El Defensor del Ciudadano confía en que el fallo de los tribunales sobre la denuncia de la calle Mariscal sea similar
Un juzgado de Barcelona condenó la pasada semana a un año de cárcel a dos hermanos por acoso inmobiliario a una pareja que vivía en un inmueble de su propiedad. Sobre la base de la sentencia, pionera en todo el país en lo que a casos de mobbing inmobiliario se refiere, se encontraba el hecho de que los culpados hubiesen sido responsables de los cortes de agua y electricidad que sufrieron los inquilinos, molestias con las que pretendían desalojarlos. En esos mismos días, otro juzgado de Bilbao condenó a otro propietario a tres años y tres meses de cárcel por un supuesto semejante.
Los episodios ocurridos en las calles de la Ciudad Condal o Bilbao pueden perfectamente ser extrapolados a las vías del centro de Málaga capital, donde el número de denuncias por acoso inmobiliario se ha disparado en los últimos años, alguna de las cuales está ahora en manos de la Justicia.
El Defensor del Ciudadano de la Provincia de Málaga, Francisco Gutiérrez, fue el primero en dar la voz de alarma sobre lo que padecían decenas de vecinos de la capital, ocupantes de edificios antiguos y que obstaculizaban las operaciones inmobiliarias a las que aspiraban sus propietarios. Ahora, tras lo ocurrido en Barcelona y Bilbao, confía en que los tribunales malagueños actúan de manera semejante en la denuncia de la calle Mariscal.
"Esas sentencias pueden servir de referencia sobre lo que pasa en Málaga y son un punto de inflexión", comenta Gutiérrez, quien, incluso, asegura que la descripción de los hechos acaecido en la Ciudad Condal "es un calco de lo sucedido en Mariscal, con un propietario que cortó el agua y que propició la entrada de ocupas".
Éste es uno de los casos que más trayectorias acumula, desde que en el año 2005 la Oficina del Defensor del Ciudadano empezase a recibir las primeras llamadas sobre acoso inmobiliario. Desde ese instante, han pasado por sus manos un total de 70 expedientes, cifra que ha ido de manera paulatina decreciendo en los últimos meses. "Al margen de los antiguos, tenemos cinco o seis casos nuevos, en la calle Victoria, en la zona de El Palo y en Cruz de Humilladero", señaló.
La caída de denuncias viene motivada, según Francisco Gutiérrez, en el efecto que está teniendo la crisis económica y la desaceleración de la industria del ladrillo en la provincia de Málaga. "El parón está ayudando a que se ralentice el fenómeno, porque el interés por comprar edificios antiguos no es el mismo que hace dos años", comentó.
Los episodios ocurridos en las calles de la Ciudad Condal o Bilbao pueden perfectamente ser extrapolados a las vías del centro de Málaga capital, donde el número de denuncias por acoso inmobiliario se ha disparado en los últimos años, alguna de las cuales está ahora en manos de la Justicia.
El Defensor del Ciudadano de la Provincia de Málaga, Francisco Gutiérrez, fue el primero en dar la voz de alarma sobre lo que padecían decenas de vecinos de la capital, ocupantes de edificios antiguos y que obstaculizaban las operaciones inmobiliarias a las que aspiraban sus propietarios. Ahora, tras lo ocurrido en Barcelona y Bilbao, confía en que los tribunales malagueños actúan de manera semejante en la denuncia de la calle Mariscal.
"Esas sentencias pueden servir de referencia sobre lo que pasa en Málaga y son un punto de inflexión", comenta Gutiérrez, quien, incluso, asegura que la descripción de los hechos acaecido en la Ciudad Condal "es un calco de lo sucedido en Mariscal, con un propietario que cortó el agua y que propició la entrada de ocupas".
Éste es uno de los casos que más trayectorias acumula, desde que en el año 2005 la Oficina del Defensor del Ciudadano empezase a recibir las primeras llamadas sobre acoso inmobiliario. Desde ese instante, han pasado por sus manos un total de 70 expedientes, cifra que ha ido de manera paulatina decreciendo en los últimos meses. "Al margen de los antiguos, tenemos cinco o seis casos nuevos, en la calle Victoria, en la zona de El Palo y en Cruz de Humilladero", señaló.
La caída de denuncias viene motivada, según Francisco Gutiérrez, en el efecto que está teniendo la crisis económica y la desaceleración de la industria del ladrillo en la provincia de Málaga. "El parón está ayudando a que se ralentice el fenómeno, porque el interés por comprar edificios antiguos no es el mismo que hace dos años", comentó.
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