Los dueños de viviendas ilegales en Málaga piden cambiar la LOUA. Mijas (La Opinión)

Proponen seguir el ejemplo de Extremadura, donde los afectados costean la recalificación del suelo

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ. MIJAS La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) sigue planteando contrariedades en nuestra región. Así lo hizo ver ayer en Mijas la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, que junto a los responsables de la Asociación por la Regularización de Viviendas de Mijas (ARV), exigieron la modificación de la normativa regional para poder regularizar la situación de sus casas.

Para ello, proponen emular a la Junta de Extremadura que alteró una norma similar. «La solución es bien sencilla. En Extremadura, los propietarios de viviendas irregulares se han hecho cargo económicamente del coste de la recalificación de sus terrenos de rural a urbano. Nosotros pedimos lo mismo», explicó el abogado de la ARV, Ricardo Santandreu.

Por su parte, la responsable de la asociación provincial recordó que pese a que tan sólo llevan un mes de funcionamiento, la APVI ya trabaja seriamente por encontrar una solución a esta situación. «Nos hemos reunido con responsables autonómicos en materia de urbanismo y estamos reuniendo a todas las asociaciones de la provincia para luchar juntos por nuestras reivindicaciones comunes», dijo.

En este sentido, María del Mar Vázquez adelantó que, por el momento, son quince las organizaciones de damnificados que se han reunido en torno a la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares. Además de la de Mijas, la de Coín, la de los municipios de la Axarquía, la de Cártama así como de Málaga capital.

Más de 3.000 afectados

«Somos ya más de 3.000 afectados en nuestra provincia, aunque no estamos todos. Nuestra intención es que se asocien para tener más presencia y consideración ante las instituciones públicas», aclaró. La presidenta de APVI abogó, igualmente, por la modificación de la LOUA como la principal vía de salida a este conflicto, aunque lamentó también la demora de la Junta de Andalucía en encontrar una solución en relación a este asunto.

La dirigente anunció, además, que la asociación tiene concertada ya una entrevista con la consejera de Vivienda, Josefina Cruz Villalón, el próximo 28 de enero en la que le harán llegar las distintas propuestas del colectivo.

En cuanto a la situación de Mijas, el representante legal de la organización de afectados del municipio recordó que ya han mantenido diversas reuniones con los representantes autonómicos emplazándoles a que den una respuesta a esta situación que, en el caso de Mijas, no se sabe a cuántas construcciones afecta. «Llevamos tres años esperando a que el alcalde acabe con el censo de construcciones ilegales. Desde que salió a la luz la LOUA se nos ha sancionado por parte del Ayuntamiento. Mijas es el único Consistorio 100% beligerante con los afectados», criticó. Ricardo Santandreu asegura que son 30 los diseminados mijeños que reúnen viviendas irregulares, aunque dice desconocer «con certeza» a cuántas personas ha afectado la creación de la normativa de suelo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mijas recuerda que el censo al que Santandreu hacía referencia contempla, además de las viviendas, todo tipo de construcciones irregulares y que, por esta razón, el trabajo de contabilización está siendo más largo de lo esperado. De la misma manera, recalcan que el Área de Urbanismo no ha concedido una sola licencia de obras a estas casas.

La provincia de Málaga acumula alrededor de 27.000 viviendas consideradas ilegales.