Vecinos pedirán el derribo de parte del chalé de Banderas porque no se prevé legalizarlo (SUR)

Los propietarios de Los Monteros exigirán la ejecución de la sentencia dictada por el TSJA. Solicitarán la demolición pasado dos meses

La comunidad de vecinos de la urbanización marbellí Los Monteros exigirá el derribo de un ala del chalé del actor Antonio Banderas si en dos meses el Ayuntamiento de Marbella no pide la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratifica que se debe demoler una parte de su casa. Así lo ha declarado a este periódico la abogada de los propietarios implicados en este proceso, Inmaculada Gálvez, que vieron cómo en 2003 el alto tribunal también les dio la razón y declaró ilegal la casa que el director malagueño posee en una de las urbanizaciones más lujosas de la Costa del Sol. Sin embargo, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer que el Consistorio pedirá al TSJA que aplace esta sentencia firme contra el intérprete hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU). La regidora declaró además que mantiene el mismo discurso sobre la cuestión de las viviendas ilegales y que «no hace distinciones porque el domicilio sea de uno o de otro». Mientras, la defensa de los vecinos afectados señaló que en este caso no se puede alegar a que esté terminada la revisión del PGOU porque en el documento no se prevé la legalización de la vivienda. Según el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el alto tribunal ha rechazado un recurso presentado por Banderas en el que se pedía la nulidad de la sentencia dictada en abril de 2003 por la que debía derribar una parte de su chalé. Tal y como apunta el documento, la parcela donde está ubicada la vivienda del director está calificada como zona de equipamiento sanitario según el Plan del 1986, e invade la zona de dominio público terrestre. Además, en el citado auto, el TSJA destaca que la denuncia de indefensión presentada por el actor no se sostiene debido a «su actitud pasiva y negligente» al no comparecer en el proceso. La licencia de construcción fue otorgada en 1995 por el Ayuntamiento de la ciudad, cuando era alcalde Jesús Gil.