La Delegación Provincial se encuentra sin herramientas para solventar el dilema urbanístico que se ha planteado tras aprobar el PGOU de Antequera.
LOLA SÁNCHEZ El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Villanueva de la Concepción ha planteado un «dilema» normativo a la Delegación de Obras Públicas ya que, por primera vez en la historia de Andalucía, se planteaba un Plan General de Urbanismo de un pueblo que se está segregando de otro.
El desarrollo futuro del municipio 101 de Málaga se derivará a Sevilla, a la Dirección General de Urbanismo, ya que la delegación provincial se encuentra «sin herramientas» para solventarlo.
El dilema surge después de que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo haya aprobado el PGOU de Antequera dejando fuera el de Villanueva de la Concepción, bajo la directriz de que ningún municipio puede ordenar y clasificar suelo de otro municipio, explicaron fuentes de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda.
La situación se presenta «muy peculiar» ya que el desarrollo de ambos planes han ido de la mano, y han coincidido con el proceso de segregación de Villanueva de la Concepción del que era su municipio matriz, Antequera.
«Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para solventar este tema lo antes posible. Tanto es así que la próxima semana tendremos una reunión con el presidente de la Comisión Gestora de Villanueva, Ernesto Silva, y el director general de Urbanismo, Daniel Fernández, para buscar soluciones al desarrollo de la nueva localidad», manifestó ayer a este diario el delegado de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez.
A pesar de este compromiso, el alcalde del nuevo municipio, Ernesto Silva, se mostró ayer indignado, resaltando que la Junta ha tomado decisiones que afectaban a Antequera y a Villanueva de la Concepción a espaldas de los vecinos villanovenses, «sin ningún tipo de comunicación al nuevo pueblo para solventar los problemas que se avecinaban», precisó.
Silva adelantó que impugnarán el PGOU de Antequera ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si en el plazo de un mes, a contar desde el martes, la Junta no les ofrece una solución satisfactoria pues, según dijo, ahora se encuentran en un «limbo jurídico en materia de urbanismo».
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