El presidente de la Asociación para la Regularización de las Viviendas de Mijas, Juan Antonio Blanco, y el asesor jurídico de la entidad, Ricardo Santandreu, valoraron ayer el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP por el cual se van a adoptar las medidas administrativas que permitan suspender las multas coercitivas a los propietarios de las viviendas ilegales.
No obstante, la directiva de la asociación lamenta la tardanza en la adopción de esta medida ya que se había planteado en julio del año pasado y el pasado mes de marzo, sin resultado alguno, por lo que se han seguido poniendo multas hasta ahora.
Asimismo, los miembros de la asociación se cuestionan qué va a pasar con las multas que se han impuesto antes de tomar esta decisión y afirman que lo más preocupante es qué va a pasar con las quince familias que ya han demolido sus viviendas y no pueden beneficiarse de esta nueva medida.
De la misma manera, piden la anulación de los 50 expedientes que ha sido denunciados en el juzgado por la omisión del trámite de audiencia, error reconocido por el propio Ayuntamiento, para reiniciarlos y ganar así el tiempo necesario para que las viviendas se puedan regularizar a través del Plan General de Ordenación Urbana.
En este sentido, el asesor jurídico de la asociación, Ricardo Santandreu, insta al Ayuntamiento a agilizar los trámites del documento urbanístico.
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