martes, 26 de febrero de 2008

La Junta espera una respuesta del Consistorio sobre las 1.200 VPO. Ronda (SUR)


El edil de Obras tacha el reclamo de medida «electoralista». Las casas del Olivar de las Monjas se sortearán en marzo

La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, manifestó ayer que el Ayuntamiento aún no ha respondido al protocolo que recibió a mediados del pasado mes de enero para la construcción de 1.235 viviendas protegidas, de las que la Junta de Andalucía subvencionaría 3.000 euros por vivienda construida. López añadió que con este tipo de iniciativas se podría evitar la escasez de vivienda asequible para los sectores más desfavorecidos como son los jóvenes, las personas mayores y las familias con menos recursos económicos.
Sin suelo
En este sentido, la delegada apuntó que «lo más importante es que, cuanto antes, se ponga el suelo para la construcción de este tipo de viviendas». El concejal de Obras del Ayuntamiento, José Herrera, respondió a estas declaraciones argumentando que, con el protocolo, la Junta «lo que quiere decir es que tiene la intención de hacer» las viviendas, pero que en ningún momento este es un documento en el que cierre un proyecto concreto. El edil tachó estas declaraciones como «electoralistas» y añadió que lo que tiene que hacer la Junta es saldar la deuda de unos 600.000 euros que debe al Consistorio por actuaciones como la rehabilitación de viviendas. Herrera manifestó también que ahora no es el momento de contestar a la propuesta de la Junta sobre VPO y que lo harán después de las elecciones, ya que puede que tengan que tratar con otra consejería «que esté más centrada en la realidad». Por otra parte, el edil recordó que durante marzo se realizará el sorteo de las 111 VPO del Olivar de las Monjas que se van a empezar a construir «en breve». Actualmente el Consistorio está elaborando la lista previa que se publicará a principios de marzo.

Un nuevo estudio revaloriza la iglesia rupestre de Coín como elemento histórico y patrimonial (SUR)


El informe de la Fundación García Agüera señala al conjunto de cuevas como el monumento más antiguo de la localidad

La antigua iglesia rupestre de Coín es el monumento más antiguo que se conserva en la localidad y el conjunto mozárabe más grande de toda la provincia de Málaga junto con la iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza de Ronda. Así se asegura en un nuevo estudio sobre este lugar que ha sido elaborado por la Fundación García Agüera y que trata de poner en valor la importancia histórica y patrimonial de estas cuevas, cuyo origen se data entre los siglos IX y X.En el informe, que ha sido redactado por el director del archivo histórico de la Fundación, Francisco Marmolejo Cantos, se alude expresamente al «atractivo turístico incuestionable» de la antigua iglesia, tanto por la grandiosidad del conjunto como por su innegable valor histórico-artístico y su proximidad al centro histórico de Coín.
En manos privadas
El informe ya ha sido remitido al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que en estos momentos trabajan en la recuperación para uso público del recinto, que desde hace más de medio siglo se aprovecha como carpintería por estar la propiedad en manos privadas. Entre las conclusiones del estudio se sugiere también la importancia que pudo tener el conjunto rupestre en el origen de la actual población de Coín, ya que, al parecer, las cuevas estaban habitadas ya en época medieval por mozárabes, en fechas en las que no existen datos históricos sobre Dakwan, nombre primitivo del asentamiento del que derivó el Coín actual.Desde la Fundación García Agüera instaron a las administraciones a que se declarara como Bien de Interés Cultural el conjunto de estas cinco cuevas y que se incluyera también en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Por su parte, la concejala de Cultura, Lina Vidales, aseguró que en estos momentos sigue en marcha el expediente de incoación abierto por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en mayo del pasado año. A través de ese expediente, la Junta pretende hacerse con la propiedad de las cuevas para su posterior aprovechamiento y puesta en valor. No obstante, Vidales añadió que el Ayuntamiento seguirá negociando con los actuales propietarios hasta alcanzar un acuerdo que permita el traslado de la carpintería. Precisamente, hace unas pocas semanas el conjunto rupestre fue visitado por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres.

Inician la reparación del recinto de La Almijara antes de trasladar el mercadillo. Nerja (SUR)


El Ayuntamiento prevé que el arreglo de los daños provocados por la tormenta acabe en mes y medio

EL COMPLEJO
Ubicación: El nuevo recinto para el mercadillo de los martes está junto a la urbanización La Almijara, en la zona norte de Nerja.
Características: Tiene una superficie de 11.500 metros cuadrados, donde se trasladarán los 205 puestos con que cuenta el mercadillo de los martes, que ahora se instala en la zona de El Chaparil.
Obras: La empresa Ecur ha sido la encargada de construir el recinto, con un presupuesto de 713.282 euros. La tormenta del pasado 21 de septiembre dañó diversas zonas del asfalto, que ayer comenzaron a ser reparadas.
Plazos: El Ayuntamiento prevé que los trabajos duren un mes y medio. Una vez que el Consistorio recepcione las obras, iniciará los trámites administrativos para trasladar el mercadillo desde El Chaparil a La Almijara, para acabar así con las quejas de vecinos y comerciantes.

El traslado del mercadillo de Nerja desde la zona de El Chaparil hasta La Almijara está cada día más cerca. Ayer comenzaron los trabajos de reparación de los daños producidos por la tormenta del pasado 21 de septiembre en el nuevo recinto donde se ubicará el popular mercadillo de los martes. Así lo confirmó el concejal de Infraestructuras, José Alberto Tomé (PP), quien estimó que en un mes y medio acabará la reparación de las zonas de asfalto afectas.Una vez que el Ayuntamiento recepcione la obra, que está siendo ejecutada por la empresa Ecur, iniciará los trámites para proceder al traslado de los 205 puestos que se siguen instalando en El Chaparil, según explicó el concejal de Mercadillo, José Miguel Jimena (PP), quien no quiso precisar una fecha concreta de cuándo se procederá al traslado. «Estamos trabajando intensamente para sacar el mercadillo de El Chaparil, pero tuvimos la desgracia de la tormenta, que dañó el recinto, por lo que hemos pedido a la empresa que lo repare», manifestó.Así, la constructora Ecur, que fue la encargada de acondicionar este complejo de 11.500 metros cuadrados, es la que está procediendo a reparar los daños en el asfalto ocasionados por las lluvias torrenciales del pasado 21 de septiembre, cuando cayeron hasta 200 litros en apenas tres horas. «Como aún no habíamos recepcionado la obra, la empresa se está encargando de los arreglos», explicó Jimena. El presupuesto de construcción del nuevo recinto asciende a 713.282 euros.
Quejas vecinales
Las nuevas instalaciones incluyen 205 puestos de tres por seis metros y calles de 4,45 y 3,4 metros. En la zona se han instalado aseos y habrá una oficina de la Policía Local para el control de la venta y la seguridad. El recinto también cuenta con aparcamientos para clientes y vendedores. El Ayuntamiento confía en que con el traslado del mercadillo se solucionen los problemas de tráfico que se registran todos los martes en la zona de El Chaparil y se acabe con las molestias a vecinos y comerciantes, que vienen reclamando el cambio de ubicación desde hace varios años. El Consistorio cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN).Sin embargo, la Asociación de Vendedores Ambulantes de Málaga (AVAM), se mostró contraria, el pasado diciembre, al traslado de ubicación, aduciendo «falta de seguridad y lejanía de centro». «Es el fin del mundo», dijo su presidente, Juan Rojas. El colectivo ha llevado el asunto a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El Ayuntamiento buscará otras vías para crear VPO antes de firmar con la Junta. Fuengirola (SUR)


Oña aplaza la oferta del Gobierno autonómico para la construcción de 2.281 viviendas hasta saber si cuenta con suelo disponible y si hay posibilidad de hacerlas más baratas. El PSOE insiste en que «comete un error» si no se adhiere al protocolo

El grupo municipal socialista llevó ayer al pleno el protocolo de actuación propuesto por la Junta de Andalucía para impulsar la construcción de las 2.281 viviendas protegidas necesarias en el municipio, según el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, para cubrir la demanda actual. A pesar de su insistencia, se quedó sin conseguir lo que pretendía: que el equipo de gobierno que encabeza Esperanza Oña dejara de dar largas al tema y tomara la decisión de aprobar o rechazar en sesión plenaria el convenio del Ejecutivo autonómico. El resultado fue aplazar nuevamente la decisión, una medida que contó con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención del PA, que si bien se mostró a favor del protocolo, vio con buenos ojos tomarse un tiempo para pensar cómo llevarlo a cabo, «al menos hasta después de las elecciones autonómicas y generales del próximo 9 de marzo».Oña dejó claro que la propuesta de la Junta «no es la única salida para construir VPO en el municipio» y se comprometió a sopesar «otras alternativas más rentables». «Firmaremos el convenio si no encontramos nada más favorable. Pero hacerlo ahora es precipitado, es como dar un cheque en blanco a una serie de incógnitas que no están claras». Por un lado, la falta de suelo disponible, pendiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que no podrá aprobarse hasta tener el visto bueno de la Junta. Por otro, el precio de las viviendas. El protocolo establece un máximo de 90.000 euros y ofrece una subvención por cada una de ellas de 3.000. Para Oña este precio es «mejorable». Por último, el papel que juega el Gobierno socialista en el convenio. Según Oña «el protocolo sólo sirve para que se inmiscuya en los asuntos de Fuengirola. Si el Ayuntamiento pone el suelo; los bancos, la financiación; y el inquilino, el dinero, ¿por qué la Junta debe controlar la comisión de seguimiento?», preguntó la primera edil. Para el PSOE no es más que «una estrategia para ganar tiempo». El PA sostiene que si el problema es la falta de suelo «el equipo de Gobierno local debería empezar a conseguirlo después de las elecciones». Así las cosas, no queda más remedio que esperar. Al menos seis meses, que es el plazo máximo que tiene Fuengirola para adherirse al protocolo, al que ya pertenecen otros municipios de la provincia como Vélez-Málaga, Mijas o Benalmádena.

La circulación en Antonio Machado se reducirá a un carril hasta junio. Benalmádena (SUR)


Las tres fases de la renovación del saneamiento en la principal arteria de Benalmádena Costa se ejecutará de forma simultánea después de Semana Santa. Las obras, destinadas a evitar las inundaciones, costarán 917.000 euros

TRES FASES
Avda. La Roca-rotonda de Los Molinillos: Instalación de un colector soterrado de 800 milímetros de diámetro, con un presupuesto de 161.529 euros.
Carril de Siroco-Avda. San Fermín: Colocación de otro colector similar, por 430.565 euros.
Avda. Alay-Carril de Siroco: Instalación de dos colectores de mayor capacidad. El coste de este tramo es de 324.915 euros.

Si la circulación ha sido complicada en los últimos meses por la renovación de la red de saneamiento en la avenida de Las Palmeras, la situación se puede agravar más aún después de Semana Santa, cuando está previsto que comiencen los trabajos en la avenida Antonio Machado. Unos trabajos que obligarán a reducir la circulación a un solo carril por sentido al menos hasta junio en la principal arteria de Benalmádena Costa. Para evitar que las obras se prolonguen más allá del verano, el Ayuntamiento ha optado por ejecutar todos los tramos de forma simultánea. «La renovación se va a realizar en tres fases, y hemos optado por afrontarlas al mismo tiempo con objeto de abordar toda la obra en tres meses, en lugar de los nueve meses que tardaríamos si las desarrollásemos una detrás de otra», explicó el concejal de Infraestructuras y Obras, Joaquín Villazón.El proyecto, con un presupuesto de 917.000 euros y dividido en tres tramos (avenida La Roca-rotonda de Los Molinillos, Carril de Siroco-avenida San Fermín y avenida Alay-Carril de Siroco), consistirá en la instalación de colectores soterrados para evitar inundaciones.
Renovación integral
Con estas obras se dará por concluida la remodelación de la red de saneamiento y pluviales en Benalmádena Costa. Un proyecto que comenzó en la avenida de Las Palmeras para, a continuación, abordar un primer tramo de Antonio Machado. El objetivo municipal es que esta primera fase esté lista en unos días. A continuación, se afrontarán los trabajos en la avenida del Parque, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses. En este sentido, el edil aseguró que en Semana Santa se taparán las zanjas que más molestias puedan provocar a comerciantes, vecinos y turistas.El teniente de alcalde de Benalmádena Costa, Francisco Salido, también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. «Debido a su alcance y relevancia, sabemos que las obras pueden ocasionar molestias. Pero deben estar tranquilos: en Semana Santa se paralizarán los trabajos que ahora están en marcha, y las tres fases de Antonio Machado no se abordarán hasta después de estas fechas, y estamos seguros de que acabarán antes de la llegada del verano», matizó.

El derribo de Prasa entra en su recta final. Estepona (SUR)

Los trabajos de demolición de la estructura del hotel de Prasa avanzan a buen ritmo y ya se encuentran en el meridiano de su ejecución. El derribo comenzó el pasado día 4 y se prevé que finalice a principios de abril. La actuación eliminará una de las grandes moles urbanísticas levantadas junto al litoral. El edificio, que tuvo su embrión durante la era GIL, llevaba paralizado desde 2003 porque invadía zona de protección del dominio público y no se ajustaba a la legalidad urbanística. La parcela dispondrá tras la demolición total de la estructura de 7.000 metros cuadrados edificables

El vial de acceso al futuro Chare estará construido a principios de otoño. Estepona (SUR)


El Consistorio firma un convenio para la urbanización de este sector y de la carretera que unirá la A-7 con el futuro centro hospitalario. La obra comenzará a ejecutarse dentro de un mes y medio y supondrá una inversión por parte de las promotoras de la zona de tres millones de euros

El Ayuntamiento de Estepona ha firmado un convenio de gestión con las empresas promotoras de la zona donde se ubicará el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución Especializada (Chare) para definir -en términos temporales y de financiación- la ejecución del planeamiento de este sector. Dentro de estas obras de urbanización se encuentra el vial que dará acceso al futuro centro hospitalario y que conectará la A-7 con la finca Santa María, ubicada al oeste del término municipal. La carretera estará ejecutada en un plazo de siete meses, según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. El Consistorio prevé otorgar en unas dos semanas la licencia de obra para poder comenzar la ejecución de este vial, que contará con cuatro carriles y tendrá 1,5 kilómetros de longitud. El coste de esta inversión asciende a unos tres millones de euros y será sufragado por las promotoras, entre ellas, la empresa Azata.
Primera piedra
El plazo de finalización de esta infraestructura coincidirá con el inicio de las obras del complejo sanitario. La Junta de Andalucía espera que la primera piedra de este equipamiento se coloque a finales del primer semestre de este año. De hecho, la redacción del anteproyecto y proyecto básico de ejecución y dirección de la obra se adjudicó de forma definitiva hace unos meses a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por seis sociedades.El Ayuntamiento y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía firmaron el pasado 12 de marzo el convenio para la cesión de los terrenos donde se prevé ubicar estas instalaciones sanitarias. En total, la Administración andaluza destinará 21 millones de euros para la construcción del centro, que tendrá un plazo de ejecución de unos dos años.El centro hospitalario supondrá un importante impulso a la medicina moderna y reducirá el tiempo de espera para obtener los resultados de los diagnósticos. Entre los servicios que prestará el futuro complejo, que se comenzará a construir en seis meses, se encuentran 16 especialidades y seis áreas funcionales. Entre éstas destacan las áreas de digestivo, cardiología, cirugía, dermatología, neumología y ginecología, entre otras.

La amenaza de derribos se extiende a varios municipios de la provincia (Málaga Hoy)

A las órdenes de demolición de Marbella y Mijas se suman las miles de viviendas ilegales de Estepona y Málaga, entre otros · Los ayuntamientos optan por regularizar las obras antes que usar la piqueta
La amenaza de la piqueta empieza a extenderse por toda la provincia de Málaga. Lo que hasta hace apenas unos años era casi un temor que quedaba reducido al municipio de Marbella, ahora el número de ciudadanos sobre cuyas viviendas pesa la sombra del derribo se ha multiplicado exponencialmente, bien por levantarse en suelo no urbanizable o por hacerlo sobre espacio de dominio marítimo terrestre. Esta realidad salta ahora a primer plano después de que se hayan constatado las reiteradas irregularidades urbanísticas que se han venido cometiendo en territorio malagueño.Marbella, Mijas, Estepona, Málaga capital, La Viñuela, Cártama, Arenas, Tolox… Son algunas de las localidades en las que el urbanismo o ciertas prácticas del mismo están bajo sospecha. Todas ellas acumulan miles de construcciones levantadas de manera irregular y al margen del ordenamiento, aunque no en estos los casos la demolición es una opción contemplada por las corporaciones municipales. De hecho, en la totalidad de estos municipios es la última y menos deseada medida, aún a sabiendas de que los propietarios de las viviendas han actuado en contra de la legalidad.El máximo exponente en esta dinámica de incumplimiento es Marbella. Aunque con el transcurrir de los meses la imagen de derribos masivos parece difuminarse. Si originalmente la cifra de edificaciones al margen de la ley era de unas 30.000, en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) redujeron el dato hasta 3.000 y articularon los mecanismos necesarios para que mediante compensaciones de suelo, los promotores pudiesen normalizar buena parte de estas actuaciones. No obstante, de acuerdo con los análisis de los redactores del documento, alrededor de 700 seguirán estando al otro lado de la norma, por lo que podrían ser objeto de derribo. Algo a lo que parece oponerse el equipo de gobierno del PP, que insiste en aplazar cualquier intervención a la espera de que el planeamiento local sea aprobado de manera definitiva.La medida del gobierno municipal marbellí no dista en absoluto de la emprendida por otros ayuntamientos, como el de Estepona, Mijas o Málaga. En el primero de los municipios, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, admite la existencia de unos 2.000 expedientes de viviendas ilegales levantadas en suelo no urbanizable. Sin embargo, el empleo de la piqueta es una opción que no pasa por su cabeza, a excepción de actuaciones muy concretas que se localicen en zonas de riesgo, como cauces, o que afecten a espacios sobre los que el Ayuntamiento prevea intervenciones de interés. "Nuestra obligación ahora es intentar una legalización de todas las viviendas en el Plan General nuevo", comentó el edil. Pero más allá de estas actuaciones, Estepona sí ha sido testigo en los últimos meses de una de las pocas demoliciones ejecutadas sobre una construcción ilegal, el hotel levantado por Prasa sobre dominio marítimo terrestre.El temor a las demoliciones también saltó hace unos meses en Mijas, donde el Ayuntamiento contabiliza 3.000 expedientes por infracción urbanística. En 300 de estos casos, el Consistorio inició la notificación de multas y órdenes de demolición, que, de momento, siguen sin hacerse efectivas. La corporación mijeña, por unanimidad, acordó a finales de enero buscar una salida a estas viviendas y analizar las herramientas legales disponibles para legalizarlas. En la capital de la Costa del Sol, las construcciones al margen del ordenamiento se cuentan por millares. Son los denominados diseminados, o lo que es lo mismo, actuaciones sobre suelo rústico que se iniciaron como casas de apero pero que al final se convierten en viviendas. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, admite que la intención del Ayuntamiento no pasa por demoler ninguna e incluso recuerda que la revisión del PGOU apuesta por normalizar la situación de once de estos núcleos, en los que habitan unos 880 habitantes.También en este término municipal, la sombra del derribo viene planeando desde hace décadas sobre los dueños de las casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo situadas en dominio marítimo terrestre. Los responsables de la Dirección General de Costas, que inicialmente no descartaba la posible demolición de algunas viviendas, apuestan ahora por legalizarlas mediante un desplazamiento de la linde marítima. En un estado similar se encuentra medio centenar de edificaciones en Mezquitilla y Lagos y otras siete en Manilva

lunes, 25 de febrero de 2008

Cártama y Pizarra exigen que el POT se ajuste a sus previsiones de crecimiento (SUR)


Los ayuntamientos reclaman que el plan de la Junta contemple más infraestructuras y servicios para la población futura

ALGUNAS ALEGACIONES
Cártama
Urbanismo: Se pide que el foco de VPO previsto en Nueva Aljaima se distribuya por cuatro zonas diferentes del término municipal.
Carreteras: Solicitan mejoras en las infraestructuras viarias para agilizar la comunicación entre los diferentes núcleos del término municipal.
Tráfico: El Ayuntamiento considera clave prever la llegada del metro de Málaga.
Pizarra
Comunicaciones: Se reclama una circunvalación en La Vega y un vial de entrada y salida al Olivar.
Servicios: Se cree necesario extender las conducciones de gas natural hasta el futuro parque de la Construcción.
Industria: Se pide la diversificación de las opciones empresariales del parque de la Construcción.

Los ayuntamientos de Cártama y Pizarra han basado sus alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Área Metropolitana de Málaga en el hecho de que el documento no tiene en cuenta las previsiones de crecimiento reales de ambos municipios. Sin ir más lejos, fuentes del equipo de gobierno cartameño explicaron a este periódico que los parámetros del documento de planificación territorial que prepara la Junta de Andalucía establecen una población de 20.000 habitantes en la localidad para el año 2018, cuando esa barrera se ha superado en el padrón actual hace ya varios meses.Algo parecido sucede en Pizarra, donde los técnicos municipales creen que habría que calcular los servicios al menos para la previsión de población de 2016 (12.076 habitantes) y no para poco más de 8.900, tal y como se ha hecho. En este sentido, el Ayuntamiento pizarreño ha solicitado «recalcular las infraestructuras previstas, ya que se han realizado en base a una previsión de población insuficiente». Es más, desde Pizarra también alegan que el POT debería permitir un aumento del número máximo de viviendas autorizadas para «absorber la demanda» que producirá el futuro parque de la Construcción, previsto junto a la autovía del Guadalhorce (A-357).Y es que el urbanismo y los límites que establece el plan territorial a la hora de construir centran una buena parte de las alegaciones. Así, el Ayuntamiento de Pizarra solicita también que se cambie la clasificación del núcleo urbano de La Vega Hipólito, que en el documento de la Junta aparece como no urbanizable de especial protección a pesar de que es una de las barriadas más antiguas del municipio.
Polémicas VPO
En Cártama uno de los proyectos que ha causado más polémica ha sido el núcleo residencial que el POT propone en Nueva Aljaima, donde la Junta reserva 160 hectáreas para la construcción de viviendas, un 60 por ciento de ellas de promoción pública. Para evitar la creación de un posible gueto, el Consistorio ha planteado que las VPO previstas se distribuyan por cuatro zonas diferentes del término municipal.La iniciativa de la Junta ha sido también duramente criticada por la mayoría de los grupos de la oposición (PP, Vecinos por el Cambio y Candidatura Progresista Independiente de Cártama), que iniciaron una campaña para recoger cerca de 2.000 alegaciones vecinales en contra de dicha concentración de viviendas.

Urbanismo declara desierta la subasta de una parcela pública de 10.711 metros. Torrox (SUR)

La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento ha dictaminado favorablemente declarar desierta la subasta de una parcela municipal de 10.711 metros cuadrados de superficie ubicada en Calaceite, al no haber registrado el concurso ninguna oferta por parte de ningún interesado. La parcela fue puesta a la venta con un precio de salida de 7.112.000 euros y con una capacidad para construir 92 viviendas. El problema. según el edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno, es que «ahora nadie invierte en suelo para construir». Además, se trata de una parcela no urbanizada y con importantes cargas externas, por lo que una vez declarado desierto el concurso lo que procede es iniciar un procedimiento negociado en el que el Ayuntamiento podrá rebajar el precio un 10 por ciento.
Segunda parcela
Esta es la segunda vez que el Consistorio se ve obligado a declarar desierta la subasta de una parcela municipal en el mismo sector, la anterior, de 5.726 metros y una capacidad para 49 viviendas, salió un valor de 3,8 millones de euros, pero tampoco registró oferta alguna. Se da la circunstancia de que tampoco por el procedimiento negociado el Ayuntamiento ha logrado vender el suelo. El problema es que el Consistorio se queda sin vía para financiar la inmensa mayoría de las inversiones recogidas en el presupuesto prorrogado de 2007. El anterior gobierno municipal había previsto ingresar unos 11 millones de euros a través de la venta de las dos parcelas.El equipo de gobierno se deberá decidir si rebaja el precio de ambas superficies, continúa con el presupuesto de 2007 o elabora uno nuevo sin tener ninguna vía para financiar los proyectaos, que no sea la de acudir a un crédito.

El acuerdo para el campus universitario despeja el desarrollo del nuevo PGOU. Estepona (SUR)


Este compromiso desbloquea la firma del convenio para el desarrollo de los suelos de la Herencia Nadal, situados en Arroyo Vaquero y Guadalobón. La revisión del planeamiento tendrá que salvar otro condicionante y deberá adaptarse a la normativa andaluza sobre el suelo

El equipo de gobierno ha salvado uno de los principales escollos para concluir el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la actualidad, pendiente de su aprobación inicial. La firma del acuerdo marco para la creación de un campus universitario en Estepona desbloquea la posibilidad de suscribir el convenio urbanístico para determinar el futuro y desarrollo de los suelos vinculados a la Herencia Nadal, situados en la zona de Guadalobón y Arroyo Vaquero. «Desde el inicio del mandato he insistido en decir que uno de los condicionantes que determinaba la posibilidad de concluir el plan era saber qué iba a suceder con la universidad porque ligada a ella había unos desarrollos urbanísticos vinculados a la Herencia Nadal. Ahora se despeja uno de los condicionantes del plan porque se necesitaba saber si esos suelos se iban a desarrollar antes o después de la aprobación del PGOU», agregó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte.
Ultimar negociaciones
Con todo, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, recordó que uno de los compromisos adquiridos durante el pasado mandato contemplaba que no se firmaría el convenio urbanístico de la Herencia Nadal hasta que no se tuviera un compromiso de hacer realidad el proyecto universitario. El regidor recordó que el acuerdo englobará la totalidad de los suelos de esta zona del oeste del término municipal.El equipo de gobierno trabaja ahora en ultimar los aspectos urbanísticos relacionado con el desarrollo de los suelos de la Herencia Nadal para firmar el documento de convenio. La actuación en los suelos con destino público contempla la creación del campus universitario sobre 300.000 metros y un campo de golf, sobre el doble de esta superficie, en la zona de Arroyo Vaquero. En el área privada se prevé crear un desarrollo residencial y turístico, según explicó Duarte. Así las cosas, el edil ha solicitado al redactor del futuro planeamiento, Enrique Bardají, un encuentro para seguir adelante con la elaboración del documento. Lo cierto es que para concluir el documento se tendrá que eliminar otro de los condicionantes del planeamiento mediante la adaptación del futuro de la ciudad a la legislación andaluza sobre el suelo.

Las obras de la nueva sede de la Escuela Superior de Empresas en Torre Atalaya empezarán este año (SUR)


La entidad, participada por el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja, decidirá el diseño del edificio entre dos propuestas

La zona de Teatinos contará con un nuevo edificio oficial que se sumará a los que ya han abierto sus puertas en los últimos meses, como la Ciudad de la Justicia, y a los proyectados para los próximos años. Se trata de la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), que actualmente tiene su sede en el edificio Mena, situado en la calle Calvo, y que se trasladará a un nuevo inmueble que se construirá en una parcela situada en la zona de Torre Atalaya conocida como Hacienda Altamira. Fuentes cercanas al proyecto indicaron que las obras del edificio comenzarán a lo largo de 2008.El solar, que tiene una superficie de 2.535 metros cuadrados, fue cedido con este fin por la Gerencia Municipal de Urbanismo por un plazo de 50 años prorrogables hasta 75. Está situado en la avenida del Editor Ángel Caffarena y posee la edificación en ruinas de una casa y un frondoso jardín con ejemplares arbóreos de gran interés.


Promálaga y Unicaja


ESESA, fundada en 1988 y perteneciente al 50% a la empresa municipal Promálaga y a Unicaja, es una escuela de negocios dedicada a la formación de personas capacitadas para la administración de empresas. Su sede actual, en el edificio Italcable, se ha quedado pequeña para poder albergar todos los nuevos espacios que necesita la entidad, como una asociación de antiguos alumnos, una biblioteca y un departamento de salidas profesionales, entre otros.La entidad tiene previsto celebrar las próximas semana un consejo para escoger uno de los proyectos encargados para el nuevo edificio, para el que se ha previsto que tenga un diseño singular. Según las fuentes, una vez escogido uno de los dos, las obras comenzarán «lo antes que sea posible».Uno de los proyectos está firmado por Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto. Estos arquitectos han ideado un edificio cilíndrico, recubierto con una fachada de cristal, que tendría 35 metros de diámetro y 14 metros de altura. En torno a un patio circular, se ordenan el resto de dependencias del complejo, diferentes aulas, despachos y un salón de actos, situados sobre dos sótanos de aparcamientos.El otro diseño ha sido elaborado por el estudio H. C. P. y arquitectos asociados. En este caso, se dibuja una edificación de volúmenes rectangulares con un sótano de aparcamientos. Su coste se cuantifica en cuatro millones de euros.

Las obras de la nueva sede de la Escuela Superior de Empresas en Torre Atalaya empezarán este año (SUR)


La entidad, participada por el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja, decidirá el diseño del edificio entre dos propuestas

La zona de Teatinos contará con un nuevo edificio oficial que se sumará a los que ya han abierto sus puertas en los últimos meses, como la Ciudad de la Justicia, y a los proyectados para los próximos años. Se trata de la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), que actualmente tiene su sede en el edificio Mena, situado en la calle Calvo, y que se trasladará a un nuevo inmueble que se construirá en una parcela situada en la zona de Torre Atalaya conocida como Hacienda Altamira. Fuentes cercanas al proyecto indicaron que las obras del edificio comenzarán a lo largo de 2008.El solar, que tiene una superficie de 2.535 metros cuadrados, fue cedido con este fin por la Gerencia Municipal de Urbanismo por un plazo de 50 años prorrogables hasta 75. Está situado en la avenida del Editor Ángel Caffarena y posee la edificación en ruinas de una casa y un frondoso jardín con ejemplares arbóreos de gran interés.
Promálaga y Unicaja
ESESA, fundada en 1988 y perteneciente al 50% a la empresa municipal Promálaga y a Unicaja, es una escuela de negocios dedicada a la formación de personas capacitadas para la administración de empresas. Su sede actual, en el edificio Italcable, se ha quedado pequeña para poder albergar todos los nuevos espacios que necesita la entidad, como una asociación de antiguos alumnos, una biblioteca y un departamento de salidas profesionales, entre otros.La entidad tiene previsto celebrar las próximas semana un consejo para escoger uno de los proyectos encargados para el nuevo edificio, para el que se ha previsto que tenga un diseño singular. Según las fuentes, una vez escogido uno de los dos, las obras comenzarán «lo antes que sea posible».Uno de los proyectos está firmado por Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto. Estos arquitectos han ideado un edificio cilíndrico, recubierto con una fachada de cristal, que tendría 35 metros de diámetro y 14 metros de altura. En torno a un patio circular, se ordenan el resto de dependencias del complejo, diferentes aulas, despachos y un salón de actos, situados sobre dos sótanos de aparcamientos.El otro diseño ha sido elaborado por el estudio H. C. P. y arquitectos asociados. En este caso, se dibuja una edificación de volúmenes rectangulares con un sótano de aparcamientos. Su coste se cuantifica en cuatro millones de euros.

Los arquitectos abogan por garantizar la calidad de las nuevas viviendas (SUR)


El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, señaló la necesidad, a la hora de regular las dimensiones de las viviendas, de «garantizar bien sobre todo la calidad del espacio útil por persona» y no centrarse tanto en los metros cuadrados construidos. Consideró, al respecto, que esta cuestión hay que mirarla «con cierta perspectiva», ya que «los edificios se hacen porque los habitan las personas» y, como recordó, «la sociedad actual no es la de hace 40 años, cuando había muchos matrimonios con tres o cuatro hijos». «Hoy se tienen uno o dos hijos, hay parejas sin hijos, personas que viven solas..., hay una gama muy variada», subrayó.Por ello, el representante de los arquitectos malagueños manifestó que «hay que regular el espacio útil que permita la satisfacción personal». El problema aparece cuando hay proyectos que «están bien» y permitirían esa satisfacción, pero no cumplen con las cifras.
Especulación
Eso sí, tal y como resaltó San Martín, se debe «evitar que en el piso que está pensado para dos o tres personas, se metan seis, eso sí que es infravivienda y especulación».Ese temor es lo que, según el decano, ha debido llevar al Ayuntamiento de Málaga a anunciar que va a modificar lo establecido en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado inicialmente en cuanto a la superficie mínima de construcción, tratando de que «la superficie útil por individuo sea la suficiente como para que tenga calidad de vida en el interior de la vivienda». El nuevo PGOU contemplará una superficie mínima de 30 metros cuadrados útiles por piso.

Las demoras por excavaciones disuaden a promotores de construir en el Centro (SUR)


Los empresarios exigen apoyo económico al Ayuntamiento para costear las catas y mayor agilidad a la Junta para emitir los informes sobre los hallazgos. Cultura asegura que los plazos se cumplen «razonablemente bien»

PROCEDIMIENTO
Proceso que se sigue para llevar a cabo una excavación arqueológica previa a la realización de una obra en el Centro o en otro lugar de la ciudad que lo requiera:
Proyecto: El promotor debe contratar a un equipo de arqueólogos para que realice un proyecto previo a la excavación. Este proyecto debe ser aprobado en la mayoría de las ocasiones por la Dirección de Bienes Culturales, que está en Sevilla. Esta fase puede tardar unos dos meses como mínimo.
Excavación: La excavación puede durar entre dos y tres meses, en función de cada caso, aunque puede demorarse algunos más.
Informe: Con los resultados de la excavación, los arqueólogos elaboran una propuesta para el tratamiento de los restos encontrados. Esta propuesta debe ser valorada por la Delegación Provincial de Cultura, que emite un informe al respecto. En el mejor de los casos, esta fase puede durar un mes.
La creciente actividad constructora y rehabilitadora que se registra desde hace ya varios años en el Centro de la ciudad y sus barrios adyacentes lleva aparejada un condicionante que disuade a algunos promotores de intervenir en estos lugares. Se trata de la obligación de realizar excavaciones arqueológicas en un buen número de casos, según lo que marca la información de que se dispone sobre los hallazgos de vestigios del pasado de Málaga en su subsuelo. Según la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), los retrasos y dificultades que surgen a la hora de llevar a cabo estas catas hacen que algunos empresarios se lo piensen muy bien antes de llevar a cabo un proyecto en el casco antiguo y su entorno.«El problema no es sólo que la obra puede estar parada un año o más por el retraso en los informes sobre las excavaciones, sino que todos los gastos corren a cargo del promotor», señaló Violeta Aragón, gerente de la ACP. «Esto puede suponer un elevado sobrecoste que hace que los empresarios se lo piensen antes de actuar en un solar que requiere una cata previa», agregó Aragón, por lo que solicitó al Ayuntamiento que establezca algún sistema de ayudas que permita colaborar con los promotores en la financiación de los gastos que conlleva una excavación y que pueden suponer unos 30.000 euros.
Patrimonio
«Al final estamos contribuyendo a poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad, por lo que tendríamos que contar con ayuda del municipio», indicó la gerente de los promotores, quien resaltó que la actividad constructora en el Centro se está ralentizando, entre otros, por este motivo.Asimismo, desde la ACP aseguraron que la Administración regional podría ser más rápida a la hora de tramitar los informes sobre las excavaciones, que deben ser autorizadas desde la Dirección General de Bienes Culturales, que se encuentra en Sevilla. Empresarios consultados por este periódico afirmaron que, si hubiera en Málaga un organismo para ver los expedientes y evitar que tengan que viajar hasta Sevilla, el proceso sería mucho más rápido.«Si es cuestión de que existe poco personal en la Delegación Provincial de Cultura, deberían habilitar más, porque hemos llegado al punto de que los plazos para una excavación se alargan hasta un año en muchos casos», aseveró Violeta Aragón.Por su parte, el delegado provincial de Cultura, Francisco López, replicó que los retrasos que puedan producirse en determinadas obras por las excavaciones no son imputables a la actividad de la Administración autonómica. «Creemos que el sistema establecido funciona razonablemente bien, porque sabemos que una obra parada puede costar mucho dinero», apuntó el delegado, quien recordó que la Comisión Provincial de Patrimonio se reúne cada dos semanas con el fin de evacuar los informes sobre las excavaciones con una mayor agilidad.«Si el proyecto en cuestión tiene toda la documentación en regla y no hay problemas, puede obtener el informe sobre el resultado de la excavación en unos 15 días, el tiempo que tarda en reunirse la comisión», matizó López, quien agregó que lo más puede tardar es la realización en sí de la excavación arqueológica. En ese sentido, precisó que, por norma, un arqueólogo no puede trabajar en dos excavaciones a la vez, por lo que para empezar una nueva tiene que haber entregado previamente la memoria del trabajo realizado en la anterior.

Husa, a la espera de la licencia para abrir su hotel en la capital (Málaga Hoy)

La cadena tiene su primer establecimiento urbano junto al río Guadalmedina
El Grupo Husa espera poder abrir en el próximo mes de abril, o incluso a finales de marzo, el hotel Guadalmedina, un cuatro estrellas situado en Málaga capital y que supone el primer establecimiento de la cadena en la ciudad.La intención inicial de la empresa era poner en marcha este hotel a finales del pasado mes de enero, pero se encuentran pendientes de recibir las necesarias licencias municipales que permitan la apertura del establecimiento. En este sentido, fuentes de Husa han asegurado que el inmueble está completamente finalizado y equipado, mientras que también cuentan ya con el personal seleccionado, por lo que estiman que en 15 o 20 días reciban las licencias y puedan abrir las instalaciones.El edificio, construido por la promotora inmobiliaria malagueña Prointur 2000 y situado en la calle Pasillo del Matadero, será gestionado por Husa Hoteles por un periodo inicial de 10 años. Ubicado en el centro de la ciudad, junto al río Guadalmedina y frente al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el hotel Husa Guadalmedina cuenta con 60 habitaciones y se dirige especialmente a viajeros de negocios.La cadena ha invertido más de 700.000 euros en el equipamiento para este establecimiento, al tiempo que destacaron las buenas expectativas que mantienen, debido a su "buena ubicación", aunque reconocieron que la ciudad ha registrado un importante incremento de la oferta hotelera en los últimos años.

domingo, 24 de febrero de 2008

«Necesitaría que los días duraran más de 24 horas», Manuel Guirado (La Opinión)

Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
Hay noches que sólo duerme tres horas. Unas veces, por el intenso trabajo que desarrolla en el Ayuntamiento y otras, también es verdad, porque la niña pequeña no le deja descansar. Manuel Díaz, tras su paso como director de los distritos de La Cruz del Humilladero y la Carretera de Cádiz, se convirtió en la sorpresa de las listas del PP en las últimas elecciones y, tras ellas, en el inesperado concejal de Urbanismo.
-Imaginemos que es taxista. ¿Sabría llevarme a la calle Eolo?
-Claro que sí. Está en El Romeral, detrás del Clínico. Es la calle que une Navarro Ledesma con la rotonda del hospital.
-¿Para ser concejal de Urbanismo hay que saberse el callejero?
-Más bien al revés. Ser concejal de Urbanismo hace que sea necesario tener un conocimiento global de la ciudad y aprenderse el nombre de las calles y dónde están. Es verdad que cuando deje de ser edil podría convertirme en taxista (risas). Y aprendes de todo, porque en la Gerencia atendemos a todo el mundo: desde los grandes promotores hasta la pequeña vecina que acude con un problema particular.
-¿Le ha cambiado mucho la vida?
-La verdad es que sí. Cuando era director de distrito, decía que era imposible trabajar más en el día. Pues me equivocaba. Lo que hacemos es quitar horas de sueño y de estar con la familia. Pero como suele decirse "sarna con gusto, no pica". Y a mi me encanta mi trabajo. El alcalde me encomendó esta tarea y yo, lo mínimo que puedo hacer, es dedicarle todo el tiempo del mundo y hacerlo lo mejor posible, para que la ciudad siga en esta progresión. Lo que me gustaría es que el día tuviera más de 24 horas, para hacer más cosas.
-¿Ha dejado ya de ser la gran sorpresa?
-Me considero un trabajador y lo llevo por bandera. En su momento, mi nombramiento pudo provocar una sorpresa, pero creo que estoy demostrando que la edad no está en el DNI, sino en el sentido de la responsabilidad en el trabajo que uno hace.
-¿Qué le ilusiona más, poder resolver los problemas de la gente o tener influencia en las decisiones que afectan a los grandes proyectos de la ciudad?
-Es una gran responsabilidad poder decidir en los grandes proyectos de la ciudad, porque benefician a una gran cantidad de personas. Pero al final, lo que queda son las relaciones humanas. Yo, que procedo de los distritos, logro empatizar con la gente, con sus problemas cotidianos. Aquí estamos de paso. Tengo muy claro que esto es temporal y dentro de un tiempo, los ciudadanos ya no sabrán que yo era concejal de Urbanismo. Lo importante es trabajar por aumentar la calidad de vida de los malagueños, que vean que su voto ha sido útil. Me emociona y reconforta que cualquier ciudadano anónimo me de las gracias por alguna gestión realizada.
-¿Cuál es el gran proyecto que le despierta un mayor interés, ya no sólo como concejal, sino como vecino de Málaga?
-A nivel de infraestructuras, lo que más destacaría es el bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren, sobre todo por la trascendencia histórica que tendrá eliminar esta cicatriz, que permitirá la comunicación de los dos distritos más importantes de Málaga. Pero también me quedo con el complejo de piscinas del Martín Carpena, ya que he sido jugador de waterpolo. O con el Auditorio, o la rehabilitación del Echegaray, o el Museo Thyssen, a nivel cultural...
-¿Se puede tener la ciudad en la cabeza?
-La verdad es que sí. Estudiando mucho. Estudio más ahora que cuando hacía la carrera.
-¿Qué se puede aprender del alcalde, otra persona que tiene la ciudad en la cabeza?
-No tiendo a idolatrar a nadie. Todos somos seres humanos y todos nos reímos con las mismas cosas y lloramos con lo mismo. No tengo ningún actor, cantante o deportista a quien admire. Pero por el alcalde siento devoción. Es un espejo al que siempre me gusta mirarme: una persona ejemplar en el trabajo, en la honestidad, en la atención, en la dedicación... El hombre sabio es aquel que cuando ve algo bueno en el prójimo lo copia, y cuando ve algo malo lo corrige en sí mismo. Pues lo que veo en el alcalde bueno trato de llevarlo a mi vida particular.
-¿Para ser concejal de Urbanismo hay que ser...?
-Honrado, honesto y trabajador. Es fundamental. Pero también hay que saber escuchar y ser una persona atenta, de perfil tranquilo.
-¿Qué siente un concejal de Urbanismo cuando ve los desmanes realizados en otros ayuntamientos, precisamente en este mismo área de gobierno? ¿Es fácil ser corrupto si no se es honesto?
-La valentía, como a los soldados, hay que presuponerla. No se me pasa por la cabeza que pueda pasar algo así en Málaga. Nosotros cobramos nuestro sueldo por el trabajo que hacemos y quien no esté de acuerdo, que se vaya. Cumplimos la máxima legalidad. En la vida y en la política hay que ser honrados, pero en Urbanismo además, hay que parecerlo.

Los vecinos se unen para salvar sus casas (La Opinión)

Plataformas de afectados en Mijas, Marbella y la Axarquía piden que se rebajen las sanciones y proteger sus inmuebles
El caos urbanístico de Marbella ha desembocado en la existencia de una gran bolsa de vecinos afectados por inminentes órdenes de derribo y multas. La plataforma de afectados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad siguen convocando protestas para que se les escuche y la administración ponga "solución urgente" a la ilegalidad de sus viviendas. La próxima marcha será el día 26. José Ortiz, portavoz de la plataforma, explica que hay preocupación porque se desconoce la situación de los expedientes y cómo se llevará a cabo el sistema de compensaciones propuesto por los redactores del plan. Según Ortiz, la Junta no acepta otras alternativas al derribo ni a las cargas urbanísticas para legalizar las 18.000 viviendas. El PGOU propone compensaciones a los promotores y en caso de que no las asuman, que sean los propietarios quienes afronten el gasto para normalizar los inmuebles. La plataforma solicita más coordinación entre el Ayuntamiento y la Junta para solucionar los problemas que acarrea el plan a los compradores de buena fe. Por su parte, juristas envían un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos, ya que sostienen que la normativa dictamina que las cargas urbanísticas las afrontan sólo los promotores de las viviendas.Caso bien distinto se produce en Mijas, donde los promotores son los propios propietarios de las 3.000 viviendas unifamiliares irregulares. El presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, estima que "la solución pasa por el nuevo planeamiento urbanístico", pero plantea que se reduzcan las sanciones. La agrupación, representada por el letrado Ricardo Santandreu, pide a los afectados que recurran los expedientes antes de que venzan los plazos. De hecho, hay familias que pagan cada mes entre 4.000 y 5.000 euros y han tenido que embargar sus casas para asumir estas sanciones. En otros expedientes, la orden de demolición es firme. Y en la Axarquía, hay miles de vecinos pendientes de la resolución de infracciones. En la Viñuela, sus vecinos, la mayoría extranjeros, se han constituido en el colectivo ´Save our homes Axarquía´ para proteger sus casas, después de la polémica del supuesto impuesto para regularizarlas. En esta asociación hay afectados de la Axarquía por las impugnaciones de licencias de obra.

Vecinos de Churriana denuncian chabolas ilegales (La Opinión)

Critican que en el Cortijo de Maza, sobre una realenga, exista desde hace 20 años una quincena de chabolas y piden que sean eliminadas
Los vecinos del Cortijo de Maza, en Churriana, llevan cuatro años pidiendo a las administraciones el fin del poblado de chabolas con el que conviven desde hace dos décadas. La quincena de viviendas precarias, situadas encima de una realenga de Witemberg, conocida como ´la vereda de Málaga´, es una fuente de problemas para esta zona con más de 300 casas en el límite con Torremolinos. "La luz la tienen enganchada a las arquetas y a cada instante se nos va la luz", explica María Dolores Padial, una vecina. El presidente vecinal, Juan Antonio Quintana señala que los chabolistas utilizan los alrededores para tirar la basura, algo denunciado dos veces al Seprona. Pero los problemas de higiene no acaban aquí, porque, al no contar con saneamiento, "en nuestro parque hay una caseta de obra y allí se tira la caca y la orina", cuenta Ana María Naumann, de la asociación.Otro problema, explica esta vecina, es la presencia constante de perros y caballos. "Los meten en el campo, que no es suyo y se salen por la carretera", detalla Ana María. En uno de estos paseos, los vecinos cuentan que fueron atropellados un caballo y dos potros y los enterraron en la zona.Por último, denuncian la quema de gomas que realizan chatarreros para extraer los cables.Los vecinos lamentan que la Junta, que tiene a cargo la realenga sobre la que están las chabolas, y el Ayuntamiento, no se pongan de acuerdo para eliminar estas viviendas y limpiar la zona en condiciones. Ayuntamiento. El concejal de Churriana, José Hazañas, ha explicado que en el Cortijo de Mazas hay dos tramos de chabolas, una primera con edificios antiguos y una segunda de infraviviendas. El concejal ha detallado que las chabolas están "en suelo que es de la Junta" y ha resaltado que el Ayuntamiento limpió la zona hace dos años, "pero costó una fortuna y no hay medios para limpiar aquello". Por eso ha pedido la colaboración de la Junta: "Le hemos dicho a Medio Ambiente que limpien un poquito". Por otro lado, ha resaltado que el Plan Bahía prevé la construcción de 2.500 viviendas en la zona y que tratará de que los vecinos de las casas antiguas "tengan allí derecho de techo" y el resto de las chabolas "se sacan de allí".

La provincia acumula más de 36.000 viviendas irregulares (La Opinión)

Los ayuntamientos frenan la tramitación de las infracciones urbanísticas hasta aprobar sus planes z En Mijas los expedientes están muy avanzados, y en Marbella se han paralizado
La Costa del Sol se ha convertido en los últimos años en referente del urbanismo desordenado y la construcción sin límites. El último informe de Greenpeace apunta que casi el 60 por ciento de los primeros 500 metros de la franja litoral de la provincia es suelo urbano ocupado, un porcentaje que supera el 80 por ciento en localidades como Mijas, o Marbella. La desorganización en la planificación del suelo, unido a presuntas prácticas prevaricadoras en la disposición del terreno, han tenido como consencuencia la existencia de una enorme bolsa de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística.Según datos recabados por este periódico, en la provincia existen más de 36.000 viviendas y construcciones irregulares. Marbella, con 19.000 inmuebles, y la comarca de la Axarquía, con más de 9.000 construcciones principalmente diseminados, son las zonas con mayor número de licencias impugnadas y expedientes por infracciones urbanísticas. En la zona del Guadalhorce, destaca Cártama, donde se tramitan unos 3.000 casos por viviendas ilegales. Estrategias. Ante esta situación urbanística, los ayuntamientos plantean "normalizar" el máximo número de viviendas, siempre que se ajusten al planeamiento urbanístico y a la ordenación territorial dictaminada por la administración autonómica. Pero este proceso de regularización pasa en muchos casos por la resolución de expedientes con altas cargas financieras, que ha generado gran preocupación entre los propietarios. En el caso de Mijas, donde hay 3.000 viviendas ilegales, el Ayuntamiento insta a los afectados a recurrir por la vía judicial los expedientes urbanísticos para detener las sanciones -muchas sobrepasan los 18.000 euros-, mientras se tramita y aprueba el Plan General de Ordenación Urbana. El objetivo es "normalizar la situación de cuantas viviendas irregulares sea posible", utilizando los medios legales y de planeamiento, según el alcalde Antonio Sánchez. No obstante, muchos expedientes están tan avanzados, que ya no cabe recurso y la sanción o el derribo es firme.En Marbella, el Consistorio también ha paralizado las órdenes de derribo hasta aprobar el planeamiento, una decisión respaldada por los tribunales. En cuanto a las compensaciones para regularizar 18.000 viviendas, el equipo redactor del PGOU propone imponer cargas financieras a los propietarios y, subsidiariamente a los propietarios, pero es una proposición que se negocia. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha frenado los expedientes y estudia las alegaciones de los afectados. En Estepona, existen más de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas, de los que un tercio se refiere a construcciones en suelo no urbanizable. Según el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, la mayoría de los casos se están tramitando, pero lo que se intenta es que "el PGOU aborde la regularización de las construcciones con compensaciones, pero no se trata de una amnistía". En esta ciudad se mantiene abierta la polémica por la regularización de los diseminados y la aplicación del POT de la Costa del Sol que establece una figura de especial protección en el suelo donde se ubican.En Cártama, los expedientes por infracciones urbanísticas se están recurriendo mientras se aprueba el PGOU. El alcalde José Garrido, asegura que la pretensión del Ayuntamiento es regularizar las viviendas, pero hay casos graves, como construcciones en los cauces de los ríos que "en ningún caso se pueden legalizar". "Son situaciones muy complicadas, y lo que queremos es que se respete la ley. Habrá que esperar a aprobar el plan general". No obstante, en este municipio se han decretado órdenes de derribo por iniciativa del afectado para restituir la legalidad. Por su parte, la Junta de Andalucía insiste en que son los municipios los responsables de su desarrollo urbanístico. Vicente Granados, director de Ordenación Territorial, recuerda que Málaga es la provincia andaluza con menos planes generales adaptados a los POT y la normativa regional, y añade que en la comarca como la Axarquía hay zonas donde no se ha delimitado el uso del suelo. Este retraso en la aprobación alarga la tramitación de las infracciones urbanísticas.