Reclama que se saque de nuevo a información pública al haberse introducido varias modificaciones, a su juicio, sustanciales
26.01.2010 -
Vista de las construcciones a medio terminar en la zona de Altavista, en San Pedro. :: JOSELE-LANZA
El equipo de gobierno ya tiene que defenderse del primer recurso contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin que todavía se haya aprobado. El Ayuntamiento debatirá en el pleno del próximo viernes un reclamación de la empresa Altamira Santander Real Estate S. A., que alega indefensión y reclama un nuevo trámite de información al público del planeamiento urbanístico antes de su aprobación definitiva. Así, en el recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 29 de julio de 2009 -día en que se aprobó provisionalmente por segunda vez el Plan- asegura que tras la primera aprobación provisional se introdujeron modificaciones sustanciales que afectan a la zona de Altavista, en San Pedro Alcántara, sin que se haya concedido otra oportunidad de realizar alegaciones.
Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, defiende que en el área de regularización denominada ARG-SP-4 se han producido alteraciones «escandalosamente sustanciales» relativas a cambios de superficie, coeficientes de edificabilidad, ordenanzas aplicables, aprovechamientos o suelos dotacionales públicos. «De las diez edificaciones existentes habría que derribar, a parte de la que ya se ha derribado, una edificación que coincidiría con la zona verde», apunta, al tiempo que denuncia que no se da solución al resto de las nueve parcelas y construcciones que inicialmente se ajustaban al área de regularización prevista. No se anda por las ramas. Ante estos cambios reclama poder presentar nuevas alegaciones con el fin de que se modifique el ámbito para que abarque todas las parcelas con edificaciones regularizables.
Para cargarse de argumentos va más allá. La mercantil escudriña el Plan General que se llevó a pleno en julio pasado y asegura que no sólo en el caso de Altavista se retocan los usos, densidades y edificabilidades, sino que ocurre en otros ámbitos de suelo urbano no consolidados. «Se altera una determinación estructural que afecta a un gran número de terrenos y no se justifica por qué los propietarios ven alterados o disminuidos sus aprovechamientos respecto a la anterior aprobación por parte del Ayuntamiento», arguye el recurso.
Suelos urbanos
Incluso cifran esta disminución del suelo urbano no consolidado, que según sus cálculos habría pasado de la primera aprobación provisional a la segunda de 4.000,2 hectáreas a 3.687 hectáreas. La misma salvedad hacen con el suelo urbanizable sectorizado, que pasaría de 706,30 hectáreas a 731,71 hectáreas. «No nos estamos refiriéndo sólo a modificaciones que afectan a un ámbito concreto sino a modificaciones que afectan a amplias extensiones de terreno en todo el término municipal», añade.
El recurso de reposición no tiene, con todo, visos de prosperar. La comisión informativa, donde están representados concejales de los tres partidos en la Corporación, ya lo analizó el pasado viernes. En el dictamen previo al pleno se anunciaba que no se iba a admitir el recurso de reposición al entender que la aprobación provisional de un instrumento de ordenación urbanística no es el acto final del procedimiento y que además no es susceptible de impugnación independiente. El PP, con su mayoría absoluta, podrá tumbarlo.
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