Vecinos de los inmuebles fuera de ordenación barajan pedir la suspensión del Plan o demandar a la Junta
«El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella va a tener más pleitos que ningún otro plan general de España». Así resume el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, las consecuencias de dejar fuera de ordenación a medio millar de viviendas habitadas en el nuevo documento urbanístico, aprobado de manera provisional por el Ayuntamiento y a la espera de que en los próximos meses la Junta de Andalucía le otorgue el visto bueno definitivo. El colectivo prevé un aluvión de litigios por parte de los propietarios de los inmuebles, «terceros de buena fe que van a ganar todos los pleitos y cuyo perjuicio vamos a pagar todos».
Arranz censuró que el Gobierno municipal «no ha asumido su responsabilidad y se ha dejado coaccionar» por la Administración autonómica para no incluir en el proceso de regularización las viviendas ilegales del edificio Banana Beach y de otras dos promociones en la zona de La Víbora y Río Real. El presidente andaluz de los urbanizadores aseguró a este periódico que el nuevo PGOU de Marbella «debe servir para limpiar la era y no dejar muertos por el camino». «Ninguno de estos edificios se va a tirar nunca y estamos haciendo mucho daño a unos propietarios que parecen malditos, cuando en realidad son compradores que no tienen nada que ver con las burradas que se han hecho en Marbella», sentenció.
Regularización
El nuevo Plan ofrece un marco jurídico para la regularización de cerca de 17.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones que deberán asumir los promotores. La segunda aprobación provisional en pleno del documento supuso el pasado miércoles el penúltimo peldaño para dotar de seguridad urbanística a estos inmuebles. Sin embargo, la sesión constituyó también el inicio de la cuenta atrás para las casi 500 viviendas irregulares habitadas que quedan fuera de ordenación. Sus propietarios estudian ya las acciones legales a emprender para defender sus derechos y evitar la demolición de las edificaciones.
El equipo de Gobierno se ha comprometido con los vecinos a seguir trabajando para buscar una fórmula jurídica que solvente esta situación antes de la aprobación definitiva del Plan. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se reunió ayer con representantes de la comunidad de propietarios del edificio Banana Beach, que engloba cerca de 300 de los inmuebles no legalizados, y de las viviendas de La Víbora para trasladarles dicho compromiso. Los vecinos mantendrán además hoy un encuentro con la delegada provincial de Urbanismo en Málaga para conocer el criterio de la Junta de Andalucía respecto al futuro de estas construcciones.
Los propietarios del Banana Beach guardan silencio respecto al conflicto, pero ya han mantenido contactos con sus abogados para estudiar las actuaciones legales que pueden ejecutar. Entre las primeras opciones planteadas se encuentra solicitar, una vez aprobado definitivamente el PGOU, la suspensión de la aplicación del documento urbanístico en lo que respecta a la edificación mientras no se resuelvan los procesos judiciales sobre el mismo. En última instancia, la reclamación patrimonial es una posibilidad que se baraja tanto entre estos vecinos como en el resto de afectados.
Alternativas
Antes, sin embargo, las alternativas son variadas. Fuentes de la comunidad de propietarios de Río Real apuntaron a este periódico la posibilidad de querellarse contra la Junta por prevaricación, así como la de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El PGOU deja fuera de ordenación unas 30 viviendas de esta promoción, habitada por personas de nueve nacionalidades distintas. «No entienden qué esta pasando porque llevan diez años pagando los impuestos de sus viviendas, que cuentan con licencia municipal, por lo que acudirán a sus respectivas embajadas con intención de defender sus derechos», señalaron las mismas fuentes.
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