miércoles, 22 de julio de 2009

La Junta advierte de que el Ayuntamiento pone en peligro la legalidad del PGOU. Marbella (SUR)

El consejero de Vivienda sostiene que la recuperación de la franja litoral es un criterio básico que el documento no puede ignorar
La Junta advierte de que el Ayuntamiento pone en peligro la legalidad del PGOU
El titular de Vivienda del Gobierno andaluz, Juan Espadas, ayer, en el puerto de Málaga. / SALVADOR SALAS
La recuperación de la franja litoral en Marbella es un criterio básico y un objetivo del Plan General de Ordenación Urbana que no puede ser ignorado. Esta es una de las principales razones que hacen imposible la legalización de la promoción Banana Beach pese a su condición de urbanización ya habitada.
Así lo explicó ayer a este periódico el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, quien resaltó que las últimas modificaciones introducidas al documento por el Ayuntamiento ponen en riesgo la legalidad del Plan. Por eso, ha reclamado al gobierno municipal que los cambios no alteren el modelo elaborado por el equipo redactor.
El consejero resaltó que no es posible compensar la pérdida de franja litoral con la cesión de suelo en otra parte de la ciudad. «Por eso hay determinadas zonas en las que no es posible la legalización», subrayó. Espadas dijo que esa es la razón principal por la que el equipo redactor no encontró fórmula de compensación posible para regularizar la situación del Banana Beach, promoción que el gobierno municipal pretende incluir en el Plan con el argumento de que se trata de un conjunto con una gran parte de viviendas habitadas. «No se trata de que se den a cambio unos aparcamientos a modo de compensación, sino de que al final tiene que salir una ecuación que responda al interés general y que no vaya contra el modelo urbanístico», enfatizó.
«Estamos hablando de la legalidad urbanística y con esto no podemos jugar», sostuvo el consejero, que resaltó que los tribunales podrían actuar en caso de que se diera vía libre a la solución que plantea el Ayuntamiento, y que existen antecedentes jurídicos en ese sentido.
Aprobación
Espadas ha reiterado que no es posible que el plan vaya contra los criterios de ordenación y ha señalado que cuando llegue el momento, una vez que el pleno municipal apruebe provisionalmente el documento en el pleno del 29 de julio, la Junta analizará «en qué medida son compatibles estos cambios con los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de redactar el documento».
En referencia a Río Real, otra de las promociones que el equipo redactor dejó fuera del Plan y que el gobierno municipal quiere regularizar, el titular de Vivienda recordó que «donde había una previsión de unas viviendas unifamiliares se han construido siete bloques, se ha mutiplicado la densidad prevista».
Por su parte, el equipo de gobierno municipal no ha querido atizar la polémica, a la espera de la sesión convocada para la aprobación del documento. Su portavoz, Félix Romero, abundó ayer en las, a su juicio, «buenas relaciones» entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio durante todo el tiempo de tramitación del Plan. Romero hizo extensible ese clima de entendimiento al responsable de ese departamento de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, con quien, reiteró, hubo una relación de entendimiento y colaboración mutua.
Sobre la posibilidad de que en el futuro salgan a la luz nuevas sentencias judiciales en relación con la ilegalidad de viviendas o promociones, el portavoz municipal aseguró que el equipo de gobierno, «como hasta ahora», será respetuoso con las mismas, «trabajando siempre en la dirección correcta».

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