De la Torre acusa a la Junta de usar el urbanismo para desgastar al PP (La Opinión)

Cree que las exigencias autonómicas para la aprobación del PGOU suponen "una invasión de competencias"

Desacuerdo. Luis Pizarro y Francisco de la Torre durante la reunión de ayer en el Consistorio. Arciniega

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga volvieron ayer a escenificar, por enésima vez en lo que va de legislatura, su profundo desacuerdo en materia urbanística y en la estrategia de crecimiento de Málaga. Después de la aprobación del ordenamiento regional para el área metropolitana y a sólo un día de la revisión del PGOU por parte de la administración autonómica, el conflicto no hace más que recrudecerse y apunta a prolongarse, de manera fatigosa e inconciliable, durante los próximos meses.

El alcalde, Francisco de la Torre, aprovechó la visita del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, para dejar clara su postura y defenderse de los reproches formulados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Lo hizo con más vehemencia de la acostumbrada en sus intervenciones públicas y un tono que refleja claramente el estado de controversia que divide a ambas instituciones.

Su primera invectiva se dirigió a la interpretación del PGOU y los requirimientos formulados por la Junta en torno a terrenos como Arraijanal, en los que la administración autonómica solicita al Consistorio la cesión de otras parcelas que compensen a sus actuales propietarios, movimiento que dejaría libre la marina para la construcción de un parque metropolitano. De la Torre acusó al Gobierno andaluz de "invadir competencias" y le atribuyó una "motivación política" que aspira a "desgastar políticamente" al Ayuntamiento.

El Consistorio está convencido de que cualquier modificación del PGOU orientada a compensar a propietarios afectaría a otros terrenos, en los que ya se ha reservado suelo para otro tipo de proyectos "necesarios para la ciudad". "Es una idea de la Junta, pues que la resuelva ella", indicó el regidor.

El regidor se mostró, incluso, dispuesto a recurrir a los tribunales si la administración no da marcha atrás a sus exigencias y recordó que hace tres años el proyecto de la Junta en Arraijanal comenzaba con la expropiación de los terrenos por parte del Ministerio de Medio Ambiente. "Deben dirigirse a ellos, no al Ayuntamiento, no puede ser que se quiera que al final paguen el coste los malagueños, que son los más débiles", puntualizó.

Las palabras del alcalde tuvieron su réplica en el consejero Luis Pizarro, que amplificó las observaciones expresadas en la víspera por su compañero de gobierno, Juan Espadas, responsable de Vivienda. El representante andaluz instó ayer al Consistorio a abandonar "los pulsos" y retomar el diálogo. Pizarro insistió en que la postura municipal "no es sorpresiva" y que el alcalde conocía las intenciones de la Junta desde hace más de un año. "Quedan muchas horas de aquí al viernes y el consejero de Vivienda está dispuesto a echarlas para llegar a un acuerdo".

Por otro lado, el consejero se mostró contario a establecer una "ley de punto y final" respecto a las viviendas ilegales de la Axarquía y apostó por "la negociación" en detrimento de fórmulas como la modificación de las normativas urbanísticas, posibilidad esta última que descartó con contundencia.