Estatua del Cenachero.

El Cenachero es mucho más que una escultura de bronce para los malagueños, junto al Biznaguero o al burrito Platero forman el trío de esculturas populares que realizó Jaime Pimentel en 1968 para embellecer el Paseo del Parque malagueño. El Cenachero, pescador con su cenacho o espuerta de esparto donde llevaba el pescado fresco que pregonaba por las calles, ya ha desaparecido en Málaga.

Estatua de El Cenachero de Jaime Fernández Pimentel en Málaga.

El cenachero o zenachero es el pescador que en su cenacho o espuerta de esparto lleva el pescado fresco que pregona por las calles, haciendo bailar sus espuertas; un oficio ya desaparecido. El cenachero es, junto a la biznaga o el boquerón, un símbolo popular de la ciudad Andaluza de Málaga. En otras localidades del litoral malagueño ha recibido otras denominaciones, por ejemplo en Fuengirola este personaje era conocido como bolichero.

El cenachero en el arte

El artista malagueño Jaime Fernández Pimentel inmortalizó en 1968 en una estatua a este pintoresco personaje, inspirado en un pescador real llamado Manolo "El Petaca". La escultura se encuentra en la actualidad en la Plaza de la Marina, emplazamiento original donde fue reubicada tras varias décadas en el Paseo de La Farola. Bajo la escultura hay una placa conmemorativa que contiene los siguientes versos dedicados a la figura del cenachero por el poeta malagueño Salvador Rueda:

El Cenachero Allá van sus pescadores con los oscuros bombachos Columpiando los cenachos con los brazos cimbradores. Del pregón a los clamores hinchan las venas del cuello: Y en cada pescado bello se ve una escama distinta, en cada escama una tinta y en cada tinta un destello.

Curiosidades

Réplica de la estatua de El Cenachero en la ciudad de Mobile, Estados Unidos

La ciudad estadounidiense de Mobile, Alabama, alberga una réplica de la escultura de El Cenachero (en inglés: The Fishmonger); donada por la Ciudad de Málaga en homenaje al hermanamiento existente entre ambas ciudades. Se encuentra situada en una fuente en la Malaga Plaza, una plaza dedicada a la ciudad española y muy cerca de la Spanish Plaza, donde ondean varias banderas españolas y donde están instalados los "Arcos de la Amistad", también donados por la Ciudad de Málaga.

Encargan un informe jurídico para comprobar si el acuerdo unánime del Pleno puede paralizar derribos. Mijas (SUR)

El Ayuntamiento estudiará la propuesta del PP, según la cual la voluntad explícita de la Corporación de regularizar las viviendas podría retrasar la ejecución de los expedientes
El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, va a encargar un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de una propuesta presentada por el PP, según la cual, la adopción de un acuerdo unánime del Pleno posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Nuestro compromiso es hacer todo lo que la ley nos permita por regularizar el máximo de viviendas posible», comentó el primer edil.En este sentido, el concejal del PP, Manuel Navarro, expuso que se podría solicitar a los tribunales de justicia correspondientes «la paralización temporal de la tramitación de los expedientes de demolición, de todas aquellas viviendas irregulares que están en vía contencioso-administrativa, alegando la voluntad explícita del Pleno de incorporar esa regularización de viviendas a la revisión del Plan General». Además, según Navarro, en caso de sentencia firme por parte del juzgado, ésta se podría revocar con una resolución del PGOU donde aparezca como vivienda regularizable.DificultadesPor su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, quiso dejar claro que «no todos los casos tienen solución», y que la regularización de la vivienda no exime a los propietarios de sus obligaciones a la hora de urbanizar la zona.Esta propuesta se presentó pocos días después de que una familia optara el domingo por demoler la casa que se estaban construyendo en suelo rústico de regadío en la zona de La Alquería, y que llevaba dos años paralizada por la denuncia de varios vecinos. Según explicó la propia afectada, Amelia Peinado, la orden de derribo aún no estaba en fase de ejecución, pero el «temor» y la imposibilidad de hacer frente a las multas de unos 4.000 euros mensuales la llevaron a tomar la drástica decisión de echar abajo su casa.

La crisis inmobiliaria y las limitaciones legales ponen en jaque las arcas de los ayuntamientos (SUR)

La bajada de los ingresos por tasas urbanísticas y las condiciones para endeudarse, principales escollos. En la capital se prevé un recorte del 25% en las inversiones el año próximo

LIMITACIONES
Principales cuestiones que afectan a la financiación de los ayuntamientos:

Crisis del sector inmobiliario: La caída de la actividad inmobiliaria provoca una disminución de los ingresos por tasas e impuestos relacionados con las obras.

Ley de estabilidad presupuestaria: Obliga a los ayuntamientos a disminuir los préstamos para inversiones, ya que estos no pueden superar el dinero que se destina cada año a amortizar créditos.

Paralización de los planes urbanísticos: La demora en la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana mantiene en suspenso los ingresos por convenios urbanísticos.

Limitaciones para emplear el dinero de convenios urbanísticos: La ley andaluza obliga a que el dinero procedente de los convenios se destine en un 75% a la promoción de viviendas de VPO, lo que deja sólo un 25% para mejoras urbanas.

No corren buenos tiempos para la economía de los ayuntamientos de la provincia. Parece que los astros se han puesto de acuerdo con el fin de hacer coincidir en el tiempo una serie de circunstancias que provocan una merma de las arcas municipales no conocida en los últimos años. Todos los municipios se ven afectados en mayor o menor medida por esta situación, motivada fundamentalmente por el parón de la construcción, unido al retraso en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos, y por la entrada en vigor de la norma de estabilidad presupuestaria, que obliga a los gobiernos locales a disminuir los préstamos para financiar inversiones con el fin de equipararlos al dinero que se destinan cada año a amortizar créditos.La crisis del ladrillo -la producción de viviendas en los primeros tres meses de este año ha caído a la mitad respecto a los datos de 2007- ocasiona un efecto inmediato en los ingresos por tasas urbanísticas y venta de suelo que, en el caso de la capital, se ha cuantificado en un descenso global del 15% para este año. La bajada se observa en la recaudación por las tasas urbanísticas que se abonan al solicitar la licencia de obras -ha disminuido un 16% en el último año- y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que experimentará un retroceso del 30%en 2008. Ambos conceptos suponen una pérdida inicial de casi nueve millones de euros respecto a lo recaudado el año pasado, aunque puede ser mayor.En Vélez-Málaga, uno de los municipios con mayor actividad inmobiliaria en los últimos meses, ésta ha decrecido más de la mitad y la tramitación de licencias de obras para casas ha bajado un 60% desde principios de año. Esto se ha traducido también en un importante descenso en los ingresos a través de las tasas urbanísticas y el ICIO, que se han visto reducidos a apenas unos 400.000 euros.

Marbella

En la misma situación está Marbella, donde los problemas heredados del gilismo, especialmente por la ausencia de un plan general renovado, limitan desde hace años los ingresos en las arcas municipales derivados del ladrillo. El coordinador de Hacienda marbellí, Carlos Rubio, explicó que ya en los presupuestos del año pasado «no se incluyeron ingresos atípicos» en este sentido por una cuestión de prudencia. «Se han valorado a la baja las previsiones de recaudación por convenios, licencias y el ICIO», subrayó.En Mijas, el parón urbanístico se ha convertido en el mayor problema para las arcas municipales, si bien el bajo nivel de endeudamiento permite tener una mayor capacidad de maniobra. Esto, unido al retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha traído consigo un bloqueo en la ejecución de convenios urbanísticos, principal fuente de ingresos del municipio en los últimos años. Esta situación ha tenido reflejo en los presupuestos de este año, que contemplan una caída de las inversiones del 16%. Para reactivar la economía local, el Ayuntamiento levantó a comienzos de año la suspensión de licencias decretada en 2004 a raíz de la revisión del PGOU, una medida que congeló todo el suelo cuyo desarrollo futuro colisionaba con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, y que ahora ha quedado liberado, en parte, permitiendo la aprobación de obras por valor de 20 millones de euros. Los ayuntamientos del interior de la provincia también se ven afectados por la crisis inmobiliaria, aunque en menor medida, ya que el volumen de proyectos en estas localidades es menor que en la costa. Así, el Consistorio de Antequera prevé una disminución en los ingresos urbanísticos, aunque asegura que cuenta con margen de maniobra como para no tener que bajar las inversiones. «En Antequera es donde menos se puede notar esa desaceleración de la economía, porque no hemos basado la nuestra únicamente en el pelotazo de la construcción», sentenció su alcalde, Ricardo Millán.Junto con el descenso de la construcción, existen otros escollos -en este caso de carácter legal- que también limitan la financiación de los municipios. Por un lado la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por otro, la ley andaluza del suelo, que obliga a que el dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se dedique en un 75% a la construcción de VPO y sólo en un 25% para mejoras en infraestructuras urbanas.En el caso de la capital, esto afecta a ingresos pendientes por convenios urbanísticos que suman más de cien millones de euros, cantidad que no podrá emplearse hasta que las actuaciones urbanísticas de las que procede sean autorizadas definitivamente por la Junta de Andalucía.El Consistorio malagueño aprobó hace pocos días un plan de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años que pronostica una bajada de las inversiones del 25% para 2009 si no se logran fórmulas de financiación alternativas. En el caso de Marbella, la obligación de reinvertir los ingresos por convenios en VPO y mejoras urbanas más que un imperativo supone una necesidad por los déficits heredados del gilismo. Han elaborado esta información Agustín Peláez, Francisco Jiménez, Carmen Martín, Cristina González y Jesús Hinojosa.

Aprueban una ordenanza para regular las compensaciones en suelo no urbanizable. Antequera (SUR)

La hostelería, la restauración, el sector agrícola obtendrían bonificaciones

Para determinados sectores, construir en suelo no urbano será más rentable con la nueva ordenanza que regulará las compensaciones que el Ayuntamiento recibe por estas construcciones y que ayer se aprobó inicialmente por el pleno.Según explicó el alcalde, Ricardo Millán, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que cuando alguien quiere construir en suelo no urbanizable debe presentar un proyecto de actuación y obtener la aprobación definitiva. Además, antes de obtener la licencia de obras debe abonar al Consistorio hasta un 10 por ciento del valor total de la construcción en lo que se llama prestación social compensatoria. «Si se quiere rebajar ese porcentaje para determinadas actuaciones hay que realizar una ordenanza», argumentó Millán, quien aclaró que con esta nueva normativa tan sólo se tendrá que abonar un cinco por ciento si la construcción está destinada a la hostelería o a la restauración y un tres por ciento si está dedicada al almacenaje, a la agricultura o a la restauración del patrimonio artístico local.Modificación Según esta ordenanza, que se aprobó por urgencia, el dinero que obtendría el Ayuntamiento se destinaría exclusivamente al patrimonio municipal de suelo. Junto a ella también se aprobó una ampliación de las bonificaciones que se otorgan por la adquisición de suelo industrial municipal.Así Millán argumentó que estas modificación se realiza para que cuando una empresa sume parcelas que tengan un tratamiento distinto en el caso de las bonificaciones, estas obtengan las mismas. En este sentido puso como ejemplo el caso de Verdifresh: la sociedad adquirió la parcela del Parque Empresarial en la que está ubicada por subasta hace ya varios años, cuando aún no había bonificaciones. Recientemente ha adquirido también por subasta una parcela continua de 10.000 que quiere agregar a la que ya tiene para formar una sola. La última parcela que adquirió si tenía bonificaciones y, por tanto, limitaciones, como no poder vender el terreno en los próximos 25 años y comenzar la actividad en dos años. Con esta modificación, la mitad de la suma de las bonificaciones y limitaciones de las parcelas que se quieren agregar se aplicará a todos los terrenos. Así, por ejemplo, las dos parcelas de verdifresh tendrán como limitación no poder venderla en 12 años.Además, se aprobó ayer por urgencia un nuevo organigrama del Área de Obras y Servicio con la idea de ir configurando este departamento a la Gerencia de Urbanismo que el Ayuntamiento quiere crear.

Mijas adaptará el PGOU vigente a la Ley de Suelo para reactivar el desarrollo urbanístico (SUR)

La medida permitirá sacar adelante proyectos residenciales y de equipamientos que están bloqueados por el retraso del POT de la Costa del Sol que impulsa la Junta. El Ayuntamiento revisará el Plan General de forma paralela

La paralización del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas por el retraso en la tramitación del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol que impulsa la Junta, está propiciando una situación de bloqueo en el desarrollo del municipio que, unida a la desaceleración generalizada en el sector de la construcción, está afectando al dinamismo económico mijeño. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por adaptar el planeamiento urbanístico vigente, que data de 1999, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Una actuación que permitirá recoger algunas figuras de planeamiento, como estudios de detalle o planes parciales, además de llevar a cabo modificaciones puntuales con los que se podrán sacar adelante nuevos proyectos residenciales e industriales que hasta ahora estaban en el cajón.Así lo anunció ayer el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, durante el pleno extraordinario convocado a petición del PP para analizar la situación urbanística del municipio, en el que el edil popular, Manuel Navarro, planteó una batería de medidas para «devolver la normalidad urbanística a Mijas y propiciar su reactivación económica». Entre estas propuestas se encontraba precisamente la necesidad de adaptar el PGOU en vigor a la Ley de Suelo de Andalucía, como ya han hecho otros municipios de la provincia, y consolidar todo el suelo urbanizable que plantea el planeamiento de 1999.Esta iniciativa, según apuntó el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, es factible desde el pasado mes de enero, tras la publicación del Decreto 11/08, que aporta cierta flexibilidad al diseño del planeamiento urbanístico.

Revisión

La adecuación del texto vigente a la legislación andaluza se realizará de forma paralela a la revisión del PGOU de 2005, cuya tramitación quedó paralizada por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el POT y la propia LOUA. Ahora, el mismo equipo redactor se encargará de conjugar este baile de siglas y realizar los cambios en las cuestiones que colisionan con la nueva normativa. Aunque Cruz no quiso hablar de fechas, la intención es que la revisión esté lista a finales de año.Tanto la adaptación del Plan General a la LOUA como la necesidad de iniciar la nueva revisión del planeamiento urbanístico figuraban entre las exigencias expuestas por Manuel Navarro, quien también abogó por la incorporación al texto vigente, mediante modificaciones de elementos consensuadas con la Junta, de aquellos sectores que sean de interés general para el municipio y obtener así suelo para equipamientos (desaladora, zonas deportivas, colegios, VPO, suelo industrial,...).

La primera fase del Plan de Vivienda de Benalmádena prevé la creación de 428 VPO (SUR)

Se distribuirán en cuatro promociones distintas que tendrán pisos de dos habitaciones por 85.000 euros. Una de las propuestas opta por alojamientos temporales en régimen de alquiler orientados a familias sin recursos

PLAN DE VIVIENDA
Primera promoción: La primera promoción ha sido concertada con la empresa Miramar. Se realizarán 90 viviendas en dos fases. Una vivienda de dos dormitorios con trastero y garaje saldrá por 147.840 euros, y la de tres dormitorios por 161.787 euros.

Segunda: También en Santángelo con176 viviendas, entre 85.425 euros y 122.037 euros. Tercera: Una última promoción en Santángelo compuesta por otras 72 viviendas.

Cuarta: Un centenar de viviendas de alquiler en Miramar, con dos dormitorios, y un cupo destinado a discapacitados físicos. El alquiler será de 256,11 euros al mes.
Paliar el déficit de viviendas sociales en Benalmádena promoviendo la construcción de VPO constituye uno de los principales objetivos del equipo de gobierno benalmadense. Así lo declaró ayer el alcalde de la localidad, Javier Carnero, quien adelantó el lanzamiento de un Plan de Vivienda Protegida 2008-2011, que en su primera fase contempla la construcción de 428 viviendas sociales, con precios que llegan a alcanzar los 85.000 euros por un apartamento de dos dormitorios.El regidor manifestó que cuando llegaron a la Alcaldía se propusieron activar en el plazo más breve posible las fórmulas que pudieran recuperar a la localidad de la escasez de promociones de viviendas sociales y que venía arrastrando desde 1995. Prueba de ello, según manifestó el alcalde es que, durante el año pasado se realizaron en el municipio 2.000 transacciones referidas a viviendas de renta libre frente a una sola de viviendas protegidas.Carnero recordó que el primer paso para la puesta en marcha de nuevas promociones de viviendas sociales fue la firma de un protocolo de colaboración con la anterior consejera de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez, el pasado enero.

Promociones

Desde la firma del convenio con la administración autonómica, el Área de Vivienda comenzó a trabajar en la búsqueda de suelo y socios para la construcción de viviendas sociales. De esta forma, ya se ha podido cerrar una primera fase del Plan de Vivienda Protegida, que consta de cuatro promociones que, en total, suman 428 viviendas sociales de diferente régimen.La primera de ellas abarca 90 viviendas protegidas concertadas con la empresa Miramar. Se desarrollará en dos fases: una primera con 68 viviendas, y una segunda, de 22. «Estas viviendas contarán con un precio algo más caro al ser concertadas con un promotor privado y poder acogerse al módulo de precio más alto», aclaró el responsable municipal de Vivienda, Francisco Artacho. Así, una vivienda de dos dormitorios con trastero y garaje saldrá por 147.840 euros, y la de tres dormitorios por 161.787 euros.En cambio, una de las dos promociones que se construirán en la zona de Santángelo corresponde a viviendas protegidas de régimen especial de venta, «lo que permite lanzarlas al mercado con unos precios muy asequibles». Esta promoción constará de 176 viviendas, y los apartamentos de dos dormitorios saldrán por 85.425 euros; los de tres, por 103.731 euros; y los de cuatro, por 122.037 euros. Todas las construcciones contarán con aparcamiento.La otra promoción que se ubicará en Santángelo serán 72 viviendas protegidas de régimen general, con precios también accesibles: 95.014 euros para las viviendas de dos dormitorios, 115.935 euros para las de tres, y 136.856 euros para las de cuatro. Todas cuentan también con aparcamiento.La última de las iniciativas de este plan de vivienda está, según Artacho, especialmente pensada para aquellas familias más desfavorecidas del municipio sin recursos para afrontar una compra. Así, en la zona de Miramar, se construirán cien inmuebles temporales de alquiler, con dos dormitorios, y una reserva destinada a discapacitados físicos. El precio mensual del alquiler será de 256,11 euros.

Registro de demandantes

Carnero recordó que en la firma del protocolo de colaboración con la anterior consejera de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez, el pasado enero se les exigía una estimación del número de demandantes de viviendas sociales en la localidad. El Área de Vivienda, que dirige Francisco Artacho, comenzó inmediatamente a elaborar un registro de demandantes de viviendas sociales que, a fecha 25 de abril, ya contaba con 1.074 solicitudes para darse de alta en dicho informe, según manifestó el regidor benalmadense.Este registro ha sido de capital importancia a la hora de conocer las necesidades de la localidad y ver cuáles eran las principales demandas de los benalmadenses.El concejal de Vivienda aseguró que en base a los resultados obtenidos se han elaborado las diferentes promociones. Además apuntaron que éste es «el comienzo de un ambicioso plan».

Un millar de viviendas en la presente legislatura. Benalmádena (SUR)

El alcalde de Benalmádena anunció que este mismo año comenzarán las obras de estas cuatro promociones. Además, aseguró que Benalmádena ha sido la primera localidad en remitir a Obras Públicas este plan de vivienda de entre todas las que firmaron el protocolo el pasado enero.A pesar de esto, el alcalde anunció que no descartan lanzar en esta misma legislatura nuevas promociones de viviendas sociales. «Muchos promotores nos han mostrado ya su interés en construir viviendas sociales en parcelas que poseen para la creación de viviendas de renta libre, y es que la coyuntura actual favorece más la creación de este tipo de promociones sociales», recalcó.Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Artacho, aclaró que su propósito es promover un millar de viviendas sociales a lo largo de esta legislatura. «Si las actuaciones planteadas se desarrollan tal y como tienen previsto, igual que ahora se han anunciado 428 VPO, en mayo de 2009 lanzaremos otra tanda de 300 y en mayo de 2010, una última tanda de 300», explicó. «De esta forma, cumpliríamos con las mil viviendas sociales que figuran en el protocolo de colaboración que firmamos con la Junta», aseveró.

La Junta da luz verde al desarrollo de la zona donde se creará la Ciudad del Conocimiento. Estepona (SUR)

La Administración andaluza también da el visto bueno al plan parcial de La Lobilla, donde se prevé construir 70 VPO

La futura Ciudad del Conocimiento está más cerca de convertirse en una realidad. La delegación provincial de Obras Públicas dio ayer el visto bueno al plan parcial de Saladavieja, situado en la zona de Las Mesas, donde se levantará este proyecto promovido por la Fundación Antonia Guerrero. La aprobación definitiva se someterá este mes al pleno de la Corporación, según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte.El estudio de arquitectos Jiménez Brasa redacta el proyecto básico y de ejecución de este complejo y, además, realizará la dirección facultativa de la obra, que podrá comenzar de forma inmediata, según indicó el edil de Urbanismo.50 millonesEl proyecto supondrá una inversión de 50 millones de euros. El director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, Manuel Toharia, ha sido el responsable del anteproyecto del edificio, que contará con una superficie de 15.000 metros cuadrados. La Ciudad del Conocimiento aunará la tecnología con la cultural y contará con una Escuela Superior de Idiomas, un Instituto Internacional de la Comunicación, un Museo del Lenguaje, salas de exposiciones y un planetario que llevará el nombre del profesor esteponero Tomás Hormigo. Una sala de proyecciones en tres dimensiones y una zona museística interactiva completarán este espacio de diseño vanguardista. El edificio se unirá en un futuro al gran parque periurbano que se contempla crear en esta zona. La explotación de estas instalaciones garantizará la supervivencia económica de la Fundación Antonio Guerrero y le permitirá seguir invirtiendo sus fondos en proyectos culturalesLa Administración andaluza también dio ayer el visto bueno al desarrollo del plan parcial de la zona de la Lobilla, donde se plantea la posible construcción de unas 70 Viviendas de Protección Oficial (VPO) para antes del verano.

Una empresa privada sortea 119 VPO entre familias con pocos recursos (SUR)

La empresa andaluza Dolmen Consulting Inmobiliario, líder en el sector de VPO, celebró ayer en Málaga el sorteo de 119 viviendas de protección oficial en régimen especial, del que se benefician las familias de menos recursos. Para acceder a alguna de estas viviendas se admitieron 10.581 solicitudes.El sorteo ante notario se retransmitió en directo por Canal Málaga y contó con la presencia del presidente de la promotora Hexa VPO, Florencio Arias. Por parte de Dolmen estuvieron presentes Clara Romero, subdirectora de Expansión, e Inmaculada Márquez, coordinadora de Ventas.De las viviendas sorteadas, 75 integran la primera fase del edificio Alcázar y 44 la segunda. El edificio, que se levanta en Campanillas, estará listo en su primera fase el segundo semestre de este año, y en el primer semestre de 2009 en su segunda fase. Los pisos tienen un promedio de 70 metros útiles y tres habitaciones, y cuentan con garajes y trasteros incluidos.

El PTA ya puede comenzar su ampliación tras el visto bueno del Ayuntamiento (SUR)

El Consistorio aprueba la actuación sobre 36 hectáreas de la tecnópolis
LAS CIFRAS
Superficie actual del PTA: 1.685.199 metros cuadrados.

Empresas instaladas: Alrededor de 450 a finales de 2007.

Trabajadores: Cerca de 15.000.

Facturación: Supera los 1.300 millones de euros en 2007.

Ampliación: En sus distintas fases, se prevé aumentar la superficie en casi un millón de metros cuadrados.

La dirección del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con sede en Málaga, podrá comenzar de manera «inmediata» el movimiento de tierras para la primera fase de ampliación de la tecnópolis. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien indicó que lo rectores del PTA pueden solicitar desde ya la licencia. Y todo ello después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital diese ayer el visto bueno a la aprobación provisional de la ampliación. Antes del verano, según el concejal, se dará luz verde a la aprobación definitiva, que permitirá actuar sobre 366.216 metros cuadrados situados al norte de la actual tecnópolis. «Paralelamente, y para ganar tiempo, se está tramitando el proyecto de urbanización del terreno», declaró Manuel Díaz. En esta primera fase se prevén veinte parcelas con una superficie total de unos 100.000 metros cuadrados destinados a empresas de investigación y desarrollo, unos 15.400 metros cuadrados para edificios institucionales, otros 10.500 a uso hotelero, comercial y cultural, y 14.000 metros cuadrados a uso público y social. El resto se empleará para viarios y zonas verdes. Por otro lado, el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó sacar a subasta la venta de un solar municipal de 2.300 metros cuadrados de techo edificable en la calle José María Garnica (zona de El Bulto) para construir 23 viviendas. El precio de salida es de 5,7 millones de euros. «Con el dinero podremos adquirir suelo para hacer VPO o rehabilitar edificios», explicó Díaz para contrarrestar las críticas por esta enajenación.

Fiscalidad de la vivienda: Impuestos y deducciones (La Opinión)

La inversión en la compra de una casa supone para las familias el pago de impuestos, que se compensan con beneficios incentivados por el Estado
En España, donde la opción elegida mayoritariamente es la compra frente al alquiler, la vivienda es la inversión por excelencia para la gran mayoría de las familias y prácticamente la única de envergadura que realizan a lo largo de la vida. Esta inversión acarrea para el ciudadano una doble vertiente fiscal: por un lado, las obligaciones tributarias, y por otro, las deducciones con las que incentiva el Estado. En cuanto a las cargas impositivas, el Impuesto del Valor Añadido es aplicable a la vivienda nueva y afecta también a garajes y anejos vinculados a la misma, y supone un 7% sobre el precio de venta. Otro impuesto se aplica sobre Trasmisiones Patrimoniales, para casos de segunda trasmisión de la vivienda y es compatible con el IVA. Como en el caso anterior, se trata de un impuesto indirecto que soporta directamente el comprador. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava los documentos formalizados mediante escritura publica. Estos tres se devengan y liquidan de una sola vez.Otros impuestos hay que soportarlos a lo largo de la tenencia de la vivienda, como es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que grava el valor catastral del bien. Se liquida y paga cada año y se recauda por los ayuntamientos.Además, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también pertenece a este grupo. Anualmente, para cada vivienda hay que imputar como renta un porcentaje del valor catastral. Se han de declarar como renta todas las viviendas y bienes inmuebles de las que sea titular el declarante, sean o no residencia habitual.Por último, el ciudadano puede tener que hacer frente al Impuesto sobre el Patrimonio, que grava el valor del los elementos que integran el patrimonio del sujeto pasivo sin referirlos expresamente al ejercicio económico, como ocurre con el IRPF. Según el valor total del patrimonio, se podrá o no producir obligación de tributar.Beneficios. Por contra, en España hay también una serie de beneficios fiscales, que presentan ciertas diferencias en los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Los hay previos a la compra, como es el caso de la aplicación de un tipo especial del 7% de IVA para la compraventa de viviendas, frente al tipo general del 16%.También está la aplicación de tipos especiales del Impuesto de Transmisiones. En Andalucía el tipo reducido es del 3,5% si la operación se realiza sobre viviendas protegidas. Además, para la VPO existe una exención del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.Otro incentivo se realiza en el IRPF, ya que en cada ejercicio se le aplica una deducción que se calcula sobre el total de importes desembolsados y directamente vinculados a la compra o rehabilitación, si se cumplen los requisitos. El Impuesto sobre el Patrimonio presenta una exención total para las viviendas, que si es residencia habitual, no superen un determinado precio. La última de las deducciones es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En el caso de Málaga, se puede obtener una bonificación de hasta el 50% de la cuota del impuesto durante tres ejercicios. Así, el peso de las deducciones en inversión en vivienda sobre el total de cuotas íntegras declaradas ha pasado de representar el 2,89% en 1989 al 9,58 % en 2005, según los datos sobre el IRPF del Ministerio de Economía y Hacienda.

Rincón abre el aparcamiento del Llano de Torroba con 732 plazas (La Opinión)

El parking, construido por la empresa Sando, consta de cuatro plantas subterráneas y será rematado con un gran plaza de 5.000 metros cuadrados
El pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria dio luz verde ayer a la apertura del aparcamiento construido en el Llano de Torroba, uno de los más grandes de la provincia, con capacidad para 732 vehículos y que ha supuesto una inversión superior a los 15,5 millones de euros. Se trata del primer aparcamiento subterráneo del municipio, que va a aliviar y mucho la escasez de plazas de estacionamiento en el centro de la localidad.El parking del Llano de Torroba, que comenzará a funcionar en breve, tiene una superficie de 25.00 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas, dos de las cuales se explotarán en régimen de rotación, otra en régimen de concesión administrativa para los residentes de la zona y una cuarta destinada únicamente a pernoctaciones. El edificio ha sido levantado por la constructora y concesionaria de la explotación del servicio, la empresa malagueña Sando SA.El alcalde de Rincón, José Miguel Fernández (PSIRV), manifestó que es una de las obras más importantes del municipio en los últimos años, dada la necesidad de aparcamientos que existe. La apertura del parking, añadió, vendrá a paliar uno de los graves problemas a los que se enfrenta el municipio cada verano con la llegada de miles de turistas y visitantes, a la vez que potenciará la actividad comercial en el centro.Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Jesús Domínguez Palma, destacó que se cumple así uno de los objetivos del equipo de gobierno y que el parking contempla una plaza de 5.000 metros cuadrados en superficie que se convertirá en un centro de recreo y descanso referente para todos los vecinos de Rincón.Por otra parte, el pleno de la corporación municipal de Rincón de la Victoria aprobó ayer las últimas modificaciones del contrato de concesión de obra pública que han ido surgiendo a lo largo de la obra por la aparición de restos arqueológicos en el solar, rocas de mayor dureza de las previstas, la mejora de la urbanización de la plaza así como por la propuesta del equipo de gobierno de mejorar las calles comerciales adyacentes, por valor de 2,2 millones de euros. El pleno celebrado ayer también aprobó las medidas económico-financieras de la concesión.

Piden el convento de Las Claras de Vélez como sede de la agrupación de cofradías

El alcalde ha iniciado los contactos con el obispo para que les ceda este espacio y pase a ser de propiedad municipal
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha movido ficha para poner en valor el convento de Las Claras. El alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), ha trasladado al obispo de Málaga, Antonio Dorado, la intención de que el edificio pase a ser de propiedad municipal para que tenga un uso cultural y sirva de sede de la agrupación de cofradías de Semana Santa. De esta manera, según explicó el regidor, la iglesia de las Claras podría mantener su actividad religiosa ya que si finalmente pasara a manos privadas, el Obispado la cerraría al culto. Delgado Bonilla señaló que "para este proyecto buscará el consenso con todos los grupos políticos con representación municipal".Delgado Bonilla también ha pedido al obispo que el edificio que actualmente alberga la guardería de La Villa, propiedad del Obispado, pueda ser utilizado como oficina municipal para el proyecto Urban De toda la Villa. Asimismo, le ha dado traslado del proyecto de parque periurbano que se ejecutará en el Cerro de San Cristóbal y le ha solicitado la apertura de las iglesias de la zona monumental para poder integrarlas en la ruta turística que se está diseñando.En esta reunión el primer edil veleño y el obispo pusieron en común otros asuntos de interés para ambas instituciones como la conversión de la capilla de Lagos en una casa cívica que sea compatible con el culto o la cesión de un patio anexo a la iglesia de Benajarafe para uso municipal. El alcalde aprovechó el encuentro para solicitar a Dorado, la coronación de la Virgen de la Angustias y la constitución como cofradía del la agrupación religiosa del Coronado de Espinas.

Las viviendas de Torremolinos deberán tener entre dos y cuatro plazas de aparcamiento (La Opinión)

El plan contempla un "crecimiento inteligente" en las vías Manuel Fraga Iribarne, Palma de Mallorca y Carlota Alessandri, que compondrán una gran avenida
Las viviendas de nueva construcción de Torremolinos deberán tener un mínimo de dos plazas de garaje, que serán tres si la vivienda supera los 80 metros cuadrados y cuatro, si se trata de viviendas de más de 150 metros cuadrados de superficie. Así constan en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el pleno del Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer de manera inicial con los votos en contra de la oposición. El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, defendió un "crecimiento moderado" como inspiración básica de la revisión del plan de urbanismo e indicó que el plan contempla un tamaño mínimo para las viviendas de 45 metros cuadrados útiles, ya que -según explicó- el municipio tiene aproximadamente 7.000 apartamentos o estudios de entre 20 y 35 metros cuadrados. "Es más que suficiente y, además, se evitará la infravivienda, porque, aunque no siempre, es la que genera zonas de marginación y, por tanto, problemáticas y conflictivas", dijo el alcalde. El regidor defendió que el equipo de gobierno ha plasmado en el plan la filosofía de un "crecimiento inteligente", en el que "el ciudadano tenga fácil acceso a todas sus necesidades y donde el crecimiento mejore su entorno y propicie un dinamismo económico y una autosuficiencia comercial" y acusó a la oposición de querer propiciar un "crecimiento cero".Fernández Montes insistió en la necesidad de eliminar muchas disfunciones como edificios anticuados y con pésimo aspecto en muchas zonas céntricas; la discontinuidad de edificaciones en las principales arterias de la ciudad; las aceras estrechas; los solares sin edificar, así como eliminar las zonas degradadas y de marginación social.Fernández Montes anunció que el "crecimiento inteligente" se centrará en las avenidas Manuel Fraga Iribarne, Palma de Mallorca y Carlota Alessandri, para que configuren una gran avenida de cinco kilómetros que tendrá como incentivo la posibilidad de edificios de una altura máxima de seis plantas (en el caso de hoteles, ocho), "para que se constituya en la principal y más importante arteria de la ciudad".

Urbanismo ´blinda´ otras 90 fincas contra posibles actos especulativos (La Opinión)

Todas se encuentran situadas en el litoral este de la ciudad
El Ayuntamiento ha decidido preservar contra posibles "actuaciones especulativas" cerca de 90 suelos existentes en el litoral Este de la ciudad. En la relación de fincas afectadas figuran algunos suelos propiedad del propio Ayuntamiento, de la Gerencia de Urbanismo, del Ministerio de Hacienda, del colegio El Monte o de la madre del alcalde, María Victoria Prados.La Gerencia de Urbanismo deberá aprobar hoy la delimitación del litoral Este como área de tanteo y retracto. El objetivo es impedir que las parcelas delimitadas en este área, actualmente en manos privadas, pero con destino a uso público, sean compradas por un tercero con la intención de pedir luego a Urbanismo su expropiación a unos precios muy superiores al de su adquisición.Ante cualquier operación de compra de alguna de estas parcelas el Ayuntamiento tiene el derecho preferente de comprarla a precio real y no especulativo. Esto quiere decir que si el propietario de alguna de estas parcelas quiere venderla está obligado a comunicárselo antes al Ayuntamiento, que tendrá el derecho preferente de compra. Si en última instancia los responsables municipales no ejecutan la compra, sí podrán conocer el precio real de mercado al que se vende y evitar luego pagar expropiaciones altísimas. Las parcelas situadas en esta zona de Málaga son las más sensibles a posibles operaciones especulativa dado el alto precio que tiene allí el suelo.Propietarios. Entre estas fincas que se preservan, figura una a nombre de la madre del alcalde, María Victoria Prados, en calle Pintor Navarrete, en Pedregalejo; también figuran dos terrenos propiedad del Ayuntamiento y uno a nombre de la propia Gerencia de Urbanismo.Entre los solares que quedan delimitados en el área de tanteo y retracto de esta zona figuran uno a nombre de Jesús Ruiz Casado, uno de los directivos de la promotora Aifos procesado en el ´caso Malaya´. El propietario que más solares tiene en esta lista es el promotor Josep Capeluto Jacques, bien directamente a su nombre o al de algunas de sus empresas, como Capel Sur. Son todos ellos solares ubicados en el entorno de Gibralfaro, y en alguno de ellos el propietario ha instado ya su expropiación, cuya valoración ha sido recurrida por la Gerencia de Urbanismo. También está el colegio de El Monte, ya que en su parte trasera figuran dos zonas verdes que deben pasar a espacios públicos. Una de ellas ya ha sido comprada por una promotora que reclama su expropiación al Ayuntamiento por un precio muy superior al que pagó por su compra.También figuran tres propiedades de la empresa Financiera y Minera y otras a nombre de varios bancos y cajas de ahorro. Igualmente, dos solares están inscritas a nombre del Ministerio de Economía y Hacienda en la zona de Gibralfaro.El Ayuntamiento va a adoptar esta decisión, que tiene su respaldo legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) después de verse sorprendido últimamente por cuatro casos ocurridos en los que sus actuales propietarios han reclamando la expropiación de la parcela en cuestión con un valor que por término medio es diez veces superior al que se gastaron en su compra.

El Puerto inicia el diseño de los accesos al futuro auditorio (La Opinión)

Saca a contratación la redacción del proyecto para ordenar las vías de la plataforma de San Andrés y preparar la vía férrea para su soterramiento
La Autoridad Portuaria de Málaga está dando los primeros pasos para preparar la plataforma de San Andrés a la llegada de nuevos usos lúdicos y portuarios en los próximos años. Ha iniciado la contratación de la empresa que se diseñará el proyecto de reordenación de viales y accesos a esa zona del Puerto, donde está prevista la construcción del auditorio de música de la ciudad.Mientras ya están en marcha las obras de remodelación de los muelles 1 y 2 del Puerto, se empieza a preparar otra zona portuaria que sufrirá una radical transformación. El auditorio de música es el proyecto más emblemático que irá en la plataforma de San Andrés, pero no el único. La Autoridad Portuaria prevé desarrollar un puerto deportivo con algo más de 600 atraques junto a la desembocadura del Guadalmedina. Además, estarán las nuevas instalaciones pesqueras, que se empezarán a trasladar el año próximo.El Puerto parte ya con una propuesta básica del nuevo acceso, incluyendo el soterramiento de la vía férrea. Consistiría en la construcción de un gran vial distribuidor en el paseo marítimo Antonio Machado para facilitar la entrada y salida de los vehículos a la plataforma portuaria, que se realizaría por una única gran portada. El tráfico de mercancías seguirá por una carretera hasta cruzar el río Guadalmedina, donde habrá una gran rotonda que actúe como distribuidor de la circulación a una red de viales, permitiendo además mantener las medidas de seguridad exigidas por ley en los espacios portuarios. El objetivo de la Autoridad Portuaria es conseguir un único acceso rodado al Puerto desde el paseo marítimo Antonio Machado, justo en la prolongación de la calle Ferrocarril del Puerto, por donde ahora va la vía de los trenes de mercancías, y ordenar los viales en el interior de la zona portuaria.Los nuevos usos proyectados generarán un tráfico que necesita de nuevos viales y compatibilizarlos con la actividad portuaria, que se mantendrá con la salida de mercancías por medio de camiones y del tren.Precisamente, el Ministerio de Fomento prevé el soterramiento de la vía férrea que comunica el Puerto con la estación de Renfe, algo que debe estar incluido en el proyecto para reorganizar los viales en esa zona. No hay que olvidar que los trenes entrarán en el futuro túnel en terreno portuario, como ya adelantó La Opinión de Málaga.La empresa que sea contratada por el Puerto para diseñar los nuevos viales deberá de tener en cuenta el incremento futuro del tráfico conforme la plataforma de San Andrés vaya incorporando los usos ciudadanos y portuarios que están previstos. De esta forma, habrá que plantear varias alternativas antes de una decisión

Fijarán la ladera de La Viñuela para evitar desprendimientos (La Opinión)

La Junta de Andalucía saca a concurso las obras de corrección para evitar que los deslizamientos que sufre disminuyan la capacidad de embalse del pantano
El embalse de La Viñuela es el más grande de todos los que hay en la provincia de Málaga, con capacidad para 171 hectómetros cúbicos. Pero presenta un problema en su estructura, el deslizamiento de la ladera izquierda, que ahora la Junta de Andalucía va a solucionar. La Agencia Andaluza del Agua acaba de sacar a concurso por 17 millones de euros las obras de corrección y estabilización de esta zona, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).Los problemas de deslizamiento de la ladera izquierda se dan desde que La Viñuela comenzó su actividad de almacenamiento de agua, allá por 1991. Esta circunstancia, conocida como aterramiento, puede mermar la capacidad de los embalses, ya que provoca una sedimentación en el fondo que rebaja el nivel de llenado. En algunos casos se han registrado descensos de hasta un 25%.Desde que se detectó el problema de deslizamiento de la ladera izquierda se han llevado a cabo diversos estudios de auscultación y estabilización, según informó ayer la Cuenca Mediterránea Andaluza, dependiente de la Agencia Andaluza del Agua. Incluso el Ministerio de Fomento, a través del Centro de Estudios y Experimentación (Cedex), realizó en el mes de octubre del año 2004 un análisis de planteamiento de medidas correctoras.Las obras tienen un plazo de ejecución de más de dos años, concretamente 27 meses, y las empresas interesadas en hacerse con este contrato público tienen hasta el próximo 16 de junio para presentar las ofertas pertinentes. Esta circunstancia hace pensar que la adjudicación de los trabajos no tardará mucho más; el trámite puede estar finalizado este mismo verano.Según el director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, quiso resaltar la importancia que tendrán las obras de deslizamiento de la ladera izquierda de La Viñuela. Además, recordó que desde hace varios años se trabaja "de forma continua" para controlar este problema a través de los citados estudios y diversas investigaciones.Abastecimiento. El embalse de La Viñuela no está ahora en su mejor momento, pues la sequía lo tiene a apenas un 22% de capacidad, pero en los últimos años ha sido una reserva fundamental para garantizar el abastecimiento de agua de gran parte de la provincia de Málaga. En primer lugar de la Axarquía y, en menor medida, de Málaga capital, a la que ha llegado a aportar en años anteriores hasta un 15% de su consumo anual.Sin embargo, el continuo déficit de lluvias ha sido más perjudicial en la zona oriental de la provincia. La Viñuela es un embalse que, según los ciclos, se suele llenar cada 6 ó 7 años, según los cálculos de los técnicos de las diferentes administraciones. Su llenado máximo se produjo en 1998, y después en 2005 volvió a alcanzar un nivel casi total.Sin embargo, ahora está bajo mínimos, hasta tal punto que Axaragua, la empresa pública de gestión de recursos hídricos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol oriental, ya ha comunicado que va a necesitar agua de la parte occidental de la provincia. Las últimas lluvias han beneficiado, sobre todo, a Marbella y al Guadalhorce, y apenas han dejado agua allí donde más se necesita.

El PSOE califica de ´ilegales´ las casas propuestas para los mayores (La Opinión)

Fuentes dice que no son viviendas, "sino habitaciones de hotel", al no tener los 24,5 metros mínimos que fija el PGOU
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga asegura que las viviendas tuteladas para mayores, que el equipo de gobierno quiere levantar junto a dos guarderías, "son ilegales", en un caso por incumplir el Plan General y en otro por resultar"incompatible" con los comedores de guarderías, según explicó ayer el nuevo portavoz del grupo, Rafael Fuentes.La Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar hoy los proyectos básicos de cuatro guarderías, que en dos casos irán acompañadas de centros diurnos y en otros dos de viviendas tuteladas para mayores. El portavoz socialista fue contundente al señalar que la mitad de las doce viviendas tuteladas previstas "son ilegales ya que no tienen los metros mínimos establecidos en el actual PGOU, que son 24,5 metros".Fuentes relató que en el caso de las seis viviendas tuteladas de la calle Praga, en Campanillas, al menos tres de ellas no tienen los 24,5 metros y las otras tres lo rebasan por poco.Según el PSOE, en las siete viviendas previstas en el proyecto de La Roca, dos de ellas miden cada una 13,6 metros, más un baño de 3,40 metros, mientras otras dos se proyectan con 12,6 metros más 3,40 de baño. De esta forma, Fuentes señaló que "en ningún caso se puede hablar de viviendas, sino de habitaciones de hotel".Una segunda ilegalidad, según el portavoz socialista, es que la ley impone que los comedores de guarderías no pueden tener uso compartido, "por ello no pueden estar para la guardería y para el centro diurno de mayores,esto es incompatible".En cualquier caso, Fuentes saludó que el equipo de gobierno "después de ocho años sin hacer nada, proyecte ahora guarderías, pero que las haga conforme a la ley", concluyó.

La nueva ordenanza de ruido se aprobará antes del verano (La Opinión)

El texto original estaba paralizado para adaptarse a la ley nacional desde que en noviembre de 2005 entró en el proceso de alegaciones, del que no avanzó
La ordenanza municipal contra el ruido dejará de ser un texto olvidado en un cajón para tomar de nuevo impulso. La concejala de Medio Ambiente, Araceli González, aseguró ayer que su intención es que esta normativa pueda ser aprobada antes de verano.Este nuevo impulso llega después de que el texto lleve paralizado desde noviembre de 2005, cuando se terminó el plazo de presentación de alegaciones. Las 101 propuestas presentadas en ese momento llevaron a alargar el tiempo de estudio. A partir de ese momento, el Ayuntamiento decidió esperar a que se aprobara la nueva legislación nacional sobre ruido y el reglamento autonómico que lo desarrolla. Ahora hay un cambio de criterio en la concejalía. Araceli González mostró su disposición a darle un ultimo empujón "aunque no esté el reglamento". "Intentaremos aprobarla como la tenemos, que se ajusta a la ley nacional, y si el reglamento posterior obliga a cambiar alguna cosa, la reformaremos cuando haga falta", indicó Araceli González.Entre los aspectos que regulará este texto se encuentra la prohibición de cantar, gritar o hacer funcionar aparatos que produzcan ruidos (como radios, instrumentos o altavoces) en la vía pública. Esto afectaría a los músicos callejeros, que tendrán que obtener un permiso municipal.También se recogerán las actuales limitaciones para celebrar los botellones y que ha ocasionado que se prohiban junto a las viviendas. El proyecto de la ordenanza incluía una curiosa limitación, como el hecho de que los obradores de pan, talleres, imprenta, discotecas, bares con música o lavados de coches no puedan compartir el edificio con viviendas. Además, de instalarse, se tendrá que respetar una distancia mínima de diez metros respecto a cualquier zona habitada.La concejala de Medio Ambiente indicó que en la actualidad se están elaborando planes contra el ruido en los puntos más problemáticos, según se determina en el mapa de ruidos que se hizo de la ciudad y que estarán para septiembre.

La Fiscalía pacta con ediles del GIL evitar los juicios si van a la cárcel (La Opinión)

Los 15 ex concejales imputados aceptarán las penas solicitadas por prevaricación urbanística y cumplirán, según los casos, entre seis meses y tres años de cárcel. Cada uno de los ediles que acepte el convenio, entre los que se encuentran Muñoz y Yagüe, no podrá pedir "ni siquiera la suspensión o la sustitución de la condena"
La Fiscalía Provincial de Málaga ha llegado a un acuerdo con los ex ediles del GIL pertenecientes a varias corporaciones municipales de Marbella en relación a 70 procedimientos relacionados con licencias de obra ilegales concedidas por numerosas comisiones de Gobierno del Ayuntamiento. Los ex ediles afectados, que el ministerio fiscal sitúa en 15 personas por ahora, aceptarán haber cometido prevaricación urbanística, aunque ninguno de ellos podrá eludir la cárcel, ya que el trato contempla que "no puedan pedir ni siquiera la suspensión o la sustitución de la condena".La prevaricación urbanística contempla penas que van desde los seis meses a los dos años de cárcel, inhabilitación y multa. Con este acuerdo, los ediles que acepten formar parte del convenio tendrán que cumplir seis meses, nueve o un año, siempre que sus delitos no sean continuados. En caso de que acumulen más de tres causas, estos periodos de tiempo se multiplicarían por tres. Sólo pasaría seis meses entre rejas quien no tuviera condenas anteriores o antecedentes.Al contemplar la ley la conexión de los delitos, que por tanto tienen un carácter continuado, los que tengan más causas tendrán que cumplir el triple de la pena máxima, como recoge el Código Penal: por tanto, unos podrían cumplir 18 meses, otros 27 y, los que más asuntos tengan ante sí, 36, como ocurre en el caso del ex alcalde Julián Muñoz."La mayoría ha aceptado el trato, aunque alguno puede unirse después; por el momento afecta a casi 15 concejales de tres corporaciones", explicaron fuentes de la Fiscalía. Es decir, están afectados miembros de las corporaciones de 1995-1999 y 1999-2003, y la que sale de la moción de censura. Las penas de cárcel dependerán de las causas que cada uno tenga por delante y de su participación en cada una de las corporaciones: "Obviamente hay que tener en cuenta que la primera corporación hizo el plan del 98 (que no llegó a entrar en vigor), y los ediles que conformaron la segunda se limitaron a seguir dando licencias contrarias al planeamiento vigente", añadieron las fuentes consultadas.Es decir, cada uno recibirá su pena según el número de veces que haya cometido el delito -voto en la comisión de gobierno- o de su participación -según la corporación-. "No se puede suspender la pena ni se puede sustituir, incluso aunque el ex concejal no cuente con antecedentes penales", apuntaron las fuentes.Esta decisión supone un ahorro de medios materiales y humanos para la justicia amén de incidir en una mayor economía procesal, puesto que los jueces de lo Penal se ahorrarán la celebración de setenta juicios orales. "Ahora habrá setenta sentencias de conformidad con las diferentes penas que contempla el acuerdo; pero en la ejecución no se va a cumplir más del triple de la pena máxima, como explicita la ley", indicaron.Quedan fuera de este convenio los delitos de cohecho o malversación de caudales públicos que se instruyen aún en Marbella. La semana que viene habrá una reunión entre los fiscales y los abogados para cerrar los matices del pacto, que ya ha recibido el visto bueno de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A pesar de todo, habrá que agilizar aún los casos que están en instrucción.Sin embargo, algunos de los ediles no están nada contentos con el convenio. "No sólo es que tengamos que aceptar una responsabilidad penal por levantar una mano en una comisión de gobierno, sino que además debemos entrar en la cárcel por ello, cuando muchos no teníamos responsabilidades en Urbanismo", señaló uno de los ediles implicados.Algunas de las defensas insistieron ayer en que "el pacto no está cerrado; no creo que muchos de los concejales asuman la prisión sin que se distribuyan de otra forma las responsabilidades penales". Es más, volvieron a incidir en que "los concejales no sabían ni lo que votaban en las comisiones de gobierno, donde había un orden del día monstruoso. No todo el mundo puede responder de todo y habría que determinar qué cometidos tenía cada uno y su grado de responsabilidad".En este sentido, recordaron que "en ningún Ayuntamiento de España en el que se haya cometido un delito urbanístico se imputa a toda la comisión de gobierno, sino sólo al alcalde y al edil de Urbanismo implicados".Es por ello que la reunión de la próxima semana servirá para limar las últimas asperezas de un escrito que podría resultar muy beneficioso para algunos, y pernicioso para otros, que con muchos menos casos deberían cumplir tres años. La defensa del ex regidor dice que el acuerdo abarca las condenas anteriores ya ejecutadas, aunque otras fuentes aseguran que las causas ya juzgadas no entran en el convenio marco.