Espadas cree que los cambios en el plan de Marbella ponen en riesgo su legalidad (Málaga Hoy)

Espadas cree que los cambios en el plan de Marbella ponen en riesgo su legalidad

La Junta no le dará el visto bueno si se insiste en legalizar las 500 casas que quedaron fuera de ordenación

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Ocho días. Ese es el plazo del que dispone el Ayuntamiento de Marbella para dejar sin efecto los cambios introducidos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por su equipo de gobierno, que suponen la legalización de 500 viviendas que habían quedado fuera de ordenación, si quiere que la Junta de Andalucía apruebe el documento. Así de contundente se mostró ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien sentenció que las variaciones incluidas en el planeamiento marbellí "ponen en serio riesgo la legalidad" del mismo, en clara alusión a la intención municipal de legalizar símbolos de las tropelías de la era GIL como Banana Beach, Río Real y La Víbora, urbanizaciones que el equipo redactor del PGOU había excluido de la normalización que sí acoge a otras miles de viviendas.

En este sentido, el consejero confió en que el día 29 de julio, cuando el Plan General será sometido a la segunda aprobación provisional en un pleno extraordinario, "el sano juicio se recobre y el equipo de gobierno del PP plantee un plan que responda al modelo diseñado y los cambios no lo alteren sustancialmente". De ser así, la Administración autonómica suspendería aquellas partes que fueran en contra de la legalidad urbanística.

Esta intervención no estaría motivada, según el consejero, en un interés de su departamento por "imponer" un modelo determinado a Marbella, sino "porque estamos hablando de legalidad urbanística y con eso no se puede jugar, ya que entonces jugamos en contra del interés general de Marbella". Asimismo, indicó que más allá de la postura de la Junta, la legalidad o no del PGOU tendrá que ser analizada por los tribunales de Justicia, puesto que hay más de un centenar de sentencias sobre edificaciones ilegales, quedando pendientes otros 200 casos.

Desde el equipo de gobierno del PP en Marbella, su portavoz, Félix Romero, subrayó que el Ayuntamiento "siempre se mueve dentro de los parámetros de la legalidad urbanística" e insistió en el respeto "total y absoluto" que se tiene por las decisiones de los tribunales. No obstante, destacó que la aprobación del Plan General no tiene lugar en una situación normal y confió en que el mismo salga adelante con el mayor consenso. En relación a las relaciones con la Junta, destacó que a lo largo de los últimos años ambas administraciones "han ido de la mano" en este asunto.