Aumenta un 10,5% la compra de viviendas por parte de extranjeros (La Opinión)

Se realizaron un total de 1.962 transacciones realizadas durante los seis primeros meses de este año

El número de viviendas compradas por extranjeros residentes aumentó un 10,5% en el primer semestre de 2011, con un total de 1.962 transacciones realizadas durante los seis primeros meses de este año, siendo Málaga la provincia que ha registrado un mayor incremento. Le siguen Jaén, con un incremento del 2,7% hasta las 38 operaciones; y Granada con hasta las 213 operaciones, registrando una subida del 2,4%.
En la Comunidad Autónoma la cifra de inmuebles comprados por extranjeros residentes creció un 4,2 por ciento en el primer semestre de 2011, pasando de las 2.743 transacciones realizadas en el mismo período de 2010 a las 2.860 operaciones realizadas en los seis primeros meses de este año.

En Córdoba, el descenso fue del 32,3%; en Almería , del 11,8%, en Sevilla del 7,9%, en Cádiz del 7% y en Huelva del 6,4%.

Los bancos ofertan en Málaga más de 1.800 viviendas a través de internet (La Opinión)

La cifra contrasta con el stock de inmuebles en la capital y provincia estimado en entre 20.000 y 22.000 BBVA, Banesto, La Caixa y Bankia superan las 1.470 viviendas, que muestran a los clientes a través de sus portales inmobiliarios corporativos

Imagen de archivo de pisos en alquiler en la capital malagueña.  

ROSALÍA ROMERO Tras la época de bonanza económica de la que España gozaba hace unos años y que trajo como consecuencia un exceso de construcción de viviendas a lo largo y ancho del país, derivado de la especulación urbanística y de la famosa burbuja inmobiliaria, surge una pregunta obligada: ¿quién es actualmente el principal motor de venta de estas promociones inmobiliarias que quedaron sin vender?.

En un escenario de crisis en el que las ventas no paran de caer (en Málaga se registraron 4.602 transacciones, un 35 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2010, según las estadísticas del Ministerio de Fomento), y con un stock cifrado entre 20.000 y 22.000 viviendas, cabría preguntarse si son las entidades financieras las principales beneficiarias de la venta de inmuebles. Según el Ministerio, el mercado inmobiliario está sostenido por las ventas de casas de segunda mano, que supone el 75 por ciento del total.

Aunque resulta complicado responder a esta cuestión, puesto que los bancos no ofrecen una relación exacta de las viviendas que, embargadas o de su propiedad, están en su poder. No obstante, según el cómputo realizado por este periódico durante estos últimos días, siete de las principales entidades financieras que operan en Málaga y provincia ofrecen en sus portales inmobiliarios más de 1.800 viviendas contando capital y provincia y excluyendo solares, oficinas, naves y locales comerciales. Una cifra que puede resultar algo ridícula teniendo en cuenta que el excedente de inmuebles del que la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga también se hace eco.

Probablemente, estas viviendas que se ofertan desde los portales inmobiliarios de cada entidad no correspondan a todas las que los bancos tienen en su mano, siendo posible que cuenten con otros muchos inmuebles que no aparecen en la red.

Viviendas

De todas las entidades analizadas (entre bancos y cajas de ahorros), la que cuenta con un mayor número de inmuebles es BBVA, con alrededor de 570 viviendas. De ellas, medio centenar pertenecen a Málaga capital y el resto a la provincia, siendo Rincón de la Victoria y Estepona los municipios que concentran más viviendas (57 y 56, respectivamente).

Le sigue Banesto con un escaparate de 421 viviendas, de las que 297 están repartidas por distintas localidades de la provincia, siendo Mijas, Estepona y Manilva quienes disponen de mayor número de viviendas a la venta, con 45,38 y 33, respectivamente.

El siguiente en el ránkig es La Caixa quien dispone de más de 260 ofertas en su portal inmobiliario. De ellas Málaga cuenta con alrededor de 35 inmuebles, mientras que en la provincia se superan los 220. Marbella, Vélez Málaga y Estepona, se sitúan en los primeros puestos de la lista, con 38, 35 y 32 viviendas, respectivamente.

A continuación, el portal inmobiliario de Bankia es el que registra una mayor cifra de inmuebles de venta superior a 240, de los que unos 58 pertenecen a la capital. Los municipios de la costa siguen siendo los que disponen de la mayoría de estas viviendas. En concreto, Estepona y Mijas cuentan con 34 viviendas, Vélez Málaga con 24 y Marbella con 21.

Más igualados están el Banco Santander y Unicaja, quienes reúnen una oferta superior a las 160 viviendas, cada uno. Así, el grupo bancario ofrece alrededor de 136 viviendas distribuidas por la provincia, aunque es la localidad de Vélez Málaga la que concentra gran parte de la oferta con más de 50 viviendas (incluyendo la zona de Torre del Mar). Mientras tanto, la caja de ahorros malagueña dispone de 145 viviendas que distribuye de forma más dispar, destacando los los municipios de Antequera (17 inmuebles), Benalmádena (13) y Estepona (10).

En último puesto se sitúa Cajamar Caja Rural. La entidad posee sólo alrededor de 36 viviendas, todas ellas concentradas en las distintas localidades de al provincia tales como Antequera, Manilva y Benahavís (con cuatro inmuebles) y Benalmádena y Fuengirola con tres.

Provincias

Lógicamente, las provincias andaluzas de costa (Málaga, Almería, Cádiz y Granada) son las que suman un mayor número de promociones inmobiliarias, seguramente por haber sido víctimas del «boom inmobiliario» y de la especulación urbanística.

Así, Málaga cuenta con más de 1.850 viviendas, Almería con casi 1.300, mientras que las provincias de Granada y Cádiz superan las 800. 

Ofrecen condiciones «ventajosas» para dar salida al stock (La Opinión)

Este periódico se pone en contacto con varias entidades financieras para conocer el modo de financiación de las viviendas que exponen en sus portales inmobiliarios. Desde la entidad nos explican que con una nómina y un puesto de trabajo fijo «no hay ningún problema para que nos concedan el cien por cien de la hipoteca».

Vista aérea de la ciudad.  

ROSALÍA ROMERO ­Las entidades financieras muestran en sus portales inmobiliarios todo tipo de ofertas: desde promociones de pisos de nueva construcción hasta chalets, adosados y viviendas de segunda mano. Entre pisos procedentes de embargos por la imposibilidad de pago del cliente y promociones en propiedad, los bancos se han convertido en una especie de agencia inmobiliaria, que intenta dar salida a su stock de la forma más ventajosa posible.

Para comprobar el trato y la forma de captar a los compradores, nos hacemos pasar por un cliente interesado en adquirir una vivienda en la capital. En una de las entidades nos emplazan a acudir a la oficina donde nos atenderá «alguien especializado que le explique el modo de financiación». Sin embargo, al ponernos en contacto con otra entidad nos explican que los requisitos son como los que exigiría cualquier inmobiliaria o promotor: tener nómina, un puesto fijo y que nos concedan la hipoteca.

«Es lo mismo que si usted quisiera realizar la comprar a un promotor. En este caso, en lugar de comprarlo a una agencia o promotor el banco es la promotora», señala una trabajadora. Acto seguido añade: «si usted accede a la financiación de la hipoteca, se la concedemos al cien por cien».

A continuación, nos ponemos en contacto con otra entidad donde, si bien nos remiten a pedir una solicitud para que nos atiendan personalmente en la oficina, desde el primer momento nos hablan de las condiciones. «Aquí lo normal es que demos la hipoteca al cien por cien a 40 años», asegura.

Cliente

Asimismo, este periódico contacta con un cliente que compró hace unos meses un inmueble por valor de 246.414,96 euros. Este comprador relata que cuando acudió a la oficina le pidieron la entrega del certificado del titulo de su plaza fija y la nómina, ofreciéndole además un crédito especial para vivienda.

«Me concedieron un préstamos de 214.000 euros, el 80 por ciento de lo que costaba el piso incluido el garaje. Tuve que dar una entrada de 60.101,21 euros y el resto lo puedo pagar en 30 años».

De este modo, el cliente señala que le ofrecieron «un préstamo en buenas condiciones y que no responde al crédito habitual». En este sentido, detalla que el banco «hizo una excepción» con él puesto que, al tener 47 años y poder financiar la hipoteca a 30 no terminará de abonar el préstamo hasta que cumpla 77 años. «Ellos me explicaron que prefieren no tener a nadie que pase de los 70 años y tenga la hipoteca pendiente de pago. Pero como vieron que tenía un puesto fijo y, además, tengo todos los servicios incluido un seguro de vivienda contratados con esa entidad, me lo permitieron como cosa especial. Así se cubren las espaldas», relata.

Situaciones como ésta revelan hasta qué punto la banca ofrece buenas condiciones para dar salida a viviendas sin vender y por cuya comercialización pueden obtener beneficios seguros.

Muelle Uno asume el pago a una subcontrata para no retrasar la obra (La Opinión)

La concesionaria pagará a los trabajadores de la empresa Reina María, que tenía sus ingresos bloqueados por el INSS

Trabajos de construcción de los locales comerciales.  C. Criado

MIGUEL FERRARY MÁLAGA La unión de iniciativas Marina de la Farola, concesionaria del Muelle Uno, asumirá el pago de los salarios de los trabajadores de una de las empresas que tiene subcontratadas y que no había podido ingresar los sueldos. Marina de la Farola resolvió ayer el ingresos de los sueldos, después de las protestas de los empleados del Grupo Reina María que trabajan en la construcción de las estructuras previstas en esta parte del recinto portuario. Al parecer, la empresa contratada no pudo hacer efectivo el pago a la plantilla al tener parte de sus fondos bloqueados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con quien tiene deudas.

Fuentes de Muelle Uno explicaron que ellos le habían transferido el dinero acordado a la subcontrata, pero estos fondos quedaron bloqueados por el INSS y no pudieron ser transferidos a los trabajadores, que seguían trabajando pese a quedarse sin cobrar.

Finalmente, el Muelle Uno ha asumido el pago a la plantilla de la subcontrata, con lo que asegura el abono a los operarios encargados de la construcción de las estructuras y el mantenimiento de los plazos.

Muelle Uno dará paso a la entrada de los arrendatarios de los locales en los próximos días, con idea de que puedan acondicionar sus locales en los cerca de tres meses que quedan para la inauguración. Fuentes de la concesionaria confirmaron que se mantiene para finales de noviembre.

El Ayuntamiento autoriza al puerto unas obras que están casi concluidas (La Opinión)

La modificación del plan especial supone elevar la altura de los locales que irán en el muelle 1

Los operarios trabajaban ayer en la modificación de la altura de los locales del Paseo de la Farola .  C. Criado

Sólo IU rechazó que se aprueben las obras una vez realizadas. El PP reconoció la anomalía pero la juzgó buena para la ciudad.

JAVIER GARCÍA RECIO Más de ocho meses después de que la promotora de las obras del puerto pusiera en marcha, sin permiso, una modificación del proyecto, el Ayuntamiento en pleno dio ayer su autorización.

El delegado de Urbanismo, Diego Maldonado, reconoció la irregularidad y admitió que «podríamos haber parado las obras hasta su aprobación, pero hubiese sido peor el remedio que la enfermedad pues hubiese significado un retraso para la ciudad».

Al respecto el concejal de IU, Eduardo Zorrilla, le recordó que la Gerencia de Urbanismo, «que vela por el cumplimiento de la legalidad urbanística, no permite que ningún particular ni ningún promotor inicie obras sin permiso, pero en este caso primero se ejecuta y luego se aprueba», para recordarle a continuación que «la mayoría absoluta del PP no le da derecho a subvertir el orden legal».

Con todo, la autorización para la modificación del plan del puerto salió adelante con el único rechazo de IU ya que el PSOE unió sus votos favorables a los del PP.

Vulnera el proyecto
Los socialistas se conformaron con una ligera regañina al alcalde y sus concejales por «las formas», ya que «vamos a convalidar una actuación ya realizada y esto no debe ocurrir». Ello no fue obstáculo, sin embargo, para que votaran a favor.

La única oposición contra esta actuación la esgrimió el grupo de IU. Eduardo Zorrilla señaló en su intervención que la modificación que se está realizando «vulnera el proyecto portuario consensuado en 2004 y supone la ruptura del consenso ciudadano alcanzado entonces».

A su juicio, detrás de esta modificación sólo están «los intereses comerciales de la promotora, que se han puesto por encima de los de la ciudad». Eso en cuanto al fondo del asunto, pues en cuanto a las formas volvió a airear la vulneración de la normativa y a señalar que «no es justificable legalmente hacer una actuación y luego legalizar la misma».

El delegado de Urbanismo si bien reconoció que se ha alterado la normativa, aseguró que «no ha habido ilegalidad» y defendió que las obras siguieran adelante pese a no contar con autorización, «por el bien de la ciudad».

Rechazó que todo se deba a intereses comerciales de la promotora al señalar que de los 56.320 metros cuadrados que tiene esta parte del plan del puerto, «sólo 14.000 tienen uso comercial».

Las modificaciones 
La modificación del plan especial del puerto que ahora queda autorizada supone tres aspectos. De un lado, la eliminación del vial de servicio que discurre por la trasera de los nuevos locales, lo que permitirá ganar más espacio para uso ciudadanos y resuelve la carga y descarga por el frente; la segunda modificación es el incremento en 40 centímetros de la altura de los locales del muelle 1, lo que supone que el paseo de la Farola –que discurre sobre la cubierta de los establecimientos– se eleve levemente sobre la rasante actual de la calle, al discurrir a 7 metros de altura respecto del muelle, frente a los 6,50 metros proyectados. El tercer cambio es reordenar el viario y las superficies de estacionamiento bajo rasante, adaptando el documento urbanístico a las modificaciones realizadas.

Urbanismo tardará entre 4 y 6 años en cobrar los convenios urbanísticos (La Opinión)

El delegado de Urbanismo prevé ese plazo tras entrevistarse con varios firmantes de convenios

Diego Maldonado, en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Málaga. Carlos Criado

Las empresas promotoras aluden a la grave situación económica para reclamar un aplazamiento de los pagos.

JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga cifra en entre «4 y 6 años» el plazo necesario para cobrar el dinero de los convenios urbanísticos firmados con distintas promotoras, según señaló ayer el concejal de Urbanismo, Diego Maldonado. El edil se está reuniendo estos días, según aseguró, con responsables de las distintas empresas que mantienen convenios con el Ayuntamiento para cerrar un nuevo calendario de pago que permita a estas empresas hacer frente al abono de las cantidades comprometidas en dichos convenios.

Maldonado explicó que de las reuniones mantenidas hasta ahora con los promotores de los suelos de Repsol y de Martiricos se deriva que estos exponen la grave crisis económica como causa para reclamar unos aplazamientos en los pagos de dichos convenios, «que ronda entre los cuatro y los seis años».

De los distintos convenios firmados durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, (PGOU), cinco son los más importantes y suman un total de 125 millones de euros. Son los de Repsol, La Térmica, Martiricos, Hipercor y Málaga-Wagen.

El de Repsol es el más cuantioso, ya que tiene estipulado el abono de los 70.340.435 millones que faltan hasta completar el total de 82,3 millones que fija el convenio, pues ya han entregado 12 millones.

El segundo convenio que más dinero debe consignar es el de La Térmica, que deberá abonar 58 millones de una tacada, ya que hasta la fecha no ha hecho ningún adelanto.

El convenio de Hipercor también está estipulado que abone la totalidad del mismo, que es de 7.590.000 euros.
El de las torres de Martiricos ya ha depositado 11.612.500 euros, y en sus estipulaciones figura que deberá consignar una cantidad similar para completar la suma total de 23.225.000

Por último, el convenio de Málaga Wagen, el de menor cuantía, deberá abonar 1.325.000 para completar un convenio cuantificado en 2.650.000 euros.

El delegado de Urbanismo se ha reunido en los últimos días con responsables de las promotoras de los suelos de Repsol y de Martiricos, las que más adeudan, y en los próximos días lo hará con el resto para ir concretando con todas un calendario de pago «que deberá estar concluido y cerrado este mes de septiembre», subrayó Maldonado. 

Aprobado el estudio acústico que dará luz verde a los suelos de Repsol (La Opinión)

Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Málaga. Carlos Criado

JAVIER GARCÍA RECIO La urgencia de poder disponer ya del dinero que prevé el Ayuntamiento procedente de algunos convenios urbanísticos llevó ayer a que el pleno municipal aprobase de manera extraordinaria el estudio acústico realizado por los promotores del sector de Repsol y que, una vez aprobado por la Junta, permitirá disponer de los más de 12 millones abonados ya de dicho convenio.

El citado estudio recoge el impacto acústico del tráfico rodado, así como de las actividades e instalaciones previstas, que incluyen una evaluación y propuesta de medidas correctoras.

Tanto el PSOE como IU votaron en contra al entender que con ello se intenta «dar validez a un proyecto que llevará más aglomeración a una zona densamente poblada».

Los suelos de Repsol, con 177.548 metros cuadrados prevén la construcción de cuatro torres de 29, 31, 33 y 35 plantas que albergarán 1.330 viviendas de renta libre; además habrá otras 4 bloques de 14 plantas cada una donde irán unas 400 VPO. Asimismo, recoge 80.000 metros cuadrados de zonas verdes; más de 40.400 metros para viario; y más de 28.500 metros de superficie para equipamientos.

Vélez no descarta liquidar la empresa municipal de la Vivienda (SUR)

La empresa municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructuras y Promoción de Vélez (Emvipsa) ha terminado por convertirse en una pesada carga para el Ayuntamiento. Con una plantilla de más de medio millar de trabajadores y una deuda que superior a los siete millones de euros, el nuevo gobierno del PP quiere decidir el futuro de Emvipsa antes de que finalice el año. Sobre la mesa está desde la liquidación de la sociedad hasta su potenciación. Será la auditoría económica, financiera y de legalidad aprobada por el consejo de administración para conocer la viabilidad de la sociedad en los ejercicios 2009, 2010 y hasta junio de 2011 la que determine el camino a seguir. Al menos, así lo ha asegurado el consejero delegado de Emvipsa, Antonio Martín (PP).

Según Martín, el objetivo del Ayuntamiento es contar con la auditoría antes de finales de mes, con el fin de acordar las medidas a adoptar tanto si se opta por la liquidación como por intentar salvarla. Los datos provisionales de los que dispone el equipo de gobierno cifran la deuda de Emvipsa en siete millones de euros (1.341.230,68 euros, con la Agencia Tributaria; 1.209.931,5, con la Seguridad Social; 964.624,94, con el Patronato de Recaudación; 1.023.747,47, con los proveedores; 387.891,23, con terceros, así como 2.334.961,11 en pagarés emitidos).

Comienza la remodelación integral del paseo marítimo de Torre del Mar (SUR)

El Ayuntamiento se marca como objetivo concluir el proyecto, presupuestado en 2,3 millones de euros, antes del próximo verano

10.09.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Los trabajos han comenzado con las pruebas de pavimento. :: A. P.

La remodelación integral del paseo marítimo de Torre del Mar ha iniciado la cuenta atrás, una vez concluida la temporada alta de la vacaciones de verano. El Ayuntamiento, que tiene previsto invertir 2.328.695 euros en los trabajos de mejora, no quiere retrasar por más tiempo el comienzo de los trabajos, teniendo en cuenta que se ha marcado como objetivo tener concluidas las obras en la primera quincena de julio de 2012, para no interferir en el desarrollo de la campaña estival en el municipio.

Así, esta semana se han iniciado las pruebas para decidir el pavimento que se instalará finalmente a lo largo de los más de tres kilómetros de paseo peatonal, comprendido entre el acceso al puerto deportivo-pesquero de Caleta de Vélez y en camping de Torre del Mar. De hecho, las pruebas de pavimento se están llevando a cabo precisamente en el extremo más oriental del paseo, junto a la entrada principal del recinto portuario.

El proyecto persigue la renovación y modernización del principal equipamiento turístico de Torre del Mar, que debido a su antigüedad (se construyó en 1984) presenta carencias destacadas y numerosos desperfectos.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento veleño dispone de los recursos económicos necesarios para ejecutar el proyecto desde 2008, aunque la adjudicación de los trabajos no se ha podido realizar hasta tanto Costas, que no realizar ningún tipo de aportación económica, y Consistorio no han consensuado este año la intervención a llevar a cabo.

El proyecto finalmente autorizado por Costas ha sufrido una importante modificación con relación a la actuación propuesta al inicio de la pasada legislatura por PP y PA, formaciones que fueron desbancadas del ejecutivo tras una moción de censura presentada por PSOE, IU y GIPMTM. El proyecto primitivo, mucho más ambicioso que el actual, estaba presupuestado en más de 9,5 millones de euros.

Los trabajos puestos en marcha están adjudicados a la Unión Temporal de Empresas Ávila y Granados-Etosa, que dispone de un plazo de 12 meses para ejecutar las obras.

El proyecto contempla entre otras actuaciones la renovación del sistema de alumbrado público y su infraestructura, el revestimiento del muro de ribera, la instalación de un nuevo mobiliario urbano, la sustitución de la solería del paseo peatonal y la mejora de las fuentes existentes. Asimismo prevé un carril bici entre la avenida Toré Toré y el río Seco, que discurrirá entre las zonas ajardinadas y peatonal.

También se sustituirán los caminos de albero por otros de hormigón texturado y se cambiará el actual sistema de riego de jardines por otro mucho más moderno, controlado por ordenador y dotado con controles de fuga, que permitirá el uso de agua regenerada procedente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del propio municipio veleño.

Los dueños de casas ilegales en la Axarquía mueven ficha (SUR)

Residentes con viviendas ilegales en la comarca presentan alegaciones al borrador del Decreto de Regularización de la Junta de Andalucía Extranjeros piden una salida legal para las viviendas en suelo no urbanizable con las licencias impugnadas

10.09.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Extranjeros piden la legalización de sus casas en la Axarquía. :: A. P.

La Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA) no tiene ninguna intención de permanecer con los brazos cruzados a la espera de que la Junta de Andalucía decida cuál será el futuro de las 12.760 viviendas y edificaciones irregulares inventariadas hasta la fecha en la comarca de la Axarquía (22.000, según los ecologistas).

De hecho, el colectivo, que agrupa a unos 400 residentes extranjeros y que tiene entre sus objetivos conseguir la protección de sus propiedades y evitar la demolición de las viviendas, lleva cuatro años exigiendo de manera reiterada una solución «urgente» a la problemática de las casas ilegales en la comarca.

La última iniciativa de los extranjeros que residen en la Axarquía ha consistido en la presentación de diversas alegaciones y sugerencias al borrador de Decreto por el que la Junta de Andalucía pretende regularizar el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre las consideraciones realizadas por SOHA ante la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas se encuentra la exigencia de una salida legal para las viviendas construidas al amparo de licencias y autorizaciones otorgadas por los ayuntamientos, pero que tras ser impugnadas por la Junta de Andalucía en los tribunales han terminado siendo anuladas judicialmente, pesando sobre las mismas ordenes de derribo.

Según el colectivo, el borrador de Decreto de regularización no hace referencia a este tipo de casos. «Desconocemos cuál ha sido el motivo por el que el borrador de Decreto no se plantea una solución específica de esos casos en los que existe una clara y patente responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos que otorgaron esas licencias revocadas», expresa SOHA en su escrito de alegaciones.

Huérfano

Para la asociación, el borrador se ha quedado huérfano en cuanto a la regulación de aquellas edificaciones en las que recaen sentencias firmes de derribo, situaciones, que según el colectivo, son muy comunes en la comarca de la Axarquía, de ahí que exijan a la Administración autonómica que profundice en este aspecto y ofrezca soluciones factibles para los miembros de la asociación.

Según SOHA, la Junta debe tener en cuenta los efectos que la aprobación de los nuevos PGOU en tramitación tendrán sobre tales viviendas. En concreto, el colectivo solicita que se incluya en el Decreto una regulación legal que analice los casos de imposibilidad legal de ejecución de las sentencias firmes, cuando se produzca hecho sobrevenido de la aprobación de un nuevo PGOU que normalice la situación de estas viviendas.

Justicia

En este sentido, la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas sugiere a la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo que se facilite la coordinación con la Administración de Justicia para establecer un procedimiento legal que permita la legalización de todas y cada una de las viviendas construidas en la Axarquía, incluidas las edificaciones que tienen impugnadas sus licencias, que fueron otorgadas por los propios ayuntamientos.

«De lo contrario se puede dar el caso de que existan dos viviendas juntas en suelo no urbanizable, una construida con licencia, aunque impugnada, para la que no hay solución en el Decreto, y otra edificada sin licencia, pero que si podrá ser legalizada a través de la figura de asimilado al régimen de fuera de ordenación», explica el portavoz del colectivo, Philip Anthony Smalley.

Tipos de edificaciones

El borrador de la Junta distingue entre las viviendas que son conforme con la normativa urbanística y cuentan con la preceptiva autorización administrativa y las que carecen de licencia, aunque ambas podrán ser legalizadas. En e segundo de los casos el decreto estable incluso el procedimiento a seguir.

Sobre las que cuentan con autorización pero son disconformes con el planeamiento urbanístico, aunque quedarán en el régimen legal de fuera de ordenación, podrán obtener licencia de primera ocupación.

Las construidas sin licencia y disconformes con el planeamiento, en cambio no podrán ser legalizadas, según el borrador de Decreto. Sin embargo, si estable los requisitos y el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en el que deberá quedar siempre que se acredite que la edificación reúne las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad y que ha transcurrido el plazo de prescripción de la infracción.

La regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deben presentar las edificaciones se definirán en el PGOU de cada municipio o bien mediante una ordenanza municipal.

Protección

Según Smalley, la figura de asimilado al régimen de fuera de ordenación «no es nada, ya que no representa ninguna protección legal. Si un día un Ayuntamiento quiere meter una calle por medio de tu casa puede hacerlo sin mas», se queja el representante de la Asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía. «No podrá obtener la licencia de primera ocupación. Si podrá ser inscrita en el Registro, pero es una tontería», asegura Philip Smalley.

La asociación insiste además en la misma petición que han venido realizando los alcaldes de la comarca y que tiene como finalidad que se diriman las responsabilidades derivadas de los presuntos delitos urbanísticos en la vía Contenciosa Administrativa y no en la vía Penal, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Por último, Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía reclama a la Administración autonómica la creación de procedimientos más ágiles y sencillos dirigidos a facilitar la regularización de las edificaciones e instalaciones con licencias revocadas.

SOHA considera que el Decreto complica bastante al tramitación en el caso de las viviendas en situación de asimilación legal a la fuera de ordenación, cuando en la Real Decreto 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa se simplifica el procedimiento.

El colectivo de residentes echa de menos en el contenido del borrador de Decreto la necesidad imperiosa de proteger los derechos de los «adquirientes de buena fe. Aquellas personas que compraron bienes inmuebles, que se encontraban en una situación irregular o ajena a la normativa urbanística vigente en ese momento». Por ello, la Asociación propone que se establezca un mecanismo legal que garantice la información necesaria que permita a los compradores conocer la situación legal del inmueble que pretenden adquirir.

El Ayuntamiento aprueba un trámite para disponer de doce millones euros (SUR)

El pleno da el visto bueno a un estudio acústico para que la Junta levante la suspensión sobre la zona de las torres de Repsol

10.09.2011 - 

ÁNGEL ESCALERA aescalera@diariosur.es

 

MÁLAGA.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al secretario general del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez, en el pleno de ayer. :: ÁLVARO CABRERA

El Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer, en un pleno extraordinario, con los votos del PP -PSOE e IU se opusieron- un estudio acústico elaborado por la promotora que construirá las torres de Repsol en los terrenos que ocupaban los depósitos de combustible. Ese trámite era imprescindible para solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía que levante la suspensión urbanística que pesa sobre ese sector. Hasta que la Junta no acepte el estudio acústico y dé el visto bueno a la ordenación de la zona, el Ayuntamiento no podrá disponer de los doce millones de euros que ya han abonado los promotores de las torres (se construirán 1.400 viviendas) en función del convenio firmado en su momento.

El Ayuntamiento espera que en un plazo breve (este mismo mes) la Junta levante la suspensión y, por tanto, pueda acceder al dinero, que es necesario para hacer inversiones en la ciudad, entre ellas las obras del bulevar sobre el soterramiento de las vías del AVE.

Tanto el grupo socialista como el de Izquierda Unida votaron en contra y explicaron que su negativa no era al estudio acústico, sino a que se construyan las torres en una zona que ya está muy densamente poblada (entorno de carretera de Cádiz). El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, aseguró: «No vamos a contribuir con nuestro voto a que se hagan 1.400 viviendas en un lugar donde debería ir un gran parque para el uso de los ciudadanos. Las prisas por convocar este pleno se deben a que el equipo de gobierno necesita dinero como el agua de mayo. No se debe hacer urbanismo a golpe de convenio». Moreno Brenes, en sus dos intervenciones sobre este tema, dejó claro que IU no comparte el modelo de ciudad que defiende el PP.

La portavoz municipal del PSOE, María Gámez, dijo que los socialistas rechazan hacer más densa esa zona con nuevas viviendas. «Estamos en contra de un desarrollismo desaforado. Ese no es nuestro modelo de ciudad», precisó. Añadió que la apuesta del PSOE es que los terrenos de Repsol sean una zona verde y libre. «No podemos dar nuestro apoyo a un proyecto urbanístico que consideramos perjudicial para la ciudad», aseveró.

Las críticas de la oposición fueron contestadas por el concejal de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado. «IU y PSOE, con su voto en contra, manifiestan su oposición a la modernidad de la ciudad». En ese sentido, recordó que en el espacio donde irán las torres de Repsol se contempla una zona verde de 80.000 metros cuadrados, más de 28.000 metros cuadrados para equipamientos sociales, educativos y deportivos y otros 40.000 para viarios, sin olvidar 400 viviendas de VPO. Maldonado afirmó que la aprobación del estudio acústico era necesaria para que la Junta levante la suspensión urbanística de ese sector.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, puntualizó que no ha habido una disminución de la zona verde contemplada en ese espacio, como denunció Moreno Brenes, y añadió que la actuación prevista en los terrenos del Repsol potenciará una zona que lo precisa.

Obra en el puerto

Otro punto que suscitó el enfrentamiento dialéctico entre el equipo de gobierno y la oposición fue el referente a la aprobación definitiva de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto. IU Y PSOE criticaron que se llevase a pleno el tema cuando la obra realizada por la empresa concesionaria está ya muy avanzada. La actuación se hace en el muelle 1 (paseo de la Farola) y consiste la eliminación de un vía que había detrás de los locales comerciales, elevar cuarenta centímetros el suelo para adecuarlo mejor a los establecimientos y la reordenación del viario rodado y de las superficies para estacionamiento bajo rasante. La modificación salió adelante con los votos de PP y PSOE (aunque los socialistas reprobaron las formas). Izquierda Unida votó en contra.

La venta de pisos cae mas de un 30% en puntos clave de la Costa (La Opinión)

En la provincia Málaga, el número de viviendas que se comercializaron en el segundo trimestre de 2011 alcanzó un total de 8.379 transacciones.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ El desplome del mercado inmobiliario suma y sigue. Ahora es el Ministerio de Fomento el que confirma que la caída de ventas continúa imparable. En la provincia Málaga, el número de viviendas que se comercializaron en el segundo trimestre de 2011 alcanzó un total de 8.379 transacciones, lo que supone una caída del 30,6% en relación al mismo periodo de 2010 y del 62% sobre los máximos de ventas inmobiliarias que se registraron en el año 2007.

La reducción de ventas en este 2011 está siendo generalizada en toda Málaga, con picos de entre el 30% y el 40% en Fuengirola, Málaga capital, Vélez Málaga y Torremolinos. Estepona es la única localidad de la Costa del Sol donde hay un repunte de las ventas aunque sea mínimo (un 1%), mientras que en las otra plaza emblemática en cuanto a ventas de pisos –Marbella– el descenso es del 13,7%.
Un dato que llama la atención es que actualmente el mercado inmobiliario está sostenido por las ventas de casas de segunda mano, que supone el 75% del total. Una posible explicación es que los pisos embargados a los promotores por los bancos y que luego son comercializados computan como venta de vivienda usada. Otra, que el Ministerio considera vivienda de segunda mano toda la que supera los dos años de antigüedad, haya sido vendida antes o no. Así las cosas, la caída de ventas en Málaga de las viviendas nuevas alcanza el 52% mientras que las de segunda mano moderan ese descenso hasta el 14,8%.

El descenso de operaciones en Málaga es, por lo menos, inferior al registrado en este primer semestre a nivel nacional y regional. En España, se vendieron 90.746 casas, lo que supone un 40,8% menos que en el mismo periodo de 2010, mientras que en Andalucía hubo 17.977 transacciones, con una caída del 34,3%, según las estadísticas de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento.
Volviendo a los datos de Málaga, hay que destacar que casi el 95% de las ventas correspondieron a vivienda libre, lo que sigue dejando a las VPO en cifras prácticamente anecdóticas.

Vélez renuncia a seguir adelante con el Palacio de Congresos y Exposiciones (SUR)

El gobierno municipal considera que el proyecto, que costaba casi 10 millones de euros, «no es sostenible económicamente»

09.09.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Vélez, presupuestado en 9.666.660 euros, no se llevará a cabo. El actual equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ha decidido no seguir adelante con la iniciativa y aparcar su ejecución para un mejor momento económico.

Según el alcalde, Francisco Delgado, el problema de este proyecto es que «no es sostenible económicamente. Además en la provincia existen otros proyectos similares que están pasando por graves dificultades y el Ayuntamiento no está para experimentos que vengan a agravar su ya delicada situación económica y financiera».

La postura expresada por Delgado se produce cuando la iniciativa tiene garantizada dos terceras partes de la financiación necesaria, tres millones de euros con cargo a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y otros 3.333.190 euros por parte de la Diputación de Málaga, correspondiendo al Ayuntamiento los 3.333.190 restantes.

Para el alcalde, dada la actual coyuntura económica por la que atraviesa el Ayuntamiento destinar casi 10 millones de euros a este proyecto no es lo más acertado teniendo en cuenta que la deuda con proveedores alcanza los 55 millones y existen otras necesidades más perentorias en el municipio.

Cambiar la inversión

El ejecutivo local ha anunciado su intención de negociar con la Consejería de Turismo y la Diputación destinar parte de la financiación prevista para el Palacio de Congresos y Exposiciones a terminar de una vez por todas el proyecto del Centro de Difusión Turística de la comarca y el museo del azúcar que se levanta sobre la nave principal de la antigua azucarera de Torre del Mar, a la vez que a ejecutar un auditorio en la localidad costera, después de que el Gobierno central haya retirado la financiación correspondiente para el edificio socio cultural previsto en la zona del Cerro del Águila.

La edil de PSOE y exalcaldesa del municipio, Salomé Arroyo, ha calificado de error la no ejecución de este proyecto al considerar que se trata de una infraestructura indispensable para facilitar el despegue turístico de la comarca y muy especialmente del municipio. «Tenemos una agricultura pujante y una gran riqueza patrimonial, pero necesitamos el turismo de congresos y para ello es vital disponer de un palacio de ferias», ha asegurado Arroyo.

El PSOE ha recordado que el Ayuntamiento no está obligado a realizar su aportación (3.333.190 euros) hasta el año que viene.