Los 15 ex concejales imputados aceptarán las penas solicitadas por prevaricación urbanística y cumplirán, según los casos, entre seis meses y tres años de cárcel. Cada uno de los ediles que acepte el convenio, entre los que se encuentran Muñoz y Yagüe, no podrá pedir "ni siquiera la suspensión o la sustitución de la condena"
La Fiscalía Provincial de Málaga ha llegado a un acuerdo con los ex ediles del GIL pertenecientes a varias corporaciones municipales de Marbella en relación a 70 procedimientos relacionados con licencias de obra ilegales concedidas por numerosas comisiones de Gobierno del Ayuntamiento. Los ex ediles afectados, que el ministerio fiscal sitúa en 15 personas por ahora, aceptarán haber cometido prevaricación urbanística, aunque ninguno de ellos podrá eludir la cárcel, ya que el trato contempla que "no puedan pedir ni siquiera la suspensión o la sustitución de la condena".La prevaricación urbanística contempla penas que van desde los seis meses a los dos años de cárcel, inhabilitación y multa. Con este acuerdo, los ediles que acepten formar parte del convenio tendrán que cumplir seis meses, nueve o un año, siempre que sus delitos no sean continuados. En caso de que acumulen más de tres causas, estos periodos de tiempo se multiplicarían por tres. Sólo pasaría seis meses entre rejas quien no tuviera condenas anteriores o antecedentes.Al contemplar la ley la conexión de los delitos, que por tanto tienen un carácter continuado, los que tengan más causas tendrán que cumplir el triple de la pena máxima, como recoge el Código Penal: por tanto, unos podrían cumplir 18 meses, otros 27 y, los que más asuntos tengan ante sí, 36, como ocurre en el caso del ex alcalde Julián Muñoz."La mayoría ha aceptado el trato, aunque alguno puede unirse después; por el momento afecta a casi 15 concejales de tres corporaciones", explicaron fuentes de la Fiscalía. Es decir, están afectados miembros de las corporaciones de 1995-1999 y 1999-2003, y la que sale de la moción de censura. Las penas de cárcel dependerán de las causas que cada uno tenga por delante y de su participación en cada una de las corporaciones: "Obviamente hay que tener en cuenta que la primera corporación hizo el plan del 98 (que no llegó a entrar en vigor), y los ediles que conformaron la segunda se limitaron a seguir dando licencias contrarias al planeamiento vigente", añadieron las fuentes consultadas.Es decir, cada uno recibirá su pena según el número de veces que haya cometido el delito -voto en la comisión de gobierno- o de su participación -según la corporación-. "No se puede suspender la pena ni se puede sustituir, incluso aunque el ex concejal no cuente con antecedentes penales", apuntaron las fuentes.Esta decisión supone un ahorro de medios materiales y humanos para la justicia amén de incidir en una mayor economía procesal, puesto que los jueces de lo Penal se ahorrarán la celebración de setenta juicios orales. "Ahora habrá setenta sentencias de conformidad con las diferentes penas que contempla el acuerdo; pero en la ejecución no se va a cumplir más del triple de la pena máxima, como explicita la ley", indicaron.Quedan fuera de este convenio los delitos de cohecho o malversación de caudales públicos que se instruyen aún en Marbella. La semana que viene habrá una reunión entre los fiscales y los abogados para cerrar los matices del pacto, que ya ha recibido el visto bueno de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A pesar de todo, habrá que agilizar aún los casos que están en instrucción.Sin embargo, algunos de los ediles no están nada contentos con el convenio. "No sólo es que tengamos que aceptar una responsabilidad penal por levantar una mano en una comisión de gobierno, sino que además debemos entrar en la cárcel por ello, cuando muchos no teníamos responsabilidades en Urbanismo", señaló uno de los ediles implicados.Algunas de las defensas insistieron ayer en que "el pacto no está cerrado; no creo que muchos de los concejales asuman la prisión sin que se distribuyan de otra forma las responsabilidades penales". Es más, volvieron a incidir en que "los concejales no sabían ni lo que votaban en las comisiones de gobierno, donde había un orden del día monstruoso. No todo el mundo puede responder de todo y habría que determinar qué cometidos tenía cada uno y su grado de responsabilidad".En este sentido, recordaron que "en ningún Ayuntamiento de España en el que se haya cometido un delito urbanístico se imputa a toda la comisión de gobierno, sino sólo al alcalde y al edil de Urbanismo implicados".Es por ello que la reunión de la próxima semana servirá para limar las últimas asperezas de un escrito que podría resultar muy beneficioso para algunos, y pernicioso para otros, que con muchos menos casos deberían cumplir tres años. La defensa del ex regidor dice que el acuerdo abarca las condenas anteriores ya ejecutadas, aunque otras fuentes aseguran que las causas ya juzgadas no entran en el convenio marco.
La Fiscalía Provincial de Málaga ha llegado a un acuerdo con los ex ediles del GIL pertenecientes a varias corporaciones municipales de Marbella en relación a 70 procedimientos relacionados con licencias de obra ilegales concedidas por numerosas comisiones de Gobierno del Ayuntamiento. Los ex ediles afectados, que el ministerio fiscal sitúa en 15 personas por ahora, aceptarán haber cometido prevaricación urbanística, aunque ninguno de ellos podrá eludir la cárcel, ya que el trato contempla que "no puedan pedir ni siquiera la suspensión o la sustitución de la condena".La prevaricación urbanística contempla penas que van desde los seis meses a los dos años de cárcel, inhabilitación y multa. Con este acuerdo, los ediles que acepten formar parte del convenio tendrán que cumplir seis meses, nueve o un año, siempre que sus delitos no sean continuados. En caso de que acumulen más de tres causas, estos periodos de tiempo se multiplicarían por tres. Sólo pasaría seis meses entre rejas quien no tuviera condenas anteriores o antecedentes.Al contemplar la ley la conexión de los delitos, que por tanto tienen un carácter continuado, los que tengan más causas tendrán que cumplir el triple de la pena máxima, como recoge el Código Penal: por tanto, unos podrían cumplir 18 meses, otros 27 y, los que más asuntos tengan ante sí, 36, como ocurre en el caso del ex alcalde Julián Muñoz."La mayoría ha aceptado el trato, aunque alguno puede unirse después; por el momento afecta a casi 15 concejales de tres corporaciones", explicaron fuentes de la Fiscalía. Es decir, están afectados miembros de las corporaciones de 1995-1999 y 1999-2003, y la que sale de la moción de censura. Las penas de cárcel dependerán de las causas que cada uno tenga por delante y de su participación en cada una de las corporaciones: "Obviamente hay que tener en cuenta que la primera corporación hizo el plan del 98 (que no llegó a entrar en vigor), y los ediles que conformaron la segunda se limitaron a seguir dando licencias contrarias al planeamiento vigente", añadieron las fuentes consultadas.Es decir, cada uno recibirá su pena según el número de veces que haya cometido el delito -voto en la comisión de gobierno- o de su participación -según la corporación-. "No se puede suspender la pena ni se puede sustituir, incluso aunque el ex concejal no cuente con antecedentes penales", apuntaron las fuentes.Esta decisión supone un ahorro de medios materiales y humanos para la justicia amén de incidir en una mayor economía procesal, puesto que los jueces de lo Penal se ahorrarán la celebración de setenta juicios orales. "Ahora habrá setenta sentencias de conformidad con las diferentes penas que contempla el acuerdo; pero en la ejecución no se va a cumplir más del triple de la pena máxima, como explicita la ley", indicaron.Quedan fuera de este convenio los delitos de cohecho o malversación de caudales públicos que se instruyen aún en Marbella. La semana que viene habrá una reunión entre los fiscales y los abogados para cerrar los matices del pacto, que ya ha recibido el visto bueno de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A pesar de todo, habrá que agilizar aún los casos que están en instrucción.Sin embargo, algunos de los ediles no están nada contentos con el convenio. "No sólo es que tengamos que aceptar una responsabilidad penal por levantar una mano en una comisión de gobierno, sino que además debemos entrar en la cárcel por ello, cuando muchos no teníamos responsabilidades en Urbanismo", señaló uno de los ediles implicados.Algunas de las defensas insistieron ayer en que "el pacto no está cerrado; no creo que muchos de los concejales asuman la prisión sin que se distribuyan de otra forma las responsabilidades penales". Es más, volvieron a incidir en que "los concejales no sabían ni lo que votaban en las comisiones de gobierno, donde había un orden del día monstruoso. No todo el mundo puede responder de todo y habría que determinar qué cometidos tenía cada uno y su grado de responsabilidad".En este sentido, recordaron que "en ningún Ayuntamiento de España en el que se haya cometido un delito urbanístico se imputa a toda la comisión de gobierno, sino sólo al alcalde y al edil de Urbanismo implicados".Es por ello que la reunión de la próxima semana servirá para limar las últimas asperezas de un escrito que podría resultar muy beneficioso para algunos, y pernicioso para otros, que con muchos menos casos deberían cumplir tres años. La defensa del ex regidor dice que el acuerdo abarca las condenas anteriores ya ejecutadas, aunque otras fuentes aseguran que las causas ya juzgadas no entran en el convenio marco.
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