Impulsan la recuperación de los Jardines del Muro, que costeará el adjudicatario del bar y la terraza. Benalmádena (SUR)

El nuevo concesionario deberá realizar las obras de mejora, por valor de 80.000 euros, en un plazo de dos meses. Parques y Jardines se encargará de acondicionar el entorno

El deterioro al que los Jardines del Muro se han visto sometidos en los últimos años obliga a realizar una fuerte inversión para recuperar uno de los rincones más emblemáticos de Benalmádena Pueblo. Pero la delicada situación de las arcas municipales no permite acometer este proyecto de mejora, de ahí que el pleno municipal aprobara ayer -con la abstención de todos los grupos de la oposición- sacar a concurso la explotación del bar y la terraza de este paraje, cuyo adjudicatario estará obligado a realizar en el plazo de dos meses una serie de obras de mejora en las instalaciones. «Recuperar el bar del templete y todo el entorno suponía un desembolso superior a los 80.000 euros que nos resultaba complicado asumir teniendo en cuenta la situación deficiente de las arcas municipales. Por ello, nos ha parecido interesante sacar un pliego de condiciones para que el adjudicatario del bar se ocupe de estos arreglos», explicó la teniente de alcalde de Benalmádena Pueblo, Sandra Martín.El documento contempla, además del mantenimiento del entorno durante los 15 años de concesión, la creación de nuevos servicios públicos, la correcta conexión de las instalaciones con las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica y saneamiento, además de abordar la pintura de las instalaciones, arreglar las pérgolas de madera del establecimiento y recuperar las luminarias. En cuanto al arreglo y acondicionamiento de los jardines previos a la apertura del bar, la labor corresponderá a los empleados de Parques y Jardines.La intención municipal es que el establecimiento sirva de incentivo para la recuperación de este espacio, aunque cumpliendo con unos horarios de apertura y cierre «prudentes» para no molestar a los vecinos. «Queremos que las excelentes terrazas y vistas de los Jardines del Muro vuelvan a estar dotadas de vida, que vuelvan a recuperarse como uno de los principales atractivos turísticos de nuestro pueblo», concluyó la edil.

Rafael Duarte, concejal de Urbanismo: «Si no estoy implicado, espero que se vea como algo normal y no extraño» (SUR)

El concejal de Urbanismo asegura que detectó «excesos» y «anomalías» que eran fruto del gobierno en coalición con los ex concejales del GIL
Dicen de él que es el adalid de la legalidad. Desde que puso un pie en el Ayuntamiento hace un año Rafael Duarte convirtió el rigor en la piedra angular de su gestión, máxime cuando tenía que enderezar la herencia de ex gilistas, salpicada por irregularidades que nunca escondió. Ahora se enfrenta a la peor papeleta: La detención de cinco de sus compañeros y un interminable registro de la sede de Urbanismo, delegación que ostenta.

Llegó después de poner orden en la situación urbanística de Marbella, tras la 'operación Malaya'. ¿Venía aquí con la misma intención?

Llegué por un compromiso personal con el alcalde, Antonio Barrientos, que encontró en mi función en la gestora marbellí un perfil adecuado para asumir la delegación de Urbanismo con rigor y solvencia. Él tenía la lección aprendida. Tras los últimos cuatro años donde en el tiempo de gobierno en coalición con el grupo PES (ex giles) había apreciado algunos excesos en la gestión urbanística que no quería que se repitieran.

¿Durante este tiempo ha detectado situaciones irregulares?

Lo que se nota en un Ayuntamiento que ha vivido una época muy acelerada de crecimiento es que estos aumentos llevan consigo crecimientos de toda la estructura municipal y eso genera disfunciones en las resoluciones administrativas. He visto excesos y anomalías, pero nada comparable a lo de Marbella.

¿Cuáles son esas diferencias?

En Marbella había un comportamiento desaforado y apartado de la legalidad muy grave y evidente en sus manifestaciones, y muy prolongado en el tiempo. Era una desfachatez. Me duele escuchar a la alcaldesa de Marbella pedir ahora elecciones intentando comparar un suceso con otro cuando la diferencia es abismal. Aquí lo que puede haber, a lo sumo, son algunos excesos puntuales.Ha abierto expedientes a empresas sin licencias y ha sacado a la luz adjudicaciones ilegales.

¿Esta labor está vinculada con lo investigado?

Siempre que hay un cambio en Urbanismo hay un cambio de criterio. Desde que llegué ha habido cambios importantes en la gestión para eliminar los vestigios que quedaban de los herederos del GIL porque no teníamos confianza en ellos. Se reforzaron los controles buscando una legalidad y la mayor idoneidad en las resoluciones. Ha habido un cambio.

¿Cree que la gestión que se hizo en el anterior mandato en Urbanismo, dirigido por Barrientos, fue la correcta?

Fue la única posible a la vista de la conformación que tenía el gobierno. Era un gobierno muy complejo sostenido en un pacto con personas cuya honorabilidad está en entredicho porque una parte de ellos han sido condenados por el Tribunal de Cuentas (en referencia a José Ignacio Crespo) y también por antecedentes claros del grupo del que provienen (GIL) y eso puede haber afectado en la tramitación de algunos asuntos. Resulta llamativo que una operación contra la corrupción urbanística no salpique al concejal del área.La operación no es sólo de carácter urbanística, sino que comprende ramas muy diversas en la función del Ayuntamiento y es justo reconocer que afecta a Hacienda y a la contratación de personal, entre otros. Dicho esto, si no estoy implicado espero que no se valore como algo extraño sino como algo normal. Sólo llevo un año y una gran parte de los hechos que son objetos de esta operación policial se remontan a tiempo atrás. Situación desagradableEstuvo presente en el registro de Urbanismo.

¿Cómo se desarrolló?

Estuve durante las más de 15 horas que duró y la situación era desagradable pero en todo momento mantuvimos buena comunicación.

¿Qué documentación solicitaron?

Los registros iban vinculados con aspectos muy generales de las decisiones administrativas, muchos de ellos de pura normalidad en el funcionamiento de los ayuntamientos. No de operaciones inmobiliarias grandes o operaciones de Hacienda de gran resonancia.

¿Qué escenario se abre ahora para el Ayuntamiento de Estepona?

Es un escenario de incertidumbre. Estamos en una situación de transición donde el alcalde accidental no pertenece al PSOE y que tiene que desempeñar esa tarea hasta que se resuelva la situación personal de Barrientos. Tenemos que esperar a ver cuáles son las decisiones judiciales y a partir de entonces tomar las nuestras para retomar la normalidad. Asume ahora la portavocía del PSOE.

¿Está dispuesto a ser el alcalde?

Mis compañeros han decidido que de forma transitoria haga las funciones de portavoz, sin haber sido designado formalmente. La situación de quién va a ser alcalde no puedo hacerla depender del número que ocupo en la lista. Tiene que valorarse a la persona idónea para afrontar el resto de la legislatura, que va a ser compleja y hay que esperar a la nueva conformación de la lista.

Si se le propusiera, ¿estaría dispuesto a asumir la Alcaldía?

Si el partido me lo exige y me lo proponen mis compañeros no creo que vaya a abandonar este barco. Eso es un sí.Si mis compañeros determinaran que soy la persona más adecuada para asumir la Alcaldía, no diría que no, pero no creo que ahora me pueda plantear dejar Urbanismo.

Dictan las dos primeras órdenes de prisión para Crespo y un técnico (SUR)

Prisión incondicional sin fianza para dos de los 26 detenidos en el golpe a la corrupción urbanística con epicentro en Estepona. La jueza que instruye la bautizada como 'Operación Astapa' dictó ayer las dos primeras órdenes de este calibre para José Ignacio Crespo, ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz y concejal del Partido Estepona (PES), y para el ingeniero X. W, según informaron fuentes judiciales. Son las dos primeras órdenes de ingreso en prisión decretadas por la instructora de la causa, que hasta ayer había decidido la libertad provisional para los trece que pasaron a disposición judicial en las dos primeras jornadas. Con las fianzas de ayer, éstas oscilan entre los 15.000 y 500.000 euros, y sobre todos los detenidos pesan cargos.A Crespo, detenido en la madrugada del martes después de que arrestaran a su hermana en la misma operación, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. En cambio a X. W., le acusa de falsedad en documento público, fraude y malversación.Crespo, abogado madrileño que engrosó en las filas gilistas de la mano del ex alcalde esteponero Jesús Gil Marín, fue el primero de los ocho previstos ayer en prestar declaración ante la jueza. Lo hizo durante cerca de dos horas; la mitad del tiempo que empleó X. W., que también fue enviado ayer a prisión. La salida de ambos, prácticamente al unísono, causó un gran revuelo entre el centenar de personas, entre vecinos, familiares, compañeros de trabajo y medios de comunicación, que se dieron cita por la tarde en las inmediaciones de la sede judicial, sita en la avenida Juan Carlos I.

Más comparecencias

Al cierre de esta edición, ya habían testificado el arquitecto municipal Arturo Cebrián, para el que la magistrada dictaminó libertad bajo fianza de 30.000 euros; el presidente de una empresa de grúas, M. B. (para el que se decretó libertad bajo fianza de 15.000 euros); y Pedro López, ex gerente de Urbanismo con el Partido Estepona (PES) durante el anterior mandato, para el que la jueza dictó libertad bajo fianza de 300.000 euros por los presuntos delitos de cohecho y malversación.Las concejalas de Cultura, María Asunción López; Educación, María Victoria López Cabezón; y Playas, María Luisa Rodríguez Pino, también comparecieron ante la magistrada, que decretó libertad bajo fianza de 30.000 euros las dos primeras y 50.000 euros en el caso de la edil de Playas. Eran casi las dos de la mañana, y María Luisa Rodríguez Pino, visiblemente emocionada, fue la única que hizo declaraciones a los periodistas: «Estoy bien, pero ha sido terrible», dijo Rodríguez, que aseguró ser «totalmente inocente» y fue recibida con aplausos y gritos de ánimo por un grupo de familiares y amigos.Hoy está previsto que desfilen por los juzgados el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano (PSOE), el edil Manuel Reina (PES), el jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y Juan Simón, miembro de la ejecutiva del PSOE local. A todos ellos la jueza Isabel Conejo les prorrogó las órdenes de detención, ya que fueron arrestados el pasado lunes. Fuentes de la constructora Prasa aseguraron ayer que el máximo responsable de la empresa José Romero había abonado los 300.000 euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión.

Una treintena de convenios centran la investigación de la trama de Estepona (SUR)

En los acuerdos urbanísticos se incluían donaciones al Ayuntamiento que podrían haber ido a parar a los bolsillos de particulares. Las investigaciones revelan «un hervidero de tráfico de influencias»
La investigación sobre la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona no ha hecho más que empezar. Así lo indican fuentes del caso, que esperan que la documentación intervenida en los registros en dependencias municipales dé fruto en breve. De momento, los expertos analizan unos treinta convenios urbanísticos suscritos por el alcalde Antonio Barrientos con distintas empresas promotoras y constructoras en el periodo 2003-2007, que constituirían, presuntamente, una de las principales fuentes de financiación municipal. En los convenios se acordaban cantidades que figuraban como donaciones al Ayuntamiento, aunque no se precisaban sus fines. Ahora se trata de establecer el destino de este dinero, sobre el que, al parecer, no existía ningún control ni fiscalización, y que podría haber ido a parar a bolsillos particulares de los imputados y a financiar al PSOE y al PES (algunos de cuyos integrantes procedían del GIL). Además, las pesquisas tratan de concretar la supuesta adjudicación a dedo de determinados servicios públicos a cambio de contraprestaciones económicas y la colocación de familiares y amigos en el consistorio.«En algunas ocasiones las donaciones eran de cantidades equivalentes a las contraprestaciones de los aprovechamientos de suelo fijados en los convenios», explican fuentes del caso. De cualquier forma, afirman que existen «indicios serios» de que la valoración que se hacía del suelo objeto del convenio estaba siempre por debajo del precio de mercado y que, por tanto, eran perjudiciales y contrarios a los intereses del Ayuntamiento de Estepona. A cambio las empresas recibirían contraprestaciones urbanísticas. De hecho, en uno de sus autos la jueza que instruye el caso asegura que existen indicios de que empresarios, o profesionales vinculados a éstos, habrían intentado conseguir convenios urbanísticos «muy favorables» a través de «retribuciones varias a autoridades y técnicos», según fuentes judiciales. Los expertos policiales tratan de seguir el rastro del dinero de las donaciones, que no tenían un fin predeterminado, y sobre el que no se habría ejercido una fiscalización alguna.Asimismo, las pesquisas se centran también en la identificación de los mecanismos de ocultación del dinero de procedencia ilícita y en el blanqueo del mismo. Al parecer, los imputados podrían utilizar como instrumentos a determinadas empresas que facturarían entre si y con el Ayuntamiento el pago de distintos servicios. En esta cuestión la averiguación patrimonial puede ser decisiva para determinar el presunto blanqueo.Las investigaciones tratan de concretar el montante de dinero al que asciende la 'caja B' del Ayuntamiento de Estepona, aunque, en principio, parece inferior al del 'caso Malaya'. Las fuentes señalan que hasta la fecha se habría podido comprobar fehacientemente sólo un pago de 42.000 euros.

Tráfico de influencias

Lo que sí han revelado las primeras pesquisas a través de las intervenciones telefónicas que han motivado algunos de los arrestos es que el Ayuntamiento de Estepona eran un «hervidero de tráfico de influencias». Así califican las fuentes las numerosas conversaciones captadas durante la investigación entre miembros y técnicos de la corporación municipal referidas a tratos de favor, prebendas, colocaciones de personas a dedo y adjudicaciones de servicios públicos a determinadas empresas. Este 'modus operandi' parecía estar implantado en el consistorio de Estepona, a donde habrían llegado contratados para trabajar en él familiares y amigos de miembros y técnicos de la corporación. Asimismo, este sistema de favores revela también, según las fuentes, una forma de obtener rédito electoral que se asemejaría a la fórmula empleada por el antiguo GIL en la vecina Marbella.

Torrox proyecta construir un parque marino en la desembocadura del río. Torrox (SUR)

La actuación incluirá un museo, zonas de ocio y recintos hosteleros y deportivos

El Ayuntamiento de Torrox se ha propuesto convertir la desembocadura del río en una gran zona de esparcimiento y recreativa, con un aprovechamiento especial de los recursos marinos. El proyecto, denominado 'parque marino', contempla la creación de un entorno ecológico y arbolado, de unos 40.000 metros cuadrados de superficie, en el que se habilitarán espacios museísticos, instalaciones de ocio, de restauración y deportivas.El proyecto será debatido hoy en la comisión informativa de Desarrollo, Turismo y Promoción Económica, y contempla «una actuación global sobre el conjunto de la desembocadura, para integrarla en el municipio y convertirla en un enclave atractivo para el turista», según avanzó ayer el concejal de Turismo, José Pérez (PSA), quien destacó que se trata de «una propuesta base, que se irá modificando conforme vaya desarrollándose el proyecto».De momento, hoy está prevista la contratación de una asesoría y una gestión externa para avanzar en la actuación, que deberá contar con el visto bueno de la Demarcación de Costas y de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA). A ambos organismos, el concejal de Turismo ya ha remitido un anteproyecto de lo que quieren hacer. De hecho, la actuación se desarrollará de forma paralela a la adecuación hidrológico-ambiental -con la colocación de escolleras- que se está llevando cabo ahora.Para la puesta en marcha de este parque marino, Pérez apuntó que «habrá que dar entrada a la iniciativa privada, así como a la de colectivos y asociaciones vinculados al medio ambiente y marino», como el Aula del Mar, la red de piscifactorias Acemar o el colectivo local de submarinistas Tiempo Sub. «Es una propuesta abierta, que se irá mejorando poco a poco», dijo Pérez, quien estimó que la inversión global necesaria para su desarrollo rondará los cinco millones de euros. El recinto incluirá un museo del mar y una conexión con las ruinas romanas y fenicias situadas en el entorno del faro.

Luz verde a la publicación del PGOU de Ronda (Málaga Hoy)

El documento estará disponible para los ciudadanos en los antiguos juzgados
El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda se hará público los próximos días, según informó ayer la concejalía de Obras y Ordenación del Territorio de Ronda. El alcalde de la ciudad, Antonio Marín Lara (PA), ha ordenado su publicación y ha dado así luz verde a la continuación del proyecto, que suma casi tres años de retraso según la programación prevista. Su aprobación inicial tuvo lugar en diciembre pasado. De este modo, tras su necesaria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el documento quedará expuesto en una nueva oficina en la planta baja de los antiguos juzgados. Esta semana las instalaciones están siendo adecentadas y, durante tres meses, el documento podrá recibir alegaciones. Antonio Marín Lara argumentó la ruptura de su anterior gobierno con el Partido Popular aludiendo a los retrasos en la elaboración del plan general del municipio rondeño

Arquitectos de Málaga brillan en el sector de la vivienda protegida (La Opinión)

Pese a la continua comparación que sufren con cualquier arquitecto español o europeo, estos profesionales afrontan importantes proyectos de gran calidad
En las actuaciones del Instituto Municipal de la Vivienda, como promotor de viviendas de protección oficial, históricamente vienen interviniendo como proyectistas y directores de obras numerosos arquitectos malagueños. La novedad que aparece en los últimos años es que ya no lo hacen con carácter de exclusividad, sino que en atención a la valoradísima y obligada libre competencia impuesta por la legislación española y comunitaria, el trabajo de estos profesionales como el de cualquiera otros y en su caso el de las mercancías o productos ha de enfrentarse a la comparación con el de cualquier otro arquitecto español y en su caso europeo.El sistema de selección utilizado en las últimas ocasiones, tanto para los proyectos de obras ya en ejecución en Soliva Este como para las nuevas actuaciones ya proyectadas pero no iniciadas en el SUP-T8 ´Universidad´ y en otros ámbitos de la ciudad, ha consistido en la realización de un concurso de ideas de los llamados ´con lema´ al objeto de garantizar la imparcialidad de los jurados al desconocer la identidad del concursante. Asimismo, y buscando la calidad del producto, el Instituto Municipal de la Vivienda ha solicitado del Colegio Oficial de Arquitectos como representante de los profesionales la participación en el proceso de selección de los arquitectos que serán los autores de los proyectos de viviendas lo que se ha producido formando parte de los jurados de selección de los ganadores y participando activamente en la valoración de las propuestas presentadas.El resultado de esta abierta competencia entre profesionales venidos de toda España ha sido más que positivo para los arquitectos malagueños que han resultado ganadores de los concursos en un porcentaje cercano al cincuenta por ciento de los casos planteados y además lo han sido en un amplio abanico de tipologías de obras planteadas por el tamaño de la promoción o los usuarios finales a los que se destina, y con profesionales de distintas generaciones y por lo tanto experiencia dispar. En la actuación actualmente en construcción en Soliva Este, si la más que consolidada y considerada entre la profesión pareja formada por Isabel Cámara y Rafael Martín Delgado proyectó y dirige las obras de 86 viviendas de régimen general en venta y las obras de 62 viviendas de alquiler de integración social, el joven arquitecto Alberto García Marín y su compañera de estudio María Jesús García Granja proyectaron y dirigen obras de 98 viviendas de régimen especial en venta. El equipo formado por Victoria Carreño y Alejandro Vicens proyectó y dirige las obras de 56 viviendas de alquiler de integración social y de 30 viviendas de alquiler de renta básica, y el equipo formado por Roberto Barrios y Elisa Cepedano, (representante de la provincia), proyectó y dirige las obras de 96 viviendas de régimen general en venta y de 64 viviendas de alquiler de renta básica. El equipo formado por Rafael Reinoso, José María Romero, y Rafael de Lacour proyectó y dirige las obras de 68 viviendas en venta de régimen general, y el equipo formado por Dolores González Juli y Carlos Hernández Pezzi proyectó y dirige las obras de 70 viviendas de alquiler de integración social.Es claro que en el concurso que se celebró en su día se presentaron otras propuestas que merecieron la especial valoración del jurado y que quedaron sin premio porque era limitado el número de actuaciones proyectadas, y también en este ámbito destacaron arquitectos malagueños como se puede comprobar en la publicación que realizó el Instituto Municipal de la Vivienda, "un lugar para la ilusión: Soliva", en la que se destacaban propuestas de Luis Machuca, José Seguí, Alfonso Peralta, Salvador Moreno, o Iñaki Pérez de la Fuente, entre otras.Igualmente en la otra gran operación pendiente de desarrollo por el Instituto Municipal de la Vivienda para la ejecución de más de 1.000 VPO en el ´SUP T8-Universidad´, han resultado ganadores de los concursos de ideas realizados arquitectos malagueños en porcentaje aproximado al cincuenta por ciento del total de los realizados con lo que se mantiene la tendencia ya señalada.

Urbanismo retoma el proyecto de un parque junto al San Antón (La Opinión)

El Ayuntamiento pretende convertir el Lagarillo Blanco en una gran zona de esparcimiento de unos 22.000 metros para recuperar su valor paisajístico
El Ayuntamiento de Málaga retomará el proyecto de convertir la ladera sudeste del monte San Antón, en El Palo, en un gran parque público en la zona de Lagarillo Blanco, según se acordó ayer en la comisión de Urbanismo, a propuesta del grupo de IU.El equipo de gobierno se ha comprometido a desarrollar "lo antes posible" la adecuación de esta gran zona verde, atendiendo así a los deseos de los vecinos de El Palo que desde hace años vienen reclamando la reconversión de la zona en un gran parque para el disfrute de los ciudadanos.La idea, según expuso el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, es retomar el anteproyecto que aprobó en 2006 el Ayuntamiento para la realización de este parque y llevarlo a su ejecución "en el tiempo más breve posible".El anteproyecto contempla la adecuación para uso público de unos 22.000 metros cuadrados a partir de la creación de una gran zona de estancia y esparcimiento, que estaría cercada. Ello conllevaría la realización de sendas y caminos rurales, una zona de barbacoas, varias áreas deportivas, la colocación del mobiliario adecuado y una zona de aparcamiento para unas 250 plazas.Acuerdo vecinal. Además se llevaría a cabo un tratamiento de la vegetación con la recuperación de especies autóctonas y la implantación de otras. El Lagarillo Blanco constituye la ladera sudeste del monte San Antón donde el Ayuntamiento es dueño de unos 300.000 metros cuadrados. Este anteproyecto fue redactado de acuerdo con las pretensiones de los vecinos del distrito por lo que, según señaló el concejal de Urbanismo, cuenta con su aprobación.El acuerdo salió adelante a partir de una propuesta presentada por IU. Su portavoz, Pedro Moreno, señaló que se trata de un compromiso que desde la corporación se realizó desde anteriores legislaturas a los vecinos de El Palo "pero que a día de hoy aún no se ha ejecutado, lo que ha propiciado que los terrenos se hayan convertidos en la actualidad en una escombrera y vertedero de basuras ilegal".Moreno Brenes ha recordado que desde Izquierda Unida siempre se ha estado, "y seguiremos estando, muy preocupados por la creación de zonas verdes y espacios recreativos en los distintos barrios del municipio. Es por ello por lo que destacamos y consideramos necesario la creación de más parques y jardines, zona recreativas y espacios verdes para uso y disfrute de los vecinos de El Palo, un barrio que por una mala gestión se ha quedado sin zonas verdes en el casco urbano y que por ese motivo tiene que ubicar estos espacios en la periferia".

Trece piscinas para Málaga (La Opinión)

Las piscinas municipales se multiplican por dos. Cuando termine el año, según anunció ayer el alcalde, Francisco de la Torre, la ciudad contará con un total de trece instalaciones, repartidas por la geografía de la capital. A las que ya funcionan en El Torcal, la Trinidad (calle Malasaña), Los Limoneros (Puerto de la Torre), Campanillas, El Limonar, El Perchel (concesión al gimnasio O2 Wellness), se sumarán muy pronto otras seis piscinas y al final de la legislatura llegarán a 20.Durante los próximos meses se abrirán al público diferentes instalaciones deportivas en las que están incluidas estas seis piscinas. El Centro Acuático de Málaga, con tres piscinas, es el primero que se va a inaugurar, en concreto el próximo martes, 24 de junio. Tras su apertura acogerá el Campeonato de Europa de Waterpolo. Este centro está situado en Parque Litoral, en el entorno del Palacio de los Deportes Martín Carpena.Posteriormente abrirán las instalaciones situadas en La Cruz del Humilladero, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín. También en este año se empezará la construcción de las piscinas situadas en El Cónsul, Huelin, Segalerva, El Palo, Churriana y Hacienda Bizcochero. En este ultimo caso, la instalación tendrá dos piscinas. Además, los vasos de chapoteo pasan de los siete existentes en la actualidad a los 17 previstos para el año 2010. El alcalde afirmó que existe una demanda ciudadana "muy fuerte y creciente" para utilizar las piscinas, ya que "no sólo es un tema deportivo, sino de salud". Por ello, dijo que el Ayuntamiento estará abierto a incorporar sobre suelo público nuevas iniciativas.Con este número de piscinas la ratio será de una piscina por cada 28.000 habitantes, frente a la actual de una por cada 82.000. Con la apertura de todas las instalaciones se dispondrá de un aforo para 28.000 ciudadanos, lo que significa que habrá una plaza por cada 22 habitantes, frente a los 99 habitantes por plaza actuales. Actualmente el aforo máximo es para 5.800 ciudadanos. Las piscinas son de 25 metros de largo, salvo las dos del Centro Acuático de Málaga, que serán de 50. Esto representa que de 2.190 metros cuadrados de lámina de agua, se pasa a 9.811 metros cuadrados (de 262 habitantes por metro cuadrado a 38 habitantes por metro cuadrado). En total la inversión será de 78 millones de euros, lo que supone 135 euros por habitante. La gestión administrativa de las instalaciones es indirecta con control público, tanto de precios como de servicios, aplicando las directrices marcadas por la Junta, que se recogen en el BOJA de 14 de junio de 2007 sobre los modelos de gestión de instalaciones deportivas. A todas estas piscinas hay que añadir las de Cerrado de Calderón, Real Club Mediterráneo y El Candado, que actualmente colaboran con el Área de Turismo y Deporte en las Escuelas Deportivas Municipales. Además, se contará con la piscina del colegio de La Presentación y con la del colegio Gamarra, cuando se construya. En ambos casos se suscribirá un convenio para posibilitar su uso.

El Palacio de los Gálvez revive su pasado romano (La Opinión)

Los arqueólogos encuentran cerámica ibérica y materiales fenicios y griegos.
La excavación arqueológica del Palacio de los Gálvez ha permitido documentar en profundidad diversas épocas de la historia de la ciudad que hablan de las expansiones y contracciones de la urbe y de las actividades económicas que entonces se desarrollaban, en especial las referentes al Imperio Romano. Es la conclusión a la que ha llegado el equipo de arqueólogos encabezado por Alejandro Pérez-Malumbres Landa, responsable de la intervención preventiva del enclave en la calle Granada, en donde se han encontrado muros, fosas y pozos que datan de los siglos II y I antes de Cristo, además de materiales fenicios y griegos "sueltos, fuera de contexto", probablemente del VI a.C.Los muros y estructuras más antiguas encontradas pertenecen a una época de transición entre el mundo tardo-púnico, heredero de los colonizadores fenicios, y la llegada del poder romano tras la Segunda Guerra Púnica. "Estamos fuera de la ciudad fenicia como tal", explica el arqueólogo, y recuerda que, según lo descubierto en la excavación del Museo Picasso, es en el siglo II a. C. cuando se expandió la ciudad. "Existe una superposición de muros ya romanos altoimperiales sobre algunos de los anteriores, llegando en algunos casos hasta casi los tres metros de altura", argumenta el arqueólogo. La mayoría de los mismos son en mampostería de piedra.Productiva. El Palacio de los Gálvez fue una "zona productiva" en la época romana, donde pudo haber una carnicería, según los huesos de animales encontrados. "Tras la conquista del Imperio, se produce una lenta integración en la órbita económica y política romana, que se ve reflejada en la importación de cerámicas de mesa itálica de barniz negro [campaniense] sobre las que curiosamente se ha encontrado graffiti en alfabeto neopúnico para marcar la propiedad del objeto", explicó Pérez-Malumbres. "En estos niveles tardo-púnicos-republicanos aparece cerámica púnica, romana e ibérica", apunta el arqueólogo. "Se desconocía que hubiera cerámica ibérica, y menos de esta calidad, en el casco urbano malagueño", añadió. Ánforas itálicas para vino, cinco piletas, cerámicas, engüentos helenísticos, cuencos fenicios o ánforas para envasar salazón han convivido ocultos a lo largo de estos años en el suelo del Palacio de los Gálvez. A finales del periodo tardo-púnico e inicios del Imperio, se realizaron una serie de trabajos para drenar el terreno con la subida del nivel con gravas y el uso de ánforas vacías para crear desagües, algunas enteras tumbadas y unidas entre sí. Más tarde se utilizarían los ´tubuli´, son tubos de cerámica diseñados para dicha función. "Ésta es una técnica que se utilizaba en la zona norte de Italia en niveles de la misma época", apunta Pérez-Malumbres. Hoy, estas estructuras han salido a la luz y nos revelan cómo fue Málaga.

España lidera en abril la caída de la construcción en Europa (La Opinión)

España volvió a ser en abril el país de la Unión Europea donde la producción del sector de la construcción registró una caída más acusada, con un descenso del 21,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2007. Así se conoció ayer a través de los datos publicados por la oficina comunitaria de estadísticas, Eurostat. En relación al pasado mes de marzo, la actividad constructora disminuyó en España el 6,5 por ciento, también la mayor bajada de los estados miembros.La construcción de la eurozona se redujo un 0,8 por ciento en abril respecto a marzo y un 2,4 por ciento en términos interanuales, mientras que en la Europa de los Veintisiete, descendió un 0,4 por ciento en términos mensuales y un 0,3 por ciento respecto al mismo mes del ejercicio precedente. Los mayores incrementos interanuales de abril se registraron en países como Rumanía, 30 por ciento; Eslovenia, 23,3 por ciento; Polonia, 22,8 por ciento, y Bulgaria 21 por ciento.Retroceso mensual. En el caso español, el retroceso mensual de la construcción se triplicó en relación con el registrado en marzo -cuando cayó el 1,9%- y en términos interanuales lo duplicó.La construcción civil registró un retroceso interanual del 1,8 por ciento en la eurozona, pero se incrementó un 0,4 por ciento en la Europa de los Veintisiete. Por otra parte, las obras de ingeniería descendieron un 4,8 por ciento y un 3,5 por ciento, respectivamente.

Casabermeja proyecta la construcción de 60 VPO bioclimáticas (La Opinión)

La Junta de Andalucía debe aprobar antes el plan parcial de la urbanización, que se levantará en un entorno natural
Un nuevo concepto de vivienda ´sostenible´ con el valor añadido de los inmuebles de protección oficial. Ese es el proyecto que el Ayuntamiento de Casabermeja, amparado en la Empresa Provincial de la Vivienda, dependiente de la Diputación (Emprovima), ha proyectado para una zona del pueblo ubicada en un entorno privilegiado como el camino del Chorro. Una zona natural, rodeada de encinares, que acogerá una promoción de 60 VPO definidas bajo el sello de lo bioclimático."El Ayuntamiento adquirió en su día, bajo un complejo proceso de permuta, una parcela de 72.000 metros cuadrados en la que tendrá cabida una nueva urbanización que se levantará con una baja densidad de edificabilidad. Y no se tratarán de VPO al uso, ya que nuestra idea es que las viviendas se construyan bajo el concepto de lo ambiental, al objeto de poner en valor aquellos elementos que permitan la eficiencia energética en el hogar", detalló el alcalde de Casabermeja, Antonio Domínguez. De esta forma, los futuros inmuebles se construirán con materiales bioclimáticos y estarán predispuestos de tal forma que aprovechen al máximo los recursos naturales como el sol. No obstante, para llevar a cabo la urbanización, la Junta de Andalucía debe aprobar antes el plan parcial al que está sujeto esta zona, calificada inicialmente como suelo rústico.Para llevar a cabo tan ambiciosa actuación, Emprovima ha puesto en marcha un concurso de ideas estatal en el que se premiará aquel proyecto que permita, de una forma más "rentable", poner en marcha un tipo de urbanización que hasta la fecha sólo ha sido ejecutada por promotoras privadas, según detalló el presidente de Emprovima, Miguel Esteban Martín. Precisamente, Martín acudió ayer al municipio de Mollina para hacer entrega de 20 viviendas que han sido ejecutadas por la empresa provincial con un presupuesto de 1,3 millones. En total, Emprovima tiene en ejecución y levantadas más de 200 VPO en la comarca de Antequera.

Las empresas Sacyr y Tecysu construirán el Centro de Tecnificación del Atletismo. Antequera (SUR)

Las obras, que serán financiadas en un 75 % por la Junta y en un 25 % por el Ayuntamiento, se licitaron por 10,3 millones

El Centro de Tecnificación de Atletismo ya tiene empresa constructora. La Junta de Andalucía ha optado entre las 40 ofertas interesadas en su edificación por la de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacyr y Tecysu, según confirmaron ayer el concejal de Educación, Antonio García (IU), y fuentes de la empresa pública Deporte Andaluz.Las obras del Centro de Tecnificación de Atletismo, que se espera que esté construido para principios de 2010, salieron a licitación el pasado 7 de marzo por valor de 10.336.911 euros, cifra que aumentará en unos dos millones de euros con los equipamientos.El inmueble se levantará en una pastilla de 9.000 metros cuadrados situada detrás de la ermita de la Verónica y constará de un pabellón con capacidad para 5.000 espectadores. Las obras serán financiadas por la Junta de Andalucía (75%) y el Ayuntamiento de Antequera (25%), quien prevé aportar su inversión en cuatro anualidades: así, en 2008 pagará 300.000 euros; en 2009 y en 2010, un millón respectivamente y, en 2011, los 700.000 euros restantes. Por su parte, la Junta se comprometió a abonar tres millones de euros anualmente durante 2007, 2008 y 2009.El Centro de Tecnificación de Atletismo será reconocido en toda Andalucía por tener la única pista fija y cubierta de la región. Su construcción quedó asegurada el 26 de noviembre de 2007 cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera firmaron el convenio de ejecución. No obstante, no fue hasta el pasado 7 de marzo que se licitaron las obras por 10,3 millones de euros.Como se recordará, el inmueble tendrá semisótano y dos alturas. En la planta más baja se situarán la sala de monitores, el gimnasio, los vestuarios, las oficinas, una zona de competición, los servicios médicos y de atención al público, un centro de información técnica, las dependencias para hacer los controles antidopaje, un área de almacenaje y las gradas móviles.

Gradas móviles

En la planta baja se instalarán los accesos, los servicios y las gradas fijas y en la primera planta se ubicarán el control de megafonía, los marcadores y las cabinas para los medios de comunicación. Las gradas fijas darán una capacidad de aforo al palacio de 2.500 espectadores, que se podrán ampliar con otros tantos gracias a las gradas móviles que se utilizarán para grandes eventos.El proyecto, que ronda el plazo de ejecución en torno a los 18 meses, consta así de un pabellón cubierto dedicado a la práctica del atletismo con una pista de 200 metros de cuerda y un espacio interior en el que se podrán practicar deportes de pista como balonmano, baloncesto o fútbol-sala. Para el futuro, el Ayuntamiento prevé construir anexo un campo de fútbol para 2.500 espectadores con otra pista de atletismo al aire libre, que podría ser financiado en un 50 por ciento por la Junta de Andalucía. Ello, junto al Centro de Tecnificación de Atletismo ocupará una pastilla de 40.000 metros cuadrados a los que habrá que sumar otros 50.000 para conformar la Ciudad Deportiva.

La Junta autoriza la construcción de dos parques eólicos en Ardales (SUR)

La Consejería de Medio Ambiente emite informes favorables de los dos proyectos, que prevén treinta aerogeneradores
19.06.2008 -
J. J. BUIZA

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MOLINOS. Los parques serán similares al de sierra de Aguas. / J. J. B.
Luz verde a la construcción de dos parques eólicos en Ardales. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha emitido sendas declaraciones de impacto ambiental en las que considera viable ambos proyectos, que plantean levantar un total de 30 aerogeneradores: 15 en el paraje denominado Alamedilla (al norte de la sierra de Baños) y otros 15 en la zona de Los Romerales (cerca de Cerro Redondo).Se trata de dos de los 15 parques que se podrían instalar en el futuro en la comarca del Guadalteba según el plan que presentó en su día a la Junta la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Andalucía. En estos momentos en la zona únicamente funciona una instalación de estas características en la sierra de Aguas, entre los términos municipales de Álora y Casarabonela.Los nuevos parques de Ardales será de similares características, con una potencia total de 30 megavatios cada uno. De esta forma, los molinos generarán energía suficiente para suministrar electricidad a cerca de 2.000 hogares. Con este trámite, Enerwind S. L. y la Sociedad Gestora de Parques Eólicos de Andalucía S. A., promotores de los proyectos, obtienen la autorización necesaria para poder llevar a cabo las obras, aunque Medio Ambiente condiciona los informes favorables a que se realicen una serie de medidas protectoras. Entre ellas figuran acciones como que se reubiquen varios aerogeneradores para reducir el volumen de desmontes y terraplenes, que la pendiente de los caminos no supere el 14 por ciento, que se instale un sistema automático de vigilancia y detección de incendios, que se riegue el terreno durante las obras para evitar la formación de polvo o que se lleve a cabo una prospección arqueológica en la zona. Por otro lado, en el informe ambiental se especifica que los terrenos afectados (propiedad de la Agencia Andaluza del Agua) son de uso forestal, si bien no están incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Sin peligro para las aves

Además, se considera que en los dos parajes no existe una concentración importante de aves protegidas, una de las principales cuestiones que se revisa a la hora de autorizar un parque eólico. Una vez en funcionamiento, está previsto la energía que salga de los aerogeneradores sea enviada hasta la subestación del Tajo de la Encantada, desde donde se canalizará a la red general.

Emprovima entrega una veintena de viviendas en Mollina (SUR)

La empresa provincial ha invertido más de 1,3 millones en construir las casas en suelo cedido por el Ayuntamiento
Emprovima ha hecho entrega de una nueva promoción de viviendas en el interior de la provincia. El vicepresidente segundo de la Diputación y presidente de la Empresa Provincial de la Vivienda, Miguel Esteban Martín (IU), entregó ayer en Mollina las llaves de una veintena de VPO durante un acto en el que también estuvo presente el alcalde del municipio, Francisco Sánchez (IU); el gerente de Emprovima, Eduardo Zorrilla, y el consejero-delegado, Juan Moreno.La promoción de VPO de Mollina está situada en las calles Los Eucaliptos, Los Castaños y Los Limoneros. Se trata de un conjunto residencial dispuesto en tres manzanas, de siete, siete y seis viviendas cada una, construidas en dos alturas. La superficie total construida es de 2.543,72 metros cuadrados, de los que 2.102,87 se dedican a vivienda, 435,07 a aparcamientos cubiertos y 5,78 metros cuadrados a trasteros. Cada vivienda dispone de una parcela individual de entre 150 y 270 metros cuadrados de superficie.Las viviendas adosadas cuentan con una superficie construida de entre 103,64 y 109,45 metros cuadrados, más un aparcamiento cubierto de entre 18,60 y 27,50 metros cuadrados, y cuentan con porche, recibidor, salón-comedor, cocina y aseo en planta baja y tres dormitorios y baño en la primera planta. El precio por vivienda oscila entre 88.781,85 euros para las viviendas de mayor superficie y 83.115,07 las más pequeñas.El suelo sobre el que se ha construido fue objeto en su día de una cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Mollina a Emprovima, dentro del convenio de colaboración suscrito entre ambos organismos, lo que ha permitido establecer precios de venta inferiores en un 35% a los del mercado. No obstante, la inversión realizada por Emprovima asciende a 1.355.850,97 euros.

Otras promociones

Además, Emprovima construye en Pozo de los Bueyes (Campillos) otra promoción de 24 viviendas protegidas y prevé construir en la zona de El Tejar de la misma localidad otras 43 viviendas. Además se prevé entregar pronto otras promociones en Archidona (24 viviendas), Alameda (15) y Humilladero (19).Además, la empresa de Diputación prevé licitar otra promoción de 22 VPO en Humilladero, al tiempo que negociará la construcción de nueve viviendas en Villanueva de Algaidas y diez en Villanueva de Tapia. Otra promoción que podría salir adelante sería en Alameda, donde Emprovima proyecta hacer 15 casas.

Torrox proyecta construir un parque marino en la desembocadura del río. Torrox (SUR)

La actuación incluirá un museo, zonas de ocio y recintos hosteleros y deportivos

El Ayuntamiento de Torrox se ha propuesto convertir la desembocadura del río en una gran zona de esparcimiento y recreativa, con un aprovechamiento especial de los recursos marinos. El proyecto, denominado 'parque marino', contempla la creación de un entorno ecológico y arbolado, de unos 40.000 metros cuadrados de superficie, en el que se habilitarán espacios museísticos, instalaciones de ocio, de restauración y deportivas.El proyecto será debatido hoy en la comisión informativa de Desarrollo, Turismo y Promoción Económica, y contempla «una actuación global sobre el conjunto de la desembocadura, para integrarla en el municipio y convertirla en un enclave atractivo para el turista», según avanzó ayer el concejal de Turismo, José Pérez (PSA), quien destacó que se trata de «una propuesta base, que se irá modificando conforme vaya desarrollándose el proyecto».De momento, hoy está prevista la contratación de una asesoría y una gestión externa para avanzar en la actuación, que deberá contar con el visto bueno de la Demarcación de Costas y de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA). A ambos organismos, el concejal de Turismo ya ha remitido un anteproyecto de lo que quieren hacer. De hecho, la actuación se desarrollará de forma paralela a la adecuación hidrológico-ambiental -con la colocación de escolleras- que se está llevando cabo ahora.Para la puesta en marcha de este parque marino, Pérez apuntó que «habrá que dar entrada a la iniciativa privada, así como a la de colectivos y asociaciones vinculados al medio ambiente y marino», como el Aula del Mar, la red de piscifactorias Acemar o el colectivo local de submarinistas Tiempo Sub. «Es una propuesta abierta, que se irá mejorando poco a poco», dijo Pérez, quien estimó que la inversión global necesaria para su desarrollo rondará los cinco millones de euros. El recinto incluirá un museo del mar y una conexión con las ruinas romanas y fenicias situadas en el entorno del faro.

El Consistorio ejecuta un edificio de VPO a sólo un metro de una línea de alta tensión. Vélez-Málaga (SUR)

La empresa municipal Emvipsa tiene paralizadas las obras de construcción de las 21 viviendas desde hace un mes. Los trabajos no se podrán retomar hasta que no se desvíen los cables para separarlos de las casas

Una línea eléctrica de alta tensión que pasa por encima de la parcela municipal sobre la que el Ayuntamiento construye, a través de la empresa municipal Emvipsa, una promoción de 21 viviendas de VPO en la Cuesta del Visillo de Torre del Mar ha obligado al propio Consistorio a paralizar los trabajos. la línea existía antes de que comenzarán los trabajos en diciembre del pasado año.Según la concejal delegada de Emvipsa, Concepción Labao, la construcción permanece paralizada desde hace más de un mes a la espera de que se proceda al desvío de la línea, tarea que corresponde a la empresa municipal como titular del suelo, pero que realizará finalmente la sociedad a la que se le adjudicaron las obras.El problema, según Labao, es que si no se modifica la línea el edificio quedará a unos 30 centímetros del cableado, razón por la que se decidió paralizar las obras cuando se levantó la segunda de las tres plantas del inmueble. La edil popular explicó que la legislación vigente obliga a tener este tipo de líneas a una distancia nunca inferior a cinco metros.

Torreta

«Todo pasa por la modificación de una torreta, aunque la solución se conocerá esta semana», según declaró Labao, que aseguró que lo sucedido no retrasará la entrega de las llaves ni la culminación del edificio.El portavoz de de IU en el Ayuntamiento, Salvador Marín, criticó ayer al equipo de gobierno por considerar que este tipo de situaciones no se pueden producir. Marín dijo que la línea se debió desviar mucho antes de que comenzara la construcción, pero que en todo caso la parcela sobre la que se levanta el edificio disponía de superficie suficiente como para haber retirado el inmueble de los cables. «Lo que no puede ser es que cuando ya se han ejecutado las dos primeras plantas se tenga que paralizar las obras porque a nadie se le ocurrió mirar antes hacia arriba y ver que pasaban unos cables de alta tensión», dijo el portavoz de IU. En este sentido, Marín no descartó la posibilidad de que su grupo pida responsabilidades por lo sucedido.

Edificio

Este edificio es el primero de los dos edificio de VPO que promueve actualmente Emvipsa en Torre del Mar. El segundo se ejecuta en la zona de la Azucarera. Por lo que se refiere a la Cuesta del Visillo la obra fue adjudicada a Construcciones y Reformas Costa Verde, con un presupuesto de 1.420.000 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que debe estar concluida en abril de 2009. La promoción de viviendas que se ejecuta en la Azucarera consiste en un edificio de 49 viviendas de VPO.

El PP presenta una moción para agilizar las licencias de obra. Mijas (SUR)

Reducir hasta dos meses el plazo de aprobación de licencias urbanísticas es el objetivo principal de una de las tres mociones presentadas por el PP en el último pleno. La moción, según el edil Manuel Navarro persigue la firma de un acuerdo entre el Consistorio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para implantar en la localidad el Visado de Cualificación Urbanística (VICU) de los proyectos de edificación para la obtención de dicha licencia.Esta medida, que será estudiada por el equipo de gobierno para en el próximo pleno, desatascaría el cúmulo de expedientes en las oficinas municipales a la vez que paliarían los efectos de la paralización del sector de la construcción en Mijas.El visado plantea que el Colegio supervise y garantice los proyectos a nivel formal, técnico y legal. Dicho trámite se ejecutaría tras la solicitud voluntaria de promotores y aseguraría la emisión de la licencia en unos 20 días.

Los informes de inspección de edificios tendrán ayudas de hasta 900 euros (SUR)

La realización de los informes para la Inspección Técnica de Edificios (ITE) contarán con unas ayudas de hasta 900 euros, según anunció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. El Ayuntamiento aprobará a principios del mes que viene una ordenanza que regulará estas subvenciones, que se destinarán a familias con una renta anual entre una y 3,5 veces el IPREM, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, una especie de salario mínimo que sirve de referencia para proyectos sociales y ayudas de todo tipo. La aportación oscilará entre el 25% y el 75% del coste del informe en función de los ingresos.Urbanismo ha previsto una partida de 90.000 euros para estas ayudas, que podrían beneficiar a 200 ó 300 casos. No obstante, la ordenanza no se aplicará hasta septiembre, apenas un mes o mes y medio antes del plazo para la presentación de los informes de los edificios centenarios o protegidos, que expira el 11 de noviembre.

Crítica socialista

Por ello, el concejal del PSOE Sergio Brenes, que presentó una moción sobre este asunto que fue rechazada, criticó que desde que se puso en marcha la ITE, hace dos años, no se haya aprobado la normativa para regular estas subvenciones. El equipo de gobierno estudia que puedan recibirse con efecto retroactivo para evitar que la demora impida acogerse a ellas a los ciudadanos con menos recursos que las necesitan.Hasta ahora se han presentado siete informes de ITE de los 2.671 edificios que deben pasarla en el primer plazo. Por ahora, todos menos uno han sido favorables. La Gerencia de Urbanismo, que la semana próxima iniciará una campaña publicitaria sobre la inspección de edificios, recibe cada día una media de 80 llamadas sobre este procedimiento. MÁS INFORMACIÓN I Gerencia de Urbanismo 952 13 57 80.

Málaga contará con seis nuevas piscinas municipales antes de final de este año (SUR)

Se invertirán 78 millones de euros y el objetivo es que en 2011 haya una veintena

LAS PISCINAS
En funcionamiento: El Torcal, la Trinidad, los Limoneros, Campanillas, el Limonar, Perchel y Churriana.

Apertura en 2008: Centro Acuático de Málaga (con tres piscinas), Cruz del Humilladero, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín.

Próxima construcción: El Cónsul, Huelin, Segalerva, El Palo, Churriana y Bizcochero Capitán (dos).

Convenios con privados para su uso: Club Mediterráneo, Cerrado de Calderón y El Candado y las futuras de Gamarra y La Presentación.

La ciudad contará con seis nuevas piscinas antes de final de año impulsadas por el Ayuntamiento y que se unirán a las siete que actualmente hay en funcionamiento en varios distritos de la capital, según anunciaron ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Deportes, Elías Bendodo durante la presentación de la Red de Servicios Acuáticos Municipales.Tres de estas nuevas piscinas se encuentran en el Complejo Acuático de Málaga que se inaugurará el próximo martes día 24 de junio y que del 4 al 13 de julio acogerá el Campeonato de Europa de Waterpolo. A partir de septiembre se abrirá al público, teniendo capacidad para atender a unas 17.000 personas, según señaló De la Torre. El resto de piscinas se abrirán antes de que finalice 2008, contarán cada una con un vaso de chapoteo y estarán ubicadas en Cruz de Humilladero -que acumula un cierto retraso-, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín.Asimismo, el Consistorio tiene previsto iniciar próximamente la construcción de las piscinas del Cónsul, Huelin, Segalerva, El Palo-Pedregalejo, Churriana y Hacienda Bizcochero (donde habrá dos), con lo que al final de esta legislatura -año 2011- la ciudad contará con veinte piscinas. En ellas, además de la zona acuática, hay otras para salud, salas polivalentes para actividades, pistas para pádel, entre otros equipamientos.Se invertirán 78 millones de euros y con estos equipamientos, según De la Torre, se atiende la demanda ciudadana (tanto para practicar deporte como por motivos de salud) de piscinas y se cubre «el déficit» histórico de estos equipamientos. Con el total de piscinas, la ratio será de una por cada 28.000 habitantes frente a la media actual que es de una por cada 82.000 ciudadanos y se situará por encima de lo que recomienda la Junta de Andalucía en el Plan Director de Infraestructuras Deportivas.Respecto a la gestión, Elías Bendodo detalló que se hará con gestión externa tal y como recomienda la Junta de Andalucía y con precios públicos «muy populares».

Urbanismo revisará el permiso de una antena de móvil que no pudo retirar por una sentencia (SUR)

El PSOE exige su desmantelamiento, demandado por unos 800 vecinos
El Ayuntamiento va a revisar la licencia de una antena de telefonía móvil situada en El Tarajal para cuyo desmantelamiento los vecinos de esta barriada han recopilado 800 firmas los últimos meses. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó en una comparecencia pedida por el PSOE que el Ayuntamiento denegó el permiso para esta antena en 2002, y que la compañía que la colocó (Iberbanda) recurrió esa decisión en los tribunales. Su recurso obtuvo una sentencia firme en 2004 que desautorizó el rechazo municipal, por lo que la antena ha permanecido en la zona hasta hoy.Díaz señaló que la ordenanza para los equipos de radiocomunicación obliga a revisar sus permisos cada tres años, por lo que la licencia a que obligó el fallo judicial tendrá que ser revisada en breve. «Vamos a exigir a la compañía que traiga toda la documentación necesaria para ver si se renueva o no el permiso», afirmó el concejal de Urbanismo, quien agregó que en 2001 se dictó una orden de desmontaje que anuló la sentencia.

Rechazo

El concejal del PSOE Sergio Brenes expuso en la comisión de Movilidad y Urbanismo de ayer que esta antena ha causado el rechazo de cientos de vecinos, que la ven como una amenaza para su salud. «Hagan lo que sea, pero que desaparezca de allí, porque ya ha estado bastante tiempo», declaró Brenes tras las explicaciones de Manuel Díaz.Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos 20 de Enero- El Tarajal- Los Chopos, Josefa Moreno, aseguró que la antena lleva unos 12 años en la barriada. «Hemos recogido unas 800 firmas que vamos a llevar al Defensor del Ciudadano para acabar de una vez con este asunto que tanto nos preocupa», comentó la representante vecinal, que reiteró que la antena debería estar quitada desde hace siete años.

El Ayuntamiento construirá un parque de 22.000 metros en El Lagarillo (SUR)

Los grupos municipales aprueban por unanimidad una moción de IU para que el proyecto se redacte y se ponga en marcha en el menor plazo de tiempo posible. Habilitarán caminos, miradores, zonas de estancia y 250 aparcamientos

El Ayuntamiento habilitará como parque la zona de El Lagarillo, en el monte de San Antón, en la que los vecinos del distrito Este celebran anualmente una romería popular. La comisión de Urbanismo aprobó ayer por unanimidad una moción de IU en la que se insta a la realización de este parque. El portavoz de la formación, Pedro Moreno Brenes, resaltó que es una demanda vecinal de varios años atrás.El Consistorio llegó a redactar un anteproyecto para habilitar esta zona de monte como parque periurbano en el año 1995. Sin embargo, la actuación no se retomó hasta diez años después, cuando en 2006 se actualizó el proyecto en consenso con los vecinos, según informó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.

Viales

Díaz precisó que la actuación planteada inicialmente, y que se plasmará en un proyecto más concreto en los próximos meses, servirá para potenciar y reforestar este espacio para crear una zona de esparcimiento de 22.000 metros cuadrados. El plan contempla el acondicionamiento de un vial principal, la creación de 250 aparcamientos y la dotación de bancos, papeleras y zonas para barbacoas. Además, se crearán senderos, zonas de estancia y deportivas, y miradores desde el monte.La moción, apoyada por PP, PSOE e IU, contempla que se continúen los trabajos para la redacción de este proyecto en la ladera suroeste del monte de San Antón en el menor tiempo posible.La actuación incluye un plan de reforestación para mejorar los atractivos medioambientales del lugar, que abarca en conjunto unas 20 hectáreas, y para evitar la erosión del monte. Asimismo, prevé retirar restos de materiales acumulados en la zona. La última romería de San Antón congregó a cinco mil personas en este lugar.

La trama de Estepona habría usado dos 'oficinas' clandestinas para cobrar supuestas comisiones ilegales (SUR)

La policía atribuye al alcalde presuntos hechos delictivos relacionados con cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación, doble contabilidad y nombramiento ilegal. La Fiscalía apunta a que la red operaría desde 2003 y habría copiado sin alteraciones las corruptelas tejidas por el GIL
Dos tramas en una misma investigación. La 'operación Astapa' ha sacado a la luz sendas redes de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Estepona. Aunque ambas tendrían puntos de conexión, cada uno de estos grupos dispondría de su propia 'oficina' clandestina para cerrar los acuerdos, según los expertos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han llevado las pesquisas del caso. La documentación incautada en los registros del Consistorio -que se prolongó hasta la madrugada de ayer- y las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar, en un primer análisis, que el grupo presuntamente corrupto llevaría operando desde que en junio de 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex 'gilistas'), que habrían reeditado las prácticas de la época del partido fundado por el fallecido Jesús Gil.La red corrupta que anidaría en el Ayuntamiento de Estepona saltó por los aires el martes, cuando la policía desató una redada que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza. El Juzgado de Instrucción 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan a su vez una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las 'oficinas de cobro', la de mayor envergadura, sería la que supuestamente estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaría el día a día de esa 'oficina'; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López.La segunda 'sucursal' de cobro sería algo más modesta y se habría creado en fechas posteriores. Estaría dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la 'operación Hidalgo', relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.Las dos 'oficinas clandestinas' de cobro tendrían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Marbella, aunque los pequeños constructores también habrían podido acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado de la línea, una especie de teleoperador-intermediario que, al parecer, se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las supuestas comisiones.

Negociación

«Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación», explican los especialistas de Anticorrupción, habrían recibido el visto bueno si no pasaban antes por esta suerte de 'administración paralela' en el Ayuntamiento esteponero. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las tramas por el mismo 'favor'. Tras ello, podrían llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno solo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.Multitud de empresas habrían tributado a estas cajas ilegales, aunque la UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el Consistorio.Los investigadores policiales ya tienen en su poder copias de todos los convenios firmados por el Ayuntamiento de Estepona desde 2000 y apuntes de lo que podrían haber sido las supuestas comisiones por recalificaciones y permisos.

Cifras inferiores a Malaya

Fuentes consultadas explicaron que los investigadores aún están trabajando para averiguar a cuánto asciende la supuesta 'caja B' del Consistorio esteponero, aunque señalaron que, a priori, estaría lejos de las cifras del 'caso Malaya', en la vecina Marbella. Por ejemplo, una de las presuntas comisiones investigada por la policía sería de unos 42.000 euros. «No sería de las más altas, pero tampoco de las más bajas», indicó la misma fuente. Ayer, los agentes seguían expurgando contrarreloj los cientos de documentos incautados en las oficinas municipales para saber qué papel pudieron jugar en la trama el alcalde, los siete concejales y los asesores municipales detenidos.De entrada, la policía imputa a algunos de los arrestados hasta una decena de supuestos hechos delictivos diferentes, aunque todos tienen como denominador común los cargos de cohecho y blanqueo de capitales. Entre ellos, los investigadores atribuyen al regidor Antonio Barrientos -que aún está en los calabozos de la Comisaría Provincial- presuntos delitos relacionados con cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo, doble contabilidad y nombramiento ilegal. No obstante, estas imputaciones son policiales y, por tanto, están aún pendientes de la decisión que adopte la jueza que instruye el caso una vez que tome declaración al detenido.

Experto reclama a los promotores que hagan edificios con más eficiencia energética (Málaga Hoy)

Una normativa europea hace que los recintos tengan categoría desde la A a la G, como los frigoríficos
Apagar la luz cuando se sale de una habitación o cerrar el grifo mientras se lava los dientes son medidas que contribuyen al ahorro de energía pero, en la coyuntura mundial actual, ya no es suficiente. Ahora se intenta que todo el edificio en sí esté diseñado, construido y ejecutado con el objetivo de beneficiar lo más posible al medio ambiente y evitar el despilfarro de energía. De hecho, una normativa europea obliga desde hace unos meses a los promotores y constructores a entregar, junto a la memoria de calidades, una clasificación energética del edificio que va a construir a la hora de presentar su proyecto en el Colegio de Arquitectos. Esta categoría oscila entre la A y la G en función de su capacidad energética, haciendo un símil con los electrodomésticos.Servando Álvarez, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó ayer algunos de los avances en materia energética y domótica en la construcción a un nutrido grupo de promotores en un conocido restaurante de Málaga en un acto organizado por el CSIC, Cajasol, la Confederación de Empresarios de Andalucía y Grupo Joly (editor de este diario). Servando reclamó a los empresarios que apuesten por edificios con la mayor categoría energética ya que, en su opinión, "hay subvenciones en residencial en torno a 30 euros por metro cuadrado para edificios de la clase A y en torno a 20 euros para edificios de la clase B, por lo que ese sobrecoste no lo tienen que abonar los promotores y, por eso mismo, tampoco tendría que repercutirse en el cliente final".Las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) llevan a que un edificio consuma la mitad de la energía que otro más antiguo. Sin embargo, aplicar estrictamente el CTE daría una categoría D. Para tener la A -que supondría recintos que consumen menos del 25% de la energía de los edificios antiguos- "hay que diseñarlos muy bien aplicando los criterios en función del clima de cada ciudad".

Experto reclama a los promotores que hagan edificios con más eficiencia energética (Málaga Hoy)

Una normativa europea hace que los recintos tengan categoría desde la A a la G, como los frigoríficos
Apagar la luz cuando se sale de una habitación o cerrar el grifo mientras se lava los dientes son medidas que contribuyen al ahorro de energía pero, en la coyuntura mundial actual, ya no es suficiente. Ahora se intenta que todo el edificio en sí esté diseñado, construido y ejecutado con el objetivo de beneficiar lo más posible al medio ambiente y evitar el despilfarro de energía. De hecho, una normativa europea obliga desde hace unos meses a los promotores y constructores a entregar, junto a la memoria de calidades, una clasificación energética del edificio que va a construir a la hora de presentar su proyecto en el Colegio de Arquitectos. Esta categoría oscila entre la A y la G en función de su capacidad energética, haciendo un símil con los electrodomésticos.Servando Álvarez, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó ayer algunos de los avances en materia energética y domótica en la construcción a un nutrido grupo de promotores en un conocido restaurante de Málaga en un acto organizado por el CSIC, Cajasol, la Confederación de Empresarios de Andalucía y Grupo Joly (editor de este diario). Servando reclamó a los empresarios que apuesten por edificios con la mayor categoría energética ya que, en su opinión, "hay subvenciones en residencial en torno a 30 euros por metro cuadrado para edificios de la clase A y en torno a 20 euros para edificios de la clase B, por lo que ese sobrecoste no lo tienen que abonar los promotores y, por eso mismo, tampoco tendría que repercutirse en el cliente final".Las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) llevan a que un edificio consuma la mitad de la energía que otro más antiguo. Sin embargo, aplicar estrictamente el CTE daría una categoría D. Para tener la A -que supondría recintos que consumen menos del 25% de la energía de los edificios antiguos- "hay que diseñarlos muy bien aplicando los criterios en función del clima de cada ciudad".

La Costa del Sol se habitúa a las operaciones de Anticorrupción (Málaga Hoy)

Málaga sale a un escándalo por año desde Ballena Blanca

La historia reciente de Málaga no se escribe con páginas similares a las que en la década de los 70 del siglo pasado informaban sobre el glamour que impregnaba la Costa del Sol. Todo lo contrario. La provincia, la más turística y dinámica de Andalucía y repleta de encantos, tiene el sambenito de saltar a los titulares por lo menos una vez al año por escándalos urbanísticos o tramas internacionales de blanqueo que tienen su epicentro en algún punto del litoral malagueño. Un ejemplo de la actividad ilícita que concentra la provincia: Fue una de las primeras de toda España en contar con un fiscal Anticorrupción y actualmente ya hay tres dedicados en exclusiva a hacer frente a las corruptelas.Aunque su situación geográfica y sus características la convirtieron pronto en un imán para dar cobijo a las actividades ilícitas, la mala racha de Málaga comenzó a principios de 2005 con el caso Ballena Blanca, que desarticuló una red internacional de lavado de dinero de origen ilícito presuntamente organizada desde su bufete por el abogado Fernando del Valle. El caso, además, derivó en la primera dimisión de un alcalde por presunta corrupción, la del independiente Pedro Tirado, ex alcalde de Manilva y salpicado de lleno por la recalificación de la finca La Parrada.El último capítulo se firmó ayer con la detención del alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, y una veintena de personas más por presunta financiación irregular del Ayuntamiento. El alcalde del PSOE con más peso de la provincia malagueña ha caído en la operación Astapa, bautizada así por los investigadores en honor al nombre que los fenicios dieron a este asentamiento de la Costa del Sol.Pero en medio de las dos ha habido más. El caso que más ha conmocionado a la opinión pública ha sido Malaya, que el 29 de marzo de 2006 provocó la detención de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y del ex asesor de Urbanismo, el todopoderoso Juan Antonio Roca, que ahora mismo está en prisión preventiva. Este sumario centrado en buena medida en las operaciones de cohecho y el blanqueo de capitales, que de momento va por 86 procesados y acaba de concluir su fase de instrucción, originó la disolución del Ayuntamiento de Marbella y terminó con el régimen creado por el fallecido Jesús Gil cuando accedió a la Alcaldía en 1991.No había pasado ni un año cuando fue detenido el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, en la operación Troya por el presunto cobro de comisiones vinculadas a operaciones urbanísticas. A los pocos meses, el caso Hidalgo desmanteló una red internacional de blanqueo de capitales. La dirigió el juez de Marbella Francisco Javier de Urquía hasta que fue relacionado con el cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

Un urbanismo bajo sospecha fija. Estepona (Málaga Hoy)

Barrientos usó dinero de los convenios para el pago de las nóminas de la plantilla municipal · Trató sin éxito de escaparse de las restricciones de la Junta aprobando trece acuerdos antes de la entrada en vigor de la ley

La actuación de los estamentos judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la operación Astapa en el municipio de Estepona ha permitido poner sobre la mesa las numerosas sospechas que desde hace años se ciernen sobre el urbanismo de esta localidad de la Costa del Sol. Un hecho que queda constatado con un simple y somero repaso de las decisiones municipales adoptadas en el Consistorio desde 2003, periodo que puede ampliarse sin género de dudas a la época de gobierno del antiguo GIL. El uso del dinero procedente de la firma de convenios con empresas privadas para el pago de las nóminas municipales, los aumentos de edificabilidad permitidos, los intentos de recalificación de terrenos… son algunas de las señas que identifican la gestión municipal en esta materia. Y no faltan los ejemplos.InfraccionesA fecha de agosto de 2007, pocos meses después de los comicios municipales de mayo, el equipo de gobierno en el municipio admitió la acumulación de casi 1.600 infracciones urbanísticas, con un volumen de expedientes similar al de la vecina y polémica localidad de Marbella. Esta cifra se ve complementada con los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas entre los años 1994 y 2004, según los cuales el Ayuntamiento impulsó más de cien modificaciones de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), siendo el municipio de España que más cambios aplicó a su documento. "El urbanismo de esta ciudad está mal", sentenciaron desde la Administración autonómica, hasta el punto de que existía un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo para no autorizar más cambios.¿Comisiones urbanísticas?El alcalde de Estepona negó la existencia de vínculos entre el Ayuntamiento del municipio y el cobro de comisiones urbanísticas. La reacción se produjo después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento de Estepona para conseguir una licencia de urbanización". En el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Consistorio, al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales abierta a raíz del caso Hidalgo. En ese momento, Barrientos dijo: "Si hubiera habido algo digno de reseñar, ya lo habrían hecho los jueces".Discrepancias internas de ValadezLas críticas realizadas por el concejal David Valadez en septiembre de 2006 contra la política urbanística del equipo de gobierno pusieron sobre la mesa las dudas que pesaban sobre la tarea de Barrientos y sobre la labor de los entonces socios de gobierno, los ex miembros del GIL. Las palabras del entonces portavoz municipal del PSOE no le sentaron nada bien al regidor, que al día siguiente optó por expulsarlo del grupo municipal. En este contexto, Valadez denunció que se incumplía el decálogo urbanístico aprobado por su partido, a lo que el alcalde respondió: "No estoy dispuesto a recibir lecciones de moralidad, de socialismo ni de lucha contra la corrupción de nadie".Intervención de la FiscalíaEn los últimos años no han sido pocas las veces en las que la política municipal de Estepona ha estado bajo la lupa del ámbito judicial. En marzo del pasado año, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, por el que se pretendían vender tres parcelas de suelo a una sociedad mercantil sin sacarlas previamente a subasta, contraviniendo la normativa urbanística. En esta misma línea, pero en enero de 2005, el Ministerio Fiscal inició una investigación por la presunta existencia de cajas de seguridad en bancos relacionadas con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento.Dinero para sueldosUno de los principales fines a los que pretendía destinar Barrientos parte del dinero obtenido de convenios urbanísticos era la paga de las nóminas municipales. Este hecho se produjo en marzo de 2006, cuando el regidor trató de aprobar trece acuerdos, decisión que se vio frenada por la Junta de Andalucía. Pero este procedimiento no es aislado. El propio alcalde informó a finales de 2005, a pesar de las advertencias realizadas por el tesorero municipal, de su intención de destinar 5 millones de euros procedentes de dos convenios que no habían sido aprobadas a sufragar los sueldos de los 700 trabajadores del Consistorio. La medida provocó la crítica del tesorero, que advirtió con denunciarla, al estar prohibido emplear este tipo de aportaciones a pagar nóminas. Antes, en noviembre de 2004, acordó destinar parte de otro acuerdo a este mismo cometido. Sin ser una justificación, los gobiernos que sucedieron al GIL al frente de la Alcaldía se vieron obligados a asumir la gestión de una plantilla sobrecargada y muy por encima de las posibilidades económicas del Consistorio.Aportaciones de PrasaA lo largo del pasado mandato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millón de euros en concepto de aportaciones voluntarias por parte de la empresa Prasa. Así lo admitió el propio alcalde del municipio, quien vinculó esta cuantía con el cobro de las plusvalías de los 2.137 metros cuadrados de incremento edificable que se le permitió a constructora en el barrio de El Pinillo. Parte de este dinero, 30.000 euros, se empleó en 2003 en la financiación de la iniciativa Verano Cultural. Al año siguiente se consignó una nueva aportación de 300.000 euros para el pago de los cargos de confianza y del gasto corriente del Consistorio. Y a estas aportaciones, según denunció el PP, se sumó otra de 830.000 euros a cambio de "favores urbanísticos". En este periplo, el Ayuntamiento de Estepona aprobó compensar a Prasa con un aumento de la edificabilidad que le correspondía en unos terrenos situados en las afueras del municipio en contraprestación por la demolición de la mayor parte del hotel construido por esta firma a pie de playa y declarado ilegal por Costas.Incompatibilidad de Manuel ReinaEn octubre de 2004 se supo que Manuel Reina, uno de los concejales del Partido de Estepona (PES) detenido en el marco de la actual operación Astapa, había compaginado durante casi un año y medio su cargo político como concejal de Hacienda y consejero de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico con la administración de varias empresas cuyo objeto social estaba vinculado al campo urbanístico e inmobiliario. Este hecho hizo que los grupos de la oposición exigieran su dimisión, paso que en ningún caso se dio.Conflicto con la Ley Urbanística Uno de los momentos álgidos de la carrera política de Antonio Barrientos se vivió en diciembre de 2005, en las vísperas de que entrase en vigor una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impedía a los ayuntamientos recibir dinero procedente de acuerdos urbanísticos hasta que no se iniciase el desarrollo de los suelos. El regidor socialista optó por ir adelante y convocó un Pleno 48 horas antes de que se hiciese efectiva esta limitación para dar luz verde a trece acuerdos, que iban a reportar 24 millones de euros a las arcas municipales. Barrientos, tras numerosas presiones por parte de la dirección regional del PSOE-A, anuló la convocatoria. Recalificación de Selwo A principios de 2006, Barrientos defendió la posibilidad de recalificar para uso residencial parte de los suelos del parque de Selwo, al objeto de que se permitiese la construcción de viviendas de lujo. Según explicó en su día el alcalde, la iniciativa pretendía la división de los 900.000 metros cuadrados de este espacio en tres bolsas que saldrían a concurso. Una de ellas, de 333.000 metros permitiría mantener las instalaciones del zoo; otros 200.000 metros irían destinados a equipamientos deportivos, y los restantes 500.000 metros, a uso residencial. De acuerdo con los datos que se barajaron en su momento, la intervención iba a suponer unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para el Ayuntamiento. Sin embargo, de nuevo, la aspiración del alcalde socialista se topó con la negativa de la Junta, que rechazó de plano el proyecto de recalificación. Un día después del pronunciamiento de la Administración autonómica, Barrientos dio marcha atrás y descartó el cambio de uso de los suelos.El engaño del H-10El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura del hotel H-10 Estepona Palace a pesar de que la edificación sobresalía en 1.500 metros de techo la edificabilidad fijada. Antonio Barrientos justificó la medida en el interés de defender el interés general. La posibilidad de legalizar este sobrante de construcción fue descartada hasta en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. De hecho, el entonces delegado provincial de Obras Públicas José María Ruiz Povedano justificó la negativa en que la actuación planteada por el Consistorio buscaba "duplicar la ocupación de la parcela y la elevación en altura del edificio". Sin embargo, pocos meses después de estas declaraciones, la Comisión provincial de Urbanismo acabó por aceptar dicho incremento. La medida, no obstante, fue de nuevo subsanada en julio de 2005, cuando la Junta impugnó el aumento de edificabilidad tras comprobar que el expediente municipal al que dio luz verde no incluía los informes contrarios del asesor jurídico, del secretario municipal y de un arquitecto.La 'garrapata' del PESUno de los elementos que permite visualizar más a las claras la situación política que se ha vivido en Estepona en los últimos años ha sido la tensa y contradictoria relación mantenida por el PSOE y el PES, integrado por los antiguos concejales del GIL, socios de gobierno el pasado mandato. De ser compañeros de fatigas, los ediles de ambas formaciones pasaron en apenas unos meses a convertirse en enemigos irreconciliables. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo el 22 de marzo de 2007, cuando en vísperas a las elecciones municipales, el alcalde esteponero, Antonio Barrientos, llamó "garrapatas" y "buenos ladrones" a los que en ese momento seguían siendo sus socios de gobierno. Asimismo, justificó la suscripción del pacto entre 2003 y 2007 para "vigilar de cerca" e incluso aseguró que por todo ello eludió cederles la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, pocos días antes de la celebración de los comicios, el ahora detenido Manuel Reina sostenía que Barrientos firmó un acta notarial en junio de 2003 en el que garantizaba la Delegación de Urbanismo al PES tras las elecciones autonómicas.

Un alcalde imprudente y muy bien relacionado (Málaga Hoy)

Barrientos, alergólogo, se ha destacado por poner en continuos aprietos a la Junta y al PSOE con su polémico urbanismo, que justificaba por la mala situación de las arcas municipales · Llamó a sus socios de gobierno, ex 'gilistas', "garrapatas"

Fue una carambola lo que llevó a la primera línea política a Antonio Barrientos, hasta ahora el alcalde socialista con más peso de la provincia de Málaga y detenido por presunta corrupción urbanística. Médico alergólogo de 47 años, ocupó como independiente el puesto número seis de la lista del PSOE a la Alcaldía de Estepona en las elecciones de 1999, cita a la que los partidos generalistas llegaron a las urnas con un objetivo muy claro: derrocar a Jesús Gil Marín, hijo de Jesús Gil e instalado cómodamente en el sillón municipal desde hacía cuatro años. El milagro fue posible, hubo pacto anti GIL y se inició una convulsa etapa política con Barrientos siempre repartiendo juego. La aventura culminó ayer con la operación Astapa.Su participación en la cruzada antigilista se inició con discreción, como edil de Sanidad y Bienestar Social. Pero la imputación en un caso de blanqueo del alcalde, Antonio Caba [recientemente ha sido absuelto por el Tribunal Supremo], convirtió a Barrientos en regidor en detrimento del que era número dos y ex senador del PSOE, Francisco Zamorano. Era abril de 2001, pero la vara de mando se le cayó pronto de la mano a un político no curtido que luego aprendió a moverse con soltura entre pactos y tránsfugas. En noviembre, el PP encabezó una moción de censura contra él en la que contó con la ayuda de los concejales del GIL, ya ex gilistas desde la renuncia debido a la derrota electoral de Gil Marín. Barrientos es natural de Estepona y su familia, bien situada, es muy conocida en el pueblo. Él tiene plaza en la residencia de ancianos Nuestra Señora del Carmen, aparcada desde que se aventuró a probar suerte en la política.Es un hombre de carácter, con presencia física, pero algo tosco, y lo más parecido a un barón socialista provincial si esta figura aristocrática no sólo se otorgara a los presidentes autonómicos, sino también a los alcaldes con peso en un partido. Fue candidato del PSOE en Estepona en 2003 y en ese momento empezó su reinado. Aprendió pronto y se aferró al sillón municipal tras un pacto con los ex ediles del GIL, los mismos con los que antes se había aliado el PP para echarlo y que se habían rebautizado como Partido Estepona (PES).Con el líder ex gilista, José Ignacio Crespo, ha tenido Barrientos una curiosa relación plagada de frases para la historia. Aliados entonces, enemigos mortales ahora, tras las últimas elecciones, el alcalde llegó a llamar a su socio de gobierno "garrapata" y "ladrón" cuando presentaba su candidatura para revalidar el cargo hace un año.Su incontinencia verbal le ha acarreado más de un quebradero de cabeza con su partido, al que ha sacado los colores en varias ocasiones porque la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, no se podía permitir prescindir del alcalde de Estepona. Barrientos también tuvo que dar marcha atrás a la aprobación de 13 convenios urbanísticos con los que pretendía saltarse la nueva Ley del Suelo de Andalucía días antes de entrar en vigor, y también recibió un tirón de orejas interno por pretender recalificar el parque Selwo. Sin embargo, su postura díscola se mostró con el recurso de Estepona al POT de la Costa del Sol de la Junta. Aficionado a los toros y al fútbol, es amigo de José Tomás y del periodista radiofónico José Ramón de la Morena -ambos con casa en el municipio-. El periodismo y los periodistas han sido una de sus principales apuestas, visualizadas en eventos como Estepona. Ciudad del Periodismo. Pero tampoco carece de relaciones políticas. Por ejemplo con los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo.

Operación a tres bandas en la casa del alcalde, la sede de Urbanismo y el Ayuntamiento. Estepona (Málaga Hoy)

El registro en la urbanización de Barrientos se prolongó más de seis horas · Las intervenciones en la Casa Consistorial y el edificio Puertosol continuaban todavía a medianoche · El trato policial a los trabajadores municipales fue "exquisito"
La publicidad menos deseada en el peor momento posible. Estepona entró ayer en el indeseado club de las ciudades afectadas por las irregularidades urbanísticas y se hermana de esta manera con sus vecinas Marbella y Manilva en una especie de diabólico triángulo de la corrupción.Todo comenzó a primera hora de la mañana y de manera perfectamente coordinada. Dirigida simultáneamente hacia tres puntos fundamentales. La residencia del alcalde, el ayuntamiento y el edificio Puertosol en el Paseo Marítimo, sede las concejalías de Urbanismo, Hacienda e Infraestructuras.A las 9 de la mañana llegaron los agentes a la casa del alcalde. En la exclusiva urbanización Bahía Azul, primerísima línea de playa y que mereció una atención nula por parte de los otros residentes. Durante el registro, que se prolongó por espacio de seis horas, acudieron a la vivienda un hermano de Antonio Barrientos y Antonio Caba, ex alcalde de Estepona, íntimo del actual regidor y que asumirá su defensa. Hubo otro registro en otro de los adosados de la urbanización. De la vivienda habitual de Barrientos salieron los policías con abundante documentación en cajas precintadas. Se dirigieron al Ayuntamiento.Sólo 17 minutos después de comenzar este operativo, dos coches aparcaron frente al edificio Puertosol. Se bajaron diez personas, vestidas de calle y sin rasgos especiales de distinción, que accedieron a las dependencias municipales. Una vez dentro se pusieron los chalecos , se identificaron y comenzaron a trabajar. No impidieron la salida a los que iban a desayunar, pero cerraron las puertas de emergencia y dejaron un sólo acceso transitable. El trato fue exquisito. Francisco Zamorano, concejal de Hacienda sufrió una subida de tensión y se le suministró la medicación adecuada. Dos horas después, salía esposado a la espalda el arquitecto municipal, pero el ambiente entre los trabajadores que estaban dentro no fue de tensión. Todos fueron abandonando las dependencias poco a poco. Los investigadores no. Continuaron un minucioso registro en busca de pruebas que continuaba todavía a medianoche.El tercer punto clave fue el Ayuntamiento. La sede municipal fue clausurada también desde primera hora de la mañana y era difícil acceder para realizar trámites o papeleos. Pasadas las tres de la tarde llegaron los agentes que habían registrado la casa del alcalde con Antonio Barrientos. El detenido cruzaba sus manos en un intento de disimular que iba esposado. Nada más llegar pidieron comida. Carne con tomate, ensaladilla rusa, ensaladilla de bocas, san jacobos, preñaítos, pan, agua y coca cola. Una cuenta de 61 euros al contado. El registro también continuaba al cierre de esta edición. En paralelo a estos tres puntos, se intervino en la Delegación de Playas, situada en la calle Real, y en varias empresas.

Promotores no convertirán pisos de renta libre en VPO pese a la paralización de las ventas (Málaga Hoy)

Los empresarios sólo han pedido el cambio de tipología de 400 viviendas en la provincia pese a que hay 13.500 sin vender·

Nada. Ni aumentando el plazo. A los promotores malagueños no les ha interesado en absoluto la posibilidad dada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de convertir viviendas de renta libre en inmuebles de protección oficial (VPO) para beneficiarse de las ayudas fiscales dadas por la Administración autonómica a empresas y compradores y para que los primeros pudieran desprenderse del importante número de viviendas que tienen en stock en la provincia. Como ya adelantó este diario el pasado 5 de junio, la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) -organismo encargado de mediar entre los promotores y la Junta de Andalucía toda la documentación- puso un mes de plazo a los interesados. En ese periodo sólo se presentaron 350 solicitudes, por lo que la ACP decidió alargar una semana más el tiempo para ver si algún otro promotor se sumaba a la idea. Finalizado ya el plazo, los promotores sólo han pedido el cambio de tipología para 400 viviendas de las cuales 125 están en la capital, 85 en Mijas y el resto en Vélez-Málaga, Cártama Estación, Sierra de Yeguas, Colmenar, Coín y Alhaurín de la Torre. Este número, teniendo en cuenta que los propios promotores reconocen que hay 13.500 viviendas sin vender en estos momentos y que este número podría elevarse a 25.000 a finales de año, es casi ridículo. Violeta Aragón, gerente de la ACP, señaló ayer a este periódico que "son muy pocas" y achacó ese desinterés a que "para poder vender una VPO hay que tener unas características muy concretas como, por ejemplo, que la vivienda no tenga más de 90 metros cuadrados o un precio máximo de 174.000 euros". A eso hay que añadirle que "el comprador no puede vender el inmueble en un plazo de 10 años y eso también hace que sea más difícil su comercialización". En este sentido, los promotores que se han acogido a la medida han sido aquellos que vendían pisos con una superficie similar y cuyo precio de venta estaba en torno a los 200.000 euros, por lo que su recorte de ingresos no es tan significativo si con ello consiguen deshacerse del inmueble, un hecho que está castigando tanto a promotores como a particulares por la paralización de las ventas. Ante el fracaso de la medida, Aragón destacó que siguen negociando con la Junta de Andalucía en la búsqueda de nuevas opciones, entre las que señaló la firma ayer por la tarde del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de Andalucía que contempla el objetivo de que el 40% de las viviendas que se construyan hasta 2012 sean VPO con una inversión total de 12.000 millones de euros, de los cuales 3.000 serán aportados por la Junta de Andalucía.

Yagüe dice que otorgó la licencia de la parcela según el PGOU de 1986. Marbella (La Opinión)

La ex alcaldesa concedió la autorización de segregación de unos terrenos que supuso una venta de 18 millones
La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, aseguró al juez instructor del ´caso Malaya´, Óscar Pérez, que concedió en 2005 una licencia de segregación de la parcela Francisco Norte en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. Yagüe compareció como imputada ante el citado juez en relación a una pieza separada del sumario en la que se investigan dos operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas Ave María y Francisco Norte. Según informaron fuentes de la defensa de la ex regidora, la comparecencia tuvo una duración de apenas tres minutos, en los que el instructor interpeló a Yagüe sobre la segregación de 10.300 metros cuadrados del subsuelo de la citada parcela para la construcción de un aparcamiento.En relación con estas dos operaciones urbanísticas también comparecieron el ex asesor Juan Antonio Roca, que negó ante el juez Óscar Pérez haber participado en la redacción y aprobación de los dos convenios, y el ex alcalde Julián Muñoz, que no admitió haber negociado los acuerdos peros sí reconoció que los había firmado durante su periodo al frente del Ayuntamiento.Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos Éste también estuvo detenido durante la primera fase de la operación ´Malaya, al igual que Juan Antonio Roca, al que la instrucción considera el cerebro de la alambicada trama de corrupción que sacudió a la corporación municipal de Marbella durante varios mandatos consecutivos.Sobre la operación Francisco Norte, el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.En 2004 la parcela fue adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que fue traspasadas a la postre a Conservera Celta por 18 millones de euros.El informe policial sobre la operación urbanísitica en la parcela denominada Ave María establece que el Ayuntamiento de Marbella firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros, según destaca el texto. Antes de citadol convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en el terreno Ave María, así como casi 900 en la parecela de Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca. Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros. Ambas causas fueron investigadas a raíz de la información colateral de la trama de corrupción en el Consistorio, que se saldó con la detención de un gran número de concejales de las corporaciones gobernadas por el el extinto partido de Jesús Gil y sus coaliciones ulteriores.

El ´caso Astapa´ sitia Estepona (La Opinión)

La sede del Ayuntamiento y las concejalías de Urbanismo y Hacienda son algunas de las dependencias municipales que ayer permanecieron inoperativas por los registros policiales
La operación policial ´Astapa´ despertó temprano. A primera hora de la mañana de ayer, los esteponeros ya habían comprobado que buena parte de las dependencias públicas de su ciudad estaban sitiadas. El propio Ayuntamiento y las delegaciones municipales de Urbanismo, Hacienda, Cultura y Fiestas estaban cerradas a cal y canto y algunos de los trabajadores municipales permanecían en su interior para facilitar la investigación de la trama de corrupción urbanística recién destapada.Desde Marbella, se desplazaron secretarios judiciales para recordar el guión que deben seguir los registros. "Estos especialistas deben concretar qué es lo que se busca en función del mandamiento judicial que se haya efectuado", explicaron a este diario fuentes policiales.En este caso, los agentes de la Policía Nacional encargados de estas inspecciones prestaban especial atención a los documentos relacionados con la gestión urbanística de la ciudad y a aquellos que podían probar su influencia en las arcas municipales o en las personales de cada uno de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales que, inicialmente, se imputan."Se están efectuado registros integrales, con fórmulas parecidas a las empleadas en el transcurso de la operación ´Malaya", indicaron estas mismas fuentes. Esto supone la exploración de convenios urbanísticos, contratos laborales, documentación económica, ordenadores y todo tipo de material informático que pueda inculpar o exculpar a los hasta ahora 25 detenidos en esta trama, entre los que se encuentra el propio alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos.La actual vivienda del regidor, ubicada en la urbanización Bahía Azul del municipio, fue otro de los inmuebles que se sumó al total de 38 registros domiciliarios efectuados por los agentes, según informó el propio cuerpo policial en un comunicado.Durante toda la mañana de ayer, la casa donde vivía Barrientos permaneció cortada mientras los investigadores se hacían con numerosa documentación que será analizada.De la misma forma, numerosas cajas de cartón partían repletas de textos procedentes de las delegaciones de Urbanismo y Hacienda, situadas en el edificio Puertosol, y del despacho de alcaldía, en el Ayuntamiento, lugares en los que, al cierre de esta información, seguían los registros.En el caso de las dependencias municipales, los más sorprendidos por la llegada de los agentes judiciales han sido los propios empleados. Entre Ayuntamiento y empresas municipales, Estepona cuenta con alrededor de 1.400, de los que un buen número está adscrito a las concejalías y departamentos acaparados por la operación.Los únicos que podían entrar y salir de las delegaciones precintadas en el día de ayer eran estos empleados, ya que únicamente se veían obligados a permanecer en su interior alrededor de uno o dos encargados por cada departamento para facilitarles a los policías la búsqueda de posibles pruebas.A pesar de estas medidas, los agentes no pudieron evitar que se acercaran curiosos, especialmente a las puertas del Ayuntamiento, donde se vieron obligados a ampliar las áreas restringidas hasta en tres ocasiones para evitar altercados.Hasta el momento, los servicios de información policiales han confirmado la expedición de varias órdenes de prohibición de enajenación de bienes inmuebles, el registro de más de 50 personas físicas y jurídicas y la prohibición de más de 60 bienes muebles de varias decenas de personas; así como varias órdenes de bloqueo de cuentas corrientes.