El nuevo sector del CTM reducirá un 10% el coste del transporte de mercancias. (ELMUNDO)

Julio Camargo | Málaga

Actualizado jueves 23/12/2010 13:12 horas

El nuevo sector de la ampliación del Centro del Centro de Transporte de Mercancias (CTM) de Málaga permitirá reducir entre un 7 y 10% los costes del área logística gracias a la integración de los servicios demandados por los profesionales y de todos los tipos de transporte en la misma zona.

"La intermodalidad entre los medios ferroviarios, aéreoportuarios y terrestres hará más competitivo el sector, reducirá los costes y conseguirá mejorar el precio del producto", ha explicado el director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Sergio Moreno.

El sector dos requiere una inversión inicial de 35 millones de euros para la concesión del suelo por parte del Ministerio de Fomento, titular de los terrenos a través de la entidad pública de suelo, Sepes. En esta cifrá están incluidos los trabajos de urbanización y equipamientos.

El proyecto está pendiente de aprobación de su plan funcional y de diseño para posteriormente firmar el convenio entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Sepes. "Esperamos licitar las obras en otoño de 2011 y comenzarlas en 2012", ha afirmado Moreno. La entrada en funcionamiento del módulo dos está prevista para 2013.

Las 34,7 hectáreas del módulo dos amplian las 27 hectáreas del módulo uno, el cual, ocupa el 100% de su superficie con la apertura de su última fase: un edificio administrativo-comercial inaugurado por Moreno y el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Salas.

En total, el CTM dispondrá de 64 hectáreas de zonas administrativas, naves de almacenaje y carga fraccionada, estaciones de servicio, aparcamiento de vehículos industriales y red viaria. "Los centros de transporte ya no son aparcamientos para camiones como se pensaba antes", ha especificado Moreno quien ha destacado la conexión del centro con la hiperronda.

Ambos módulos corresponden a un "modelo económico sostenible que integra los servicios a los operarios y operadores económicos", ha manifestado Moreno quien ha recordado que existen 11 centros similares en toda Andalucia, los cuales forman "una malla" bajo el nombre de Red Logística de Andalucía.

El alcalde reta a la Junta y reclama el Benítez como metropolitano (La Opinión)

En el PGOU aprobado el martes por la Cotua los terrenos aparecen como parque urbano, pero el Ayuntamiento no lo acepta

Adios. Fuentes y Reguero se despidieron con emocionada calidez. El pleno despidió ayer a los dos ediles socialistas que dimitieron la pasada semana. Rafael Fuentes y Mariluz Reguero, portavoz y viceportavoz hasta el pasado 14 de diciembre, tuvieron palabras emocionadas en sus despedidas y recibieron un cálido adiós de sus hasta ahora compañeros de corporación, con palabras de Pedro Moreno y del alcalde, que manifestaron el sentimiento de gratitud por el esfuerzo de ambos. Begoña Medina se estrenó ayer como nueva portavoz en el pleno. C. Criado

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga utilizó ayer el último pleno ordinario del año para devolverle a la Junta de Andalucía el gol que le había colado el día anterior con la aprobación del PGOU en la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) cuando quedó fijado que el futuro parque que se levante en los terrenos del Campamento Benítez tenga naturaleza de urbano.

El alcalde y su grupo se revolvieron ayer contra lo que el concejal de Urbanismo calificó de «regate en corto de la Cotua» y sacaron adelante una moción que rechaza la naturaleza urbana del parque y reivindica su condición de parque metropolitano.

Para acentuar más su exclusividad por el parque metropolitano en el Benítez, el grupo popular rechazó parte de otra moción de IU que abogaba por que se concretase el proyecto del parque «independientemente» de su carácter «metropolitano, o periurbano».

Dado que el grupo de IU presentó otra moción sobre el mismo asunto pidiendo que se dotara de presupuesto el proyecto del parque y que se concrete «de forma urgente» el convenio prometido por el Ministerio de Fomento para dar cobertura al mismo, los dos grupos intercambiaron el apoyo a parte de sus propuestas, todo ello ante un PSOE que, aunque defendió con ahínco la conversión del Benítez en un gran parque, solo apoyó el «urgir» al Ministerio de Fomento a que remita «a la mayor brevedad» el borrador de convenio que sirva de base al proyecto de parque.

En el debate, el portavoz del PSOE, Sergio Brenes, pidió al PP que «no siga liando» este asunto acerca del tipo de parque que se quiere para la zona.

En una idea similar abundó el portavoz de IU, Pedro Moreno quien reclamó al PP «no encasillar» el debate acerca de si se quiere un parque urbano o metropolitano «pues eso sólo serviría para enfrascarse en la polémica otros quince años».

Sacar los colores

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, argumentó que el Ayuntamiento apuesta «por un parque ambicioso y metropolitano» que, según la descripción que hizo de uno y otro, «tiene más extensión y mayor número de servicios que el urbano». Traducido en cifras, Díaz evaluó el «gran parque metropolitano que nosotros queremos» en unos 20 millones de euros, mientras que «el parque periurbano por el que apuesta el PSOE se resuelve con 2 millones de euros».

Esta defensa a ultranza de un «gran parque» en el Benítez, no impidió que desde las filas del PSOE y de IU le intentarán sacar los colores al PP acerca de su posición en estos últimos años. Lo resumió Moreno Brenes, quien les recordó a los concejales del PP que «piden un gran parque, pero ahora, antes no; antes pusieron en venta el Benítez y desde que hace 15 años los militares cerraron el cuartel no han hecho nada más aparte de reclamar judicialmente su propiedad».

El Gobierno compensa a Archidona con 1,1 millones por las obras de la cárcel (SUR)

La financiación, reflejada en un convenio entre la Siep y el Ayuntamiento, se destinará a realizar diversas infraestructuras municipales

23.12.2010 -

CARMEN MARTÍN

ARCHIDONA.

Archidona ha recibido ya la primera compensación directa del Gobierno por la construcción de la segunda cárcel de Málaga en su término municipal. El alcalde de la localidad, Manuel Sánchez (IU), firmó ayer un convenio en Madrid con el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep), Ángel Martínez, por el que el municipio recibirá 1,1 millones de euros para financiar infraestructuras municipales.

El regidor explicó que la empresa, dependiente del Ministerio del Interior, transferirá al Ayuntamiento este importe en dos anualidades, así 400.000 euros llegarán a las arcas municipales en los próximos días y 700.000 euros a lo largo de 2011. Los fondos serán empleados por el Consistorio local para la realización de diversas infraestructuras municipales aún no definidas, salvo 170.000 euros que se emplearán para las obras de restauración de las murallas de Archidona, que tendrán un coste de un millón de euros, de los cuales 750.000 euros aportará el Ministerio de Fomento a través del 1% Cultural y 80.000 se obtendrán con un convenio con Red Eléctrica.

Además de estos 1,1 millones de euros, la Siep se ha comprometido a dotar de agua potable a los núcleos rurales de Haza Galeras y Fuente Fresno y a mejorar el suministro eléctrico en el polígono municipal de El Llano con el proyecto y construcción de nuevas líneas.

El regidor archidonés se mostró esperanzado en que, al igual que Siep ha atendido las necesidades del municipio, la Junta de Andalucía haga lo mismo, licitando la redacción del nuevo trazado de la carretera del puerto de Los Molinillos (A-7202), que comunica la localidad con Villanueva del Trabuco y la A-92 y que será la utilizada para llegar a la nueva cárcel de Málaga. Este nuevo trazado está valorado por Obras Públicas en unos ocho millones de euros.

Igualmente, Sánchez pidió al Gobierno central la construcción inmediata, y de forma paralela a las obras de la cárcel, de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. También ha mantenido conversaciones con las empresas constructoras de la prisión para que contraten mano de obra local.

De Luis pide crear un registro urbanístico. Marbella (SUR)

El concejal Javier de Luis reclamó ayer al equipo de Gobierno del PP la creación de un Registro de Transferencias de Aprovechamientos que se ajuste al artículo 65 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según explicó, con esta herramienta se controlarían los acuerdos de cesión o distribución de aprovechamientos urbanísticos que marca el Plan General para la normalización de las viviendas irregulares.

El pleno culmina la adecuación del PGOU a la ley tras dos años de trámites. Estepona (SUR)

El expediente se aprueba con los reproches de la oposición sobre el «tiempo perdido» para revisar el planeamiento

23.12.2010 -

MERCEDES PERIÁÑEZ

ESTEPONA.

El pleno de diciembre se convirtió ayer en la sesión más larga de las celebradas durante todo el año. Más de ocho horas de debate sobre seis asuntos del orden del día y nueve mociones de colectivos y grupos políticos. Cada asunto suscitó una intensa y ardua confrontación entre los asistentes. Uno de los temas que más atención generó fue la aprobación de la adaptación parcial del planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El asunto se aprobó con el voto a favor de toda la Corporación, excepto la abstención de los no adscritos Francisco Zamorano y Juan Manuel Rodríguez, pero con numerosos reproches al retraso provocado en la tramitación del expediente, que se inició en noviembre de 2008, con la intención de estar finalizado en cinco meses.

El primero en abrir fuego fue el edil del PES, José Ignacio Crespo, que solicitó la presencia de un técnico municipal para explicar el contenido del documento. Andrés Flores fue el escogido para esta función. El funcionario dijo que la adaptación del PGOU, vigente desde 1994, permite al Ayuntamiento efectuar modificaciones en su planeamiento, aunque con «limitaciones». «Es un instrumento importante porque su tramitación es ágil y rápida, lo que no quita que haya que hacer la revisión del PGOU», añadió el técnico.

Pero la oposición reprochó que se haya tardado dos años en este asunto y manifestó que durante este tiempo se podría haber dotado al municipio de un nuevo planeamiento. «¿Qué se ha hecho en estos dos años sobre el asunto?», preguntó Crespo, que aseguró que «se ha perdido un tiempo en un ejemplo de mala gestión».

Sobre el asunto, el portavoz del PP, Ignacio Mena recordó que cuando se aprobó el inicio de la adaptación parcial del PGOU a la LOUA se hizo con el compromiso de simultanearlo con la revisión del actual plan urbanístico. El edil fue más allá en su intervención y aludió a un informe del departamento municipal de Contratación donde se manifestaba que el contrato con el redactor de la revisión del plan, Enrique Bardají, incluía la adaptación del PGOU y que se le había pagado 900.000 euros por sus honorarios. «No existe la comisión en la que deberíamos haber exigido resposabilidades y la devolución de las cantidades que se han cobrado de forma indebida», reprochó Mena.

La competencia vecina

Las críticas de la oposición provocó la respuesta del alcalde David Valadez: «Si el gobierno tiene que exigir a Bardají que devuelva el dinero, que lo haga», dijo el regidor, que manifestó que la revisión del PGOU está «congelada» y la tendrá que retomar el próximo gobierno municipal. Esta réplica volvió a encender las críticas de la oposición. Por su parte, el edil no adscrito Francisco Zamorano reprobó el «tiempo perdido» por el Ayuntamiento para dotarse de un nuevo PGOU. «Otros municipios vecinos van a competir con un Ferrari alta gama y nosotros con un 'Seita' sacado del taller», dijo.

Tras el pleno, estaba prevista la convocatoria de una junta universal de las empresas municipales para aprobar las cuentas anuales de 2009. Al cierre de la edición de este periódico, la sesión no había empezado.

El Ayuntamiento licitará en el plazo máximo de 15 días las obras del bulevar (Málaga Hoy)

El presidente de Adif, Antonio González, y el alcalde de Málaga. Francisco de la Torre, han suscrito el convenio de cesión de los suelos del bulevar, que ocupan una superficie de cinco hectáreas.

JAVIER CINTORA | ACTUALIZADO 21.12.2010 - 11:48

Tras la firma del acuerdo, el Ayuntamiento licitará en el plazo máximo de 15 días las obras, que, según las previsiones que maneja el alcalde, podrían comenzar dentro de tres o cuatro meses. Para ello, destinará una partida de unos seis millones de euros en los próximos presupuestos municipales.

El objetivo que se ha marcado el Consistorio es incluir en el pliego de condiciones alguna fórmula por la que se permita contratar a los desempleados de la Carretera de Cádiz.

En virtud del acuerdo, Adif autoriza al Ayuntamiento de Málaga la ocupación anticipada de los suelos situados sobre el tramo soterrado del ferrocarril, en el tramo comprendido entre la ronda oeste y la Avenida Juan XXIII.

Comunicado oficial del Puerto (Málaga Hoy)

Autoridad Portuaria de Málaga

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ACUERDA NO AUTORIZAR EL SUPERMERCADO EN EL MUELLE 1

Hoy 21 de diciembre ha tenido lugar en la sede de la Autoridad Portuaria de Málaga reunión de su Consejo de Administración, dentro de cuyo orden del día se encontraba un punto relativo a la actividad de “supermercado” prevista en la esquina de los muelles 1 y 2 por la empresa concesionaria, punto sobre el que informamos a través de esta comunicación, dado el interés despertado entre la opinión pública.

Unión de Iniciativas de Marina de la Farola, S.A., concesionaria de la zona del muelle 1 y esquina con el muelle 2, a requerimiento de la Autoridad Portuaria de Málaga, informó el pasado 20 de julio sobre el mix comercial que tiene previsto para la zona que ocupa su concesión.

Dentro del detalle de dicho mix, informó de una zona, en la esquina de los muelles 1 y 2, destinada a la actividad de “supermercado”, que actuaría como locomotora del mix comercial.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria determinó la necesidad de elaborar un informe jurídico sobre el asunto, que se solicitó a la Abogacía del Estado para tomar la decisión última.

Dicho informe analiza la viabilidad jurídica de la propuesta del concesionario, recogiendo entre otros aspectos los siguientes:

- Los términos de las cláusulas del pliego de licitación son claros en cuanto a que los usos a que puede destinar el concesionario las instalaciones que construya deben ser los contemplados en la oferta; en la misma, no se hacía de manera alguna referencia al uso alimentario.

- Se desprende de las cláusulas del pliego que la Autoridad Portuaria podría, aun en el supuesto de que los usos comerciales previstos no se desviaran de los estándares de calidad ofertados, restringirlos o prohibirlos dada la singularidad de la explotación. Así, el hecho de ser adjudicatario de la explotación no permite al concesionario introducir libremente cualquier uso comercial.

- Conforme a la jurisprudencia que rige el otorgamiento de la concesión, discrecionalidad no equivale a arbitrariedad; es decir, aunque el órgano de selección eligiera una oferta en base a sus facultades discrecionales, no lo hizo de manera arbitraria, sino estudiando los criterios a los que se había de ajustar la adjudicación y considerando la forma de valorar cada uno de ellos. Así pues, los principios de objetividad y transparencia quedan suficientemente garantizados.

- Por otra parte, si se admitiese que el concesionario, una vez su oferta hubiera sido seleccionada, se desviara de los términos en que hizo la oferta en cualquiera de sus aspectos, se lesionarían los derechos de los terceros concurrentes que, al presentar su oferta, previeron, como con seguridad hizo la concesionaria, el impacto negativo que tendría en la puntuación de sus ofertas la inclusión de un supermercado. Caso de realizarse esta modificación ahora, significaría que este punto no ha sido sometido a la valoración del órgano de selección.

A la vista del informe, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga confirma que, salvo que se autorice, el concesionario no puede introducir modificaciones en la finalidad a la que debe destinar los bienes concesionales otorgados y los construidos por él, y ha decidido informar a Unión de Iniciativas Marina de la Farola, S.A. de que no puede incorporar al mix comercial del desarrollo de su concesión la zona solicitada destinada a la actividad de “supermercado”.

El Puerto rechaza la construcción del supemercado en la 'esquina de oro' (Málaga Hoy)

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria asegura que la instalacion del súper no está contemplada en el pliego de condiciones por el que cedió el espacio a la Unión Iniciativas Marina de la Farola.

REDACCIÓN, MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.12.2010 - 13:19

Recreación de la esquina de los muelles 1 y 2 del puerto de Málaga.

La presión de varios colectivos sociales, entre ellos este periódico, ha provocado que finalmente el Puerto rechace la construcción de la tienda Carrefour. A la vista del informe, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha confirmado que, salvo que se autorice, el concesionario no puede introducir modificaciones en la finalidad a la que debe destinar los bienes concesionales otorgados y los construidos por él, y ha decidido informar a Unión de Iniciativas Marina de la Farola, S.A. de que no puede incorporar al mix comercial del desarrollo de su concesión la zona solicitada destinada a la actividad de supermercado.

La Junta da luz verde al PGOU de Málaga por mayoría y con el único voto en contra del sindicato CCOO (Málaga Hoy)

La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) ha dado su visto bueno tras siete años de trámites

ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.12.2010 - 19:35

Vista aérea de una parte de la capital malagueña.

Tras siete años de dimes y diretes y enfrentamientos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, el Gobierno autonómico ha aprobado hoy el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital de la Costa del Sol. Ha sido una reclamación histórica de los promotores y constructores y éstos se congratulan de que finalmente haya habido entendimiento entre las Administraciones, aunque varios de los expertos consultados por este diario aseguran que el visto bueno llega tarde y que no relanzará al sector.

"Ahora mismo la preocupación de los promotores no es comprar suelo sino quitarse el stockque le queda y reducir su deuda con las entidades bancarias", explica Andrés Benito, director general de Inmobiliaria Echeverría. Este profesional recuerda que el PGOU aún vigente en Málaga data del año 1997 "y si en los momentos de mayor demanda hubiera estado aprobado habría sido mejor porque se podía haber abaratado el precio del suelo y eso hubiera repercutido en el precio final de la vivienda". Benito explica que "ahora ni con el PGOU aprobado hay demanda".

No obstante, la aprobación del plan urbanístico sí va a tener una importancia radical en las cuentas de resultados de las empresas ya que van a poder contabilizar como urbanos suelos rústicos o que no tuvieran esa consideración, presentando un mejor balance de cara a la propia empresa y, sobre todo, a las entidades financieras. "Es un alivio para todos", dice Benito, quien recalca que el mayor efecto del PGOU "estará en la valoración del suelo porque las promotoras actúan en función de la demanda y con el paro y las malas expectativas económicas que hay en el país, está todo parado".

El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, da su "cordial enhorabuena" a los políticos aunque subraya que "hay muchas inversiones que no se han hecho y otras se han ido a otras ciudades porque cada vez que ha habido una alteración del PGOU ha sido un conflicto absoluto entre la Junta y el Ayuntamiento que nos ha perjudicado a todos". Prado confirma que la nueva norma permitirá "respaldar" los activos de las empresas de cara a los bancos aunque también señala que "la principal meta de los empresarios ahora es reducir el stock".

El presidente de la ACP destaca que hay convenios suscritos hace años entre el Ayuntamiento y promotores en los que los empresarios se comprometían a realizar una serie de inversiones una vez aprobado el PGOU. Prado pidió a los responsables municipales que "sean condescendientes ya que el mercado de ahora no es el de hace ocho años y muchos promotores no van a a poder cumplir ipso facto esos acuerdos".

Miguel Guijarro lleva varias décadas como promotor en Málaga. Dirige las riendas de la firma Kabiros y asegura que "ya es hora" de que se diera luz verde al plan urbanístico de la capital, si bien afirma que "no va a haber grandes bolsas de suelo nuevo porque todo está comprado con anterioridad y, en este contexto, no va a salir al mercado fácilmente". Guijarro señala que el PGOU se va a aprobar "muy tarde porque la Junta y el Ayuntamiento han estado demasiado tiempo peleando" y hace hincapié en que el mercado "está muy parado y va a seguir estándolo".

El alcalde 'presiona' para que se contrate a parados en el bulevar (Málaga Hoy)

De la Torre dice que está estudiando si se ajusta a la legalidad ante el rechazo de los constructores · El Consistorio y Adif firman el convenio de cesión de los suelos

JAVIER CINTORA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.12.2010 - 08:12

De la Torre y González, ayer, tras la rúbrica del convenio.

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Foto, firma y apretón de manos. Así sellaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de Adif, Antonio González, el convenio de cesión de los suelos del bulevar sobre los terrenos ganados al soterramiento del AVE con independencia de que una comisión mixta dirima su propiedad. Los trabajos, que servirán para coser el sur de la ciudad, se licitarán en el plazo máximo de 15 días y podrían comenzar, según las previsiones más optimistas de De la Torre, dentro de tres meses. Tal y como aseguró el alcalde, el objetivo que se ha marcado con estas obras es poder contratar al máximo número de parados posibles de la Carretera de Cádiz.

Para ello, el Ayuntamiento está estudiando dos mecanismos que pasarían por incluir una cláusula en el pliego de condiciones o "forzar" posteriormente a la empresa adjudicataria a que contrate al máximo número de parados. En estos momentos, el Ayuntamiento está estudiando si existe algún tipo de precedente en el ámbito local. "Si es así, lo copiaremos y si finalmente resulta que es legal, lo haremos".

El deseo de De la Torre es compartido por el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, que ayer, a través de un comunicado de prensa, le solicitó al Ayuntamiento que acuerde con la empresa adjudicataria la contratación de parados de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.

El planteamiento ofrecido por el alcalde choca de frente con la posición que defienden los promotores. Para la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón, la medida resulta ilegal. "Esto ya lo han intentado otras administraciones, como Fuengirola o Rincón de la Victoria, y al final quedó demostrado que no es legal, más que nada por el derecho de los trabajadores. Estamos en un libre mercado y no se puede obligar a una empresa a contratar a los trabajadores que desee una administración", afirmó Aragón.

Más allá de este punto, el convenio rubricado establece la obligatoriedad de solicitar al Ayuntamiento, como así exige la ley del sector ferroviario, la autorización para iniciar las obras y fija un plazo máximo de 15 días para resolver este conflicto. No obstante, González aseguró que no tiene previsto agotar este plazo y que en cuestión de días el Ayuntamiento tendrá el pertinente informe. El acuerdo permite al Ayuntamiento la licitación de la obra de urbanización de los terrenos entre la ronda este y la avenida Juan XXIII, que abarcan una superficie total de más de 5 hectáreas, ya que aún no está resuelta la conexión con la ronda oeste ni tampoco se han iniciado las expropiaciones del polígono San Rafael. Para hacer frente a esta inversión, el Ayuntamiento ha reservado en los presupuestos, que fueron presentados ayer, una partida de 6,7 millones de euros que podrían ser ampliados. No obstante, De la Torre precisó que la inversión en ese primer tramo podría superar los 20 millones de euros. Otro punto que contempla el convenio hace referencia a la financiación de las obras del talud del mirador de la barriada de los Prados y la recepción definitiva, por parte del Ayuntamiento, de las obras derivadas del plan Renfe.

Por otro parte, el presidente de Adif solicitó a De la Torre que elevara "cuanto antes" la autorización definitiva para llevar a cabo la rehabilitación de los torreones de la estación Vialia con el objetivo de que "recuperen el esplendor que tenían a finales del siglo XIX". De la Torre cogió el guante y aseguró que la aprobación definitiva está garantizada. Sin embargo, queda pendiente por resolver la titularidad de los terrenos del soterramiento. De hecho, una comisión técnica ya constituida seguirá trabajando para dilucidar esta cuestión, entre otras, y contará con un máximo de seis meses para aportar conclusiones.

El Puerto entierra el 'súper' previsto en la 'esquina de oro' (Málaga Hoy)

El Consejo de la Autoridad Portuaria impide este uso por entender que no responde a la oferta comercial presentada por la concesionaria del muelle 1

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.12.2010 - 08:12

Linde dialoga con la delegada de Innovación tras la reunión del Consejo de Administración del Puerto, ayer.

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El supermercado de la firma Carrefour que la concesionaria del muelle 1, Iniciativas Marina de la Farola, pretendía levantar en la esquina de oro del puerto, no verá la luz. La presión ejercida en los últimos meses por numerosos colectivos vecinales y sociales, a la que se ha sumado la negativa continuada de la Junta de Andalucía, se ha saldado con la supresión de esta propuesta comercial. El Consejo de la Autoridad Portuaria votó ayer por unanimidad en contra de la implantación de este establecimiento, de unos 2.000 metros cuadrados, aduciendo que la oferta comercial presentada en origen por la adjudicataria del muelle de La Farola no incluía este uso como locomotora del nuevo espacio.

Antes de adoptar una decisión final, que cierra el camino a la posible colocación de un súperen la zona, el Puerto se ha dotado de un informe de la Abogacía del Estado según el cuál es el consejo de la institución el que dispone de la autoridad para tomar la decisión, una resolución con la que el presidente del organismo, Enrique Linde, quería anular cualquier vía de reclamación judicial por parte de la firma afectada. En cualquier caso, el fallo se refiere única y exclusivamente al supermercado, sin que se imposibilite, de inicio, otros usos.

Así lo admitió el propio Linde al final de la sesión del consejo, que se alargó unas dos horas. "Ya dije hace tiempo que no me gustaba la idea del supermercado, pero para tomar una decisión tenía que fundamentarla jurídicamente", expuso, al tiempo que argumentó que para "evitar" que la determinación perjudicase al proyecto global se demandó el informe de la Abogacía del Estado.

Este documento viene a concluir que con su apuesta por el supermercado, la concesionaria incumple el pliego de condiciones, en cuyas cláusulas se determina que los usos a ejecutar "deben ser los contemplados en la oferta, en la que no se hacía de manera alguna referencia al uso alimentario". Al tiempo, determina que "ser adjudicatario de la explotación no permite al concesionario introducir libremente cualquier uso comercial" y apunta que si se admitiese que la empresa se desviara de los términos en que hizo la oferta, "se lesionarían los derechos de los terceros concurrentes que, al presentar su oferta, previeron el impacto negativo que tendría en la puntuación de sus ofertas la inclusión de un supermercado".

"No parece que sea uno de los negocios más propios para esa zona", insistió el presidente del Puerto, que arguyó otras razones para dar al traste con la iniciativa privada: "Había unos criterios generalizados, con más o menos fundamento, entre la población, que consideraba que el súper no era una buena actividad y no tiene sentido que la Autoridad Portuaria, que intenta congraciarse con los ciudadanos, ponga un borrón de antemano en algo a lo que la mayoría de la sociedad dice no". "Es un negocio muy digno pero no es el más adecuado para ese espacio", sentenció.

Preguntado por los usos que podría plantear la concesionaria, Linde eludió "hacer quinielas" sobre ello, aunque fue claro que deberá responder a alguna de las iniciativas que integraba "el amplio abanico de la oferta comercial que hicieron en su día" y entre la que no se incluía el polémico Carrefour. Linde sí confió en que la actuación del Puerto no vaya a suponer una reacción por parte de Iniciativas Marina de la Farola. "Hace unos días les expuse cuál iba a ser mi propuesta al consejo; creo que esperaban esta decisión", comentó, a lo que añadió: "No están en actitud de indisponerse con el Puerto, sino más bien en el ánimo de cambiar el criterio de ese negocio y ajustarlo a otras opciones".

La reacción de Iniciativas Marina de La Farola se hará esperar, previsiblemente, hasta hoy. Desde la unión de empresas eludieron pronunciarse sobre la determinación del Puerto hasta disponer de la documentación y analizarla. No parece, en cualquier caso, que la posición de las firmas pase por rebelarse ante lo ocurrido. De hecho, ya en los últimos meses se ha dejado caer que se estaban barajando posibles alternativas, como un espacio deportivo.

La decisión fue acogida con satisfacción por la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, y por el alcalde, Francisco de la Torre. "No creo que hubiera mucha gente conforme con instalar una oferta comercial de segunda clase en una inversión tan grande como está haciendo el Puerto", dijo Gámez, mientras el regidor afirmó que él nunca apoyó un supermercado "al uso". "Siempre he querido la máxima calidad en esa zona", aseveró.

Málaga ya tiene plan (Málaga Hoy)

La Cotua aprueba el PGOU de la ciudad, pero exige correcciones de carácter menor · Rechaza que las casas de El Palo se incluyan en suelo urbano y condiciona la reclasificación de La Rosaleda a otro estadio

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.12.2010 - 08:12

Viviendas de El Palo situadas sobre dominio marítimo-terrestre y que en el PGOU quedarán sobre suelo no urbanizable.

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El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga llega a la meta. Tras ser sometido a un ajetreado, bacheado y repleto de polémicas itinerario administrativo, el documento que dibuja el crecimiento de la capital de la Costa del Sol para el horizonte de los próximos 15 ó 20 años, con especial expansión en la zona de Campanillas y Puerto de la Torre, culmina una cuenta atrás de casi siete años.

Y lo hace después de que la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua), que lo rechazó de pleno en junio de 2009, encendiese la luz verde a un documento sensiblemente transformado respecto a los parámetros contemplados en un inicio por el equipo de gobierno del PP. El visto bueno fue generalizado, a excepción de CCOO, que votó en contra de la propuesta por considerar que el modelo "hipoteca el futuro" de la ciudad.

Pero el aval que el organismo regional otorga al documento no es completo. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo tendrán que rectificar y adecuar algunos detalles del planeamiento, si bien los mismos no son de envergadura ni condicionan el contenido. Esto impide que el plan sea publicado casi de inmediato en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja), aunque el concejal, Manuel Díaz Guirado, confió en que antes de final de enero estén subsanados los detalles.

La principal sorpresa para los técnicos municipales radica en la decisión adoptada con respecto a los suelos sobre los que se asientan las viviendas de El Palo, Pedregalejo, Playa Virginia, las Acacias y La Araña. Mientras el Plan General optaba por incluirlas dentro de suelo urbano, la Cotua estima que es una opción "claramente incompatible" con la legislación vigente, que exige que dichos terrenos sean dibujados como "no urbanizables". Ello, estiman desde el órgano, "permitirá realizar las actuaciones de conservación y mantenimiento de las viviendas, tal y como dispone la Ley de Costas, sin que de ello se derive su desaparición".

Al margen de las viviendas de pescadores, el informe considera "suspendidos", a la espera de ciertas correcciones, varios sectores residenciales de Campanillas, Churriana y la zona este, que suman algo más de 3.500 viviendas, por "no tener estudiados los cauces que discurren por ellos". La medida se extiende a la ordenación de los suelos de Repsol, donde se dibujan cuatro grandes torres, "por no contener el estudio acústico específico" y al Albaricocal, donde se demanda que parte de los terrenos se recojan como no urbanizables de especial protección.

Mención aparte merece La Rosaleda, cuya reclasificación para usos residencial se condiciona a que se "garantice el previo traslado" del campo actual, "con expresa indicación y calificación de los suelos donde se vaya a ubicar el nuevo campo de fútbol". Sobre lo que no se pronuncia el informe es si dicho uso se mantendría si es el actual propietario del club, el jeque Al Thani, el que impulsa y financia las nuevas instalaciones.

Otro matiz que se introduce en el documento es el relativo a la consideración del Campamento Benítez. En este punto, la Cotua informa de que para adecuarse al modelo del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) "se deberá incluir en este ámbito un equipamiento de carácter territorial, permitiendo que el resto de los suelos se dediquen a sistema general de espacios libres de la ciudad, pues no se incluyen los mismos en el sistema de espacios libres de carácter metropolitano". Es decir, que da pie a un parque de carácter urbano.

Tras las numerosas y evidentes exigencias de la Junta de Andalucía, el plan aprobado no prevé ni el salto de la ronda este para la construcción de medio millar de viviendas ni, sobre todo, la ocupación residencial de los terrenos de Arraijanal, que, como condición indispensable para la aprobación del planeamiento, quedan reservados como parque metropolitano, siendo además el propio PGOU el que fija las herramientas para compensar con aprovechamientos urbanísticos a los actuales propietarios de los suelos afectados.

A la reunión de ayer en Sevilla asistieron, entre otros, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, María Gámez, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, quienes valoraron el paso definitivo que da el planeamiento. El que no acudió fue el alcalde, Francisco de la Torre, quien tras siete años de camino sí podrá optar a la reelección en mayo con un plan para Málaga.