Libertad para el ex alcalde de Alcaucín bajo fianza de 120.000 euros (La Opinión)

La defensa dice que pagará hoy la suma exigida y podría salir a lo largo de la tarde del penal. Está imputado por cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, decretó ayer la libertad provisional bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, único imputado en el seno de la operación ´Arcos´ que permanecía en prisión desde su detención, el pasado viernes, 27 de febrero.

El ex regidor está imputado por los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Era alcalde de Alcaucín por el PSOE desde 1991 y dimitió de su cargo a principios de marzo.

Su defensa afirmó ayer que hoy hará efectiva la fianza, lo que supone que su salida de la cárcel de Alhaurín de la Torre podría tener lugar a lo largo de la tarde. Sólo ha estado poco más tres meses entre rejas, lo que indica que la investigación sobre los hechos en los que pudiera estar implicado ya ha concluido.

No podrá salir de España y deberá comparecer ante la autoridad judicial cada vez que se le reclame por parte de la instructora. El secreto sumarial continúa vigente, aunque no por mucho tiempo.

En total, hay casi treinta imputados en este caso de corrupción urbanística investigado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno.

El otro encausado que recaló en prisión, ex jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, quedó en libertad a principios de mayo tras pagar una fianza idéntica. Está imputado por los supuestos delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación.

Las pesquisas de este caso afectan a pequeñas promociones y casas aisladas en suelos rústicos o no urbanizables. La novedad, como ya se conoce, es que las mismas eran vendidas a personas residentes en el extranjero. Las construcciones, por supuesto, se levantaban en suelo no urbanizable.

Los cargos públicos, al mismo tiempo, hacían la vista gorda o encubrían los tejemanejes administrativos, por lo que recibían pagos dinerarios o en especie, según el caso.

Falsedad. Simultáneamente, según el instituto armado, los arquitectos arrestados emitían certificaciones falsas o manipulaban los informes al objeto de dar apariencia de legalidad a las anotaciones catastrales. Para extremar el sigilo con el que se desarrolló la operación, que estalló el 27 de febrero, los agentes de la UCO que la impulsaron, expertos en delitos urbanísticos, llegaron desde Madrid. Las pruebas recabadas sobre el terreno han sido esenciales para cerrar el círculo en torno a la trama de corrupción.

Mientras Martín Alba fue regidor, el Consistorio trató de reclasificar su extrarradio al completo con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta intención afectaba a 144.713 metros cuadrados de suelo no urbanizable. La comisión de Urbanismo de la Junta de Andalucía rechazó, en mayo de 2008, la petición del Ayuntamiento axárquico. Además, el avance del plan, que iba sin firmar, se elaboró en el Servicio de Arquitectura de la Diputación.