Muñoz advierte de que un millar de viviendas sin ocupar sí se quedarán fuera de ordenación
La alcaldesa avanzó que éste será uno de los edificios que se echarán abajo al no quedar dentro del PGOU. /JOSELE-LANZA
«Aunque el urbanismo se dibuja y se pinta en plano detrás hay muchos afectados y tenemos que defender sus intereses». Con esta declaración de intenciones de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ayer quedaron pocas dudas de cuál será el futuro de las tres promociones habitadas que el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha dejado sin legalizar en el documento que entregó el pasado viernes al Ayuntamiento. Sin medias tintas, la regidora confirmó que ante esta nueva disyuntiva urbanística modificará el Plan antes de llevarlo a pleno con el fin de regularizar este medio millar de inmuebles: el edificio Banana Beach, los bloques de Río Real que se levantan sobre yacimiento arqueológico y una treintena de casas de la zona de El Alicate. «La demolición de estos edificios ocupados crearía una alarma social y una pérdida de confianza en las administraciones», justificó.
De momento, se desconoce cuál será la fórmula para rescatar este grupo de viviendas con inquilinos, aunque dio algunas pistas. En el caso del Banana Beach, convertido en emblema del desaguisado urbanístico del GIL, dejó entrever la posibilidad de que se vincule con el futuro desarrollo del polígono industrial de La Ermita una vez se haga efectivo su traslado. Para las otras dos promociones, apostó por vincular su legalización al pago de compensaciones que se cargarían a los promotores.
«Puerta abierta»
«Analizaremos todas las vías posibles para que tengan una puerta abierta dentro de la legalidad», avanzó Muñoz. Una decisión en la que confía contar con el respaldo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con la que prevé reunirse antes de la aprobación provisional, prevista para julio. «El documento que llevemos a pleno debe tener la impronta de nuestros compromisos políticos», añadió en tono conciliador. De hecho, dijo entender los criterios tanto de la Junta como del equipo redactor pero apostó por hacer «un esfuerzo».
Lo que también quiso dejar claro es que no se tratará en ningún caso de una amnistía ni de un punto y final ante el rosario de viviendas ilegales que dejó el gilismo gracias a licencias que se sustentaron en un PGOU que nunca fue legal. Por contra, explicó que un millar de inmuebles sin vecinos por medio sí se quedarán fuera del nuevo planeamiento. Esto es, serán pasto de la piqueta o se reutilizarán como equipamientos públicos. Entre ellos, se encuentra el edifico destinado a hotel que se levantó junto al hospital Costa del Sol en suelo calificado como parques y jardines, una de los ocho construcciones deshabitadas que el Gobierno andaluz había pedido que se derribaran. Igualmente se quedan fuera del Plan una estructura inconclusa frente a La Reserva de Noelia y otras en Aloha o El Picadero.
«No es fácil el periodo que se abre y entendemos que habrá reclamaciones al Ayuntamiento pero no podía ser un punto y final», sentenció la primera edil en alusión al escenario que se producirá cuando se apruebe el PGOU, ya que el grueso de las edificaciones que tendrán que demolerse contaron en su día con una licencia, aunque fuera anulada, e incluso protagonizaron convenios con el Consistorio. Será el momento entonces de instar a los promotores a que ejecuten las sentencias de derribo en este millar de viviendas sin habitar y además se comenzarán a revisar las licencias ilegales. Dicho de otra forma, se seguirá el Plan a pies juntillas.
A rajatabla
«El Ayuntamiento quiere dar un marco legal y no habrá ninguna medida que no siga a rajatabla lo que marque este documento, será como una biblia dentro del ámbito urbanístico en los próximos años», apuntó la alcaldesa. Sobre los plazos, confió en llevarlo a pleno para su aprobación provisional el próximo mes de julio. Por delante quedan unos días intensos en los que mirarán con lupa si el equipo redactor ha atendido todos los criterios municipales en el último retoque que se le ha dado el PGOU tras su primera aprobación provisional, algo que no ha hecho en el caso de las tres promociones habitadas que no se legalizan.
Una vez se apruebe en pleno, el resto de la tramitación quedará ya en manos de la Junta, que pese a las afirmaciones del equipo de gobierno de que el planeamiento se estaba negociando con el Gobierno andaluz se ha resistido a pronunciarse hasta que el Plan supere la próxima aprobación. El Ayuntamiento espera que pueda entrar en vigor a final de año. Todo dependerá de que la Junta no le ponga ninguna pega.
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