Otro de los puntos de discrepancia en el que ayer incidió el alcalde fue el relativo a la plataforma logística en la zona de Campanillas que se dibuja en el Potaum y que, inicialmente, se iba a suprimir. Sin embargo, según De la Torre, no sólo no es así sino que la Junta plantea que sea calificada como sistema general, con lo que para obtener esas parcelas, que suman 200 hectáreas, el Ayuntamiento tendría que compensar a los dueños con aprovechamientos en otras zonas. "Es un auténtico atentado a la autonomía municipal", añadió.
En esta línea, volvió a advertir con la posibilidad de recurrir a los tribunales ante lo que considera una vulneración de las competencias municipales. La decisión final se analizará tras la aprobación definitiva del PGOU, según comentó. "Entendemos que la ley y la razón están de nuestra parte. Eso no es desleal sino una forma de que la Junta aprenda su camino en el uso de su autonomía y no se extralimite en el mismo".
De la Torre se mostró preocupado con que en las últimas semanas las administraciones central y regional hayan planteado la vía de la compensación de suelos o la recalificación para sacar adelante proyectos como el parque de Arraijanal, el megahospital o el traslado del centro de internamiento de Capuchinos. "Es como una enfermedad", resumió.
Un nuevo escollo surge en las ya de por sí alteradas relaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia de Urbanismo ha recurrido judicialmente la orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se acuerda la aprobación definitiva de la reserva de terrenos en la zona de Buenavista para la implantación de un centro de transporte de mercancías de interés autonómico. Así se pone de manifiesto en una resolución de la Dirección General de Urbanismo publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la se hace alusión al recurso formulado por el organismo municipal ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La delimitación acordada por la Administración autonómica supone la creación de un nuevo espacio logístico de unas 44 hectáreas en los antiguos terrenos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
Desde el Ayuntamiento de Málaga, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, criticó que la Administración autonómica actuase de manera "unilateral" en la delimitación de esta reserva, rompiendo el criterio de cooperación institucional. Así, recordó que la medida de la Junta paralizó una modificación de elementos de este sector impulsada por el Ayuntamiento y que buscaba, entre otros elementos, disponer de unas 27 hectáreas de suelo para la construcción de vivienda protegida.
El procedimiento de este cambio en el planeamiento, que introducía 56 hectáreas para uso industrial, sigue a la espera de respuesta por parte de la Junta tres años después.
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