Urbanismo ordena demoler en 15 días la obra ilegal de la piscina de Campanillas (SUR)

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga acaba de remitir al concesionario de la piscina municipal de Campanillas la orden para que inicie en el plazo máximo de 15 días la demolición de las obras que sin licencia y de forma irregular levantó en los últimos años en la parcela sobre la que se asienta este equipamiento municipal. Según informaron desde Urbanismo a este periódico, la citada orden incluye un periodo de hasta mes y medio para que culmine dichas tareas de derribo, que serán acometidas de manera subsidiaria por el propio Consistorio si el empresario afectado se negase a cumplir con la exigencia.

No parece, en cualquier caso, que vaya a ser así, puesto que desde hace meses, los responsables municipales vienen hablando del interés del adjudicatario por acometer el derribo de la parte ilegal de lo construido. "Tenía preparados ya los presupuestos para la actuación", apuntaron las fuentes.

La orden se ha demorado más de lo previsto, puesto que ya en agosto de 2010 Urbanismo apuntó un plazo de un mes para ejecutar el derribo. Las fuentes consultadas expusieron que no todo lo construido por este empresario sin licencia tendrá que ser derruido. En concreto, de las edificaciones levantadas tendrán que ir al suelo unos 574 metros cuadrados correspondientes a parte del restaurante y el gimnasio ejecutados por el concesionario, así como a una pequeña caseta de instalaciones. El resto de la construcción, que pueden suponer otros 400 metros, podrá ser legalizada mediante el correspondiente proyecto, que, según indicaron, habrá de ser presentado en el plazo de dos meses.

En cuanto al expediente sancionador abierto en 2004 por el desarrollo de estas obras al margen de la normativa urbanística, las fuentes apuntaron que aún no se ha finalizado, puesto que se estaba a la espera de que culminase el proceso de medición de las superficies exactas a demoler. A partir de ahora será cuando se concrete la multa que se le impone al adjudicatario de la piscina. No obstante, cabe recordar que la resolución adoptada por Urbanismo a finales de 2009 fue la de imponerle una sanción de 251.000 euros.