El Plan se aprobará parcialmente para evitar la regularización de edificios en la misma situación del Banana.
El último capítulo de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella no será un camino de rosas. La Junta bloqueará la legalización de algunos edificios cuya regularización está prevista en el documento que el Ayuntamiento defenderá mañana en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua), que se reunirá a primera hora en Sevilla para darle el visto bueno definitivo.
La medida, que afectará a edificios que ocupan franja litoral y sobre los que la Consejería de Vivienda entiende que se han forzado los criterios de regularización, sólo tendrá incidencia sobre los inmuebles implicados, y no en el calendario de aprobación del conjunto del PGOU. El Plan se aprobará globalmente, pero se suspenderá de forma parcial en lo que se refiera a los edificios que se encuentran en una situación similar a la del Banana Beach, urbanización para la que el equipo redactor no ha encontrado fórmula de regularización posible, según explicó ayer el consejero de Vivienda, Juan Espadas.
Este conjunto de tres bloques con un total de 238 viviendas, ocupa suelo considerado en el PGOU de 1986, todavía vigente, como sistema general de espacios libres en la franja litoral. El sistema de compensaciones implantado para regularizar la situación de los edificios levantados al margen de la ordenación urbanística durante los tres lustros de gobierno del GIL prevé la entrega a la ciudad por parte de los promotores de suelo con el que compensar los excesos de edificabilidad y la ocupación de zonas de equipamiento público. En el caso del Banana Beach, los redactores del PGOU no encontraron terreno que permitiera a la ciudad recuperar franja costera para uso ciudadano, por lo que el complejo queda sin regularizar. La misma suerte corren un grupo de 30 viviendas construidas sobre la playa en Río Real y otra treintena en La Víbora levantada sobre zona fluvial y que también ocupa franja litoral.
Criterios forzados
Ahora, la Consejería ha detectado más edificios en una situación similar sobre el que entiende que se han forzado más allá de lo razonable los criterios de regularización, por lo que bloqueará su inclusión en el proceso. Según el consejero, la decisión pretende evitar que se ponga en cuestión el modelo urbanístico plasmado en el documento. «Si no hay modelo, no hay Plan, por eso lo que no encaja en el modelo no puede ser regularizable porque cuestionaría el Plan en su conjunto», subrayó. El consejero reconoció que esta situación puede ser difícil de entender para las personas que tienen un problema particular , «pero desde el punto de vista de la legalidad es exactamente así, no puede ser de otra forma».
La decisión de ampliar el número de viviendas que quedarán fuera de ordenación ha tenido lugar después de que los vecinos del Banana Beach presentaran un documento en el que se denunciaba una situación de agravio comparativo en relación con otros inmuebles. En la reunión de la Cotua se fijará el criterio de dejar fuera del Plan aquellos inmuebles que ocupen sistemas generales de espacios libres en una franja de hasta 100 metros de la línea de costa. Algunos de los edificios que hubiesen sido regularizados en el documento que el Ayuntamiento presentará mañana se encuentran bajo esa circunstancia, por lo que quedarán en la misma situación que el Banana Beach.
El consejero destacó que el Plan que se aprobará es el propuesto por el Ayuntamiento, y que el papel de la Junta se limita a suspender todo aquello que no respeta un criterio de legalidad. Espada reconoció que el modelo de regularización que se plantea es sumamente complejo por afectar a cientos de casos particulares, y que no se pueden dar respuestas jurídicas distintas a situaciones iguales. «No será un plan pacífico y sabemos de la complejidad que tendrá su gestión posterior, con recursos de aquellos ciudadanos que crean que no se satisface como querrían la solución de su situación particular, y por ello nuestra prioridad ha sido blindar el Plan desde el punto de vista legal y no ser insensibles a lo que puede ser la gestión posterior por parte del Ayuntamiento».
En este sentido, explicó que el gobierno municipal de Marbella ha pedido a la Junta contar con el máximo margen de maniobra en la gestión y que la Administración autonómica no tiene intención de tutelar el proceso. «En el planteamiento inicial nosotros nos reservábamos el mayor número de decisiones con respecto a eso y hemos llegado a un punto de equilibrio en el que sólo nos reservamos aquellas gestiones que afecten a cuestiones puramente de carácter estructural».
No hay comentarios:
Publicar un comentario