El Ayuntamiento defiende que siempre actuó "en defensa de los intereses públicos"
El juzgado número 3 de Málaga ha admitido a trámite la denuncia presentada por la empresa Promociones y Construcciones Land y Eros contra el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por lo que consideran "la ruptura unilateral de un contrato urbanístico". Según el demandante, Francisco Landero, el Consistorio ha dejado sin efectividad el preacuerdo que cerraron hace dos años a través del cual su empresa se hacía cargo de la construcción de la nueva subjefatura de la Policía Local en Torre de Benagalbón a cambio de una parcela en la finca Garcés de 16.000 metros cuadrados. La decisión fue tomada por la comisión de Urbanismo el pasado mes de abril ya que después del tiempo transcurrido "la empresa no ha conseguido el préstamo bancario para financiar la operación". Esta situación provocó que el Ayuntamiento destinara el suelo a la construcción de 72 VPO y reubicara la jefatura de la policía local en el parque de bomberos.
Sin embargo, Landero, quien reconoce esta circunstancia, entiende que ganó el concurso por un procedimiento negociado que "nunca se llevó a cabo". "Me dieron una primera prórroga para conseguir el dinero con el que sufragar la operación. También les entregué una aval de 90.000 euros que no me ha sido devuelto. Y cuando volví a pedir más tiempo como consecuencia de la crisis mundial que atravesamos, rompieron el acuerdo", denunció Landero quien reclama al Consistorio los gastos que le ha generado la operación, cifrados en 500.000 euros, más los daños y perjuicios que ha sufrido con la anulación del contrato. "Lo que más me preocupa es el daño que les ha causado a mis clientes, y por ende a la imagen de mi empresa", recalcó el constructor, quien ha había vendido las 65 viviendas que había promovido en la Finca Garcés, y a cuyos compradores les tiene que devolver el dinero.
El edil de Urbanismo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), indicó que aún no tienen la comunicación oficial, no obstante aclaró que "el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad" y "en defensa de los intereses públicos". El concejal no quiso entrar en el fondo porque serán los servicios jurídicos quienes se encarguen de ello, pero defendió la legalidad de la ruptura del preacuerdo. "El promotor tiene pleno derecho de defender sus intereses pero todo se ha hecho conforme a ley", subrayó Domínguez Palma, que considera que "no habrá ningún problema" con la construcción de las VPO de la Finca Garcés.
El juzgado número 3 de Málaga ha admitido a trámite la denuncia presentada por la empresa Promociones y Construcciones Land y Eros contra el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por lo que consideran "la ruptura unilateral de un contrato urbanístico". Según el demandante, Francisco Landero, el Consistorio ha dejado sin efectividad el preacuerdo que cerraron hace dos años a través del cual su empresa se hacía cargo de la construcción de la nueva subjefatura de la Policía Local en Torre de Benagalbón a cambio de una parcela en la finca Garcés de 16.000 metros cuadrados. La decisión fue tomada por la comisión de Urbanismo el pasado mes de abril ya que después del tiempo transcurrido "la empresa no ha conseguido el préstamo bancario para financiar la operación". Esta situación provocó que el Ayuntamiento destinara el suelo a la construcción de 72 VPO y reubicara la jefatura de la policía local en el parque de bomberos.
Sin embargo, Landero, quien reconoce esta circunstancia, entiende que ganó el concurso por un procedimiento negociado que "nunca se llevó a cabo". "Me dieron una primera prórroga para conseguir el dinero con el que sufragar la operación. También les entregué una aval de 90.000 euros que no me ha sido devuelto. Y cuando volví a pedir más tiempo como consecuencia de la crisis mundial que atravesamos, rompieron el acuerdo", denunció Landero quien reclama al Consistorio los gastos que le ha generado la operación, cifrados en 500.000 euros, más los daños y perjuicios que ha sufrido con la anulación del contrato. "Lo que más me preocupa es el daño que les ha causado a mis clientes, y por ende a la imagen de mi empresa", recalcó el constructor, quien ha había vendido las 65 viviendas que había promovido en la Finca Garcés, y a cuyos compradores les tiene que devolver el dinero.
El edil de Urbanismo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), indicó que aún no tienen la comunicación oficial, no obstante aclaró que "el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad" y "en defensa de los intereses públicos". El concejal no quiso entrar en el fondo porque serán los servicios jurídicos quienes se encarguen de ello, pero defendió la legalidad de la ruptura del preacuerdo. "El promotor tiene pleno derecho de defender sus intereses pero todo se ha hecho conforme a ley", subrayó Domínguez Palma, que considera que "no habrá ningún problema" con la construcción de las VPO de la Finca Garcés.
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