Nadie explica nada, pero todo el mundo lo da por hecho. Con un poco de imaginación incluso se pueden ver ya a los chavales correteando por los campos de fútbol que el propietario del Málaga CF parece querer construir en Arraijanal, símbolo de la pugna entre administraciones e icono para muchos de la lucha contra el modelo del ladrillo. Sin un solo documento oficial en la Gerencia de Urbanismo y, que se sepa, en la Delegación de Obras Públicas, la ciudad deportiva que el jeque Al-Thani parece querer ubicar en este punto cuenta con los parabienes de las administraciones que tienen algo que decir.
Mientras los técnicos de Urbanismo tienen definido el mecanismo que se usaría para poner a disposición del propietario del Málaga el suelo que necesite, el Gobierno andaluz muestra su disposición a estudiar lo que se plantee, dejando a un lado que su compromiso para con la ciudad era la construcción de un espacio verde. Intervención que, si el guión diseñado sigue cumpliéndose, acabará por pagar el empresario catarí.
Pero la operación de Arraijanal no se antoja nada sencilla. Más bien necesita de un complicado encaje de bolillos. ¿Por qué? Primero, porque los suelos sobre los que se proyecta la hipotética ciudad deportiva no son ni del Ayuntamiento ni de la Junta, sino que pertenecen a una serie de propietarios privados de cuya opinión dependerá muy mucho el que el camino de este proyecto esté expedito o repleto de socavones.
Son los mismos propietarios que meses atrás recurrieron judicialmente el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) por variar la calificación de Arraijanal y pintarlo como sistema general para zona verde. Y los mismos que anunciaron su disposición a actuar en la misma línea con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por asumir esta misma consideración respecto al suelo y por plantear su obtención a cambio de compensaciones muy por debajo de sus históricas reclamaciones.
La decisión final de los dueños se conocerá, previsiblemente, esta semana. Lo que parece claro es que no hay una voz única y algunos han reculado en sus planteamientos iniciales y ven con buenos ojos el disponer de unos aprovechamientos seguros en lugar de enfrentarse a un litigio que puede alargarse muchos años y sin un resultado seguro.
Pero ¿a qué coste? El peso de la duda recae fundamentalmente en el tipo de contraprestación que propone el Ayuntamiento y que pasa, según pudo saber este periódico, por ofrecerle a los propietarios edificabilidad para construir viviendas de protección oficial (VPO) en Campanillas, espacio que nada tiene que ver con el de Arraijanal. "¿Es lo mismo una parcela junto al mar que en una huerta de Campanillas?", decía una fuente consultada por este periódico.
La respuesta es no. De hecho, según los cálculos que manejan los propietarios, el cambio de un suelo por otro puede suponer una pérdida del valor patrimonial que se situaría en torno al 40%. Un dato nada baladí que puede hacer que los promotores afectados rechacen la propuesta y reclamen aportaciones mayores, nada impensable teniendo en cuenta que el actor protagonista en esta historia es un empresario catarí que anuncia una inversión de cientos de millones en una ciudad deportiva, un estadio, un oceanográfico, hoteles de lujo...
A ello se suma una tramitación urbanística que puede llegar a ser compleja. Por muy fáciles que ponga los cosas el Ayuntamiento e incluso la Junta, la realidad es que la localización elegida tiene sobre sí un condicionante claro: la servidumbre aeronáutica. Una circunstancia que obliga a disponer del informe favorable de Aviación Civil para edificar cualquier instalación, como una residencia dirigida a los jóvenes deportistas, lo que, dada la experiencia, no suele ser rápido.
Otro detalle es la limitación de uso que fija el PGOU, a punto de entrar en vigor, para un sistema general destinado a zona verde, que es el caso de Arraijanal. Según el planeamiento, en los parques de superficie superior a los 2.500 metros cuadrados se admiten usos deportivos, sociales y de aparcamientos, aunque todos ellos no pueden superar el 10% de la extensión del parque. Es decir, que si Arraijanal tiene 520.000 metros cuadrados, estos fines no podrán exceder los 52.000 metros.
Al tiempo, se señala que si las instalaciones deportivas son descubiertas, como lo serían los campos de fútbol, la ocupación no superará el 25%, lo que equivale a 130.000 metros. Otra restricción es la altura de las posibles construcciones, que no pueden tener más de dos plantas ni superar los ocho metros.
Pero más allá de cuáles serán las acciones de los que hoy tienen en su poder los terrenos, en esta partida de ajedrez sobrevuela otra cuestión: el papel de las administraciones públicas. Los pasos que, todo indica, se están diseñando desde hace meses muestran una senda con un final claro, en el que son los propios entes públicos los que mueven los hilos para obtener una parcela privada que será cedida a otro privado para que construya un equipamiento privado y, presumiblemente, un parque público.
Si bien oficialmente la Administración autonómica muestra prudencia, fuentes de la misma eran claros al asegurar que la situación actual no deja espacio alguno para rechazar la propuesta del jeque. "Lo que está claro es que el proyecto del jeque despierta muchas más simpatías entre los ciudadanos que un parque", apuntaba la fuente.
La realidad es que esta parcela sigue tan desierta como cuando la Junta impidió la construcción de miles de viviendas y una marina deportiva; o cuando el Ministerio de Medio Ambiente dijo que la expropiaría para salvaguardarla de la ocupación urbanizadora, o cuando de nuevo la Junta puso sobre la mesa su propuesta de hacer un parque metropolitano, ahora aparcado en un cajón.
