viernes, 26 de febrero de 2010

Vélez paraliza la puesta en marcha de las entidades de conservación. Vélez-Málaga (SUR)

El equipo de gobierno anuncia que mantendrá reuniones con los vecinos para estudiar cada caso de manera pormenorizada
26.02.2010 -
EVA GUZMÁN
VÉLEZ-MÁLAGA.

El equipo de gobierno ha decidido paralizar la puesta en marcha de las Entidades Urbanísticas de Conservación. Se trata de una figura recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996, para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, viales, aceras, sistemas de alumbrado y zonas verdes, además del mobiliario urbano.
El tripartito aprobó la ordenanza en el pleno del pasado mes de abril, que afecta a un total de 31 urbanizaciones del municipio. «Hemos comprobado que hay muchas diferencias entre el antiguo Plan General y la realidad actual», ha asegurado el edil de Urbanismo, Salvador Marín. En este sentido, el gobierno ha anunciado que llevará a cabo reuniones con los vecinos de cada urbanización de manera pormenorizada, para estudiar cada caso individualmente.
Análisis exhaustivo
Marín ha explicado que no se retomará el proyecto hasta que no se analice qué entidades se deben poner en marcha, y si los criterios que se aprobaron son los correctos. La propuesta para paralizar las entidades deberá ser aprobada por la corporación durante una sesión plenaria.
Esta decisión deja sin efecto las notificaciones que el Consistorio ya ha remitido a multitud de ciudadanos para que constituyan las unidades urbanísticas. En Vélez ciudad se ven afectadas zonas como la situada al norte del Polideportivo (el barrio que hay detrás del colegio Los Olivos y del Parque de Bomberos), la comprendida entre la avenida La Pasionaria y el Camino de Remanente, La Mata y El Limonar, así como las situadas entre el colegio Zona Norte y el arroyo del Cementerio. Por su parte en Torre del Mar, entra la zona nueva de la Azucarera y el ensanche al oeste.
Las asociaciones de vecinos Los Olivos y Velis han criticado la iniciativa esta semana, ya que consideran injusto que algunas zonas del casco urbano tengan que pagar anualmente un impuesto que puede rondar entre los 300 y los 500 euros por vecino, según Fernando Mata, presidente del colectivo Velis.
Ambas asociaciones han convocado una reunión informativa hoy a las 19 horas en el Centro de Estudios sobre el Exilio, ya que consideran que los vecinos tienen un gran desconocimiento sobre el tema.
Paso obligado
Marín ha reconocido que hay que pulir la inclusión en las unidades urbanísticas de viales que son paso obligado por la mayoría de los vecinos como la avenida de La Pasionaria o la vía que conecta el Tomillar con el Hospital Comarcal de la Axarquía.
En este sentido, la portavoz de PSOE, Sara Sánchez, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «No haremos nada sin contar con los vecinos de cada una de las urbanizaciones», ha indicado, aunque ha recordado que se trata de una obligación legal ya que así se recoge en el PGOU del 96.
Por su parte, el edil del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), Javier Checa, ha acusado a la oposición de crear crispación entre los vecinos. «Urbanizaciones que hace quince años estaban en los extrarradios, hoy pueden perfectamente estar formando parte del casco urbano», ha puntualizado el edil.
Asimismo, el tripartido ha apuntado que el Ayuntamiento no recepcionará ninguna urbanización del municipio, para su transformación a Entidad de Conservación, cuyas calles no estén totalmente concluidas.
La unidad será la responsable del mantenimiento de las zonas verdes, mobiliario urbano, alumbrado público y de toda la urbanización, exceptuando las que tenga encomendada el Ayuntamiento como los viales estructurales, sistemas generales y equipamientos públicos. El Consistorio se compromete a pagar el consumo eléctrico del alumbrado público, y la red de saneamiento de agua potable y de pluviales de estas entidades.

700 viviendas en el limbo jurídico. Mijas (SUR)

El PP denuncia que Calahonda Royale se construyó «sin ajustarse al PGOU» y advierte de que llevará el caso a la Fiscalía Una zona residencial de Mijas lleva diez años habitada sin licencia de ocupación
26.02.2010 -
FRANCISCO JIMÉNEZ
MIJAS.

700 viviendas en el limbo jurídico
La urbanización Calahonda Royale se encuentra en el límite con Marbella. :: F. J.
Un estudio de detalle aprobado de forma inicial en 1999 por decreto de Alcaldía y que a día de hoy aún no ha recibido el visto bueno definitivo ha abierto un nuevo frente urbanístico en el Ayuntamiento de Mijas. En el punto de mira, las 700 viviendas de la urbanización Calahonda Royale, cuyos inquilinos llevan una década esperando la licencia de primera ocupación. El PP anunció ayer que llevará el caso a la Fiscalía, al entender que esta situación es fruto de la concesión de licencias «sin ajustarse» al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995.
«Se otorgaron entre 1999 y 2000 condicionadas a la aprobación de la modificación del Plan General, cosa que nunca se produjo y que es totalmente contraria a la ley, puesto que no se puede conceder una licencia sin saber definitivamente lo que se puede construir», afirmó ayer el edil popular, Manuel Navarro. Una acusación a la que el equipo de gobierno (PSOE) contestó asegurando que van a estudiar el expediente y dejando claro que, en cualquier caso, «son circunstancias al margen de la actual Corporación municipal».
Responsabilidades
Sin embargo, en las filas del PP no sólo responsabilizan de esta situación al ex alcalde, Agustín Moreno, y al que entonces fuera concejal de Urbanismo, Luis Vasco, sino también en el actual edil del ramo, Juan Cruz, a quien acusan de convertirse en «cómplice por intentar regularizar las viviendas aprovechando la revisión del PGOU de 2006». Además, también tienen reproches hacia la Junta de Andalucía por «haber mirado para otro lado y omitir sus deberes de supervisión urbanística en la localidad». Por ello, el grupo parlamentario del PP tiene previsto pedir explicaciones en el Pleno de la Cámara andaluza.
En el citado expediente, al que ha tenido acceso este periódico, hay varios informes en los que se advierte de que «las licencias de obras se concedieron con carácter provisional por ajustarse a la revisión del PGOU y al estudio de detalle». Sobre este punto, un escrito emitido por la asesoría jurídica en 2001 alertaba de que el estudio de detalle «parece de imposible aprobación definitiva».
En medio de todo, los vecinos de esta urbanización de Mijas Costa , situada por encima de la N-340 en el límite con Marbella. «Estamos preocupados, no sabemos qué es lo que puede pasar con nuestras casas, aunque también es cierto que nunca hemos tenido problemas para contratar la luz, el agua o el gas», reconoce Eduardo Prat, presidente de la mancomunidad que engloba a las cinco fases de Calahonda Royale, donde son muchos los propietarios que adquirieron los pisos como segunda residencia. «Pagamos el IBI, la basura y el resto de impuestos, pero diez años después aún no tenemos la licencia de primera ocupación», critica Antonio, uno de los vecinos que sí tiene fijado allí su domicilio.

El PGOU viaja en valija diplomática. Marbella (SUR)

La alcaldesa de Marbella se reúne con integrantes del cuerpo consular de Málaga para informarles sobre el contenido y la gestión del nuevo Plan Los consulados transmitirán a sus países la nueva situación urbanística
26.02.2010 -
HUGO SIMÓN
MARBELLA.
El PGOU viaja en valija diplomática
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, saluda a una integrante del cuerpo consular a su llegada a la reunión. :: JOSELE-LANZA
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella contará con el mejor embajador posible en el extranjero. No se tratará de una sola persona, sino de más de una treintena de diplomáticos. El cuerpo consular de Málaga, integrado por los representantes de más de 35 naciones, servirá de enlace para transmitir a sus países de origen la recuperación de la legalidad urbanística y de la seguridad jurídica que traerá consigo la inminente aprobación del futuro ordenamiento del municipio.
Los consulados también comunicarán la nueva situación a los súbditos de sus respectivos estados que residen en Marbella o que pretenden adquirir un inmueble en el municipio, que alberga a 40.000 ciudadanos extranjeros empadronados. Un 30 por ciento de la población censada, según explicó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que se reunió ayer con cerca de una veintena de representantes del cuerpo consular provincial para informarles sobre el contenido y la gestión del PGOU.
La regidora destacó la necesidad de difundir entre los ciudadanos foráneos y sus países de origen la «nueva realidad» de Marbella. En este sentido subrayó la importancia de los consulados para ejercer una «interlocución directa y próxima» con sus compatriotas y abogó por «aunar esfuerzos» para difundir la «etapa de legalidad, seguridad y perspectiva de futuro» que el nuevo ordenamiento supondrá para el municipio.
El decano del cuerpo consular, Ignacio Romero, representante diplomático de Austria en la provincia, resaltó la labor de los consulados como agentes para transmitir información y apuntó la necesidad de intensificar la relación entre instituciones. Por su parte, el vicedecano de dicho órgano, Baldomero Rodiles, cónsul de Panamá, que subrayó además que el PGOU constituye una herramienta básica para «limpiar la imagen externa» de Marbella después de que el actual equipo de Gobierno «ha sido capaz de poner orden en la ciudad en un tiempo récord».
Además de los cónsules de Austria y Panamá, en el encuentro también estuvieron presentes sus homólogos de Estados Unidos, Luxemburgo, Dinamarca, Hungría, Bélgica, Ecuador, Suecia, Marruecos, Letonia, República de Irlanda, Polonia, Francia, Perú y Canadá.

Urbanismo busca la parcela para el primer edificio del macrohospital en Los Asperones (SUR)

Responsables del Ayuntamiento y de la Consejería de Salud mantuvieron el pasado miércoles un encuentro para avanzar en la reserva de la parcela de Los Asperones en la que se construirá el Instituto de Investigación Biomédica y de Biotecnología Sanitaria, que supondrá la primera pieza del macrohospital proyectado por la Junta de Andalucía para concentrar y ampliar todos los servicios del Carlos Haya. La reunión no sirvió para definir cuál va a ser exactamente la parcela, ya que Salud propuso inicialmente una que debe descartarse al estar ocupada por el trazado de un futuro vial.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha quedado encargada de buscar otro emplazamiento alternativo en Los Asperones que sume los 16.000 metros cuadrados necesarios para el citado centro de biomedicina. No obstante, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, señaló que desde la consejería no se ha aportado todavía al Consistorio documentación orientativa de las dimensiones del macrohospital y su distribución aproximada para buscar solución a sus necesidades de espacio. «Todo sigue en una improvisación absoluta pero, pese a ello, nos hemos comprometido a buscar el solar», afirmó Díaz, quien recordó que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder estos suelos -que son de su propiedad- a la Junta para el centro sanitario ideado por Salud. Desde la consejería calificaron la reunión de «fructífera» y apuntaron que seguirán las conversaciones para llegar a un acuerdo.

Rincón de la Victoria obtiene el entorno de la Torre Almenara (SUR)

El Ayuntamiento firmó ayer el convenio por el que los propietarios ceden gratuitamente una superficie de 250 metros cuadrados
26.02.2010 -
EVA GUZMÁN
RINCÓN DE LA VICTORIA.

Rincón de la Victoria obtiene el entorno de la Torre Almenara
Domínguez y Anaya durante la firma que tuvo lugar ayer. :: E. G.
La alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya, y el teniente de alcalde, Salvador Domínguez, firmaron ayer el convenio por el que el Ayuntamiento rinconero obtiene de forma gratuita el entorno de la Torre Almenara de Torre de Benagalbón.
Según el acuerdo, los propietarios ceden una superficie de unos 250 metros cuadrados. A cambio el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se compromete a llevar a cabo la modificación de la calificación urbanística a residencial, de la segunda de las parcelas donde hay construida una vivienda.
El enclave está calificado como zona verde pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y tiene la denominación de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2007. El objetivo del gobierno es preservar el valor histórico y monumental de la torre.
El Consistorio inició el proceso de expropiación hace varios años tanto de la parcela donde se ubica la torre vigía, como de la zona colindante. Tras esta negociación se ha recuperado el fondo de 78.072 euros correspondientes a la cantidad que fue entregada por la administración local en concepto de la valoración de ambas fincas, conforme al informe pericial emitido en 2001. Además, se eliminan los dos juicios que la familia propietaria había interpuesto contra el Ayuntamiento de Rincón.

jueves, 25 de febrero de 2010

Rincón delega las funciones de inspección del impuesto sobre construcciones. Rincón de la Victoria (Málaga Hoy)

Un equipo inspector calculará las tasas aplicables a obras o instalaciones de un particular

M. CORTÉS / RINCÓN DE LA VICTORIA, RECAUDACIÓN | ACTUALIZADO 25.02.2010 - 05:01
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria delegará las funciones de inspección del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) al Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga. Así, la entidad supramunicipal pondrá al servicio de la Administración local un equipo inspector que se encargará de calcular las tasas aplicables tras las obras o instalaciones que realice un particular.

La alcaldesa del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya (PSOE), señaló que con la iniciativa se pretende realizar "una liquidación tributaria más ajustada a la realidad". El concejal de Hacienda, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), explicó que a partir de este momento se llevará a cabo en el municipio un mayor control que evitará "la posible desviación de liquidaciones en detrimento de la comunidad". El edil informó que la medida no supone un coste adicional para las arcas municipales y facilitará la labor de los técnicos municipales del Ayuntamiento.

Mil viviendas ilegales permanecen levantadas en zonas inundables (Málaga Hoy)

Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Cártama concentran los expedientes


El problema de las viviendas construidas ilegalmente en el campo ha vuelto a ponerse de manifiesto en la comarca del valle del Guadalhorce tras las intensas lluvias caídas estas últimas semanas. Un importante número de ellas se emplazan en las riberas de los ríos y arroyos y en zonas inundables con el riesgo que ello supone para sus propietarios, que en algunos casos han tenido que ser desalojados de sus casas.

Ante esta situación el Observatorio Provincial de Sostenibilidad en Málaga, organismo dependiente del área de Medio Ambiente de la Diputación, ha realizado un estudio de los tres municipios de la comarca que son potencialmente inundables como son Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Cártama. En estas localidades han contabilizado casi mil viviendas que están construidas ilegalmente en los márgenes de ríos y afluentes.

El diputado de Medio Ambiente, Miguel Esteban Martín, señaló que para realizar el estudio, mediante fotos aéreas, se ha tenido en cuenta la superficie de dominio público hidráulico, la de servidumbre que es de cinco metros a ambos lados del río y la zona denominada de "policía", que es de 100 metros en ambos márgenes. "En estos tres municipios la zona de protección por riesgo de inundación sería de 28 kilómetros cuadrados, una superficie que está ocupada en un 41% por construcciones", comentó Martín.

En este sentido indicó que en la zona de "policía", que es un espacio fluvial que necesita el río en momentos de crecidas, se han contado 403 edificaciones en Cártama, 380 en Alhaurín el Grande y 211 en Alhaurín de la Torre. "Esto es una prueba no sólo de la fuerte ocupación urbanística, sino también de la falta de responsabilidad por parte de los vecinos y de las instituciones a nivel local y autonómico que han mirado a otro lado durante los últimos 15 años", indicó el Diputado.

Martín recordó que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) está en vigor desde el año 2003 y otorga a las zonas inundables una especial protección, debido a que estos suelos sirven como área de recarga de los acuíferos. "La ley hay que cumplirla. Habrá que ver si alguna de esas viviendas se puede legalizar pero con el resto habrá que aplicar la normativa", agregó. Asimismo, desde la Diputación remitirán este estudio a la delegación de Medio Ambiente de la Junta para que conozca la situación y tome medidas, ya que es la Agencia Andaluza del Agua el organismo que tiene las competencias en esta materia. "La delegada Remedios Martel dijo que no había invasión en esta zona de policía cuando este estudio está poniendo en evidencia que sí la hay, aunque sólo hace falta recorrer el área para comprobarlo", afirmó el diputado.

Málaga se sitúa en el tercer puesto, por detrás de Granada y Almería, en cuanto a problemas de inundaciones y, concretamente, estos municipios son especialmente sensibles. Desde la Diputación se observa el mayor riesgo en el cauce del Guadalhorce a su paso por Cártama y Alhaurín de la Torre; en el río Fahala ; en el arroyo de los Prados y los arroyos de la Breña y de la Higuera en Alhaurín de la Torre.

PP de Mijas llevará a la Fiscalía la ´ilegalidad´ de 700 viviendas. Mijas (La Opinión)

El concejal Manolo Navarro afirma que algunas viviendas "hoy día aún no tienen licencia de primera ocupación"

EUROPA PRESS El concejal popular en el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) Manolo Navarro informó hoy de la situación en que se encuentran 700 viviendas "ilegales", situadas en la Urbanización Calahonda Royale, en el límite con la localidad malagueña de Marbella. Así, aseguró que pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta situación "derivada de la concesión de licencias ilegales que se otorgaron sin ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995".

De esta forma, afirmó que dichas viviendas se construyeron en base a una licencia de 1990 y otras cinco ya "claramente contrarias a la ley en los años 1999 y 2000", y manifestó que "hoy día aún no tienen licencia de primera ocupación".

Según Navarro, estas licencias se intentaron legalizar con la revisión del PGOU del 2006, siendo ya concejal de Urbanismo Juan Cruz, "quien entonces, debió denunciar esta situación en lugar de hacerse cómplice de ella", afirmó el popular en un comunicado.

"Todo esto ocurre precisamente en los años en los que la Junta estaba muy pendiente de la actuación de Gil en Marbella, pero miraba para otro lado en lo que se refiere a la actuación urbanística en Mijas", indicó Navarro, al tiempo que anunció que parlamentarios populares pedirán también explicaciones en el Parlamento andaluz a los responsables de la Consejería de Ordenación del Territorio.

Estas cinco licencias otorgadas entre 1999 y 2000, se concedieron condicionadas a la aprobación de la modificación del plan general, "cosa que nunca se produjo, y que es totalmente contraria a la ley, ya que no se puede conceder una licencia sin saber definitivamente lo que se puede construir".

Navarro explicó que casi todos los vecinos, propietarios de una segunda residencia, se encuentran en una situación de "absoluta indefensión" y sufren las consecuencias de esta situación, ya que compraron sus viviendas "de buena fe", la gran mayoría sobre planos, con una licencia de obras que les garantizaba la legalidad de la misma, pero que ahora ven como no obtienen la licencia de primera ocupación, y sus viviendas tienen el carácter de ilegales.

"Ésta es la punta de un iceberg que tiene que salir a flote, porque la oscura intención del PSOE de Mijas era la legalización de estas situaciones sin que nadie se enterara, y los culpables de estas ilegalidades tienen que responder por las mismas".

Así, señaló que primero deben dar explicaciones el alcalde en los años 1999 y 2000, Agustín Moreno, y el entonces concejal de Urbanismo, Luis Vasco; y después Cruz, que "por omisión del deber de vigilancia urbanística, se ha convertido en cómplice de situación", finalizó Navarro.

Urbanismo arreglará parte del convento de San Andrés (La Opinión)

IU y vecinos de la zona denunciaron el derrumbe de parte de un muro


La zona junto a la iglesia, dañada por las últimas lluvias.
La zona junto a la iglesia, dañada por las últimas lluvias. Arciniega

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La Gerencia de Urbanismo anunció ayer que en siete días tiene previsto adjudicar de forma provisional actuaciones urgentes en el convento carmelita de San Andrés, en El Perchel, por un importe de 90.146 euros.
Se trata de obras de limpieza, consolidación y delimitación de espacios. En principio, Urbanismo anunció que a finales de la semana pasada tendría adjudicadas las obras. Curiosamente, el viernes 19 fue el día en que se desplomó parte de un muro y del tejado del convento, según denunciaron los vecinos de la zona y la coalición Izquierda Unida, que subrayó la necesidad de una actuación urgente para evitar la ruina de este edificio, incluido desde 2001 en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de Monumento.
Ayer, una portavoz de Urbanismo informó a La Opinión de que la adjudicación se producirá en una semana y justificó el retraso de este proceso de contratación que comenzó en noviembre, en el hecho de que dos de las diez empresas presentadas incurrieran en baja temeraria. "La legislación vigente obliga a solicitar informes a cada una para determinar si la baja estaba justificada", añadió la portavoz.
No es la primera vez que se actúa en los restos de este convento del siglo XVI. La demolición accidental de la mitad del comedor de los carmelitas por una constructora en 2005 motivó el apuntalamiento urgente de lo que quedaba de bóveda del refectorio.
Además, se aprovecharon los fondos del Plan Feil para invertir el año pasado casi 200.000 euros en la limpieza, el desbroce general y trabajos de consolidación y protección de elementos, centrados en la bóveda del refectorio. Por último, las obras del plan anunciaban un inventario de las ´patologías´ del edificio.
Esta segunda parte de la actuación busca librar de escombros las habitaciones del convento. De hecho, en algunas dependencias se amontonan cerros de palés de madera, un peligro para el edificio colindante en la calle Ayala,6, según denuncia a este diario Antonio Espejo, portavoz de los vecinos. El resultado quiere "aliviar al resto de las estructuras de la sobrecarga que estos escombros introducen", de forma que el edificio pueda quedar libre para futuros trabajos, señala un informe. Y en ese futuro se vislumbran un centro de interpretación de Torrijos y un Museo del Diseño y la Arquitectura Moderna. Con permiso de la burocracia.

La llegada del metro ya está revalorizando las viviendas de su entorno (La Opinión)

Particulares piden información en la Oficina del Metro sobre la ubicación de las paradas para vender su piso


Carretera de Cádiz. El entorno de la estación y el metro están revalorizando la zona.
Carretera de Cádiz. El entorno de la estación y el metro están revalorizando la zona. Gregorio Torres

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El miedo a sufrir daños en la vivienda a causa de las obras del metro ha dejado paso a la revalorización del entorno. Tener una vivienda cerca de una estación del metro empieza a percibirse como algo positivo y que aporta valor al precio de venta. De hecho, estas zonas son las que menos han notado los efectos de la crisis, que ha hundido los precios del sector inmobiliario. Los entornos de las paradas del metro apenas han bajado, si es que no han mantenido su valor, una hazaña tras dos años de crisis.
La Carretera de Cádiz, donde además existe un mercado de viviendas muy dinámico, empieza ya a notar este interés, sobre todo con la vista puesta en 2011. Para ese año entrará en servicio la línea 2 del metro, que discurre bajo el trazado de la avenida Velázquez. Esta fecha y la percepción de que los trabajos se están culminando han disparado el interés del mercado.
"La apertura del metro y el comienzo de la recuperación coincidirán en el tiempo, por lo que muchos inversores están tomando posiciones para ese momento", aseguró el secretario del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Roberto Grandfils.
El proceso empieza a parecerse a lo que ocurre en otras ciudades con metro, donde el simple hecho de estar cerca de una estación supone un incentivo para el comprador y un punto a tener en cuenta por el vendedor para poner el precio.
No es el único indicio que muestra la pequeña revolución que se está gestando en el mercado inmobiliario de la ciudad. La Oficina del Metro está empezando a recibir numerosas consultas de malagueños sobre la ubicación de las paradas. El objetivo: calcular lo cerca que se encuentran de las paradas y ver cómo influirá en el precio de su vivienda. Al alza, claro.
Habitualmente se calcula que los edificios situados en un radio de 50 metros alrededor son los más favorecidos por esta tendencia al alza en el valor de la vivienda construida.
Eso ha llevado a algunos promotores del entorno de la Carretera de Cádiz a retrasar sus proyectos, aprovechando la situación económica actual y pensando en 2011: "Los constructores, si tienen capacidad económica, están esperando al año próximo para impulsar sus obras y coincidir con el metro", asegura Grandfils.
Los entornos de las paradas del suburbano, así como de la propia estación de tren con su nudo de comunicaciones y conexiones al metro, serán "los primeros en mostrar síntomas de recuperación y sacar pecho". De hecho, el secretario del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad asegura que las promociones de Óxido Rojo, en Héroe de Sostoa y en las cercanías de Vialia, son un buen ejemplo de las buenas influencias de este tipo de infraestructuras. Por un lado tienen la estación de tren y, por otro, la estación del metro de Héroe de Sostoa, a la altura del puente Juan Pablo II.
Aunque la línea 2 en la Carretera de Cádiz es la más avanzada, la construcción de la línea 1 está despertando este interés, aunque todavía incipiente y con un ojo puesto en la Carretera de Cádiz. Sin embargo, su trazado pasa por el campus universitario, que no tiene viviendas, y el Centro, que ya de por sí supone un incentivo a la hora de subir los precios.

Rincón delega la inspección del impuesto de construcción. Rincón de la Victoria (SUR)

El Patronato de Recaudación cotejará las licencias concedidas con las construcciones realizadas en los últimos cuatro años
25.02.2010 -
EVA GUZMÁN
RINCÓN DE LA VICTORIA.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria delegará las funciones de inspección del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial. El objetivo de la medida es que un equipo inspector del organismo supramunicipal analice las licencias concedidas en el municipio los últimos cuatro años, para comprobar que se ajustan a la realidad de las construcciones realizadas.
La alcaldesa, Encarnación Anaya, ha señalado que con la iniciativa se pretende realizar una liquidación tributaria más ajustada a la realidad. El concejal de Hacienda, José Jesús Domínguez Palma, ha explicado que en el caso de que no coincidan se le liquidará al promotor la diferencia, «pero no se impondrán recargos ni sanciones».
Evitar desajustes
El edil ha matizado que el equipo de gobierno no espera llevar a cabo una recaudación elevada, «pero sí crear un hábito para que no se produzcan desajustes llevando a cabo un mayor control». La medida no supone un coste adicional para las arcas municipales, ya que el Patronato sólo facturará el uno por ciento de las liquidaciones que emita. Asimismo, facilitará la labor de los técnicos municipales del Ayuntamiento que hasta ahora son los encargados de desempeñar estas funciones.
El equipo técnico con competencias en el municipio estará compuesto por un jefe de servicio, de unidad, un inspector durante todo el año, y si hiciese falta por el volumen de las actuaciones, otro más durante los meses de junio a septiembre, además de un administrativo con funciones propias del puesto y para la grabación de datos.
La propuesta fue dictaminada por la comisión informativa de Hacienda celebrada el pasado martes, y deberá ser ratificada por la corporación municipal en el pleno que tendrá lugar mañana viernes.

La futura Universidad se extenderá sobre 300.000 metros cuadrados. Estepona (SUR)

El futuro campus universitario de Estepona, que será filial de la Universidad de Málaga (UMA), se ubicará sobre unos terrenos con una superficie de 300.000 metros cuadrados situados en la zona de Guadalobón, según informó la Junta de Andalucía. El proyecto contempla la construcción de facultades y escuelas universitarias de la UMA, que impartirán titulaciones relacionadas con el deporte y la industria del ocio, previsiblemente orientadas al sector náutico. Así, la iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Estepona, la Junta de Andalucía y la propia Universidad .
La primera fase del proyecto sería la urbanización de la parcela, con la ejecución de las infraestructuras interiores y exteriores, para dotar a los terrenos de las redes de servicios necesarios para poder iniciar la construcción de la futura universidad . Esta primera parte de las obras está presupuestada en unos 47 millones de euros, según precisó la Junta a través de un comunicado.
El secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, visitó ayer los terrenos sobre los que se proyecta la construcción del futuro campus universitario de Estepona. En la visita estuvo acompañado por la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Pilar Serrano, y el alcalde de Estepona, David Valadez.
El objetivo de esta visita, según explicó Triguero, fue conocer de primera mano la idoneidad de los terrenos y dar un nuevo impulso político al proyecto mostrando «la total predisposición» del Gobierno andaluz a sacar adelante este proyecto educativo, que albergaría en principio a unos 2.000 estudiantes.

Retribución irregular a ex jefes de Urbanismo (SUR)

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Málaga considera «cuanto menos irregular» el sistema de retribuciones de los empleados de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así lo expresa en el informe encargado para intentar eliminar los complementos personales de los que se benefician ex jefes de este departamento.

La Junta pone a la venta 1.418 viviendas con hipotecas desde 28 euros al mes (SUR)

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha sacado a la venta en 33 municipios de la provincia 1.418 viviendas en arrendamiento, cuya titularidad es de la Junta de Andalucía, y con unos precios de 30.155, 24.867 y 17.648 euros, que permitirán a los inquilinos que residen en ellas pagar una cuota hipotecaria mensual de 28 a 45 euros.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, aseguró ayer que el propósito del convenio suscrito con Unicaja es dar «la oportunidad a estas personas que viven en régimen de alquiler en estas viviendas, de acceder en régimen de compraventa y, por tanto, a la propiedad de las mismas sin que le suponga un menoscabo económico, ni siquiera superior a lo que ya vienen destinando al precio del alquiler».
Los requisitos son no tener ingresos superiores dos veces y medio al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, unos 18.000 euros anuales, llevar al menos cinco años residiendo en estas viviendas de las que están pagando el alquiler y niveles de morosidad nulos.

El PGOU y el bulevar siguen deshojando el calendario (SUR)

Treinta días después de las reuniones para sacar adelante ambas cuestiones se mantiene la incertidumbre sobre su futuro
25.02.2010 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA.

El PGOU y el bulevar siguen deshojando el calendario
Vista del soterramiento, que días atrás se anegó por las fuertes lluvias. :: ÁLVARO CABRERA
Mañana viernes hará un mes de un día que se marcó en rojo en el calendario de los responsables políticos del Ayuntamiento. Era el día del encuentro en Sevilla con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para desbloquear dos asuntos decisivos para el futuro de la ciudad: la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la construcción del bulevar en el pasillo dejado por el soterramiento de las vías del AVE. Han pasado 30 días desde aquella jornada y son muy pocos los avances dados por las administraciones para sacar del atolladero ambas iniciativas. Es más, en el caso del PGOU, la tramitación del documento está todavía más en el aire que entonces después del conflicto entre el Gobierno local y el regional a cuenta de la reserva de los terrenos para un parque metropolitano en Arraijanal, junto a Guadalmar.
Tras la cita del 26 de enero en la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, se han producido algunas reuniones a nivel técnico entre el Ayuntamiento y la Junta para abordar cuestiones puntuales del Plan General como el trazado de determinadas carreteras o el tratamiento urbanístico para los suelos que enmarcan el trazado de los arroyos, pero todavía queda por celebrarse un encuentro con la Delegación Provincial de Medio Ambiente en relación a aspectos como la legalización de unas viviendas en la Sierra de Churriana y la inclusión de nuevos sectores residenciales en las proximidades del río Campanillas. Según fuentes consultadas, todavía no hay una fecha fijada para esta cita.
No obstante, una vez que queden resueltos estos aspectos concretos, quedará por ver qué sucede con el elemento de fondo que condiciona la elaboración del PGOU. Se trata de la inclusión o no por parte del equipo de gobierno municipal de los derechos edificatorios para compensar a los propietarios de la parcela de Arraijanal de tal forma que la Junta pueda obtenerla sin coste alguno para realizar el parque que ha proyectado. Según el Ayuntamiento, el Gobierno andaluz se ahorra casi 200 millones de euros si se plasma en el Plan General la operación para compensar Arraijanal, por lo que el alcalde, Francisco de la Torre, le pide una contraprestación en forma de fondos europeos que gestiona la Junta para proyectos que suman 138 millones de euros.
Suelo gratis o no
Pese a que la negativa del Gobierno andaluz en relación a esta pretensión del alcalde ha sido patente, expresada incluso por boca del presidente autonómico José Antonio Griñán, el Consistorio no ha aclarado aún si piensa dejar el PGOU de tal forma que Arraijanal salga gratis a la Junta o no. Ello implica unas importantes modificaciones en los números del documento, para dibujar más viviendas que irían a parar a manos de los dueños de Arraijanal, aunque viables técnicamente. Ambas opciones son perfectamente legales, ya que las normas urbanísticas de rango superior al plan obligan a reservar la parcela para parque pero no indican cuál debe ser la forma para obtener el suelo. Así, no está todavía claro cuándo se terminará de negociar a nivel técnico el documento que planifica el desarrollo de Málaga durante la próxima década y si, llegado ese momento, De la Torre decide o no suprimir la operación para que la Junta se haga con Arraijanal ante la respuesta negativa a su petición de fondos europeos que, como ya informó este periódico, únicamente suponen el 0,7% de los que gestiona la Administración andaluza hasta el año 2013.
La otra de las cuestiones para las que los máximos responsables locales de Urbanismo se desplazaron el pasado 26 de enero a Sevilla fue el asunto de la negociación con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para que ceda a la ciudad los terrenos en los que construir el bulevar sobre el soterramiento del AVE. Tras el choque de posturas entre este organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que pide ser compensado con derechos edificatorios a cambio de liberar el corredor ferroviario, y el Ayuntamiento, que rechaza de plano esa pretensión y argumenta que ya hubo suficiente compensación con los usos hoteleros y comerciales de la nueva estación de trenes, ambas partes llegaron al acuerdo de que lo mejor para alcanzar un punto de entendimiento era la firma de un convenio en el que, al margen de esta cuestión, se incluyeran otros asuntos pendientes que pudieran facilitar la negociación.
El alcalde anunció al día siguiente del encuentro que, en unos diez días, el Adif iba a remitir al municipio un primer borrador de ese acuerdo que permitiría a la ciudad disponer del suelo para el bulevar. Pues bien, tras el mes transcurrido, el citado borrador no ha llegado todavía a manos del Consistorio. Fuentes del Adif explicaron que esto es debido a que se están manteniendo conversaciones a nivel técnico con el Ayuntamiento para que el citado borrador de convenio sea lo más consensuado posible. «Los técnicos están intercambiando ideas y trabajando el tema», indicaron las fuentes, que recalcaron que el asunto no está parado.
No obstante, ocho meses después de que los trenes dejaran de circular en superficie para llegar a la estación María Zambrano, el bulevar sigue atascado en una disputa por el suelo que no ha terminado de resolverse mientras los vecinos del entorno padecen con las lluvias los rigores de convivir con un enorme cortafuegos de tierra que divide en dos la mitad occidental del casco urbano.
Entretanto, el Ayuntamiento sigue estudiando el proyecto de la avenida a nivel técnico con la Junta, que se comprometió a pagar la mitad de la primera fase, y el Gobierno central, y buscando al mismo tiempo fondos para llevarlo a cabo. Hasta el momento, ha reservado unos cinco millones de euros para su realización, pero el coste de la primera fase supone unos 32 millones de euros.

La jueza de 'Astapa' ve indicios de pagos de hasta 1,5 millones por favores urbanísticos. Estepona (SUR)

El sumario recoge el testimonio de funcionarios que dicen que los patrocinios no pasaban por la intervención municipal
25.02.2010 -
MERCEDES PERIÁÑEZ marbella@diariosur.es
ESTEPONA.

Contraprestaciones económicas a cambio de condiciones «muy ventajosas» en la suscripción de convenios urbanísticos. Un empresario abonó más de un millón y medio de euros bajo el concepto de donación, según se recoge en un auto judicial incluido en el levantamiento parcial que se realizó ayer sobre seis tomos del sumario de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. En la declaración que este imputado realizó ante la primera jueza instructora, Isabel Conejo (tras su detención en junio de 2008) aseguró que «había financiado y esponsorizado conciertos y otras actividades de manera pública y permanente» y que había entregado «muchísimo dinero -unos ocho o diez millones de euros- mediante una promotora».
Precisamente, en relación a este empresario, la Policía recoge en un informe que durante el registro practicado en su despacho se halló una carta dirigida al Ayuntamiento en la que se hacía mención a la entrega de 700.000 euros «para que los gestionara de la manera más adecuada».
«Numerosas mercantiles»
La jueza considera en otro de sus autos que «se estarían produciendo entregas de dinero procedentes de numerosas mercantiles y empresarios que han conseguido sus propósitos en periodos cercanos a la realización de dichas aportaciones en relación a los convenios urbanísticos». En concreto, la que fuera instructora del caso señala que «constan en el informe policial 35 en los que se reflejan los distintos intereses de dudosa legalidad que concurren en su celebración».
En este sentido, el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, negó en su declaración en el juzgado que exigiera dinero a empresarios y dijo que las aportaciones de mercantiles para eventos «eran voluntarias y altruistas». Según Barrientos, cuando el Consistorio tenía problemas económicos no se dirigía a ellos para financiar el Ayuntamiento. Sobre la valoración de los aprovechamientos urbanísticos, el ex regidor de Estepona declaró que ésta venía determinada por el jefe de servicios técnicos y que «el tema de los convenios lo llevaba el jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores».
Sobre esto, Flores declaró que «no tenía capacidad de decisión en la negociación de los convenios», aunque dijo que participaba en la negociación de «algunos» porque así se lo pedía el ex alcalde.
Los investigadores señalan que el urbanismo podía considerarse «el pilar económico» alrededor del cual giraba el Ayuntamiento de Estepona. Consideran además, que gran parte del personal técnico realizaba asesoramiento externo a empresas con interés urbanístico en el municipio.
Varios funcionarios municipales declararon en la Comisaría como testigos y aportaron información sobre estos asuntos. Así, el tesorero municipal, Félix Domínguez, manifestó que «todos los convenios han sido consecuencia de la venta de aprovechamientos urbanísticos a precio inferior al de mercado». Preguntado sobre su tenía conocimiento de que en determinados convenios se han generado plusvalías millonarias a beneficio de determinados individuos de manera ilegal, el alto funcionario responde: «Si se supone que las valoraciones de los aprovechamientos se hacen a precio inferior al de mercado, es presumible que estas plusvalías se generaran».
El que fuera interventor municipal en comisión de servicio, Miguel Ángel Gutiérrez, manifestó que cuando llegó al Ayuntamiento de Estepona observó ingresos «por una cuantía importante» precedentes de aportaciones voluntarias en el marco de convenios urbanísticos. Sobre el patrocinio de empresas, el funcionario indicó que «el dinero no pasa por las arcas municipales», por lo que el Tribunal de Cuentas no tendría «ninguna oportunidad» de ejercer un control, según el testimonio prestado ante la policía.
Miguel Ángel Gutiérrez subrayó además en su declaración que «en infinidad de veces» se han desarrollado obras, servicios o suministros sin la existencia previa de concurso de adjudicación. «En ocasiones, se ha recabado informes de precios de mercado una vez realizada la obra o servicio», añadió el interventor.