Pendón defiende que las viviendas irregulares de la Axarquía pueden ser legalizadas. Mijas frenará las multas mientras revisa el PGOU. Ángeles Muñoz promete que no habrá derribos
M. ALBARRAL. / P. SÁNCHEZ. MÁLAGA La Axarquía, Marbella y Mijas. Interior y litoral. Partidos de diferentes signo político. Todos se unen bajo un mismo objetivo: regularizar las viviendas ilegales que sea posible y no castigar así al comprador de buena fe.
El presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, aseveró ayer que la situación de las viviendas ilegales de la Axarquía se puede solucionar con su regularización y dijo no entender cómo en Marbella se habla de normalizar 30.000 casas y en dicha comarca de "imputar a los alcaldes".
Pendón informó de que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio "está implicada en una solución favorable", ya que se observan "ciertas posibilidades de poderlo hacer" y añadió que no "es descabellado" pensar en un plan de regularización a semejanza del que se está llevando a cabo en otras municipios andaluces.
El presidente de la Diputación y secretario de Vivienda y Ordenación del Territorio del PSOE-A dijo además que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la Axarquía está "muy avanzada", por lo que "tampoco es descabellado" cambiar algunos aspectos que "haría posible incluir una nueva remesa de esas edificaciones hasta ahora irregulares".
Pendón indicó que "sólo en casos muy concretos" dichas construcciones tienen determinadas limitaciones en relación con el territorio en el que está ubicadas, ya que la mayor parte de las edificaciones "no están en suelo que soporte algún tipo de protección", por lo cual, cualquier tipo de regularización es "posible". Para el mandatario del ente supramunicipal la imputación de los alcaldes debería ser "el último paso". "Lo que procede es no demonizar una situación que comporta signos de irregularidad pero que no excede de la que se da en otros lugares de la comunidad autónoma", declaró.
Mijas. El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer por su parte "la suspensión de las multas coercitivas a los propietarios de las viviendas irregulares del municipio". La asesoría jurídica del Ayuntamiento ha estado trabajando en este asunto hasta que ha logrado encontrar una fórmula para que no se siga produciendo esta situación.
Así pues, el Consistorio decretará orden de demolición en las construcciones, lo que supone lograr "un amplio margen de tiempo" hasta hacerla efectiva. De esta manera, el procedimiento se alargaría, aproximadamente, un año y medio. "Con esta medida no sólo dejarán de pagar multas los afectados, sino que el margen de tiempo es mayor por lo que nos da tiempo desde el Ayuntamiento a realizar la revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y a legalizar las que se puedan", aseguró el regidor.
Sánchez convocó ayer la mesa de trabajo de la comisión de seguimiento de esta problemática para anunciarles la decisión del equipo de gobierno. Tanto el PP como el concejal no adscrito apoyaron la iniciativa que se presentará en el pleno corporativo de julio como una moción institucional. Según la ley las actuaciones no se pueden aplicar con carácter retroactivo, pero a quienes se les haya notificado ya alguna multa sí dejarán de recibir las sucesivas. Por otra parte, el alcalde adelantó que "el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que elabora el Ayuntamiento tiene ya unas 400 referencias registradas". En Mijas se estima que existen más de 3.000 viviendas en situación irregular.
Marbella. También se expresó sobre este asunto la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que dijo querer ser fiel a su compromiso electoral. Prometió que no se derribaría ni una sola vivienda habitada de las 18.000 que están en la lista de las irregulares.
Ayer, lo recordó. "Cambiaremos el documento para que lleve la impronta de nuestro compromiso político", afirmó tras reconocer que el equipo de gobierno mantiene importantes discrepancias con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. El último PGOU, remitido esta misma semana al Consistorio para su segunda aprobación provisional prevista para julio, no incluye en el proceso de normalización a alrededor de 1.000 inmuebles, según explicó ayer Muñoz. De ellos, en torno a 400 son especialmente sensibles para la regidora por estar habitados por familias desde hace años. Son los complejos Banana Beach, de alrededor de 300 apartamentos, y dos promociones ubicadas en la urbanización de El Alicate y Río Real.
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