miércoles, 11 de noviembre de 2009

Ordenan el embargo de bienes al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia por los ruidos de El Copo. Torre del Mar (SUR)

El auto del TSJA se produce tras agotar el consistorio el plazo para abonar la indemnización de 2.812.680 euros a los vecinos La resolución, que es firme, tiene lugar 16 meses después de la sentencia del Tribunal Supremo a favor de los demandantes
11.11.2009 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA

Ordenan el embargo de bienes al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia por los ruidos de El Copo
Los vecinos de los edificios Ipanema de Torre del Mar han soportado más de 13 años de excesos de ruidos. /EVA GUZMÁN
Los 18 vecinos de los edificios Ipanema, situados en el entorno de la zona de la movida de El Copo, en Torre del Mar, que denunciaron las molestias sufridas entre 1990 y 2003 por los ruidos de los locales, están de enhorabuena. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga acaba de dictar un auto por el que ordena el embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento para hacer cumplir la sentencia dictada en julio de 2008 por el Tribunal Supremo, fallo que obliga al consistorio veleño a indemnizar con 156.000 euros a cada uno de los 18 demandantes que acudieron a los tribunales para denunciar los excesos de ruidos de El Copo.
La resolución del TSJA, que tiene fecha de 5 de octubre, es firme, por lo que contra la misma no cabe recurso alguno.
El auto, según la Sala de lo Contencioso, se produce después de agotar el Ayuntamiento los requerimientos realizados hasta la fecha para que efectuara el pago de la indemnización, una vez transcurridos 16 meses desde que el TS dictase a favor de los vecinos.
En concreto, al consistorio se le reclama el embargo de bienes por la cuantía a la que asciende la indemnización fijada por el TS, 2.812.680 euros.
Según la Sala, deberá ser el propio Ayuntamiento quién decida la relación de bienes y derechos a embargar hasta alcanzar el importe que deberán recibir los 18 vecinos que demandaron al consistorio, indicando los cargos y gravámenes que existen sobre cada uno de ellos.
Advertencia
El TSJA advierte además en el auto que el Ayuntamiento puede incurrir en un desobediencia grave en el caso de no presentar la relación de bienes. Asimismo hace constar que puede ser sancionado con multas periódicas si no responde debidamente al requerimiento. Se da la circunstancia que casi un mes después de conocer la resolución, el Ayuntamiento no ha remitido aún la relación de bienes.
La resolución es dictada a petición de los vecinos, al vincular el Ayuntamiento en el presupuesto de 2009 la ejecución de la sentencia a la reclamación de daños y perjuicios que la corporación va a realizar a la anterior concesionaria del servicio de Limpieza. Esta situación llevó a los 18 propietarios de viviendas a impugnar el documento económico, aunque el equipo de gobierno (PSOE, IU y GIPMTM) rechazó las alegaciones.
Los vecinos han presentado un nuevo escrito ante el TSJA exigiendo además el pago de los interés legales generados desde el 29 de julio de 2003, fecha en la que se produjo la notificación del fallo judicial, además de las costas judiciales. Los interés pueden superar los 840.000 euros.
El fallo del TSJA de 2003 fue la primera condena en Málaga contra un Ayuntamiento por no atajar el problema de los excesos de ruido. La sentencia ordenaba cumplir en un plazo máximo de un mes la normativa legal vigente sobre el control de ruidos, a la vez que realizar el control efectivo de la insonorización de los locales e incluso a anular las licencias otorgadas a los locales que no cumplieran la legislación.
Según la sentencia, los vecinos tuvieron que soportar ruidos de hasta 120 decibelios cuando el máximo permitido es de 30. El TSJA basaba su sentencia en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española, que consagran el respeto a la vida y a la integridad física y moral, de una parte, y a la inviolabilidad del domicilio, de otra.
Aunque en los edificios Ipanema hay un total de 44 propietarios, sólo 18 llevaron el asunto a los tribunales para denunciar la dejadez del consistorio a la hora de hacer cumplir la legislación en materia de ruidos.

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