El concejal del PP en el Ayuntamiento de Mijas Manuel Navarro compareció ayer en rueda de prensa para desglosar la moción que su partido presentará en el próximo pleno que se celebrará mañana y en la que solicitan la paralización de los expedientes sancionadores de las viviendas irregulares.
El PP exige que "se adopten medidas agilizadoras que resuelvan el problema lo antes posible". En este sentido, Navarro apuntó que "entre las soluciones habría que convocar con mayor asiduidad la mesa de trabajo que creó el alcalde, Antonio Sánchez, para el seguimiento de la cuestión ya que, en un principio, iba a reunirse semanalmente y tan sólo hubo un encuentro en febrero".
Otra de las propuestas que presentará el PP es la de "aprobar un plan de actuación por sectores". A este respecto, el edil del PP señaló que "dividiendo los trabajos por etapas y lugares se acelera el proceso, empezando por los diseminados en vías de adaptación a la legalidad que ya recogía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999; continuando por los diseminados que se pueden incorporar a esa legalidad con una modificación de elementos; y terminando por las agrupaciones de viviendas, cuya situación es más compleja".
El último punto que recoge la moción es "la aprobación por parte del pleno municipal de los expedientes sancionadores a los propietario de las viviendas irregulares hasta que se legalicen los inmuebles".
El PP exige que "se adopten medidas agilizadoras que resuelvan el problema lo antes posible". En este sentido, Navarro apuntó que "entre las soluciones habría que convocar con mayor asiduidad la mesa de trabajo que creó el alcalde, Antonio Sánchez, para el seguimiento de la cuestión ya que, en un principio, iba a reunirse semanalmente y tan sólo hubo un encuentro en febrero".
Otra de las propuestas que presentará el PP es la de "aprobar un plan de actuación por sectores". A este respecto, el edil del PP señaló que "dividiendo los trabajos por etapas y lugares se acelera el proceso, empezando por los diseminados en vías de adaptación a la legalidad que ya recogía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1999; continuando por los diseminados que se pueden incorporar a esa legalidad con una modificación de elementos; y terminando por las agrupaciones de viviendas, cuya situación es más compleja".
El último punto que recoge la moción es "la aprobación por parte del pleno municipal de los expedientes sancionadores a los propietario de las viviendas irregulares hasta que se legalicen los inmuebles".
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