El juez Óscar Pérez pidió al Consistorio el libro de inspección y el de actas, pero la respuesta fue que estos manuales no se usan todavía, a pesar de que la LOUA así lo manda desde 2003
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, pidió, a instancias del abogado del ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, al Ayuntamiento de la localidad el pasado 14 de abril testimonio del libro de visitas de inspecciones y del libro de registro de las actas realizadas por parte del departamento de Disciplina Urbanística, manuales obligatorios según recoge la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su artículo 180.3.
El 11 de mayo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, envió al magistrado una copia del informe emitido por un letrado adscrito al área de Disciplina Urbanística, documento efectuado el 6 de mayo de 2009. En él, el letrado reconoce que, a pesar de ser obligatoria la llevanza de esos libros desde el 20 de enero de 2003, el departamento no dispone de ellos.
"Tanto antes como después del establecimiento legal de dicha obligación, en la dependencia municipal encargada de Disciplina Urbanística, se ha venido llevando un control, aunque no en forma de libro y registro, de las inspecciones y de las actas extendidas con motivo de ellas", explica el abogado.
En el siguiente párrafo, el letrado del Consistorio añade que "debido a la falta de medios personales y materiales que padecemos, que impone la atención a otras necesidades más perentorias, los expresados libro y registro no han sido aún implementados". Incluso, envía el jurista de Disciplina Urbanística varios oficios dirigidos a las autoridades responsables "en los que queda suficientemente acreditada la falta de medios denunciada".
Eso sí, recuerda que la inexistencia de esos libros "no impide que haya constancia de las actuaciones, dado que las inspecciones realizadas, una vez documentadas, y las actas extendidas a consecuencia de ellas, son inmediatamente incorporadas a los expedientes a los que corresponden, pudiéndose expedir testimonio de las mismas en cualquier momento".
Constan en la documentación enviada al juez tres escritos más en los que el mismo abogado solicita más medios personales para tramitar la gran cantidad de expedientes generados, muchos de ellos en periodo de caducidad. Los tres documentos están dirigidos a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe. "Es humanamente imposible la adecuada tramitación de los mismos", recalca el 14 de marzo de 2006. Incluso, amenaza con renunciar al nombramiento de instructor de esas carpetas.
En otro, fechado el 26 de enero de 2006, relata que la Consejería de Obras Públicas visitó su dependencia, solicitando gran cantidad de expedientes, y recuerda que en la anterior inspección, realizada en otoño de 2005, "el funcionario que suscribe resultó presunto responsable de la caducidad de expedientes, situación que no está dispuesto a seguir tolerando".
El juez incorporó la contestación municipal a la instrucción –una pieza separada de ´Malaya´– el 5 de junio de 2009.
Explicación. Fuentes municipales aseguraron ayer que esta situación viene desde la época de Yagüe: "Tarde o temprano, evidentemente vamos a dotarnos de todos esos instrumentos, pero es mucho trabajo el que hay que hacer".
Eso sí, recuerdan las fuentes consultadas que el Ayuntamiento tiene un registro informático en el que hay constancia de todos los datos relativos al urbanismo de la localidad y que al último pleno se llevó la elaboración de un libro de registro de convenios.
"Lo principal es que tenemos la voluntad de arreglar todo esto, pero hay que recordar la herencia que recibimos, en la que no había ningún control sobre nada. Estamos trabajando por que todo eso cambie", concluyen.
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