La Junta permite legalizar 2.000 viviendas en Coín (La Opinión)

La ley andaluza autorizará la construcción de 1.650 viviendas, de las que 426 serán de protección oficial

El edil de Ordenación del Territorio, José Antonio Solano Ana García

ANA GARCÍA. COÍN La Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable a la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Coín a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El informe se basa en el planeamiento vigente desde 1997, que ha sido adecuado a las actuales condiciones del municipio y a la nueva legislación regional.

El nuevo documento permitirá regularizar unas 2.000 viviendas ilegales ubicadas en distintos diseminados rurales del municipio, como Valdeperales, La Charca, Huertas Viejas o El Ejido, solucionando uno de los mayores problemas del municipio.

El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan especial de regularización de viviendas en diseminados rurales, una iniciativa para la cual los propietarios de las edificaciones pueden ya iniciar los trámites de adaptación.

Esta medida posibilitará la prestación de servicios en los diseminados y la consolidación de las denominadas urbanizaciones blandas –conjuntos de viviendas aisladas que se encuentran en una misma zona– que legalicen la situación de la mayor parte de estas construcciones.

El plan especial permitirá que en un año, aproximadamente, haya un marco normativo para las viviendas del campo, una vez que se cuantifiquen y se analice cada caso.

«Con la aprobación de la adaptación del PGOU de Coín, se consigue uno de los asuntos más importantes de esta legislatura para el equipo de gobierno, fundamental para el desarrollo de Coín», añadió el alcalde, Gabriel Clavijo.

Áreas de oportunidad

El documento reserva suelo para distintas áreas de oportunidades de actividades económicas, de ocio y sociales. En primer lugar, recoge la contrucción de 1.650 viviendas, de las cuales 424 serán de VPO, y contempla más de 60 millones de metros cuadrados destinados para uso industrial.

A esto hay que sumar las áreas libres resultantes de estas promociones urbanísticas, en las que se incluye un parque de 30.000 metros cuadrados en la urbanización Sierra Gorda.

«La aprobación de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Coín esta legislatura era una de las metas marcadas por el equipo de gobierno», reconoció ayer el concejal de Ordenación del Territorio del municipio, José Antonio Solano.

Con esta aprobación, el equipo de gobierno ha anunciado, que a partir de febrero, los ciudadanos y las empresas constructoras podrán ir presentando modificaciones de elementos que generen proyectos que produzcan riqueza y empleo en el municipio.

Por otra parte, una vez agotado el suelo contemplado en el Plan General de Urbanismo de Coín de 1997, entrará en vigor el POTAUM, un nuevo plan para el área metropolitana de Málaga, que recoge la edificación de otras 3.600 viviendas en Coín, 1.080 de protección oficial.

Un auditorio que suena mal (La Opinión)

Los vecinos critican la construcción de un auditorio para verdiales tras 15 años pidiendo un centro de día

Vecinos y dirigentes vecinales opuestos al proyecto, delante de las obras del auditorio de los verdiales. Carlos Criado

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA El auditorio de verdiales que se está construyendo con fondos del plan Zapatero al pie de Monte Dorado y frente a Mangas Verdes, en el distrito de Ciudad Jardín, está dividiendo a los vecinos, algunos de los cuales plantean la poca idoneidad de este proyecto.

Miguel Campos, vecino de Monte Dorado, señala que «los vecinos llevamos 15 años pidiendo un centro de día porque el más cercano que tenemos es el de la Trinidad». Por eso, no entiende «que se haga un auditorio cuando nadie lo ha pedido», mientras –señala– en la calle Maese Nicolás, próxima a Huerta Nueva, existe una parcela municipal en la que se podía haber construido el centro de día, a su juicio mucho más necesario.

De la misma opinión es el representante de la federación vecinal Unidad, Antonio Doblas, que recuerda que el auditorio, en el arroyo de Aceiteros, es un proyecto «que ha llevado directamente el alcalde con la asociación de vecinos de Mangas Verdes, cuando se encuentra en Monte Dorado».

Miguel Campos señala además que el auditorio tiene «un acceso imposible», con la calle Arroyo Aceiteros, el cauce del arroyo, convertida en un terrizo con baches y el mal estado de la calle Distancia, en Monte Dorado.

Este vecino señala además que cuando los dirigentes vecinales propusieron un centro social cerca de donde ahora se levanta el auditorio, «nos dijeron que no podía construirse porque cogía parte del Peri de Monte Dorado, y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el Ayuntamiento permitió construir el auditorio».

José María Lobera, secretario de la asociación de vecinos de Monte Dorado, critica además el poco espacio de la zona del auditorio destinada a talleres y centro social. «Aquí no vemos nada de eso», resalta.

Tanto Luis García, vecino de Monte Dorado como Antonio Doblas consideran que el recinto servirá para la práctica del botellón mientras alertan de la falta de aparcamientos para el auditorio.

Por último, José María Lobera llama la atención sobre la falta del cartel de licencia de obra y Miguel Campos lamenta que no haya dinero para arreglar la calle Distancia. «Que cada vez que llueve saltan las alcantarillas».

A favor del auditorio

La concejala de Ciudad Jardín, Mariví Romero, declaró ayer a La Opinión que el proyecto fue presentado por la asociación de vecinos de Mangas Verdes. «Lo pasamos por el distrito y nos reunimos con todas las asociaciones», recibiendo el visto bueno del alcalde «porque era un proyecto serio y pocos distritos tienen un auditorio al aire libre que además toda Málaga puede disfrutar», dijo.

Con respecto al centro de día, precisó que «hasta que se propuso el auditorio», los vecinos no habían planteado un centro de día «y lo hicieron cuando el proyecto del auditorio ya estaba metido en los fondos Feil».

Antonio Martos, presidente vecinal de Mangas Verdes, destacó por su parte que su asociación propuso el auditorio «porque pensamos que sería el pistoletazo de salida para arreglar todos los alrededores» y recordó que además de esta infraestructura habrá un local para uso social de 100 metros cuadrados.

Por último, el presidente de la asociación de vecinos de Monte Dorado, Rafael Martín, destacó que, aunque consideró que el centro de día era más necesario que un auditorio, «si el proyecto va en beneficio de la barriada está bien porque aquí hay muchos verdialeros y se van a arreglar los accesos; la calidad de vida.

Baja la obra pública aunque Málaga es líder (La Opinión)

La provincia acaba 2010 con 658 millones licitados, pero el nivel óptimo reclamado por el sector local son 1.000 millones

LA OPINIÓN. MÁLAGA/ SEVILLA Las obras licitadas por parte de las distintas administraciones públicas en Andalucía durante el pasado año 2010 en Andalucía alcanzaron los 3.275,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 44,8% en relación con 2009, cuando la licitación alcanzó los 5.942 millones, según la patronal de grandes constructoras Seopan. Por provincias, las de Málaga y Sevilla concentraron la mayor parte del volumen licitado en 2010 en la comunidad autónoma, con un total de 658,2 y 573,9 millones de euros, respectivamente.

La provincia de Málaga se sitúa así casi 350 millones por debajo de esos 1.000 millones anuales que el sector constructor siempre cita como necesarios para mantener la media habitual de empleos directos ligados a esta actividad. Esto significa una caída entorno al 30%.

El último informe de Seopan, que contiene los resultados provisionales de 2010, detalla que la comunidad andaluza fue la segunda región por volumen de la licitación pública, sólo superada por Cataluña, con 4.179,7 millones de euros, y por delante de Madrid, con 3.119 millones de euros. De esta forma, acaparó en 12 meses un 12,3 por ciento de los proyectos licitados en el conjunto nacional, cifrados en 26.519 millones de euros.

Del total de administraciones, las administraciones locales fueron la que más invirtieron en esta materia en la región, con un total de 1.459 millones de euros.

Por su parte, la licitación en la Junta de Andalucía se cifró en 888,7 millones; y la licitación de obras por parte del Gobierno central ascendió a 928,1 millones.

Los datos reflejan que la obra civil acaparó en 2010 la mayor parte de la obra pública licitada en la región, con 1.916,9 millones, lo que supone un descenso del 51%, mientras que el resto (1.358,9 correspondió a obras de edificación, que vieron también descender la licitación un 30%.

Por detrás de Málaga y Sevilla figuran Cádiz, con 446,5; Córdoba, con 385,2 millones; Granada, con 334,6; Jaén, con 272,9; Almería, con 251,9; y Huelva, con 201.

53.000 euros para rehabilitar viviendas. Alhaurín de la Torre (SUR)

Siete familias de Alhaurín de la Torre podrán remodelar sus viviendas gracias a unas ayudas de 52.754 euros que son otorgados por la Junta de Andalucía dentro del Plan de Rehabilitación de 2008. El importe de cada una oscila entre 5.000 y 9.000 euros, en función de los trabajos, aunque la subvención no supera el 50% del coste total. Estas ayudas se han completado con aportaciones del Ayuntamiento, según las necesidades económicas y familiares de los solicitantes.

Dueños de casas irregulares se unen para pedir soluciones. Alhaurín el grande (SUR)

Más de 65 asociaciones de vecinos asistirán en localidad a la primera reunión provincial de afectados

01.02.2011 -

J. J. BUIZA

ALHAURÍN EL GRANDE.

Los propietarios de viviendas irregulares de Málaga han unido fuerzas y quieren constituir un movimiento asociativo propio con el objetivo de reclamar soluciones a su situación. Por este motivo, el próximo viernes tendrá lugar en Alhaurín el Grande la primera reunión de carácter provincial, organizada por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (Apvi).

Al encuentro está previsto que acudan los representantes de más de 65 asociaciones de vecinos afectadas por esta problemática, que ha sumido en el «desamparo» a miles de personas en Málaga, según Apvi, colectivo creado hace poco más de un mes y que ya se ha reunido con representantes de las dos principales fuerzas políticas (PSOE y PP). El Valle del Guadalhorce es una de las comarcas más afectadas por esta situación, aunque el mayor número de viviendas irregulares se calcula que se asienta en la Axarquía, donde hay unos 10.000 casos.

Con todo, a la reunión de Alhaurín el Grande, que se ha fijado a partir de las siete de la tarde en una nave del polígono industrial La Rosa, se espera que asistan vecinos de todas las comarcas y, al menos, dos representantes por cada asociación convocada.

Contactos con PSOE y PP

En el encuentro, los responsables de Apvi informarán de todos los pasos que ha puesto en marcha la organización desde su creación y de la respuesta de los partidos políticos a su propuesta de presentar una iniciativa ciudadana en el Parlamento andaluz para legislar la construcción en el campo.

En este sentido, hay que reseñar que este colectivo reclama una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regular la situación de este tipo de viviendas. Se trataría de un cambio normativo similar al que aprobó en su día la comunidad autónoma de Extremadura con el acuerdo del PSOE y del PP. «Somos nosotros los únicos que estamos trabajando para que ésta ley injusta no vea a miles de personas normales como simples delincuentes desamparados, sin defensa, sin medios económicos para hacer frente a juicios y multas millonarias y sin hogar. Esta opresión a la que nos vemos sometidos no hace más que acrecentar nuestro malestar», explicó la presidenta de Apvi, María del Mar Vázquez.

La organización pretende seguir reuniéndose tanto con afectados como con grupos políticos e instituciones hasta encontrar una solución a este conflicto.

Denuncian al alcalde de Sierra de Yeguas por presunta prevaricación (SUR)

El ex regidor Rafael Sánchez Lavado lleva al Juzgado la concesión de la licencia de obras a una urbanización de 45 viviendas

01.02.2011 -

CARMEN MARTÍN

SIERRA DE YEGUAS.

Sánchez Lavado enseña la denuncia presentada.:: C. MARTÍN

La localidad serrana vuelve a estar de nuevo en los Juzgados. El ex alcalde de Sierra de Yeguas y actual concejal, Rafael Sánchez Lavado (PP), ha denunciado al actual regidor, Salvador Ortiz Torres (PA), por un presunto delito de prevaricación al «haber omitido a sabiendas de su injusticia trámites esenciales en la concesión de una licencia urbanística», concretamente para la construcción de 45 viviendas adosadas en la urbanización Sierra Llana, según la denuncia a la que tuvo ayer acceso este periódico de fuentes cercanas al caso.

El propio Sánchez Lavado acudió ayer al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Antequera para registrar la denuncia en la que se detalla que Ortiz concedió supuestamente una licencia de obras en junio de 2005 sujeta a la aprobación definitiva de la modificación de elementos de la UE-R1 y del estudio de detalle del sector, así como a la presentación de un aval que garantizara las obras por 242.754,58 euros. Un mes más tarde volvió a conceder supuestamente otra licencia de obras, en la que se indicaba que habían sido aprobados definitivamente la modificación de elementos y el estudio de detalle y que la única condición era la prestación del aval. En enero de 2006 concedió una tercera licencia de obras para la misma promoción de vivienda, reflejando que ya se había presentado el aval.

Sin permiso de Carreteras

En mayo de 2008 el secretario del Ayuntamiento emitió un informe en el que se indicaba que «no ha sido respetado el procedimiento legalmente previsto, habiéndose omitido trámites esenciales para su concesión», según indica la denuncia, en la que se detalla que presuntamente no constan las autorizaciones o informes que la legislación exige con carácter previo a la licencia, como la autorización de carreteras, ya que las obras afectaban a las zonas de protección de la carretera autonómica A-7279, ni los informes técnicos y jurídicos. «Tan sólo consta el informe técnico posterior a las dos primeras licencias concedidas, el cual advierte que el estudio de detalle está aprobado definitivamente, pero aún no están aprobados el proyecto de reparcelación ni el proyecto de urbanización», continúa la denuncia.

El informe del secretario se realizó para contestar un escrito de la Delegación de Obras Públicas y Transportes que supuestamente reflejaba un procedimiento sancionador contra el promotor de la urbanización por una presunta infracción de la ley de carreteras.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sierra de Yeguas y la Delegación de Obras Públicas zanjaron en septiembre de 2009 con una firma este problema. La entonces delegada de Obras Públicas, Dolores Fernández, argumentó para ello que el acta de cesión de la carretera para que sea una vía urbana de titularidad municipal se inició en marzo de 2005 y había superado ese año todos los trámites excepto el de la firma, ya que ese año abrió al tráfico la variante de la localidad y la vía adquiría un carácter urbano. Por otro lado, también argumentó que había un error entre los planos de Carreteras y los planos del Ayuntamiento y que la urbanización se había construido siguiendo la normativa municipal, dejando así menos metros hasta la vía de lo que exigía Carreteras.

Sánchez Lavado, que fue apartado de la Alcaldía en septiembre de 2009 después de que el PA le presentase una moción de censura que fue apoyada por el único edil del PSOE y la ex edil del PP Josefa Torres, aseguró que estas concesiones de licencias de obras fueron uno de los motivos por el que le presentaron la moción de censura. «Siempre dije que había un tema de ladrillo detrás. Yo nunca me he negado a firmar ni a darle trámite, sino que hice lo que la ley dice que tengo que hacer», afirmó Sánchez Lavado. Por su parte, Ortiz no quiso hacer declaraciones hasta conocer la denuncia, aunque desmintió haber dado una licencia de obras sin los informes pertinentes. Cabe recordar también que Torres denunció en 2008 a Sánchez Lavado por violación y que la causa fue archivada de forma definitiva en abril del año pasado.

Luz verde a la primera piscina cubierta (SUR)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado el estudio de viabilidad económica y el proyecto técnico del conjunto deportivo de piscinas cubiertas municipales, con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Esta instalación se construirá sobre una parcela de 4.022 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento, en el núcleo de Torre de Benagalbón, próxima al arroyo de Benagalbón en el entorno del centro escolar La Marina y en las cercanías del pabellón cubierto municipal.

Vélez no se pone de acuerdo para prohibir las discotecas en suelo residencial (SUR)

Vecinos afectados por los ruidos de El Copo recogen firmas contra la apertura de uno de estos establecimientos en los bajos de un edificio

01.02.2011 -

AGUSTÍN PELÁEZ

VÉLEZ-MÁLAGA.

La mayoría del pleno no apoyo la propuesta sobre las discotecas. :: A. P.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento, formado por PSOE, IU y GIPMTM, no pudo sacar adelante ayer en pleno la propuesta de modificación del PGOU para prohibir las discotecas en los suelos residenciales del municipio, en un intento de acabar de manera decidida con los problemas de ruidos que originan este tipo de establecimientos en el entorno donde se encuentran ubicados.

El asunto no pudo ser aprobado al no contar con el respaldo de la mayoría absoluta de la corporación. La votación puso de manifiesto la poca solidez del equipo de gobierno, desde el momento en que uno de los dos que integran el Grupo Independiente de Torre del Mar, en concreto el edil de Turismo, Javier Checa, optó por abstenerse, dejando sin la mayoría absoluta necesaria al gobierno tripartito.

La propuesta de la Gerencia de Urbanismo incluía no sólo el inicio del expediente para modificar el PGOU, sino también la suspensión provisional durante un año de todas las licencias para la implantación de este tipo de establecimiento de ocio en el municipio.

El PP, que votó en contra, propuso sin éxito a la corporación iniciar el expediente para declarar zona acústicamente saturadas la zona de El Copo y la calle Levante de Torre del Mar.

Precisamente, los vecinos de esta zona han presentado ante la Tenencia de Alcaldía torreña un escrito firmado por más de 30 propietarios de viviendas en contra de la apertura de una discoteca en la zona. Los vecinos recuerdan que la zona de El Copo se ha hecho famosa precisamente por motivar la primera sentencia en Málaga contra un Ayuntamiento por no atajar los problemas de ruidos. El Tribunal Superior se Justicia de Andalucía, primero, y el Tribunal Supremo, después, condenaron al Ayuntamiento veleño a indemnizar con 2,8 millones a 18 vecinos de los edificios Ipanema por los excesos de ruidos de El Copo sufridos entre 1990 y 2003. A esta cantidad habrá que sumar las cifra de 12.000 euros al año para cada demandante mientras duren los ruidos.

Los vecinos, que pensaban que con esta sentencia la zona iba a estar protegida contra las concesiones de licencia para este tipo de locales, han pedido al Ayuntamiento que deniegue la apertura de cualquier discoteca en la zona.

Según el edil de Urbanismo, Salvador Marín (IU), al no salir adelante la propuesta de modificación del PGOU el Ayuntamiento no podrá frenar de ninguna manera la apertura de nuevas discotecas en los casco urbanos, al menos hasta tanto se elabore el mapa de ruidos del municipio.

Urbanismo tomará medidas para evitar las caídas por el bordillo de Madre de Dios (SUR)

El departamento de Proyectos y Obras de la Gerencia baraja cambiarlo por uno nuevo o señalizarlo de forma que sea más visible

01.02.2011 -

JESÚS HINOJOSA

MÁLAGA.

Los salones del distrito Centro acogieron ayer la asamblea de 'Arrabales y Carretería'. :: ÁLVARO CABRERA

El vía crucis de caídas en que parece haberse convertido la calle Madre de Dios, desde que el Ayuntamiento renovara hace meses su pavimento, cesará. Como ayer informó este periódico, el Consistorio ha instalado a lo largo de todo el eje de Madre de Dios y la calle Montaño unos bordillos oblicuos en las aceras que sólo están un poco más elevadas que la calzada y que están ocasionando numerosos resbalones a los peatones. Algunos de ellos, como el caso de una mujer que iba en un grupo de turistas que venían de visitar el Museo del Vidrio el pasado jueves, han precisado incluso atención médica tras haberse lesionado. Esa mujer llegó a herirse en la frente al caer y golpearse con una fachada.

Respuesta a las quejas

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó ayer que el departamento de Proyectos y Obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo ya está estudiando qué medidas pueden adoptarse para evitar esta situación que denuncian vecinos y comerciantes de la zona.

Urbanismo está analizando medidas para que el borde de las aceras sea más visible para los viandantes. En ese sentido, no se descarta cambiarlo por uno nuevo o modificar el que ya existe para que los peatones lo aprecien mejor.

El proyecto para renovar la calle Madre de Dios y la plaza de Montaño, valorado en más de un millón de euros, forma parte del conjunto de actuaciones para el Centro Histórico incluidas en el programa 'Arrabales y Carretería', financiado en un 70% con fondos europeos.

Ayer se celebró una asamblea de seguimiento de este programa, que también ha permitido la construcción de una ludoteca en la plaza del Pericón, donde se han tratado unas medianeras mediante un jardín vertical. Las actuaciones físicas van acompañadas de programas de formación profesional a desempleados y emprendedores, además de ayudas a pequeñas empresas.

La edil de Urbanismo de Torremolinos declara como imputada en el 'caso Arcos' (SUR)

La juez investiga si la concejala participó en la compraventa de una finca siendo asesora jurídica del exalcalde de Alcaucín

01.02.2011 -

AGUSTÍN PELÁEZ

VÉLEZ-MÁLAGA.

La investigación de una supuesta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Alcaucín continúa. La jueza que instruye la causa -la titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón- citó ayer a declarar como imputada a la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, María Isabel Llamas Castañeda. La edil, que fue asesora jurídica durante tres años -desde el 15 de abril de 2004 hasta el 10 de mayo de 2007- del ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, fue preguntada por la jueza sobre las razones por las cuáles abrió una caja de seguridad en una entidad bancaria en marzo de 2006.

Según la investigación, el nombre de María Isabel Llamas habría aparecido en un contrato de compraventa de una parcela de unos 6.500 metros cuadrados situada en suelo rústico. En un documento privado fechado en junio de 2004 figuraba como titular de un 25% de la finca. El resto estaba, según los papeles, en manos de otros dos socios. La parcela fue vendida dos años después y, al parecer, generó una plusvalía total de unos 500.000 euros, a tenor del contrato, que se elevó a público el 16 de marzo de 2006. Curiosamente, el anterior documento de compraventa, en el que figuraría Llamas, fue anulado días antes de fraguarse esta operación. Sobre esa finca, que estaba en suelo rústico, existía una expectativa de negocio por parte de los compradores, que proyectaban construir unas 200 viviendas. Sin embargo, la parcela no se convirtió en urbanizable.

La edil negó los hechos ante la juez y explicó que nada tenía que ver con la operación. Matizó que si su nombre aparecía en la misma tenía que ver con su familia, en concreto su padre que es promotor inmobiliario, extremo éste que corroboró su progenitor, según las fuentes.

Además, Llamas declaró desconocer si la apertura de la caja de seguridad se produjo coincidiendo con la venta de dicha finca por parte de Marcos Zaben a Carloteña y que si ello ocurrió fue por «casualidad»; y dijo que llevaba tiempo pensando abrirla. Asimismo la edil comentó que la finalidad de la caja no era otra que la de guardar una serie de joyas y que su hermana Virginia tenía otra en la misma entidad. No obstante, aclaró que sólo la visitó para cerrarla, lo que tuvo lugar en 2009. Según su declaración, cerró la caja de seguridad porque era muy cara y decidió guardar lo que en ella tenía en la caja de su hermana.

Isabel Llamas es hija, hermana y cuñada de otros tres imputados en el 'caso Arcos', por el que en febrero de 2009 fueron detenidos el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y un jefe de servicio de la Diputación, José Francisco Mora. La operación policial comenzó el 27 de febrero 2009 con la detención de trece personas, entre ellas Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.

El Benítez vuelve a caer en el olvido (SUR)

Fomento elabora aún un borrador de convenio con la Junta y el Ayuntamiento que tendría que estar ya firmado

01.02.2011 -

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

MÁLAGA.

El Ayuntamiento llegó a anunciar que retiraría la demanda sobre la titularidad de las 28 hectáreas del Benítez si se firmaba el convenio para hacer un parque. :: SALVADOR SALAS

Cuatro meses después de que se pusiera la semilla para convertir el antiguo campamento Benítez, que lleva 15 años cerrado a cal y canto, en un parque para uso y disfrute de los malagueños, aún no ha germinado brote alguno que permita albergar la esperanza de que este proyecto pueda ser realidad en un horizonte no muy lejano. El olvido parece haberse instalado en las intenciones de las tres administraciones públicas respecto a esta demanda ciudadana, de la que este periódico se hizo eco en septiembre del año pasado (ver SUR 22/9/2010).

La movilización social derivó en una reunión a tres bandas entre el Gobierno central, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a mediados de noviembre. De aquel encuentro salió un principio de acuerdo para impulsar el deseado parque que se desvaneció en pocas horas por las posiciones enfrentadas que mostraron el alcalde, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, respecto al futuro mantenimiento de la zona. Aquella discusión emborronó la iniciativa hasta el punto de que nada se ha vuelto a saber de ella.

En el encuentro de noviembre se llegó a la conclusión de que el Ministerio de Fomento, propietario del antiguo acuartelamiento, se encargaría de redactar el proyecto del parque, de ejecutar las obras y de financiarlas; el Gobierno andaluz se haría cargo de la reforestación de los terrenos y de la declaración del lugar como parque periurbano y el Consistorio sería el responsable de la explotación y mantenimiento. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, anunció que el ministro de Fomento, José Blanco, remitiría en «pocos días» a la Junta y el Consistorio un borrador de convenio para concretar estas cuestiones. Sin embargo, ese documento no está listo, pese a que se dijo que el acuerdo se firmaría antes de que expirara 2010.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron que el borrador del convenio se encuentra aún en elaboración. «Está actualmente en unos trámites jurídicos y todavía no hay fecha para su culminación», señalaron las fuentes, por lo que la incertidumbre es más que evidente para un protocolo que tendría que definir los plazos de ejecución, la inversión y el contenido del futuro parque en el Benítez.

Conflicto

Fomento dijo que, una vez que se les presentara, el Ayuntamiento y la Junta podrían aportar las alegaciones que estimaran oportunas sobre el borrador. Sin embargo, ambas administraciones no han esperado a ese momento para expresar sus posturas, y el conflicto ha llegado de la mano de las declaraciones que en los últimos meses han ido realizando el alcalde, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, rivales en las próximas elecciones.

Dos días después de la reunión del 15 de noviembre, el alcalde aseguró que no haría frente a los gastos de mantenimiento del parque si no tenía la titularidad de los suelos. Este anuncio molestó sobremanera a la delegada de la Junta, que lo consideró como una «ingrata sorpresa».

No obstante, el distanciamiento entre los dos dirigentes se evidenció aún más cuando, a principios de diciembre, De la Torre presentó una propuesta, avalada por los alcaldes y candidatos del PP de 11 municipios del entorno de la capital, para que el Benítez sea un parque metropolitano que dé servicio a los 830.000 habitantes de estas localidades. De este modo, el mantenimiento debería correr a cargo del Gobierno andaluz.

El regidor anunció entonces que el Ayuntamiento había empezado a redactar el proyecto para el parque sin esperar al convenio con la Junta y el Gobierno central. No obstante, según fuentes consultadas ayer por este periódico, el Consistorio tiene pensadas algunas ideas pero no ha elaborado aún una propuesta concreta. Sobre todo porque todavía no se sabe cuál será el carácter que tendrá ese parque: metropolitano, como pide el equipo de gobierno municipal; o periurbano, como pretende la Administración regional, que incluso en el último informe sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dejó claro que no puede aplicarse un carácter metropolitano al parque en el Benítez ya que, según la Junta, únicamente tiene esa condición el Museo del Transporte que ideó Fomento para la parcela y que, según se dijo tras la reunión de noviembre, no se descarta, si bien está aparcado por la crisis.

Así, el parque en el Benítez no tiene todavía ni convenio para su puesta en marcha, ni proyecto para concretar sus posibles contenidos, ni consignación presupuestaria más allá del anuncio que el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, realizó en el Parlamento andaluz de que habrá partida en 2011 para esta actuación con cargo al plan forestal regional. No obstante, no llegó a determinar cuantía alguna.

Una central 'fantasma' (Málaga Hoy)

La planta de Campanillas debía haber entrado en funcionamiento en 2009, aunque la caída del consumo hace innecesaria su puesta en servicio

RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 31.01.2011 - 01:00

Planta de ciclo combinado que Gas Natural construyó en la zona de Campanillas.

La crisis económica ha dado al traste con los planes de la empresa Gas Natural para producir energía eléctrica en la central térmica de ciclo combinado que construyó en la zona de Campanillas de Málaga capital. Ya hace más de un año y medio que la instalación, que pretendía acabar con la dependencia energética que sufre la provincia de Málaga, debía haberse puesto en marcha. Y hasta ahora no sólo no ha comenzado a funcionar, sino que la compañía no tiene ninguna previsión de hacerlo a corto plazo por la sencilla razón de que no hay demanda suficiente que justifique su entrada en servicio, unido además a las suaves temperaturas que está habiendo durante este invierno.

La reducción progresiva que se ha producido desde hace dos años en el consumo eléctrico de la provincia debido, sobre todo, a la caída de la actividad industrial y empresarial ha tirado por tierra los planes previstos por Gas Natural de poner en funcionamiento la planta con la que pretendía generar la energía capaz de abastecer a más de medio millón de personas. Unos 400 megavatios es la producción máxima a la que podría llegar la central térmica que costó más de 250 millones de euros.

Pero a pesar de que el panorama no es muy halagüeño si se mantiene la disminución de la demanda por culpa de la crisis económica, la empresa insiste en que "la rentabilidad de la planta estaba pensaba a largo plazo por lo que de momento situaciones como éstas ya están previstas de antemano antes de realizar una inversión de estas características".

La central de Campanillas no está vertiendo energía a la red eléctrica, pero sin embargo sí esta funcionando. Y es que la parada total de las instalaciones supondría un grave perjuicio para la costosa y compleja maquinaria de la planta, por lo que Gas Natural está aprovechando este periodo para continuar haciendo pruebas y perfeccionar todos los aspectos técnicos.

"Nunca vamos a cobrar de la promotora el dinero de un piso que no nos han dado"(Málaga Hoy)

Macías, letrado experto en temas inmobiliarios con despacho en Marbella, destaca que la única forma de recuperar la inversión dada por pérdida es denunciar a los bancos o a las compañías de seguro

ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 31.01.2011 - 01:00

Es abogado, trabaja en Marbella y acaba de publicar un libro que se llama Compradores incautos de viviendas nuevas. Soluciones Prácticas, un tema de la máxima actualidad teniendo en cuenta las miles de irregularidades urbanísticas detectadas en toda la Costa del Sol durante estos años.

-El título de su libro viene al pelo. Y más en Marbella.

-Sí, precisamente por eso lo he escrito. Llevo 10 años especializado en defender a compradores de viviendas en promociones fracasadas, es decir, en promociones de viviendas que ni siquiera se han empezado a pesar de que se pagó anticipadamente una buena parte del precio, promociones abandonadas por falta de financiación, temas de malos acabados, malas calidades, problemas con licencias de primera ocupación, con los suministros... Últimamente estamos viendo que muchas personas compraron una vivienda y ahora no la pueden pagar porque sus situaciones personales han cambiado por la crisis.

-En todos esos casos hay muchas familias que han pagado, por ejemplo, 50.000 euros y no tienen ni casa ni dinero. ¿Qué se puede hacer?

-Lo que hay que hacer es denunciar el incumplimiento del contrato y reclamarle los fondos a la promotora. La promotora no suele pagar nunca. Normalmente porque no quiere, pero además las promotoras inmobiliarias son por la naturaleza de su negocio habitualmente insolventes. Entonces no queda más remedio que ir a juicio y demandar también a la entidad bancaria o la compañía de seguros que haya garantizado los fondos de esa promoción si es que existe, porque el 50% de las promociones inmobiliarias no ofrecen esas garantías a pesar de que están exigidas por ley.

-¿Qué se puede hacer si no hay garantías?

-En ese caso hay que demandar al banco que haya financiado la promoción porque tenía que haber exigido esas garantías antes de permitir el uso de los fondos.

-Entiendo entonces que, por un lado u otro, se puede conseguir el dinero en principio perdido.

-Sí, sí. La opción de demandar al banco es una línea todavía bastante novedosa. Hay pocas sentencias pero cada vez hay más.

-Habrá sido usted testigo directo de un boom de demandas en la Costa del Sol por estos asuntos.

-Está habiendo muchísimos casos. Las promociones que se estaban construyendo se han encontrado con muchos problemas financieros y muchas se han parado. También ha habido casos de licencias de obras que se concedieron a la ligera y que ahora, ante la persecución de la corrupción urbanística, los propios ayuntamientos están revocando esas licencias o revisándolas. Esto está pasando sobre todo en la zona de la Axarquía.

-¿Cuánto tiempo pasa desde que el comprador pone la denuncia hasta que se dicta sentencia?

-Una sentencia se puede tener en ocho meses, aunque este plazo se está retrasando porque los juzgados tienen cada vez más carga de trabajo, por lo que estamos llegando al año. De todas formas, se tarde mucho o poco, lo que hay que tener en cuenta es que la única vía de recuperar el dinero invertido. O vamos por el camino judicial o ninguno, porque recuperar el dinero de la promotora es prácticamente imposible. Si esperamos cobrar de la promotora, no vamos a cobrar nunca. La única forma es hacer responsable al banco o a un seguro. Si se va solo contra la promotora, ésta puede tener 10 viviendas sin vender con una carga hipotecaria. Si eso se embarga y se intenta subastar por vía judicial probablemente no va a haber postores.

-¿Se han dado casos de personas que hayan comprado un inmueble, no le hayan dado la escritura, se haya embargado y el banco lo haya vendido a otra persona?

-No se está dando todavía o por lo menos yo no he visto ninguno porque efectivamente los bancos están embargando viviendas y quedándose con ellas pero tienen muy difícil venderlas. De todas formas, es posible que se planteen estos casos en poco tiempo.

-¿Qué caso le ha llamado más la atención?

-Mis clientes son siempre personas muy enfadadas o muy asustadas. Recuerdo una promoción en Almogía que tenía veintitantos compradores, sin garantía de ninguna clase y daban el dinero absolutamente por perdido. Recuerdo una reunión tumultuosa en Fuengirola con todos chillando y preguntando qué íbamos a hacer. Al final todo el mundo recuperó su dinero, aunque necesitamos casi un año.

-¿Qué le recomendaría usted a alguien que quiera comprar un piso en estos momentos?

-Lo primero que recomendaría es que cuando están comprando vivienda sobre plano sean conscientes de que están comprando algo que no existe todavía y que no hay ninguna garantía de que eso vaya a existir. Por muy bien hecho que esté el contrato nadie garantiza que las obras vayan a llegar a buen fin. Hay un riesgo. A partir de ahí recomiendo que se gasten 200 euros en un abogado para que, al menos, mire los papeles y les diga qué falta o qué hay que pedir. Es mejor gastarse esos 200 euros anticipadamente que tener luego un pleito y gastarse 4.000 euros.

-¿Y en el caso de viviendas ya terminadas?

-Es más seguro porque compras ladrillos que existen. Puede haber otros problemas, como que la vivienda no pertenezca a la persona que te la ha vendido, que tenga cargas de las que nadie le informó, que tenga defectos de construcción.