jueves, 23 de julio de 2009

El PGOU enfila su recta final con el Ayuntamiento y la Junta más alejados que nunca (SUR)

El alcalde acusa al Ejecutivo autonómico de invadir competencias locales y pide que la adquisición de Arraijanal la pague el Gobierno central
El consejero de Gobernación critica al Consistorio por echar «pulsos» que dificultan la negociación y cree que aún hay tiempo para el acuerdo

El PGOU enfila su recta final con el Ayuntamiento y la Junta más alejados que nunca
VISITA INSTITUCIONAL. De la Torre da la bienvenida al Ayuntamiento a Pizarro en presencia de María Gámez. / SALVADOR SALAS
El nuevo ordenamiento urbanístico de Málaga ha sido un continuo caballo de batalla entre el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía desde que hace cinco años se iniciaron los trámites para elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ahora, la guerra entre ambas administraciones a cuenta del mismo se recrudece. Y ello cuando falta un día para que, este viernes, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo emita su informe técnico vinculante sobre el documento y el próximo martes el Consejo de Gobierno andaluz le dé el visto bueno a un texto en el que se dejarán en suspenso algunos de los proyectos estrella del Consistorio como el levantar hoteles, edificios de uso empresarial y 664 viviendas en Arraijanal o la construcción al norte de la Ronda Este de circunvalación.
En el final del camino las espadas están en todo lo alto y ayer -cuando aún coleaban las declaraciones del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas en la capital- las diferencias en este tema se volvieron a evidenciar durante la primera visita institucional a Málaga y al Ayuntamiento de la capital del consejero de Gobernación y hombre fuerte del PSOE regional, Luis Pizarro. En su encuentro de 45 minutos en el despacho de la Alcaldía con el regidor, Francisco de la Torre, además de hablar de financiación local y de la descentralización de competencias y recursos a las administraciones locales, el alcalde le expuso al consejero la posición municipal sobre el PGOU y los reparos del Ejecutivo regional a algunos de los proyectos impulsados por el Consistorio y recogidos en el documento.
Al finalizar su reunión, ambos comparecieron conjuntamente ante la prensa y se mostraron muy diplomáticos, pero una vez que Pizarro se marchó -acudió a la inauguración de un parque de bomberos en Coín-, De la Torre, visiblemente molesto por la postura de la Junta, acusó a la Administración regional de deslealtad institucional y de invadir competencias municipales en el tema urbanístico.
Especialmente disgustado se mostró con la postura de la Junta respecto a Arraijanal, donde el Gobierno andaluz plantea que se compense a los propietarios de ese suelo con aprovechamientos urbanísticos (derecho edificatorio) en otras zonas de la ciudad para poder obtener el terreno. De la Torre se mostró contrario a este planteamiento, que llegó a calificar de «invento raro» y aseguró que la estrategia de la Administración regional en este tema es «hacer regates» para desgastar políticamente al Ayuntamiento.
Sobre este tema, De la Torre afirmó que esa operación sí tendría costes para el Ayuntamiento contradiciendo lo sostenido por Juan Espadas, quien dijo que no supondría coste alguno para el Consistorio. En este punto, tiró de hemeroteca y recordó que en 2007 el Ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por la ministra Cristina Narbona, anunció que iba a adquirir los terrenos de Arraijanal expropiándolos. «¿Por qué se ha olvidado la Junta y el PSOE de eso?», se preguntó el regidor, quien añadió que si esa compra tiene algún coste que «lo paguen los españoles a través del ministerio y no los malagueños».
El alcalde también se mostró muy crítico con el proyecto del Ejecutivo andaluz de construir un centro de transportes en una parcela de 96 hectáreas en Santa Rosalía. De la Torre calificó de «auténtico atentado a la autonomía municipal» que la Junta pida calificar ese suelo como sistema general y compensar a los propietarios con aprovechamientos urbanísticos en otras zonas de la ciudad.
«Esta fórmula de la Junta de pedir aprovechamientos urbanísticos para desarrollar proyectos que impulsa como el del megahospital, Arraijanal o Santa Rosalía se está extendiendo como una enfermedad. La edificabilidad no es algo con lo que se pueda mercadear y jugar para conseguir un suelo», aseveró el regidor,
Recurrir a los tribunales
El alcalde de la capital mostró la disposición del Ayuntamiento a seguir negociando a partir del viernes los proyectos del PGOU de Málaga que puedan quedar suspendidos por la Junta, pero advirtió de que no descartan acudir a los tribunales para defender los intereses de la ciudad. «No supone ninguna deslealtad institucional, al contrario, es ayudar a que la Junta aprenda su camino en el uso de su autonomía y no se extralimite en el uso de sus poderes», concluyó.
Antes de su visita al Ayuntamiento y tras reunirse por espacio de casi dos horas con los delegados de la distintas consejerías de la Junta en Málaga, Luis Pizarro se refirió a la brecha abierta entre la Administración regional y el Ayuntamiento sobre el PGOU. El consejero de Gobernación criticó al Consistorio por «echar pulsos» que dificultan el acuerdo ya que, según recordó, el Consistorio conocía desde hace un año la posición autonómica sobre Arraijanal y que ésta «no ha sido sorpresiva». «Hemos sido transparentes y hemos jugado limpio», destacó.
En este sentido, tiró de argumentario y señaló que el líder del PP andaluz, Javier Arenas, utiliza a los alcaldes de su partido como «arietes» contra la Junta de Andalucía. Y para ello puso el ejemplo de lo que está ocurriendo en Málaga o de lo planteado por la alcaldesa popular de Marbella, Ángeles Muñoz, en la revisión del PGOU de dicha ciudad pidiendo la legalización de 18.000 viviendas actualmente en situación irregular.
Respecto a la capital, Luis Pizarro se mostró confiado en que de aquí a mañana, viernes, aún hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo entre ambas administraciones. Eso sí, el consejero dejó claro que la postura de la Junta ya está definida y quien debe mover ficha en esta partida de ajedrez debe ser el Ayuntamiento, que no está muy por la labor.

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