viernes, 5 de junio de 2009

Un juzgado ordena que Yagüe empiece a cumplir cárcel por delito urbanístico. Marbella (SUR)

Envía un mandamiento a Soto del Real para que el ex edil pague año y medio de prisión por dos condenas pendientes 
El regreso del ex concejal de Marbella Juan Antonio Yagüe después de dos años y medio en busca y captura ha activado la pesada maquinaria de la Justicia. Un día después de entregarse e ingresar en la cárcel de Soto del Real, el juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha enviado un mandamiento a la prisión madrileña para hacer efectivo el cumplimiento de dos condenas que el ex edil tiene pendientes y que suman año y medio de cárcel: los casos 'Banana Beach' y 'Proinsa'.
El hermano de la que fuera alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, procesada en el 'caso Malaya', fue condenado por primera vez en 2005. El Juzgado de lo Penal 5 le impuso seis meses de cárcel junto a otros cinco ex ediles del GIL y al ex alcalde Julián Muñoz. Como miembros de la comisión de gobierno autorizaron en febrero de 1998 una licencia para la construcción del complejo 'Banana Beach', 1.238 viviendas que se levantaron en una parcela no urbanizable situada a pie de playa.
Al ser una pena inferior a dos años no llegó a pisar la cárcel. Pero su situación procesal se complicó cuando un año más tarde le cayó una nueva condena de 12 meses por el 'caso Proinsa'. Los siete repitieron banquillo. El mismo juzgado los sentenció por autorizar una licencia ilegal de obras en esta ocasión a Promociones de Edificaciones Industriales S.A. (Proinsa) para la construcción de 150 viviendas, garajes y locales comerciales en una zona verde. Se trataba de un nuevo delito urbanístico cometido en 1999 cuando Yagüe era concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Marbella con Julián Muñoz como alcalde accidental. Esta segunda condena implicaba que debían entrar en prisión.
La huida
Días antes de ingresar en el penal de Alhaurín de la Torre Juan Antonio Yagüe huyó de la acción de la Justicia alegando que se sentía como un «cabeza de turco» y se refugió, al parecer en Venezuela, país que carece de tratado de extradición.
El ex edil se presentó el pasado viernes en el Consulado de Caracas donde firmó un acta de manifestación y visado en la que expresaba su deseo de entregarse. Fue detenido en el aeropuerto de Barajas y conducido a la cárcel de Soto del Real, donde permanece.
Ahora deberá enfrentarse no sólo a las condenas pendientes también a varios procedimientos judiciales en curso. Entre ellos, tendrá que declarar en un juicio en el Penal 7 de la capital por el que ya fueron condenados otros ex ediles gilistas a entre un año y nueve meses de prisión no sustituibles por multa.
Se trata del 'caso Algabamar' por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico entre 1998 y 1999. En este juicio ya se aplicó el pacto alcanzado alcanzado entre la Fiscalía de Málagay los ex concejales de la primera y segunda corporación del GIL para rebajar la condena y agrupar todos los delitos urbanísticos a cambio de su confesión e ingreso en la cárcel.

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