entre uno y otro punto, transcurrieron cinco horas de sesión ordinaria de lo más anodina.

Se disculpó la ausencia de Javier García León en la que iba a ser su primera sesión como portavoz del PSOE. Por motivos personales, tuvo que ocupar su lugar Jesús Poyato, que en su nuevo cargo de viceportavoz, fue el encargado de defender la moción en la que se pedía la ratificación del código del buen gobierno local acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias el pasado 12 de diciembre.

Tras un largo debate repleto de acusaciones y reproches, la propuesta socialista fue tumbada por el equipo de gobierno (PP), que posteriormente sí sacó adelante la suya propia, en la que se añade que el citado código para garantizar la transparencia vaya acompañado de las pertinentes modificaciones legales que aseguren su cumplimiento.

Escuela taller

Donde sí que hubo unanimidad fue a la hora de solicitar a la Junta de Andalucía la cofinanciación de una escuela taller y un taller de empleo por un montante global de 1,8 millones de euros, de los que el Ayuntamiento aportaría 230.000 euros y el resto procedería de los fondos europeos gestionados por el Ejecutivo autonómico. La escuela taller (1,2 millones) permitiría formar a 40 desempleados de entre 16 y 25 años en carpintería metálica y PVC, revestimientos, electricidad e instalación de equipos de energías renovables, con un periodo de dos años en los que se reformaría el centro de formación de la avenida Dulcinea. Por su parte, el taller de empleo, de un año de duración, irá destinado a 24 desempleados mayores de 25 años para cerrajería artística, revestimientos e instalación de equipos de energías renovables.

Luz verde a la adaptación del PGOU a la LOUA. Casares (SUR)

La Junta de Andalucía ha informado favorablemente de la adaptación parcial del planeamiento de Casares a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que permitirá aumentar la oferta de suelo disponible para vivienda protegida. De hecho, con este trámite, el municipio contará con una disponibilidad para incorporar a su crecimiento de 93 Viviendas de Protección Oficial. En la provincia, ya hay un total de 18 municipios con sus planeamientos adaptados a las normas urbanísticas de la Junta.

El Ayuntamiento recupera suelo en Guadalmina para un parque público (SUR). San Pedro de Alcántara

La Entidad Urbanística de Conservación de la zona asumirá el coste de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones

26.01.2010 -

M. J. CRUZADO

MARBELLA.

Guadalmina tendrá su primer parque público. El Ayuntamiento de Marbella proyecta crear un área de recreo en la zona sur, en una parcela de 6.000 metros cuadrados que pretende recuperar en breve. Para ello tienen que darse dos condiciones: la aprobación del PGOU y la extinción de la concesión que mantiene una empresa privada sobre el terreno. El primer escollo se resolverá el próximo viernes, cuando la Junta de Andalucía dé luz verde al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. El segundo, aún no tiene fecha, pero según la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, será en breve.

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Miguel Troyano, explicó ayer que la concesión, que data de hace una década, fue otorgada por el GIL a una empresa que incumplió su parte del acuerdo. La concesión administrativa se dio para la construcción de equipamiento deportivo pero la empresa, que pidió licencia de obras para otro fin, no llegó a levantar nada en el terreno. «En estos momentos la resolución de la extinción de dicha concesión se encuentra en el último trámite», afirmó Troyano.

Antes de tener el suelo, el Ayuntamiento ya piensa en el coste que le supondrá la construcción de esta nueva zona verde. Para reducir la inversión, la alcaldesa se reunió ayer con la Entidad Urbanística de Conservación de Guadalmina Baja y, entre otras actuaciones en la zona, les planteó la cesión del parque. «Esto supondría coste cero para las arcas municipales, al encargarse la entidad de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones».

El parque estaría ubicado a la derecha de la pasarela de Guadalmina, muy cercano a la capilla, y contará, previsiblemente, con aparcamientos y zona de recreo para los más pequeños. Fuentes municipales confirmaron que la Entidad Urbanística de Conservación de Guadalmina Baja ya ha presupuestado el proyecto y está pendiente de que el Ayuntamiento le dé vía libre para iniciar cuanto antes la construcción del futuro parque.

Poner fechas

El siguiente paso será trazar un calendario para ver cómo mejorar las infraestructuras de la zona. El vicepresidente de la Entidad de Conservación, Félix Ruiz, calificó de «satisfactoria» la reunión y la respuesta que el Consistorio dio a sus peticiones. «Espero que las resoluciones continúen siendo eficaces a partir de la aprobación del nuevo PGOU».

El colectivo se encargará de llevar la construcción y el equipamiento de parque así como su explotación. Según Miguel Troyano, el parque podría empezar a construirse en un par de meses si en los próximos días se resuelve la extinción de la concesión administrativa que pesa sobre el suelo. «Sería una zona para el uso y disfrute de todos los vecinos», apuntó.

Una empresa abre la veda y pone el primer recurso contra el PGOU. Marbella (SUR)

Reclama que se saque de nuevo a información pública al haberse introducido varias modificaciones, a su juicio, sustanciales

26.01.2010 -

CRISTINA GONZÁLEZ

MARBELLA.

Vista de las construcciones a medio terminar en la zona de Altavista, en San Pedro. :: JOSELE-LANZA

El equipo de gobierno ya tiene que defenderse del primer recurso contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin que todavía se haya aprobado. El Ayuntamiento debatirá en el pleno del próximo viernes un reclamación de la empresa Altamira Santander Real Estate S. A., que alega indefensión y reclama un nuevo trámite de información al público del planeamiento urbanístico antes de su aprobación definitiva. Así, en el recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 29 de julio de 2009 -día en que se aprobó provisionalmente por segunda vez el Plan- asegura que tras la primera aprobación provisional se introdujeron modificaciones sustanciales que afectan a la zona de Altavista, en San Pedro Alcántara, sin que se haya concedido otra oportunidad de realizar alegaciones.

Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, defiende que en el área de regularización denominada ARG-SP-4 se han producido alteraciones «escandalosamente sustanciales» relativas a cambios de superficie, coeficientes de edificabilidad, ordenanzas aplicables, aprovechamientos o suelos dotacionales públicos. «De las diez edificaciones existentes habría que derribar, a parte de la que ya se ha derribado, una edificación que coincidiría con la zona verde», apunta, al tiempo que denuncia que no se da solución al resto de las nueve parcelas y construcciones que inicialmente se ajustaban al área de regularización prevista. No se anda por las ramas. Ante estos cambios reclama poder presentar nuevas alegaciones con el fin de que se modifique el ámbito para que abarque todas las parcelas con edificaciones regularizables.

Para cargarse de argumentos va más allá. La mercantil escudriña el Plan General que se llevó a pleno en julio pasado y asegura que no sólo en el caso de Altavista se retocan los usos, densidades y edificabilidades, sino que ocurre en otros ámbitos de suelo urbano no consolidados. «Se altera una determinación estructural que afecta a un gran número de terrenos y no se justifica por qué los propietarios ven alterados o disminuidos sus aprovechamientos respecto a la anterior aprobación por parte del Ayuntamiento», arguye el recurso.

Suelos urbanos

Incluso cifran esta disminución del suelo urbano no consolidado, que según sus cálculos habría pasado de la primera aprobación provisional a la segunda de 4.000,2 hectáreas a 3.687 hectáreas. La misma salvedad hacen con el suelo urbanizable sectorizado, que pasaría de 706,30 hectáreas a 731,71 hectáreas. «No nos estamos refiriéndo sólo a modificaciones que afectan a un ámbito concreto sino a modificaciones que afectan a amplias extensiones de terreno en todo el término municipal», añade.

El recurso de reposición no tiene, con todo, visos de prosperar. La comisión informativa, donde están representados concejales de los tres partidos en la Corporación, ya lo analizó el pasado viernes. En el dictamen previo al pleno se anunciaba que no se iba a admitir el recurso de reposición al entender que la aprobación provisional de un instrumento de ordenación urbanística no es el acto final del procedimiento y que además no es susceptible de impugnación independiente. El PP, con su mayoría absoluta, podrá tumbarlo.

Arraijanal marca la reunión de hoy en Sevilla para desbloquear el PGOU (SUR)

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mantendrán hoy un encuentro decisivo en Sevilla con el fin de desbloquear la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), marcada entre otras cuestiones por la intención de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de obtener los suelos para el parque en Arraijanal mediante una compensación urbanística a los propietarios de la parcela que debe recoger el nuevo PGOU.

Según pudo conocer este periódico, la propuesta de la Junta pasa por compensar a los dueños de Arraijanal con los mismos derechos edificatorios que tenían previsto realizar en los suelos junto a Guadalmar -cuantificados por el Gobierno andaluz en unas mil viviendas- en la vega de Campanillas. Sin embargo, los privados no terminan de aceptar este canje al considerar que el valor de una vivienda en Arraijanal, en primera línea de playa, no es el mismo que en Campanillas donde, además, existe la obligación por el plan metropolitano de la Junta de que el 55% como mínimo de los pisos sea VPO.

La falta de acuerdo con los privados condiciona la negociación con el Ayuntamiento ya que, en caso de aceptar el plan de compensación de la Junta, se arriesga a ser demandado por los propietarios de Arraijanal.

Por otro lado, el equipo de gobierno municipal quiere traerse también de la cita el compromiso de que no se va a promover un puerto seco en Santa Rosalía, en Campanillas, y que se va a permitir que computen determinados suelos afectados por la ley que regula las zonas inundables.

Además, la agenda del alcalde, Francisco de la Torre, y de los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la capital hispalense se completa con una reunión por la tarde con los directivos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Consejería de Obras Públicas para abordar el proyecto del bulevar sobre el pasillo generado por el soterramiento de las vías del AVE. El Adif reclama una compensación urbanística (que el Ayuntamiento le dé terrenos de su propiedad) a cambio de ceder el suelo para la construcción del bulevar, algo a lo que se opone el alcalde, quien ha reiterado que no piensa pagar dos veces por el espacio para el bulevar ya que, a su juicio, está de sobra compensado con las plusvalías que generó para el Ministerio de Fomento la construcción de hoteles, pisos y un centro comercial en la nueva estación.

Las órdenes de derribo afectan a los diseminados pendientes de legalizar (SUR)

El Ayuntamiento no ha tramitado treinta planes de regularización que se marcaron en el PGOU del 97, lo que expone las casas a la acción judicial

26.01.2010 -

JESÚS HINOJOSA

MÁLAGA.

La actuación de los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía está ampliando y reactivando los expedientes de demolición de casas realizadas fuera de la ley. :: SUR

La cuidadosa actuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía malagueña para detectar y denunciar las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en los últimos años no sólo afecta a viviendas aisladas, sino también a las catalogadas dentro del conjunto de núcleos diseminados de la capital. La aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que prohíbe las viviendas en los suelos no urbanizables protegidos, está resultando también inflexible para los diseminados de Málaga, que creían que iban a poder escapar de la norma por tratarse de zonas cuya legalización está prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, todavía vigente.

Según fuentes consultadas, a los propietarios de viviendas en estos núcleos diseminados, de los que el citado plan del 97 clasifica un total de 31 para su regularización mediante un plan especial, están llegando en los últimos meses órdenes de demolición de los juzgados que están causando un gran temor en los vecinos. Uno de los despachos de abogados expertos en urbanismo de la ciudad, el de Juan Ramón Fernández-Canivell, está tratando una decena de estas órdenes. «El problema es que la Fiscalía no tiene en cuenta que son suelos pendientes de legalizar por la Administración y abre directamente la vía penal para sancionar el delito», expuso el letrado Álvaro Ruiz, quien agregó que los vecinos pueden enfrentarse incluso a penas de cárcel por edificar fuera de la ley.

Este tipo de delitos no prescriben cuando la vivienda está en suelo rústico protegido, y el plan metropolitano que aprobó la Junta de Andalucía el año pasado marcó una gran cantidad de terrenos con esta calificación, por lo que afecta a un buen número de viviendas. «Hay casas que están en suelos que son protegidos desde hace un año, pero que llevan construidas incluso décadas. Sin embargo, las órdenes de derribo están llegando ahora», agregó Álvaro Ruiz.

El PGOU del año 97 catalogó un total de 31 núcleos diseminados en la capital con el fin de someterlos a la redacción de planes especiales para su legalización. Sin embargo, según fuentes consultadas, no se ha llegado a aprobar prácticamente ninguno de estos planes, con la salvedad de la regularización del núcleo de Los Gámez al considerarlo como suelo urbano en el nuevo PGOU, que está pendiente de aprobar por la Junta.

Catalogación

El nuevo plan general reconoce un total de 27 diseminados de los que sólo propone regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la LOUA. Según el nuevo PGOU, 1.311 vecinos habitan las 684 casas de los diseminados catalogados, pero sólo podrían legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas, la tercera parte.

Una vía de escape para los afectados consiste en la tramitación de los planes de regularización previstos en el PGOU vigente del 97. De hecho, algunos diseminados están elaborando por iniciativa propia estos planes para presentarlos al Ayuntamiento antes de que entre en vigor el nuevo Plan General. Por parte del Consistorio, existe el compromiso de darles trámite, pero puede que luego se encuentren con un informe negativo de la Junta que tumbe las esperanzas de legalizar las casas y salvarlas de la piqueta. Así lo reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien lamentó que sea ahora cuando los vecinos han activado la redacción de los planes en vez de haberlo hecho a lo largo de los últimos diez años. «Ahora están desesperados», señaló.

No obstante, desde el despacho de Juan Ramón Fernández-Canivell aportaron como solución para los casos de órdenes de derribo la contemplada en la propia normativa del plan metropolitano de la Junta, que indica que pueden ser excluidos de las zonas de protección territorial los sectores que contengan viviendas realizadas «irregularmente en suelo no urbanizable» y que estén identificadas como tales por los ayuntamientos, con el fin de darles un tratamiento urbanístico tendente a su legalización. Con este argumento, intentan dejar en suspenso las órdenes de demolición, de las que ya hay cinco firmes en la capital, como ayer adelantó este periódico.

El PSOE pide que se reabra el grifo de la rehabilitación (SUR)

Instará al PP en el pleno a que reconsidere su postura y vuelvan las ayudas para la restauración de los edificios

26.01.2010 -

ANTONIO ROCHE alroche@diariosur.es

EL equipo de gobierno del PP cerró este año el grifo para las ayudas a la rehabilitación de viviendas (ver SUR 13-1-2010), que venía manteniendo desde que en 1995 se hizo con el gobierno de la ciudad. Merced a estas subvenciones se han recuperado numerosos inmuebles en el casco histórico y se han remodelado centenares de edificios en las barriadas. Los recortes en el presupuesto municipal en 2010 y la notable caída de la venta de suelo -de ahí se sacaba el dinero para las ayudas- han dado al traste con esta iniciativa que puso en marcha Celia Villalobos como alcaldesa de Málaga.

El grupo socialista retomó ayer este asunto y anunció que lo llevará al pleno del próximo jueves. «No les basta con bajar las inversiones un 29% en 2009, sino que ahora dejan de invertir en rehabilitación, pese a que el pasado año se presentaron un total de 268 solicitudes, que supusieron nueve veces más que en 2008», criticó el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes.

El edil socialista puso de relieve que en estos momentos de crisis, en los que es necesario que el Ayuntamiento invierta para mejorar los barrios y crear empleo, «hace justamente lo contrario, disminuyendo las inversiones y dejando por tanto de crear empleo». Así, aseguró que «se trata de un ejemplo más de la mala gestión financiera del PP, por el endeudamiento considerable de las arcas municipales y por la necesidad de pagar los gastos diarios de funcionamiento».

Los socialistas destacan la importancia de llevar a cabo la reactivación de los barrios y el Centro Histórico y por eso pedirán al PP en el próximo que reconsidere su postura e incluya en el presupuesto de 2010 partidas para subvencionar la rehabilitación de viviendas.

Las subcontratas

IU también va a instar al equipo gobierno, pero sobre otro asunto: a que extreme el celo en la exigencia del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo previstos en el ordenamiento jurídico respecto a las subcontratas en el ámbito de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Málaga.

El portavoz del grupo, Pedro Moreno Brenes, compareció ante los periodistas acompañado del secretario provincial de CC. OO., Antonio Herrera, para abordar la subcontratación, que se utiliza con bastante frecuencia en el ámbito de la construcción. «El llamado caso Teconsa ha puesto de manifiesto la existencia de incumplimiento de las obligaciones de comunicación de las subcontratas al Ayuntamiento, de los cual se deduce que es posible que también se incumplan las obligaciones exigibles en el ámbito laboral, y que estas no irregularidades no se limiten al expediente», subrayó Moreno Brenes.

Antonio Herrera, que agradeció la iniciativa de IU, dijo que el Consistorio «no puede mirar para otro lado» cuando se producen irregularidades laborales en los tajos de las obras municipales y recordó que si no se comprueba «puede ser un foco de explotación de las condiciones laborales de los trabajadores». En este sentido, Moreno Brenes lamentó que el PP se niegue a poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo las irregularidades que puede detectar.

Y en una mañana con la mirada de los grupos puesta en el pleno del jueves, la concejala de Asuntos sociales, Mariví Romero, anunció una moción que llevará a la sesión plenaria. Se trata de que Málaga se sume al Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. «Desde Europa se nos invita a la participación y al compromiso político de todos los sectores sociales, ya sea a nivel europeo o local, en la esfera pública o privada», señaló.

Así, dentro de este año, el Ayuntamiento de Málaga promoverá distintas acciones dirigidas a debatir, reflexionar y avanzar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como diversas actividades dirigidas a fomentar la participación activa de la ciudadanía.

BENALMADENA. La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena no sale del dique seco (SUR)

El proyecto no acaba de arrancar, hasta el punto de que incluso ha caducado el estudio de impacto ambiental que se realizó en 2002

25.01.2010 -

FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es

BENALMÁDENA.

El proyecto, que data de la época de Enrique Bolín al frente del Ayuntamiento, contempla la incorporación de 825 nuevos atraques. :: SUR

La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena se diluye como un azucarillo. Esta ambiciosa apuesta, que inició su andadura a finales de la década de los años noventa de la mano del entonces alcalde Enrique Bolín, ha ido acumulando polvo desde la última etapa del ex regidor independiente hasta el día de hoy. Buena muestra de ello es que el estudio de impacto ambiental aprobado por la Consejería de Medio Ambiente en 2002 ha caducado, lo que obliga a reiniciar el trayecto recorrido hasta ahora. Eso sí, siempre que el Ayuntamiento, como concesionario del recinto, tome la iniciativa.

La complejidad del proyecto y, sobre todo, su elevado coste (unos 72 millones de euros) han dejado aparcada esta actuación con la que el puerto benalmadense se convertiría en el más grande de Andalucía, con cerca de dos mil atraques. En el actual equipo de gobierno, comandado por Enrique Moya (PP), se contempla la posibilidad de encargar un nuevo informe medioambiental, aunque condicionando la reactivación del proyecto a la disponibilidad económica.

Inversión

Los distintos mandatarios que han pasado por el Consistorio (GIB-Bolín, PSOE y ahora, PP) no acaban de verlo claro, dada la importante inversión que requiere, inasumible actualmente por unas arcas municipales que no pasan precisamente por su mejor momento. Además, en plena crisis, también parece complicado despertar el interés de alguna empresa privada que pueda afrontar las obras a cambio de hacerse cargo de su gestión. Otro aspecto que ha frenado de momento el interés municipal tiene que ver con las dificultades para crear nuevos accesos al recinto náutico, ya que los actuales resultarían a todas luces insuficientes.

Falta de respaldo municipal

La pelota está en el tejado del Ayuntamiento. Mientras tanto, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) se limita a esperar. En el organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía no están muy por la labor de poner sus miras en un proyecto al que consideran que le falta el respaldo municipal que sí tienen otras ampliaciones pendientes como las de La Caleta de Vélez, Marbella y Fuengirola, que podrían ver la luz a lo largo de este año, según afirmó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez.

El más grande de Andalucía

El proyecto municipal contempla la creación de 825 nuevos atraques que, sumados a los 1.100 actuales, convertirían al recinto portuario en el más importante de la comunidad autonómica andaluza. La ampliación, entre zonas de servicio y lámina de agua, abarcaría una superficie de 36,5 hectáreas, permitiendo no sólo ampliar el número de embarcaciones, sino también su tamaño, ya que podrían llegar incluso yates y cruceros de hasta 60 metros de eslora. Además, el proyecto básico también recoge la creación de nuevos espacios comerciales -aunque sólo para locales relacionados con la actividad marítima y la restauración; nada de pubs y discotecas-, una zona de varadero que triplica la actual e incluso la posibilidad de ubicar un helipuerto.

MALAGA. La UMA aún no es dueña de los nuevos suelos de Teatinos (MALAGAHOY)

Las discrepancias entre la Universidad y el Ayuntamiento por el uso de los edificios del campus de El Ejido han bloqueado la ejecución total del convenio firmado en 1999.

La Universidad de Málaga (UMA) aún no es propietaria formal de los suelos de la ampliación del campus de Teatinos sobre los que ya ha levantado dos centros universitarios y promueve la urbanización de una segunda fase. Esto significa que todavía no ha podido escriturar estos terrenos, circunstancia que impide que puedan promoverse las viviendas universitarias, la construcción de un centro de operaciones del servicio de emergencias 112 y que una entidad privada tampoco levante un edificio en el parque científico.

El 5 de octubre de 1999 el Ayuntamiento y la UMA cerraron un acuerdo por el que la Administración local le cedía a la universitaria las parcelas para ampliar Teatinos a cambio de los edificios del campus de el Ejido una vez que perdieran el uso docente. Una década después ambas instituciones no han sido capaces aún de ejecutar en su totalidad aquel acuerdo. La Universidad puso hace meses sobre la mesa del Ayuntamiento un anexo al convenio que aún sigue sin firmar.

Aunque esta adenda teóricamente responde al espíritu del convenio inicial, al determinar las condiciones del canje introduce algunas novedades como el uso compartido de los edificios de El Ejido aunque titularidad pase a manos municipales, una condición que el Ayuntamiento no acepta. El secretario general de la Universidad de Málaga, Miguel Porras, ha reconocido que existen "discrepancias" en la cuestión de la gestión conjunta de los edificios de El Ejido. "El Ayuntamiento entiende que la cesión no significa "uso compartido sino exclusivo".

No obstante, Porras le ha quitado hierro al desacuerdo y resalta que sólo se trata de un "problema de interpretación". El conflicto se centra en el apartado séptimo de la adenda, cuando que alude al "uso o afectación compartida (...) sin perjuicio del cambio de titularidad demanial a favor del Ayuntamiento hasta tanto persistan las necesidades presentes o futuras de la Administración universitaria". La opción que defiende la Universidad es que un acuerdo general contemple el uso compartido, si bien cada vez que se entregue un edificio al Ayuntamiento se firma otro convenio específico en el que ya se concrete cómo será la gestión de ese inmueble.

El secretario de la UMA subraya que esta institución tiene interés en cumplir el convenio de 1999, pero que quiere dejar abierta la posibilidad del uso universitario de los inmuebles, "aunque la voz principal la tenga el Ayuntamiento como titular". En este sentido resalta que la Universidad está en proceso de incorporar nuevos títulos tanto de grado como de posgrado, razón por la que se prevé que aparezcan en el futuro "nuevas necesidades y la UMA tenga que pedir el uso de esos inmuebles para fines académicos".

Además, la institución académica también tiene interés en colaborar en otras tareas que se desarrollen en estos espacios aún cuando no sean meramente universitarias: "Cuando el Ayuntamiento organice actividades sería bueno que también participara la universidad. Por ejemplo si se plantea una biblioteca sería buena idea que también se pensara para que diera servicio a los alumnos universitarios que viven por la zona". Las dificultades para que el acuerdo entre la UMA y el Ayuntamiento prosperen están teniendo efectos colaterales. "La falta de escrituras es un pequeño obstáculo para trámites jurídicos complejos como constituir derechos sobre superficie", explica Miguel Porras.

En la actualidad hay tres proyectos que están pendientes de que se desencalle este asunto. Por una parte, la universidad tiene previsto aportar suelo en su campus para que el Ministerio de Vivienda y la Junta promuevan viviendas universitarias en la zona de expansión de Teatinos. Sin embargo, para que el suelo se pueda entregar es imprescindible que la UMA pueda acreditar su titularidad, algo que no se puede hacer sin escrituras. En segundo lugar el servicio de emergencias 112 tiene planteado levantar un centro de operaciones también en esa zona que sólo se podrá hacer si la universidad le cede derechos de superficie, para lo que también es necesario que sea propietaria formal de los terrenos. En tercer lugar, el secretario de la UMA ha apuntado que hay "terceros" interesados en promover edificios en el parque científico, pero que no se podrá hacer hasta que la institución sea dueña de pleno derecho de los terrenos.

El Ayuntamiento activa la demolición de viviendas por la presión de la ley urbanística (SUR)

El Consistorio ejecutará cinco sentencias firmes de derribo en suelo no urbanizable para no ser cuestionado por la Fiscalía

25.01.2010 -

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

MÁLAGA.

Derribo de una vivienda ilegal llevado a cabo en Cártama en junio del año 2005. :: SUR

Es una imagen que se ha visto muy pocas veces en la capital, pero que en 2010 puede llegar a hacerse común: una excavadora echando abajo una vivienda que lleva años habitada, pero construida de manera ilegal en suelo no urbanizable. La labor de inspección de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y las correspondientes denuncias tramitadas por la Fiscalía malagueña para aplicar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en lo relativo a las construcciones realizadas en suelo no urbanizable en el interior de la provincia también tiene su efecto en la capital. Casos como los de Sayalonga, Almogía o Carratraca, donde la aplicación de la ley ha sido inflexible tanto con los infractores como con los responsables municipales, han llevado al Ayuntamiento de Málaga a retomar expedientes de demolición que llevaban años pendientes de ejecución y que no se han llevado a la práctica por lo impopular de este tipo de medidas.

Según pudo conocer este periódico, hay al menos cinco casos que van a ser activados de inmediato por la Gerencia de Urbanismo con el fin de dar cumplimiento a las sentencias judiciales firmes de derribo que pesan sobre cada uno de ellos. Se trata de expedientes en los que el pronunciamiento de los tribunales es definitivo, por lo que al Consistorio no le queda otra que emprender los trámites para restituir la legalidad, es decir, desalojar las casas con una orden judicial y llevar a cabo su demolición de forma subsidiaria si los propietarios no lo hacen de manera voluntaria. No hacerlo de este modo podría dar lugar a sospechas y a una investigación que, en localidades del interior como Sayalonga ha terminado con penas incluso de cárcel para alcaldes y concejales.

Los cinco expedientes sancionadores en los que está clara la orden de derribo son de viviendas construidas en suelo no urbanizable protegido por sus valores medioambientales o porque se encuentran en una zona inundable de dominio público-hidráulico. En estos dos supuestos, el delito de hacerse una casa ilegalmente no prescribe. En el caso de que fuera suelo no urbanizable común, la acción prescribe a los cuatro años, lo que salva de la piqueta a un buen número de edificaciones irregulares.

En Campanillas

Desde Urbanismo ya se ha advertido en los últimos meses que se iba a impulsar la labor del servicio de Disciplina Urbanística a raíz de la colaboración que se está produciendo entre los agentes del Seprona, los vigilantes de la Consejería de Medio Ambiente y las unidades especializadas de la Policía Local. Prueba de ello fue el derribo de la estructura de una vivienda que no llegó a terminarse en la zona de Campanillas.

Algunas de las demoliciones que ahora está previsto llevar a la práctica están pendientes desde hace años y otras son casos recientes. No obstante, hasta ahora el equipo de gobierno había preferido aparcar su ejecución por lo dramático que puede resultar en el caso de familias que habiten estas viviendas en suelo rústico, aunque algunas son de segunda residencia. Sin embargo, la acción de la Guardia Civil y de la Justicia en municipios del interior cuyos responsables han demostrado una dejación de sus funciones en materia de disciplina urbanística hace temer a los dirigentes municipales de la capital llegar a una situación similar.

Campanillas, la zona norte de Puerto de la Torre y el entorno del camino de Olías son algunos de los lugares en los que están las viviendas sobre las que pesa una sentencia firme de demolición que el Ayuntamiento pretende acometer. No obstante, existen unos noventa casos más en los juzgados que pueden tener el mismo final. El año pasado, Urbanismo abrió más de doscientos expedientes de infracción por obras fuera de la legalidad que van desde el cerramiento de terrazas hasta la construcción de una casa en suelo rústico protegido.

Según conoció SUR, entre los cinco casos de demolición que se reactivarán en las próximas semanas no se encuentra la edificación realizada de manera irregular por el promotor ruso Vladimir Davidovich Beniachvili, en el monte de San Antón. Urbanismo ha reactivado este expediente sancionador, en la que se ha seguido construyendo pese a las órdenes de suspensión dictadas por el Ayuntamiento. Hasta el momento, el Consistorio no ha podido derribar edificación alguna de manera subsidiaria porque cuando iba a hacerlo, el propietario había construido encima otra planta que también era ilegal y para la que había que iniciar otro proceso. Desde Urbanismo se anunció un seguimiento policial para evitar que se sigan realizando construcciones en el lugar y retomar el caso ante la Fiscalía.

Según apuntaron desde la Gerencia de Urbanismo, este promotor ruso ha edificado unos 1.600 metros cuadrados de forma ilegal.