jueves, 13 de enero de 2011

La Junta asumirá los chiringuitos en abril con el compromiso de agilizar las licencias (SUR)

El sector aplaude la transferencia de las competencias sobre el litoral con la esperanza de que aporte más estabilidad al sector
13.01.2011 -
IGNACIO LILLO
MÁLAGA.

La Junta y el Gobierno central dieron ayer el paso definitivo para solucionar un conflicto histórico en torno a la ocupación y el uso de las playas. Las firmas del vicepresidente tercero del Gobierno y la consejera de Presidencia, Mar Moreno, permitirán que a partir del próximo 1 de abril sea la Junta de Andalucía la que asuma las competencias sobre los chiringuitos, que hasta ahora correspondían a la Dirección General de Costas.
Desde ese día, la Consejería de Medio Ambiente será la encargada de aprobar las autorizaciones y concesiones de ocupación de la arena con actividades lúdicas y económicas; usos de temporada, autorizaciones de vertidos, instalaciones de acuicultura, obras menores (como embarcaderos) y la planificación de proyectos de interés general. Ello supondrá que 62 funcionarios pasen a depender del Ejecutivo andaluz y un coste de 2,1 millones.
El acuerdo es fundamental para garantizar el futuro y la estabilidad de los 400 establecimientos existentes en la provincia, así como otros usos vinculados, como el de los espeteros, que dan trabajo a unas 20.000 personas, según la patronal. El 90% está enclavado sobre la arena de la playa. Moreno recalcó la especial sensibilidad del Ejecutivo autonómico hacia estos recursos turísticos, y la importancia que el sector tiene para Andalucía y para la Costa del Sol: «Son instalaciones muy relevantes para la Junta, singulares y que aportan personalidad al turismo andaluz». Por ello, la consejera ofreció «diálogo» y afirmó que el deseo del Ejecutivo andaluz es «prestar esta gestión del litoral con la mayor cercanía y sensibilidad, con respeto a la ley».
También se refirió a otra de las demandas del sector de playas, como es la implicación de la Consejería de Turismo en las decisiones. A este respecto, dijo que Medio Ambiente y Turismo trabajarán «codo con codo en una línea de trabajo que garantice la seguridad jurídica, la calidad y la estabilidad», y añadió: «La primera decisión de la Junta es ejercer la competencia con diálogo, cooperación y sensibilidad».
Visto bueno de Costas
Para Manuel Chaves, la gestión del litoral venía recogida en el Estatuto de Autonomía: «Hemos dado un paso importante para el desarrollo del Estatuto. Era un mandato y hemos cumplido. Es un aspecto muy sensible porque mucha gente tiene su vida, su trabajo, su ocio vinculado al litoral». El ministro recalcó que a partir de ahora la Junta tendrá la última palabra en las autorizaciones de uso de las playas.
En este punto, la consejera reconoció que en caso de obras en dominio público marítimo-terrestre, como pueda ser la construcción de un nuevo chiringuito, la Dirección General de Costas se reserva la posibilidad de veto, mediante un informe que podrá ser estimatorio o denegatorio. En aquellos expedientes que no tengan inconveniente la tramitación se hará con «más garantías», según Moreno; y en caso de conflicto o discrepancia se ha habilitado un mecanismo consistente en una comisión integrada por ambas administraciones que deberá resolver obligatoriamente el expediente. A este respecto, la consejera argumenta que la Consejería de Medio Ambiente enviará el expediente con un informe sobre previo la actuación: «Con la implicación de la Junta el sector gana seguridad jurídica».
Nuevo escenario
El sector mantuvo ayer mismo un encuentro con los responsables de Gobernación y Turismo, Mar Moreno y Luciano Alonso, respectivamente, para conocer los detalles. Al término, el presidente de la asociación de empresarios de playas de Andalucía, Norberto del Castillo, se mostró contento por una decisión «que llevamos mucho tiempo esperando». Con todo, mostró su rechazo a que el informe de Costas sea vinculante para aprobar las concesiones, y adelantó que hoy mantendrá una reunión con responsables del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid.
«La voz más importante ahora será la de Andalucía, que reconoce la importancia de los chiringuitos, pero todas las instalaciones que existen en la costa están dadas con la ley actual», afirmó. «Nos estamos jugando mucho; ahora el balón está en nuestro tejado y entre la Junta y el sector tenemos el reto de mejorar las playas».
Manuel Villafaina, líder de la patronal costasoleña -la más importante a este nivel de Andalucía- aseguró que afrontan el cambio «con mucha ilusión». «La Junta nos entiende mejor. Todavía hay un pequeño informe vinculante de Costas en las concesiones pero creo que la Consejería va a entender la ley tal y como es». Villafaina espera conseguir ya la autorización para iniciar las obras de los que ya están aprobados, como son los de La Malagueta y Guadalmar, en la capital; Estepona y varios de Rincón de la Victoria.
Por su parte, Remedios Martel, delegada provincial de Medio Ambiente (departamento sobre el que ha recaído esta nueva competencia) afirmó que asumirá su responsabilidad para «normalizar la situación de un sector y de unos establecimientos emblemáticos, sobre los que la Junta se ha manifestado siempre a favor porque son una seña de identidad de la Costa del Sol».

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