Constructores malagueños y varios entes públicos estiman que los criterios que se exigirán para la concesión de créditos son de difícil cumplimiento y excluyen a muchos adjudicatarios
El acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía con las entidades financieras de la región para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrentan miles de ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda de protección oficial (VPO), ante la imposibilidad de recibir un crédito por parte del banco o la caja de ahorros, no parece que vaya a clarificar el actual escenario. Así al menos lo piensan en la provincia de Málaga los constructores y algunas instituciones públicas encargadas de la promoción de este tipo de productos residenciales, como el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación.El compromiso que el pasado miércoles suscribió el presidente andaluz, Manuel Chaves, con los máximos dirigentes de las principales entidades andaluzas incluía, además de la financiación necesaria para poner en marcha en Plan Concertado de Vivienda y Suelo Andaluz 2008-2012, en el que se contempla la ejecución de 132.000 viviendas sociales, la fijación de cuatro requisitos mínimos para que toda persona que opte a una vivienda protegida pueda ser merecedora de un préstamo bancario. El escenario que dibuja este póquer de condiciones es de difícil cumplimiento para muchos de los que acuden a los concursos de VPO ante el muro que supone la adquisición de una casa de renta libre, cuyo precio duplica, en muchos casos, el de la vivienda social. Primero, se exige que el solicitante no sea moroso y no tenga impagos anteriores; segundo, que acredite un sueldo que tenga al menos tres años de antigüedad; tercero, que los ingresos que le queden a esa persona o familia tras pagar la mensualidad de la hipoteca sea superior a los 600 euros, y cuarto, que las cuotas de todos los préstamos que tenga sean menores al 40% de la renta declarada.Este abanico de exigencias no supone mejora alguna respecto a las condiciones que en estos momentos exigen las entidades financieras y que han provocado que muchos de los beneficiarios de una VPO hayan tenido que renunciar a ella ante la negativa del banco a concederle el crédito.Entre los molestos por el escaso avance del pacto están los promotores y constructores, que si bien valoran que "se pongan unos marcos concretos para las reglas del juego", estiman que los requisitos fijados "siguen siendo un poco los de antes, con lo que la concesión del crédito sigue estando en manos de las entidades financieras". A este respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, recordó que la petición del sector es que todos aquellos ciudadanos que sean adjudicatarios de una VPO puedan disponer de un préstamo."Vuelven a ser demasiados requisitos, que todos unidos son difíciles de cumplir", insistió, al tiempo que anunció que su organización hará un estudio más pormenorizado del acuerdo para "ver si los criterios afectan a una gran parte de la población o no y si fuese así contactaríamos con la Consejería de Vivienda".En esta misma línea, el responsable de Emprovima, Esteban Martín, pidió a la Administración autonómica que explique "dónde está la novedad" del acuerdo, del que dijo beneficia a las entidades financieras, que "no arriesgan nada". "Esto no va a solucionar los problemas que ya tienen muchos adjudicatarios de VPO", comentó el diputado provincial, quien consideró que la iniciativa "excluye" a la práctica totalidad de los jóvenes que cobren entre 800 y 900 euros. "Cuando estábamos en la época del pelotazo inmobiliario, los bancos daban créditos con hasta un 60% de endeudamiento, pero ahora no", sentenció.A juicio del responsable de Emprovima, una posible alternativa pasa por potenciar las viviendas en alquiler con opción a compra. Un extremo en el que se muestra de acuerdo el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga, José María Cerezo, quien apuntó que esta modalidad supone el pago de una renta mensual de poco más de 200 euros y permite su adquisición pasados diez años. En cualquier caso, a juicio del responsable del IMV, la iniciativa del Gobierno andaluz "puede suponer un aumento de las familias que no tengan capacidad para asumir las cargas de una hipoteca". "El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la elaboración de un plan municipal de vivienda para conocer el perfil de los demandantes y los ingresos medios que tienen", anunció.Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, que fue el primero en dar la voz de alarma respecto a la negativa de los bancos a dar préstamos, redundó en los argumentos antes expuestos y sentenció que las condiciones fijadas "no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de las personas que acceden a una vivienda social, que en buena medida son jóvenes con menos de mil euros de ingresos". "De acuerdo con esto, a un segmento importante de la población que necesita una VPO no se le podría conceder un préstamo", apostilló. Gutiérrez recordó, además, que el 95% de los jóvenes tiene contratos temporales, con lo que no podrían acreditar una antigüedad de renta de tres años.
El acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía con las entidades financieras de la región para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrentan miles de ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda de protección oficial (VPO), ante la imposibilidad de recibir un crédito por parte del banco o la caja de ahorros, no parece que vaya a clarificar el actual escenario. Así al menos lo piensan en la provincia de Málaga los constructores y algunas instituciones públicas encargadas de la promoción de este tipo de productos residenciales, como el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación.El compromiso que el pasado miércoles suscribió el presidente andaluz, Manuel Chaves, con los máximos dirigentes de las principales entidades andaluzas incluía, además de la financiación necesaria para poner en marcha en Plan Concertado de Vivienda y Suelo Andaluz 2008-2012, en el que se contempla la ejecución de 132.000 viviendas sociales, la fijación de cuatro requisitos mínimos para que toda persona que opte a una vivienda protegida pueda ser merecedora de un préstamo bancario. El escenario que dibuja este póquer de condiciones es de difícil cumplimiento para muchos de los que acuden a los concursos de VPO ante el muro que supone la adquisición de una casa de renta libre, cuyo precio duplica, en muchos casos, el de la vivienda social. Primero, se exige que el solicitante no sea moroso y no tenga impagos anteriores; segundo, que acredite un sueldo que tenga al menos tres años de antigüedad; tercero, que los ingresos que le queden a esa persona o familia tras pagar la mensualidad de la hipoteca sea superior a los 600 euros, y cuarto, que las cuotas de todos los préstamos que tenga sean menores al 40% de la renta declarada.Este abanico de exigencias no supone mejora alguna respecto a las condiciones que en estos momentos exigen las entidades financieras y que han provocado que muchos de los beneficiarios de una VPO hayan tenido que renunciar a ella ante la negativa del banco a concederle el crédito.Entre los molestos por el escaso avance del pacto están los promotores y constructores, que si bien valoran que "se pongan unos marcos concretos para las reglas del juego", estiman que los requisitos fijados "siguen siendo un poco los de antes, con lo que la concesión del crédito sigue estando en manos de las entidades financieras". A este respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, recordó que la petición del sector es que todos aquellos ciudadanos que sean adjudicatarios de una VPO puedan disponer de un préstamo."Vuelven a ser demasiados requisitos, que todos unidos son difíciles de cumplir", insistió, al tiempo que anunció que su organización hará un estudio más pormenorizado del acuerdo para "ver si los criterios afectan a una gran parte de la población o no y si fuese así contactaríamos con la Consejería de Vivienda".En esta misma línea, el responsable de Emprovima, Esteban Martín, pidió a la Administración autonómica que explique "dónde está la novedad" del acuerdo, del que dijo beneficia a las entidades financieras, que "no arriesgan nada". "Esto no va a solucionar los problemas que ya tienen muchos adjudicatarios de VPO", comentó el diputado provincial, quien consideró que la iniciativa "excluye" a la práctica totalidad de los jóvenes que cobren entre 800 y 900 euros. "Cuando estábamos en la época del pelotazo inmobiliario, los bancos daban créditos con hasta un 60% de endeudamiento, pero ahora no", sentenció.A juicio del responsable de Emprovima, una posible alternativa pasa por potenciar las viviendas en alquiler con opción a compra. Un extremo en el que se muestra de acuerdo el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga, José María Cerezo, quien apuntó que esta modalidad supone el pago de una renta mensual de poco más de 200 euros y permite su adquisición pasados diez años. En cualquier caso, a juicio del responsable del IMV, la iniciativa del Gobierno andaluz "puede suponer un aumento de las familias que no tengan capacidad para asumir las cargas de una hipoteca". "El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la elaboración de un plan municipal de vivienda para conocer el perfil de los demandantes y los ingresos medios que tienen", anunció.Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, que fue el primero en dar la voz de alarma respecto a la negativa de los bancos a dar préstamos, redundó en los argumentos antes expuestos y sentenció que las condiciones fijadas "no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de las personas que acceden a una vivienda social, que en buena medida son jóvenes con menos de mil euros de ingresos". "De acuerdo con esto, a un segmento importante de la población que necesita una VPO no se le podría conceder un préstamo", apostilló. Gutiérrez recordó, además, que el 95% de los jóvenes tiene contratos temporales, con lo que no podrían acreditar una antigüedad de renta de tres años.
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