viernes, 25 de enero de 2008

Todos los ediles que dieron licencias ilegales se beneficiarán del pacto con la Fiscalía. Marbella (SUR)


El principio de acuerdo marco afecta a los concejales de las corporaciones municipales entre 1995 y 2006. En ningún caso tendrán condenas de más de seis años
Los ex concejales del GIL que firmaron licencias de obras ilegales comienzan a respirar tranquilos. El pacto que los letrados de los ex ediles negocian actualmente con la Fiscalía de Málaga beneficiará a todos los ex miembros de la corporación que firmaron licencias ilegales durante prácticamente todo el periodo del gilismo, en el que se produjo el saqueo de la ciudad: desde 1995, cuando se comenzaron a dar licencias al margen del planeamiento, hasta 2006, cuando se disolvió la corporación presidida por Marisol Yagüe.El acuerdo permitirá la acumulación de las causas, de modo que en caso de que haya más de una no se sumarán las penas, al considerarse la existencia de un delito continuado. De ese modo, en ningún caso las penas serán superiores a los seis años de cárcel. El periodo que abarca el pacto incluye prácticamente toda la era GIL, ya que sólo se excluye la primera legislatura, en la que casi no hubo denuncias por delitos urbanísticos.Un miembro de la Fiscalía y abogados de los ex ediles, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, se reunieron ayer para estudiar este «acuerdo marco de conformidad», con el que se pretende, según aseguran, agilizar los casos en los que se encuentran encausados los ex concejales por conceder licencias urbanísticas en Marbella.
Excepción
Durante la mañana de ayer, un representante de la fiscalía se reunió con los abogados de todos los ex ediles del GIL imputados en algún procedimiento urbanístico por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero en la negociación quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades.El abogado Pablo Luna se mostró satisfecho con las negociaciones y destacó la actitud de la Fiscalía por su «lealtad, profesionalidad y claridad».El letrado destacó que la negociación se basa «en un criterio de la conformidad» que puede haber siempre entre acusación pública y defensa pero «nada fuera de la legalidad».Luna resaltó que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, «cada caso se tendrá que personalizar», porque cada ex edil tiene una situación concreta y pidió prudencia ya que todavía sólo es «un principio de acuerdo global para todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento en 2006».
Conexos
En las próximas semanas se celebrarán más reuniones para concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel. Tanto la fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.Fuentes de la fiscalía aseguraron que las negociaciones están abiertas y que sólo se pretende agilizar los procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en relación con la concesión de licencias por economía procesal y en ningún caso habrá acumulación de procedimientos.

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