sábado, 24 de octubre de 2009

La mesa del urbanismo nace desequilibrada. (SUR)

AGUSTÍN PELÁEZ. Oír y callar. Ese fue el papel de la Junta de Andalucía en la reunión de constitución de la Mesa por el Urbanismo de la Axarquía celebrada el lunes en la Mancomunidad de Municipios. La cita contó con la asistencia de la delegada provincial de Vivienda y Ordenación el Territorio, Josefa López, aunque en calidad de «oyente». Por eso no es de extrañar que tres días después de la creación de la mesa, a la que por cierto faltaron una decena de alcaldes de la comarca y los representantes de los colegios de arquitectos y abogados, así como los sindicatos -dicen que por un error en la convocatoria-, el grupo del PP en la entidad supramunicipal haya advertido que abandonará dicho órgano si antes no se celebra una reunión con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. El PP quiere conocer, de primera mano, si de verdad hay voluntad política para resolver los problemas urbanísticos de la comarca y si se van a estudiar las posibles modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Para los municipios del interior, éste es sin duda su principal problema. La delegada de Gobierno en Málaga, María Gámez, ha asegurado que la Administración andaluza está dispuesta a estudiar las propuestas de modificación que planteen los alcaldes. Al PP, sin embargo, esto no le vale y exige que sea el consejero en persona quién se lo diga a todos los mandatarios, «porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo». Los regidores de la comarca han hablado muy claro y sus palabras son sobradamente conocidas por la Junta. Quieren reactivar la construcción y permitir que la comarca se desarrolle urbanísticamente sin las restricciones que hoy establece la LOUA y el Plan de Ordenación de la Axarquía, a la vez que dar una respuesta a las viviendas ilegales, aunque para ello sea necesario modificar la normativa vigente. Y todo esto en unos momentos en los que algunos de los alcaldes están siendo imputados por motivos urbanísticos.

PRIMER AÑO
Tripartito
El gobierno tripartito del Ayuntamiento de Vélez (PSOE, IU y GIPMTM) cumple esta semana su primer año al frente del consistorio. Y como siempre ocurre en estas cosas de la política, unos ven la botella casi llena, y otros, casi vacía. El tripartito ha dibujado un paisaje idílico. Han hablado de estabilidad, buenas relaciones con las administraciones públicas, avances en la política de vivienda, recuperación de proyectos paralizados y un refuerzo de las políticas sociales como la puesta en marcha de la Renta Básica, entre otros muchos logros. Pero ojo, balance hay para rato, a lo largo de los próximos días, cada delegación piensa desmenuzar todas sus actuaciones, para que se difunda a los cuatro vientos. También la oposición (PP y PA) piensa ofrecer su propio balance sobre la gestión del tripartito, al que viene acusando de actuar y gobernar por separado. Ya se sabe, si ya es complicado gobernar cuando hay uno sólo, mucho más cuando son tres los partidos que están en el poder.

RECLAMACIÓN
Deuda con Francia
En época de crisis es complicado olvidar las deudas. En Vélez, el portavoz de IU, Salvador Marín, ha dado a conocer esta semana que la Embajada de Francia en España ha reclamado al Ayuntamiento el pago de una deuda de 1.189,95 euros, cantidad que al parecer corresponde a parte de los gastos de desplazamiento de un grupo de doce niños del núcleo de población veleño de Lagos, en agosto de 2007, para asistir a un encuentro celebrado en la población francesa del mismo nombre. La reclamación está dirigida al anterior regidor de la localidad y actual portavoz del PP de Vélez, Francisco Delgado Bonilla, como responsable del gobierno municipal en el momento en que se realizó el encuentro. Delgado ha señalado que la deuda no es suya, y que ese gasto se refiere a un convenio suscrito en la legislatura anterior por el entonces alcalde, Antonio Souvirón, sobre el hermanamiento de los Lagos del mundo, convenio que al que nunca ha tenido acceso.

Souvirón niega que la deuda no se contrajera durante su mandato, sino que fue en agosto de 2007, cuando ya era alcalde Francisco Delgado. Esperemos que no haya que ver al Cobrador del Frac en las puertas del Ayuntamiento reclamando una deuda sobre la que nadie se pone de acuerdo.

INGRESOS
Parón inmobiliario
La crisis inmobiliaria la está armando buena. El Ayuntamiento de Vélez, a falta sólo de dos meses para que finalice el año, sólo ha ingresado poco más de la mitad de lo previsto en el presupuesto por la concesión de licencias urbanísticas. La recaudación en los 10 primeros meses del ejercicio asciende a 605.495 euros, cuando las previsiones para 2009 se elevan a 1.175.000 euros. El desequilibrio obedece a que el sector de la construcción sigue sin recuperarse, y ello a pesar de que hasta septiembre han sido concedidas 27 licencias para la construcción de 202 viviendas en el municipio. Esta cantidad es sensiblemente superior a la actividad registrada en 2008. En el mismo periodo del pasado año se tramitaron sólo dos licencias para construir nueve viviendas, ocho en un edificio y una casa unifamiliar adosada.

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