La condesa alemana ratifica la anterior declaración prestada ante el juez instructor del 'caso Malaya'
07.10.2009 -
Von Bismarck. / J.-LANZA
El principal procesado por el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, negó ayer ante el juez la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en la compra de unos terrenos en 1997 a la condesa alemana Sandra Von Bismarck. El ex asesor urbanístico se ratificó en la declaración que prestó hace más de cinco meses en relación con esta operación inmobiliaria, cuyos hechos se investigan en una pieza separada del 'caso Malaya' por la que han sido procesados también la aristócrata germana y los abogados Francisco y Juan Luis Soriano Pastor. Ambos letrados están procesados en el 'caso Malaya'.
Los cuatro, a los que el juez instructor atribuye un delito de blanqueo, prestaron ayer declaración indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. En su comparecencia, todos confirmaron sus declaraciones anteriores, que defendían la legalidad de la operación, según aseguró el abogado defensor de Roca, Aníbal Álvarez, que explicó que la Fiscalía y el resto de las partes no realizaron ninguna pregunta a su cliente ni a la condesa alemana.
Cheques y transferencias
Álvarez señaló que sí interrogaron sobre el pago de la compraventa a uno de los letrados procesados, que afirmó que se llevó a cabo a través de cheques y transferencias bancarias. «Por eso no entendemos dónde está el delito de blanqueo de capitales», destacó el representante legal de Roca, cuyo cliente fue trasladado hasta los juzgados de Marbella para prestar declaración desde la prisión granadina de Albolote, donde se encuentra ingresado.
Según los investigadores, la empresa Investbardulia SL, vinculada al ex asesor urbanístico, adquirió en diciembre de 1997 unos terrenos con una superficie de 17.000 metros cuadrados a la entidad Pingüe SL, propiedad de Sandra Von Bismarck.
Dichos terrenos fueron objeto de un convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos con el Ayuntamiento de Marbella firmado un año antes y ratificado en pleno en febrero de 1997 por el cual se recalificó como suelo urbanizable programado una superficie de casi 173.000 metros cuadrados.
Importantes plusvalías
La Policía mantiene que la nueva catalogación y las condiciones urbanísticas del convenio hacían «previsible» la obtención de «importantes» plusvalías para los propietarios a partir de los incrementos de edificabilidad previstos. Los cálculos sitúan las expectativas de ganancias derivadas de los 17.000 metros cuadrados adquiridos por Investbardulia en, al menos, más de 18 millones de euros.
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