La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga volvieron a evidenciar ayer la confrontación que ambas administraciones mantienen desde hace años con el urbanismo como telón de fondo. El episodio de ayer, protagonizado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, tuvo lugar justo el día después de que el Consejo de Gobierno andaluz aprobase definitivamente el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), que desbarata buena parte de los proyectos estrella dibujados por el equipo de gobierno del PP en el nuevo Plan General de la ciudad, entre ellos la construcción de 600 viviendas en los terrenos de Arraijanal.
Frente a la postura municipal, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio opta por preservar de la ocupación este sector, el único libre del litoral de la capital, y por diseñar un parque metropolitano, aunque para ello habrá de buscar el modo de compensar a los propietarios de la parcela. Y éste es, justamente, la excusa que ambas instituciones utilizan para lanzarse nuevas acusaciones de falta de lealtad.
"La Junta ha sido transparente en este tema y ha jugado limpio". Estas fueron las palabras empleadas por Pizarro para explicar la posición mantenida en los últimos meses por Vivienda y Ordenación del Territorio sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital y la protección de Arraijanal. "El alcalde sabe que la postura de la Junta siempre ha sido la de que ese suelo sea una zona verde para la ciudad", apostilló.
Por ello, y dadas las conversaciones mantenidas en los últimos meses por técnicos de ambas administraciones sobre el Plan General, el consejero entendió que la actuación de la administración autonómica "no se puede considerar una sorpresa". E insistió en que "los pulsos institucionales" no conducen a nada, por lo que reclamó "diálogo y acuerdo".
Las palabras de Pizarro, subrayando la posibilidad de acercar posiciones en relación al PGOU en las horas que restan para su aprobación definitiva mañana, contrastan con el malestar que de De la Torre, quien mostró su enfado ante los medios de comunicación minutos después de haberse reunido a lo largo de una hora con el consejero de Gobernación en la Casona del Parque.
El regidor exigió a los responsables autonómicos que no "carguen" sobre el Consistorio el coste de la propuesta del parque, de la que es responsable la Junta, y les recordó el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, en 2006, de expropiar el sector para preservarlo de la ocupación urbanística. "Estas cosas son serias, no podemos hacer regates ni inventos raros para tratar de políticamente desgastar a alguien. Porque detrás hay una motivación política", dijo.
De la Torre, que no cerró la puerta a una posible negociación, sí consideró que la vía puesta sobre la mesa por la Consejería de Vivienda y Ordenación Territorial de hacerse con el terreno mediante la compensación podría "poner patas arriba" el nuevo Plan General de la ciudad. Con ello, aludió a la bolsa de aprovechamientos urbanístico que se crea en el marco del planeamiento para garantizar la obtención de espacios verdes y equipamientos y que quedará desequilibrada si se impide la edificación en este sector.
Esta circunstancia, a diferencia de lo que el pasado martes decía el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, sí costaría dinero a la ciudad, según De la Torre, quien se quejó de que la Junta se haya olvidado del ofrecimiento del Gobierno, quien llegó a hablar de pagar 1,7 millones de euros por estos terrenos. "Es importante que no cueste dinero a las administraciones públicas, pero al final quieren que sea el más débil la que lo pague. Que lo paguen los ciudadanos de Málaga... Puestos a pagarlo que lo hagan los españoles, que son 44 millones, y no los malagueños que somos 550.000", enfatizó.
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