La propuesta, que contará con el respaldo de la oposición, pretende aliviar los gastos de las familias y extender el proceso mientras se encuentran soluciones a las viviendas
Los meses de trabajo en favor de solucionar el problema de las construcciones irregulares en el municipio parece que pronto comenzarán a dar sus frutos. El alcalde, Antonio Sánchez anunció ayer, tras mantener una reunión con miembros de la oposición, la puesta en marcha de una medida que afectará muy de cerca a los propietarios de edificaciones ilegales. Se trata de la sustitución del mecanismo de imposición de las multas coercitivas por otros medios de ejecución forzosa que tienen como objetivo alargar el proceso de demolición de dichas propiedades.
Según esta nueva fórmula, que se llevará a pleno el próximo mes de julio, el Ayuntamiento no enviará las correspondientes sanciones acumulables -doce hasta ahora, antes poner en marcha el expediente de demolición- a los infractores y decretará directamente la demolición, aunque para ello dará un margen de tiempo lo más amplio posible para hacerla efectiva. Ese plazo está pendiente de fijarse, y se hará de forma conjunta con la oposición, «siempre dentro de la legalidad», apuntó el primer edil. De esta manera, se aplicará un parámetro diferente dependiendo del tipo de construcción a la que se inicie el expediente, siendo, de manera lógica, el periodo más largo para las viviendas habitadas que incumplan la normativa.
A través de este nuevo trámite municipal se ganará un amplio margen de maniobra hasta que se puedan aplicar regularizaciones vía revisión del Plan General, evitando así que se demuelan construcciones que pudieran ser legalizadas en el futuro. Y es que, según el documento preparado por la asesoría Jurídica del Ayuntamiento, tras ese proceso el infractor aún cuenta con la posibilidad de pedir la suspensión de demolición de su expediente, cuya puesta en marcha debe haberse ratificado anteriormente en sesión plenaria.
En cuanto a las infracciones ya iniciadas, Sánchez apuntó que «pese a que no se puede aplicar la medida con carácter retroactivo, a quienes se haya notificado ya alguna multa, dejarán de recibir las sucesivas». En este sentido, apuntó que una de las ventajas de esta medida pasar por «dar un respiro a los afectados».
El mandatario señaló por otra parte que también se consigue tiempo para que instancias superiores, que son las que tienen las competencias sobre legislación urbanística, pongan en marcha cambios que abran nuevas posibilidades de normalización, «al tratarse de un problema social que afecta prácticamente a toda España» destacó. En este sentido, el edil popular Manuel Navarro expresó públicamente el deseo de que «la Junta de Andalucía trabaje con la mayor diligencia posible en una medida que permita solucionar este problema que afecta a la mayor parte de los municipios de la comunidad autónoma».
Moción institucional
El documento que recoge la nueva medida urbanística fue trasladado ayer por el alcalde y el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, a la oposición en una reunión mantenida dentro de la mesa de trabajo en favor de la solución del problema de las construcciones irregulares. Al término de esta, Navarro consideró la medida, «muy positiva y similar a la que el PP ha solicitado en numerosas ocasiones que se pusiese en marcha». Por su parte, el edil no adscrito José Antonio Sánchez aseguró que se trata de «un buen comienzo, pero al que habrá que sumarle un catálogo individualizado y otras medidas para la solución definitiva del problema».
Al respecto, desde la administración local se anunció que el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que tiene ya unas 400 referencias registradas, será una herramienta primordial para determinar qué construcciones tienen posibilidades de regularización. En este sentido y según datos facilitados por el PP, «las imágenes aéreas cifran las viviendas irregulares en 3.750». La intención municipal es finalizar el estudio de las edificaciones y posteriormente reunirse con los colectivos afectados.
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