Urbanismo propone una de las sanciones más altas de su historia al empresario por levantar dos edificios sin licencia · IU pide que se le retire el contrato, a lo que se niega el equipo de gobierno
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 11.11.2009 - 07:33
El distrito de Campanillas y su concejal, José Hazañas, vuelven al centro de la polémica política. El edil de IU Antonio Serrano ofreció ayer nuevos datos sobre las "anomalías" que viene cometiendo desde 2003 el concesionario de la piscina municipal de este barrio, al que la Gerencia de Urbanismo propuso el pasado 28 de septiembre imponer una sanción de 251.764 euros por ejecutar obras en la parcela objeto de la concesión sin disponer de la licencia necesaria. La multa, según fuentes consultadas por este periódico, es una de las más grandes, si no la mayor, de la historia de la Gerencia.
Así lo determina la propuesta realizada por el instructor del expediente sancionador, que, según Serrano, fue iniciado hace cinco años, "sin que hasta la fecha haya culminado", en el que se constata cómo el citado empresario ha desarrollado "un edificio destinado a restaurante y actividades complementarias, de 400 metros cuadrados; así como edificio para gimnasio y parque infantil, de 450 metros, todo ello careciendo de la previa y preceptiva licencia" precisa, al tiempo que apunta que la sanción no conlleva la legalización de estas actuaciones. El documento, además, informa de que en septiembre de 2007 el departamento ordenó "la inmediata suspensión" de las obras del restaurante.
Esta fue una de las novedades puestas sobre la mesa ayer por el edil del IU, quien llegó a reclamar al equipo de gobierno del PP la "inmediata" resolución del contrato de adjudicación de la piscina, dado el importante listado de presuntas irregularidades en las que habría incurrido el actual concesionario. "Desde 2004, que es cuando se inició el expediente sancionador, la única licencia que nos consta es para la construcción del vaso principal de la piscina y vestuarios anexos", precisó Serrano, quien hizo hincapié en que durante cinco años el resto de instalaciones existentes en la parcela carecen de "garantías de seguridad". Incluso, recordó que tras la ejecución de las obras, el responsable del equipamiento "tuvo alojados en las instalaciones públicas municipales y urbanas caballos de uso privado, así como cuatro apartamentos que presuntamente arrendaba a particulares".
Estas circunstancias, a juicio del edil de IU, se han producido "con el consentimiento" del concejal del distrito, José Hazañas, al que acusó de "no intervenir a tiempo". Por ello, exigió su destitución. Asimismo, informó de la presentación el pasado mes de mayo de una denuncia de un trabajador en la Inspección de Trabajo y en el Registro Municipal "advirtiendo de hechos que de ser ciertos supondrían un riesgo gravísimo para la integridad de los ciudadanos y usuarios". "Cables de 380 voltios literalmente colgando de la cercha de la cubierta de la piscina, sin protección y a la intemperie o sobre el vaso de la piscina; el cuadro eléctrico enfriado con ventiladores domésticos...", aludió.
Sobre estos hechos, se pronunció ayer el concejal de Campanillas, José Hazañas. Éste precisó que si bien existe una resolución de expediente sancionador, "Urbanismo no ha impuesto aún la sanción". "Este tema fue denunciado por mí. Yo fui el que informó de lo que estaba pasando en la piscina", explicó, al tiempo que indicó que desde el distrito se está exigiendo que "se aporten documentos para tratar de legalizar lo hecho sin licencia y me consta que ha habido reuniones con Urbanismo".
Hazañas, asimismo, apuntó que las dependencias levantadas de forma irregular que no son legalizables "están cerradas a cal y canto". Preguntado por el motivo de que no se haya demolido, dijo que se está trabajando "para ver si podemos rescatar esta parte para centro de día o ludoteca, algo que revierta en beneficio del barrio". En relación a la rescisión del contrato, rechazó esa opción, argumentando que se trata de un servicio con más de 1.200 abonados. "Dejar sin esa instalación al barrio es una cosa extrema. Mientras se rescata y se busca otro concesionario puede estar cerrada dos años", dijo.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, destacó el seguimiento realizado por su departamento. "Hemos llevado a cabo los pasos que la ley nos permite", dijo, al tiempo que añadió: "La propia cuantía de la sanción deja entrever que somos poco benévolos con el concesionario".
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