Aseguran que la medida era una de las propuestas del plenoExtraordinario de julio del año pasado
La propuesta anunciada por el Ayuntamiento de Mijas para la retirada de las multas coercitivas está siendo alabada por muchos, aunque criticada también por su retraso. En este caso, le ha tocado dar su valoración a los afectados. La Asociación para la Regularización de Viviendas (ARV) reconoció que la supresión de esta medida supone «un alivio para los afectados», apuntó el presidente del colectivo Juan Antonio Blanco, aunque criticó el retraso que han tenido desde la administración para su puesta en marcha. De esta manera, recordaron que esta medida estaba contemplada dentro de las registradas por el colectivo en el pleno Extraordinario celebrado a instancias del PP en julio del año pasado.
Por otro lado, se quiso poner en conocimiento que esta tardanza en la implantación de la medida ha motivado «el inicio de centenares de expedientes que han tenido que sufragar los afectado». Aún así, aclararon que los afectados están dispuestos a pagar las cargas que les correspondan para regularizar sus viviendas.
Como la medida a aprobar por el Ayuntamiento no supone la solución definitiva del problema en la localidad, los afectados proponen la anulación de todos los expedientes abiertos alegando a que no se ha realizado el trámite de audiencia, hecho que produce indefensión, «con lo que se ganaría el tiempo suficiente para la normalización urbanística con el desarrollo de la revisión del Plan General» apuntó el asesor jurídico de la plataforma, Ricardo Santandreu. Otra de las medidas que según Blanco deberían acatarse es «una colaboración directa entre la asesoría jurídica del ayuntamiento con la de la plataforma».
Colaboración
En cuanto al anuncio del alcalde, Antonio Sánchez, de acordar un acuerdo una vez completado el catálogo de construcciones irregulares, los afectados aluden a que es necesario un encuentro «antes para buscar soluciones juntos».
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