El suelo fue adquirido por el anterior gobierno municipal en 1.200.000 euros para construir 220 viviendas públicas Obras Públicas considera que hay otros terrenos en el término municipal que pueden albergar casas de VPO
Definitivamente, no. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía en Málaga ha denegado la recalificación urbanística de la finca Monterrey para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). El acuerdo hecha por tierra el proyecto de construcción de 220 viviendas públicas para jóvenes, algunas de ellas de madera, utilizado en dos ocasiones por el PSOE en su programa electoral como compromiso de gobierno. La finca Monterrey, de 143.466 metros cuadrados de superficie, está clasificada como suelo no urbanizable de protección especial y calificada como espacio de Potencialidad Forestal en el actual PGOU vigente, siendo adquirida por el Ayuntamiento en la pasada legislatura para desarrollar la construcción de 220 viviendas, 216 de las cuales serían de tipo VPO. El precio que el Consistorio pagó por el suelo fue de 1,2 millones de euros.
Razones
Las razones expresadas para impedir la reclasificación de la finca Monterrey se fundamentan en la aplicación de las normas urbanísticas imperantes en la Comunidad Autónoma y en el conjunto del Estado español, que tienden al crecimiento armónico de las ciudades e impide la creación de unidades aisladas. Los terrenos adquiridos por el anterior gobierno municipal se encuentran en un sector alejado del casco urbano.Asimismo, la Comisión Provincial considera que todavía quedan en el municipio terrenos urbanizables programados y casi todo el suelo no programado por desarrollar, espacios en los que es viable el proyecto sin necesidad de hacer ninguna recalificación. Otro de los aspectos tenidos en cuenta es el acceso al sector desde la carretera de Arenas, mediante una curva con radio interior inferior a 10 metros y pendientes superior al 8%, «lo cual se considera inapropiado». También se utiliza como argumento la no aportación del informe de la Agencia Andaluza del Agua sobre al existencia de recursos suficientes para satisfacer las nuevas demandas.
No necesidad
Pero, además, la Junta de Andalucía pone en entredicho la decisión de comprar expresamente una finca para construir VPO, porque, a su juicio y refiriéndose a los datos aportados por el propio Ayuntamiento, «de las 6.010 viviendas por ejecutar en suelo urbanizable programado, 1.083 serán destinadas a protección oficial u otros regímenes de protección pública dentro de la trama de ordenación estructural del municipio, por lo que no se entiende la necesidad de clasificar un suelo no urbanizable de protección especial calificado como espacio de Potencialidad Forestal, situado además en un ámbito alejado del núcleo urbano consolidado».El alcalde, Francisco Delgado, criticó la actitud del anterior equipo de gobierno al gastar el dinero de las arcas municipales en comprar una finca, que visto el acuerdo de la Comisión Provincial podría tener en el mejor de los casos como destino su uso como huerta solar o cementerio. El regidor recordó que su partido siempre ha defendido que la propuesta del anterior regidor, Antonio Souvirón (PSOE), «era inviable». Delgado señaló que en estos terrenos, Souvirón pretendía construir las casas de madera que prometió para los jóvenes del municipio, y calificó el hecho como el «mayor fraude en la historia de Vélez -Málaga».El portavoz de IU, Salvador Marín, por su parte exigió ayer responsabilidades «por la compra de unos balates que no sirven para nada». Marín fue más lejos al apuntar incluso que Souvirón «debería dimitir después de que su propio partido le haya dicho no al proyectod e la finca Monterrey».
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