IU reclama a la Junta un plan especial de inversión para rehabilitar el centro. Vélez-Málaga (SUR)

La formación política estima la aportación necesaria para recuperar el casco histórico en unos tres millones

06.10.2009 -

AGUSTÍN PELÁEZ

VÉLEZ-MÁLAGA

El edil de Urbanismo, Salvador Marín, pide a la Junta un plan de inversiones para lograr su rehabilitación . / E. G.

Conseguir la rehabilitación del centro histórico del municipio evitando su deterioro y favorecer la generación de puestos de trabajo son los principales objetivos de la propuesta que Izquierda Unida va a trasladar al Parlamento de Andalucía con la idea de establecer un plan especial de inversiones que ayude a la restauración y modernización de las viviendas más antiguas de la ciudad.

El portavoz de IU y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Salvador Marín, ha señalado que lo que su grupo demanda es que el Gobierno andaluz ponga en macha un plan de inversión específico para al centro de Vélez, al margen de los programas de rehabilitación que ya tiene en funcionamiento la Junta.

Según Marín, a través de este plan se ayudará a los propietarios de viviendas antiguas a ejecutar proyectos de rehabilitación con subvenciones que podrían oscilar entre el 20 y 30 por ciento del importe total de la obra. En este sentido, el edil de Urbanismo veleño ha estimado que la iniciativa necesitaría una aportación económica mínima de unos tres millones de euros.

Para Marín, que ha pedido a IU que traslade la iniciativa al Parlamento de Andalucía para su debate, en opinión de sindicatos como Comisiones Obreras (CC. OO.) la rehabilitación se vislumbra como uno de los sectores que más cantidad de trabajo puede generar en los próximos años.

Crear trabajo

«Si conseguimos que la Junta apoye esta petición lograremos por tanto que el centro de Vélez se pueda recuperar para vivir y crear puestos de trabajo para combatir la crisis que actualmente sufrimos», ha señalado Marín.

Según el edil, en el centro histórico existe un elevado número de viviendas que exigen una importante remodelación para evitar que se deterioren. «Muchas de esas viviendas tienen más de cien años y por tanto exigen un importante lavado de cara», ha expresado el responsable municipal de Urbanismo y miembro del gobierno tripartito que encabeza la alcaldesa, Salomé Arroyo.

Para Marín, la actuación que propone su partido debe ser concebido como un plan piloto que podría ser trasladado a otras ciudades y capitales de Andalucía si se comprueba que ha funcionado bien y ha cumplido con los objetivos planteados.

Mijas dará esta semana un paso clave para evitar los derribos de viviendas irregulares. MIjas (SUR)

La Corporación aprobará el jueves la moción para frenar las multas coercitivas y ganar tiempo para su regularización

06.10.2009 -

FRANCISCO JIMÉNEZ

MIJAS

El Ayuntamiento de Mijas dará luz verde el próximo jueves a la sustitución de las multas coercitivas a las viviendas irregulares por otros medios de ejecución forzosa con los que la mayoría de afectados podrán alargar el proceso de demolición y ganar tiempo para legalizar su situación. La moción firmada por el alcalde, Antonio Sánchez, se quedó sobre la mesa en el último Pleno al ser presentada con carácter de urgencia, por lo que toda la Corporación acordó someter a votación en la siguiente sesión ordinaria una propuesta con la que se pretende abrir una vía para la legalización de buena parte de las 3.700 construcciones irregulares detectadas en el municipio entre viviendas, muros, piscinas y demás edificaciones.

La fórmula planteada por el equipo de gobierno establece que el Ayuntamiento dejará de enviar multas coercitivas (normalmente una docena antes de decretar la demolición) a los infractores con expedientes abiertos. En su lugar, se decretará directamente el derribo de la construcción, aunque dando un margen prudencial de tiempo para su ejecución; un periodo que variará en función de las circunstancias de cada caso, aplicándose el más largo posible si si trata de la vivienda habitual de una familia, o el menor para otro tipo de construcciones como muros y piscinas. Lo que el Consistorio persigue con este mecanismo es evitar el derribo de inmuebles que en el futuro podrían ser legalizables mediante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para dar una idea de ello será fundamental el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que está elaborando el Ayuntamiento y que estará listo la próxima primavera; un documento que permitirá determinar qué inmuebles tienen posibilidades de regularización.

En este sentido, cabe reseñar que no todas las construcciones se podrán salvar. De hecho, desde el equipo de gobierno llevan tiempo manteniendo que esta iniciativa no es una amnistía. Además, al objeto de atajar definitivamente el problema, tampoco podrán beneficiarse de esta especie de moratoria las nuevas irregularidades que detecten los servicios de inspección.

El PSOE exige al Consistorio que mejore la conservación de las fuentes ornamentales (SUR)

El PSOE denunció ayer «la mala gestión» del equipo de gobierno municipal del PP de las fuentes ornamentales y públicas de la ciudad, «al no llevarse a cabo las correspondientes medidas de conservación y control». La concejala Begoña Medina criticó que «se crean nuevas fuentes, pero en ningún momento el Ayuntamiento se preocupa de las antiguas, que generan malos olores y problemas de salubridad», dijo la edil, que añadió: «Emasa es la empresa que tiene los medios y recursos adecuados para llevar a cabo estas tareas, por lo que no es necesario externalizar los servicios».

Villalobos exige a Fomento y la Junta que renueven el puente de la Azucarera (SUR)

La diputada del PP en el Congreso por Málaga Celia Villalobos quiere que el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía lleguen a un acuerdo para adaptar el caudal hídrico del puente de la Azucarera, en la carretera MA-21, al del encauzamiento del tramo inferior del río Guadalhorce y evitar así que, cuando haya grandes lluvias, se conviertan en un tapón causante de inundaciones. Como adelantó este periódico (ver SUR 29/8/2009), la sustitución y ampliación del puente de la Azucarera acumula un retraso de siete años.

Villalobos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que reclama esas obras y recuerda que la estructura de este puente sólo permite desaguar 2.700 metros cúbicos por segundo, frente a los 4.000 metros cúbicos por segundo que desagua el cauce del río, tras las obras acometidas en los años noventa.

La diputada del PP mantiene que esa diferencia de caudal máximo convierte al actual puente en un «tapón», una especie de presa artificial que, cuando se producen grandes precipitaciones, provoca fuertes inundaciones en la zona baja del río, como ocurrió en el año 2004.

Traspaso

En este sentido, recuerda que en 2002 el Gobierno central ya sacó a concurso la redacción de un proyecto para remodelar el puente y adaptar su estructura a la capacidad hidráulica del cauce pero con el traspaso de las competencias en recursos hidráulicos a la Cuenca Mediterránea Andaluza en el año 2004 dicho proyecto «quedó en suspenso».

Asimismo, recalca que en 2006, el departamento que dirige Elena Espinosa afirmó haber puesto este asunto en conocimiento del Ministerio de Fomento, titular de la carretera MA-21, y que hace dos años el Ayuntamiento de Málaga aprobó por unanimidad una moción en la que se instaba a los dos ministerios y a la Junta a que decidieran qué organismo debe acometer las obras de acondicionamiento del puente y se procediera al comienzo de las mismas.

El Ministerio de Fomento ha propuesto la realización de un convenio entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el propio Gobierno central para desbloquear la sustitución y ampliación del actual puente.

El Ayuntamiento consultará con los vecinos la ordenación del tráfico en Cerrado (SUR)

Un vial de conexión con la nueva zona residencial de Hacienda Paredes será clave para mejorar la circulación

06.10.2009 -

J. HINOJOSA

MÁLAGA

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, prevé culminar a final de mes la obra de una calle que conecta la nueva zona residencial de Hacienda Paredes con Cerrado de Calderón y que será clave para mejorar el tráfico en esta última urbanización de la parte oriental de la ciudad. Se trata de una carretera que supone una prolongación de la calle Andaluces hacia el este y que desemboca en una nueva rotonda del sector de Hacienda Paredes, que comprende unos doscientos chalés.

Esta vía une Cerrado de Calderón con las nuevas viviendas y genera un recorrido hacia el eje de la calle Cáceres que puede contribuir a mejorar la conexión de todo el sector con la Ronda Este. En ese sentido, se ha estudiado dejar la calle Cáceres con un solo sentido de circulación. Además, está pendiente de estudio la prolongación de la calle Unidad hacia el nuevo vial para ofrecer más salidas al tráfico.

Fuentes municipales explicaron que la decisión que finalmente se adopte al respecto dependerá de la opinión de los vecinos de Cerrado de Calderón que, según apuntaron, no se han expresado aún claramente al respecto. Según las fuentes, el Área de Tráfico ha redactado un proyecto de nueva ordenación de la circulación en la zona que ha quedado pendiente de recibir alegaciones o sugerencias de los vecinos.

La decisión sobre este asunto y la ejecución del proyecto en cuestión deberá realizarse antes de que acabe este año, ya que su financiación se llevará a cabo con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

El PTA se proyecta hacia Marbella (SUR)

La Junta plantea extender la tecnópolis a una finca de casi 200 hectáreas en Guadaiza, propiedad de privados y catalogada como área de oportunidad en el Plan Urbanístico La Consejería de Innovación anuncia que se implicará en el proyecto de las tecnocasas de la capital

06.10.2009 -

ANTONIO M. ROMERO

MÁLAGA

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con sede en Málaga, proyecta su expansión más allá de los terrenos en los que se encuentra ubicado en la barriada de Campanillas de la capital. El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Martín Soler, anunció ayer por la tarde el objetivo de su departamento de extender la tecnópolis en dos direcciones: de un lado con una sede en Marbella y, de otro, participando en el proyecto de las tecnocasas en el centro histórico de la capital.

Recogiendo la demanda que le planteó en una reunión el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, Soler explicó ayer que la sede de la tecnópolis se ubicaría en la zona del plan especial de Guadaiza en San Pedro Alcántara sobre una parcela de 197 hectáreas, la que configuran unas 300 fincas de propiedad privada. Dentro del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental, este suelo aparece catalogado como área de oportunidad económica. A su juicio, este hecho demuestra la voluntad del Gobierno andaluz de que ese espacio tenga un uso productivo, y tal calificación urbanística permitirá agilizar los trámites administrativos para que esta iniciativa se haga realidad.

«Este proyecto puede ser un gran revulsivo económico para la costa occidental de Málaga. En Marbella se dan las condiciones para captar nuevas inversiones y sabemos que existe una demanda de empresas de carácter tecnológico que se quieren y se pueden instalar allí», apuntó el consejero, quien no dio más detalles ni plazos, y sólo añadió que aún no se ha hecho la evaluación del coste económico, aunque auguró que serán «decenas de millones de euros».

Acuerdo público-privado

El objetivo es llegar a un acuerdo público-privado con la participación del Ayuntamiento de Marbella y los dueños de los terrenos junto con la Administración autonómica para desarrollar la iniciativa. Respecto al modelo de gestión, sería similar al del PTA de la capital, donde actualmente figuran como accionistas la Junta de Andalucía, el Consistorio de la capital y Unicaja, y donde, próximamente, se incorporará la Universidad de Málaga como aprobó recientemente el consejo de administración.

El proyecto se le presentará en los próximos días a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), para ofrecerle toda la colaboración e «ir de la mano» en este asunto. «Con confrontación no salen adelante los proyectos», dijo el consejero. Por su parte, Muñoz se reunió antes del verano con el director del PTA, Felipe Romera, y se planteó la posibilidad de esta expansión de la tecnópolis, que ahora da un paso adelante.

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa subrayó que el contador se pone a cero y que el objetivo es empezar cuanto antes para que cuando culmine la ampliación del PTA en la capital, ya haya suelo que se pueda ofrecer a las empresas interesadas en instalarse en Marbella.

Cabe recordar que la tecnópolis se encuentra actualmente en una primera fase de ampliación de 360.000 metros cuadrados, a la que seguirá otra hasta completar casi un millón y medio de metros cuadrados de expansión.

Desde el PSOE, por su parte, destacaron que este proyecto de crear un PTA en Marbella se incluía en su programa electoral de los comicios municipales de 2007. «A pesar de estar en la oposición cumplimos con nuestras promesas», apuntaron.

El otro ámbito de extensión más allá de Campanillas tendrá como objetivo el corazón de la capital. Así, el consejero Martín Soler avanzó que su departamento se ha ofrecido a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para participara incorporarse al proyecto de tecnocasas, la construcción de viviendas vinculadas al teletrabajo en los barrios más degradados del centro histórico.

«Este tipo de vivienda será una oferta complementaria para el PTA, y pretende ofrecer la posibilidad de la gestión de ese proyecto por parte del Parque Tecnológico de Andalucía», dijo el consejero.

Precisamente, el pasado viernes, el departamento autonómico de Vivienda y Ordenación del Territorio abrió la puerta para la construcción de los primeros 130 pisos de este tipo. Será dentro del Área de Rehabilitación Concertada del Centro Histórico de Málaga, que comprende los barrios de San Rafael, La Goleta, Ollerías y La Victoria.

Las embarazadas tendrán primas en ayudas a la vivienda (La Opinión)

Se trata de la primera vez que un gobierno autonómico incluye entre los beneficiarios de especial protección a la mujer embarazada

Las embarazadas tendrán preferencia en las ayudas para compra, alquiler o rehabilitación de viviendas incluidas en los Planes de Vivienda de la Generalitat, ha anunciado hoy el vicepresidente social y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino.

En un comunicado, Cotino ha destacado que se trata de uno de los compromisos del Consell incluidos en el "Programa+Vida" de apoyo a la maternidad, con el que se pretende poner los medios, tanto de carácter social, como económicos, educativos y sanitarios, para dar protección tanto a la madre como a la vida en formación.

"El Programa+Vida impulsado por el Consell constituye una verdadera apuesta progresista por la vida, que convierte a la Comunitat Valenciana en un referente nacional en materia de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad", ha dicho el vicepresidente.

Según él, se trata de la primera vez que un gobierno autonómico incluye entre los beneficiarios de especial protección a la mujer embarazada, lo cual forma parte de la política social integral que está desarrollando la Generalitat para ocuparse de las personas que más lo necesitan.

La nueva normativa considera que las mujeres gestantes tendrán derecho a protección preferente como beneficiarias de las ayudas contempladas en los planes de vivienda, siempre que cumplan los requisitos que la normativa reguladora establece.

Además, la vida en formación computará como uno o varios miembros más de la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada, dependiendo del número de hijos que ésta espere, desde el momento de la fecundación.

Además de las embarazadas, otro de los colectivos con derecho a protección preferente son las personas que acceden por primera vez a una vivienda, los jóvenes de hasta 35 años, las personas mayores de 65 y las familias numerosas y monoparentales con hijos.

También lo son las personas dependientes o con discapacidad, separados y divorciados, las mujeres víctimas de la violencia de género, las víctimas del terrorismo y los afectados por situaciones catastróficas, así como personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

El ‘paraíso’ de la Gerencia (Málaga Hoy)

En plena polémica por los sueldos llama la atención que un peón cobre 28.000 euros y un auxiliar administrativo, 33.000

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.10.2009 - 07:16

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La Gerencia de Urbanismo se ha asomado en las últimas semanas a la actualidad no por los proyectos que desarrolla o por el cada vez menor movimiento de promotores por sus pasillos, sino por el particular sistema retributivo que, casi veinte años después de que se implantase, sigue funcionando con el consentimiento de los que hoy la dirigen. Semanas atrás, el comité de empresa, que ha llevado el asunto a la vía judicial, puso sobre el tapete la existencia de una decena de ex jefes de departamento que perciben un complemento personal de unos 2.000 euros mensuales, con lo que cobran por una función que ya no desempeñan.

Pero lo ocurrido abre la espita para indagar en lo que para muchos es el paraíso de la Gerencia de Urbanismo y corroborar si los únicos beneficiados por las bondades del sistema retributivo son la decena de altos cargos en los que tantas miradas hay posadas. El análisis detallado tanto del convenio laboral vigente (que no incluye jefes de departamento y división) como de los salarios contemplados en los presupuestos para una plantilla de más de 300 trabajadores ofrece algunos datos llamativos.

Atendiendo al anexo de Personal de este ejercicio, se comprueba que un peón o un ordenanza, situados en la categoría inferior, la E, cobra unos 28.500 euros, incluyendo la productividad. En el siguiente escalón, el D, destacan los profesionales de oficio, con entre 33.000 y 34.400 euros, y, por ejemplo, un auxiliar administrativo, que cobra entre 31.500 y 33.000 euros, aunque se recoge el caso de un empleado que alcanza los 41.740 euros. En la categoría C, de técnicos auxiliares y administrativos, los salarios llegan a los 45.000 euros, en el primer supuesto, y los 39.000, en el segundo. Los dos últimos escalafones incluyen el nivel B, con técnicos de Gestión, que oscilan entre los 42.200 y los 50.000 euros, y de Grado Medio, entre 47.000 y 53.000, y el A, con los técnicos superiores. Estos trabajadores pueden cobran de media unos 60.000 euros, aunque hay un caso de 91.700. Por su parte, el coordinador gerente, José Cardador, percibe 100.460 euros, y el gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo, 123.197 euros.

Estas retribuciones, son, comparativamente, bastante más ventajosas que las que se cobran en el Ayuntamiento. En este sentido, cabe recordar que entre 2001 y 2003, según datos a los que ha tenido acceso este periódico, un peón o equivalente de Urbanismo percibía unos 6.400 euros más que un igual del Consistorio, distancia que se elevaba a los 11.000 euros al hablar de los técnicos superiores.

Barrientos niega que el Ayuntamiento recalificase los terrenos de su madre. Estepona (Málaga Hoy)

La defensa del ex alcalde precisa que los suelos estaban calificados como urbanizable programados desde 1994

Antonio Barrientos, a la salida de prisión, a finales de 2008.

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El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos ha negado que el Ayuntamiento recalificara unos terrenos propiedad de su madre para edificar en ellos cuando él gobernaba esta localidad, según se desprende del sumario del Caso Astapa contra la corrupción. La defensa de Barrientos aseguró que es "radicalmente falso" que dichos suelos tuvieran consideración de rústicos, como afirmaron en su día los denunciantes y como figura en un informe policial contenido en el sumario, cuyo secreto fue levantado parcialmente la pasada semana.

En este sentido, explicó que los mencionados terrenos figuran como suelo urbanizable programado desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, cuando era alcalde Miguel Castro Carrasco (PSOE). "Un suelo urbanizable programado no precisa de convenio alguno para edificar en él, sino de una mera tramitación administrativa a la que ningún Ayuntamiento puede negarse por estar reglado legalmente", precisó.

La documentación que acredita la clasificación del suelo es "fácilmente constatable", tanto por los ciudadanos, como concejales y Policía, ya que figura publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se puede consultar en la Delegación Provincial de Urbanismo y Subdelegación del Gobierno en Málaga, insistió la defensa.

Barrientos, que estuvo casi seis meses encarcelado por este caso, mantiene que es "absolutamente falso" que su madre transmitiese la finca en enero de 2004 para que él, que ya era alcalde, le ayudara a formalizar un convenio que incrementase su valor. La compraventa de la finca se llevó a cabo en enero de 2003, cuando era alcaldesa de esta localidad Rosa Díaz (PP), cinco meses antes de que Barrientos fuese elegido regidor, y ocho meses antes de la firma del acuerdo que cita el sumario, agosto de 2004, mantiene su defensa.

En aquella fecha, según el letrado, la madre de Barrientos ya no era propietaria del suelo, "hecho conocido por los denunciantes (entre ellos el actual alcalde, David Valadez, que era concejal) al haberse dado cuenta del convenio en el pleno municipal". Asimismo, niega que su progenitora no declarase los pagos de la venta de los terrenos (por un importe superior a 7,5 millones), puesto que fueron "debidamente declarados en los ejercicios fiscales (tres) que se produjeron", según otro documento.

Barrientos niega que se recalificaran los terrenos de su madre. Estepona (SUR)

El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos ha negado que el Ayuntamiento recalificara unos terrenos propiedad de su madre para edificar en ellos cuando él gobernaba esta localidad, según se desprende del sumario del 'caso Astapa' contra la corrupción. La defensa de Barrientos aseguró que es «radicalmente falso» que dichos terrenos tuvieran consideración de rústicos, como afirmaron en su día los denunciantes y figura un informe policial contenido en el sumario, cuyo secreto se ha levantado parcialmente.

La defensa de Barrientos explicó que los mencionados terrenos figuran como suelo urbanizable programado desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, cuando era alcalde Miguel Castro Carrasco (PSOE). «Un suelo urbanizable programado no precisa de convenio alguno para edificar en él, sino de una mera tramitación administrativa a la que ningún Ayuntamiento puede negarse por estar reglado legalmente», añadió la defensa.

Barrientos, que estuvo casi seis meses encarcelado por este caso, mantiene que es «absolutamente falso» que su madre transmitiese la finca en enero de 2004 para que él, que ya era alcalde, le ayudara a formalizar un convenio que incrementase su valor. La compraventa de la finca se llevó a cabo en enero de 2003, cuando era alcaldesa era Rosa Díaz (PP).

Estepona plantea terminar de adaptar en un mes el PGOU a las normas de la Junta (SUR)

El Ayuntamiento recibe una subvención por más de 132.000 euros para sufragar los trabajos

05.10.2009 -

MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO

ESTEPONA

La adaptación permitirá aumentar las reservas de suelo para construir VPO. / M. P.

Nuevo plazo. El Ayuntamiento de Estepona espera tener terminada para el próximo noviembre la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las normas urbanísticas de la Junta, incluidas en el LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). El texto urbanístico supondrá el aumento de posibilidades de reserva de suelo para vivienda protegida. Al mismo tiempo que permitirá desbloquear proyectos como la ejecución del futuro centro comercial. «La realidad de Estepona exige que respondamos a las necesidades de viviendas protegidas de los vecinos y de equipamiento y suelo productivo», señaló el alcalde de la localidad, David Valadez.

Otro de los aspectos que se solventarán gracias a este trámite está relacionado con la concesión de licencias dentro del casco antiguo. Cuando se disponga de este documento, se evitará el cobro de los aprovechamientos urbanísticos que se venían exigiendo a los vecinos que habían solicitado una licencia de obra en esta zona. Estas cuantías llegaban incluso a los 60.000 euros.

Subvención

La Junta de Andalucía ya ha concedido la subvención por valor de 132.578 euros para la realización de estos trabajos, que están siendo ejecutados por personal municipal, en colaboración con la administración andaluza.

De hecho, la financiación de las adaptaciones parciales de los planeamientos a la LOUA era una de las medidas previstas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para poder agilizar los trámites y posibilitar el compromiso recogido en el pacto andaluz por la Vivienda, firmado en diciembre de 2007 entre la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los agentes económicos y sociales.

Un ritmo de trabajo más lento arrastra la revisión del planeamiento urbanístico de la localidad, que aún no ha sido sometido a su aprobación inicial, pese a que el Consistorio recepcionó el documento elaborado por el arquitecto redactor Enrique Bardají en enero de 2007. Estos trabajos se suspendieron mientras se realiza la adaptación del texto a las normas urbanísticas de la Junta de Andalucía.

Marbella acelera los trámites de las nuevas piscinas ante el aumento de la demanda. Marbella (SUR)

El Ayuntamiento licita el contrato de obras de las instalaciones de Miraflores y Fuentenueva y confía en arrancar los trabajos en enero

05.10.2009 -

M. J. CRUZADO

MARBELLA

La piscina cubierta municipal se ubicaría en el edificio del antiguo mercado, frente al centro cultural Cortijo Miraflores. / JOSELE-LANZA

La única piscina municipal cubierta de Marbella también tiene lista de espera. Unas 800 personas se han quedado fuera este año sin poder practicar natación en las instalaciones climatizadas del complejo polideportivo Antonio Serrano Lima. Por su piscina pasan diariamente unos 3.000 usuarios, 1.800 de ellos de las escuelas y cursos municipales y el resto, miembros de asociaciones y clubes deportivos, según datos facilitados por la concejalía de Deportes.

El horario ya no se puede estirar más. Las instalaciones están abiertas de 6.30 horas hasta bien entrada la noche. La demanda se ha disparado este año, en parte por la crisis económica que ha provocado que muchos usuarios dejen de pagar la cuota del gimnasio y se apunten a actividades deportivas gratuitas subvencionadas por el Consistorio. El proyecto de las dos futuras piscinas cubiertas en Miraflores y Fuentenueva (San Pedro Alcántara) es ahora más urgente que nunca.

El Ayuntamiento de Marbella ha dado un paso definitivo para acelerar los trámites con la aprobación de la licitación del contrato de obras de los dos proyectos básicos por un total de seis millones de euros cofinanciados a partes iguales con la Junta de Andalucía. Con ese dinero el Consistorio prevé la construcción de dos piscinas cubiertas de 25 metros (la mitad que una olímpica) así como salas de musculación y otras actividades deportivas. En Miraflores, además, el objetivo es aprovechar las obras para construir un parking subterráneo. La actuación sería más compleja y algo más costosa que en San Pedro porque habría que demoler el antiguo edificio del mercado e incluso desviar la tubería de embovedado de Río Huelo, bajo el inmueble, aunque todo dependerá del proyecto definitivo que salga elegido.

Para acelerar los trámites, el Consistorio asumirá la obra y la gestión de la nuevas piscinas cubiertas tras desistir de la concesión privada ante los problemas de financiación de las empresas para acceder a este tipo de concursos públicos.

Plazos

Las empresas interesadas en acometer ambas infraestructuras tienen 13 días naturales para presentar sus ofertas, a contar desde la publicación el pasado miércoles del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo del equipo de gobierno es comenzar a la vez las obras de ambas instalaciones, en principio para enero del año que viene, con un plazo de ejecución que rondará en ambos casos los 18 meses.

El retraso en la aprobación del PGOU, sin embargo, puede dar al traste con las previsiones. En San Pedro no habría problemas para cumplir con los plazos fijados, pero parte del suelo donde se construirá el complejo deportivo de Miraflores está catalogado como parques y jardines en el anterior planeamiento urbanístico; lo que significa que las obras deberán esperar a que la Junta de Andalucía dé luz verde al nuevo Plan. El tiempo corre en su contra. El expediente del PGOU está sin cerrar a falta de cuatro informes sectoriales que deben aportar las consejerías de Medio Ambiente y Cultura y las direcciones generales de Costas y Carreteras. Una vez completada la documentación, la Junta se ha comprometido a acortar los plazos casi a la mitad, es decir, dos meses y medio.

«En el peor de los casos, iniciaríamos las obras en San Pedro y esperaríamos a la aprobación definitiva del PGOU para empezar en Marbella», apuntó el edil de Deportes, Ángel Mora.

Ruta guiada por las pinturas murales (SUR)

El Ayuntamiento, a través de la Sección de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha organizado una ruta sobre pinturas murales con motivo de la celebración de la I Semana de la Arquitectura 'Ciudad de Málaga'. Se celebrará el próximo jueves, a las 12.00 horas, desde la plaza de la Higuera.

Las empresas tardan un año en cobrar facturas de las administraciones públicas (SUR)

La Confederación de Empresarios pide a los ayuntamientos que reduzcan la morosidad para asegurar la viabilidad de las pymes Los constructores cifran la deuda en 100 millones de euros

Reparación de la acera de una barriada. / J. J. BUIZA

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha alertado sobre la situación en la que se encuentran las empresas por las demoras en los pagos por parte de las administraciones, que en algunos casos alcanzan un año, y ha reclamado a los ayuntamientos que reduzcan la morosidad para asegurar la viabilidad de las pymes.

En la actualidad, una docena de ayuntamientos malagueños tiene problemas «serios» para pagar a las empresas. Algunos de ellos «han dejado» de pagar sus deudas y otros tardan alrededor de doce meses, aseguró a Efe el vicepresidente ejecutivo de la patronal, Javier González de Lara. Detrás de los problemas que tienen las administraciones públicas, en particular los ayuntamientos, para pagar a las empresas subyace la necesidad de modificar el modelo de financiación municipal, según sostiene el directivo de la CEM.

Las dificultades para la obtención de créditos, situaciones «heredadas» de corporaciones anteriores -caso de varios ayuntamientos de la Costa Occidental-, y la paralización del desarrollo inmobiliario, con la consiguiente reducción de ingresos para las arcas municipales, son algunas de las causas de esta falta de liquidez.

Sustento económico

La construcción ha sustentado en los últimos años la economía de los ayuntamientos y «como consecuencia de ello falta un modelo de financiación definido», que se agrava con la población de hecho a la que deben prestar servicio en verano. Todo ello, «lo sufren las empresas, que están ahogadas», afirmó González de Lara, quien calificó de «disparatado» el modelo actual de financiación local, porque «no permite la continuidad» de las corporaciones.

Javier González de Lara recordó que la CEM ya alertó antes del verano de que «la crisis no había tocado fondo», y ha confiado en que las empresas no sean «víctimas» de esta situación y puedan «resistir», si bien se mostró pesimista por las consecuencias que puede tener el aumento de la presión fiscal.

Los ayuntamientos tienen una capacidad de obtención de recursos «limitada», y en los últimos años «han vivido de la bonanza de la economía y la construcción», insistió. En este sentido también se pronunció el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, quien manifestó a Efe que si los ayuntamientos no saldan la deuda con las empresas de este sector, muchas tendrán que acudir a la Ley Concursal a final de año.

Según sus cálculos, las administraciones públicas de Málaga, sobre todo ayuntamientos, adeudan a las constructoras unos 100 millones de euros. Por ello, Prado ha hecho un llamamiento a las administraciones para que «hagan un esfuerzo y liquiden gran parte de la deuda que mantienen», pues los retrasos en los pagos alcanzan un año.

Cuenta atrás para volver a Atarazanas (SUR)

Los comerciantes del mercado central iniciarán en marzo de 2010 el traslado a sus antiguos puestos tras dos años de obras para recuperar el emblemático edificio

05.10.2009 -

IGNACIO LILLO

MÁLAGA

Los puestos, de vivos colores, destacan sobre la estructura de hierro, tejas y vidrio./ CARLOS MORET

Las de este año serán las últimas navidades que comerciantes y clientes pasarán en el mercado provisional de la calle Camas. Si las obras se desarrollan tal y como está previsto, a finales de febrero o principios de marzo del próximo año comenzará el traslado a un mercado de Atarazanas totalmente remozado. Es la fecha que maneja el presidente de la asociación de vendedores de este recinto, David Ruiz. La dirección de la obra, por su parte, prefiere no dar plazos, aunque sí reconoce que se está trabajando a destajo para que esté concluido cuanto antes.

Las obras de reforma del histórico centro comercial ya se encuentran a un nivel muy avanzado y previsiblemente concluirán el próximo mes de diciembre. Sin embargo, aún quedan varios flecos para poder reabrir el edificio, según explica el arquitecto responsable del diseño, José González Gallegos. «La obra está muy avanzada: se ha terminado la vidriera, el torreón está restaurado y la cubierta de las naves laterales y de la central, que es de vidrio, también está ejecutada, pendiente sólo de los acabados. El cascarón no nos preocupa, pero los plazos los marca la construcción de los puestos», comenta.

Permisos

Por lo tanto, falta concluir los puestos y su instalación, que comenzará en el plazo de un mes, así como las acometidas eléctricas, con un nuevo centro de transformación integrado en el edificio, instalar la compactadora de basura y, por último, la recepción por parte del Gobierno central y los permisos de Sevillana-Endesa, Emasa y de los Bomberos, con sus correspondientes plazos.

«Se va a acelerar todo al máximo; tenemos la voluntad de llegar cuanto antes, por la demanda de los comerciantes, que nos piden trasladarse lo antes posible», reconoce González Gallegos.

Un aspecto que corrobora Manuel Villamuela, vocal del mercado y buen conocedor del desarrollo de las obras. «El ritmo de trabajo es frenético, a doble turno, se están montando las estructuras de los puestos, los paneles de acero y la maquinaria industrial, pero aún tienen que terminar los mostradores y no da tiempo a que estén listos antes de la campaña de Navidad», explica.

Para los comerciantes, volver a su antigua casa es la esperanza a la que se aferran para remontar los malos resultados que han cosechado desde que se mudaron al inmueble provisional de Camas. «No se puede hacer una idea, ha bajado mucho la venta, hasta un 80%. Un puesto que vendía mil euros, ahora está en 250. Incluso se han cerrado algunos y se ha destruido empleo», recalca David Ruiz. A su juicio, «este mercado no le ha gustado al pueblo de Málaga, la gente quiere la distribución de antes, aquí los puestos están liados, no se ve la competencia cerca», argumenta.

Pero lo cortés no quita lo valiente y el presidente de los empresarios destaca la ilusión con que el colectivo afronta la reforma. «Va a ser un bombazo, se está haciendo muy bien, con materiales de calidad», concluye.