Propone penas de seis meses a un año por cada licencia ilegal, que no podrán ser en ningún caso sustituidas por multa, Uno de los más beneficiados sería Julián Muñoz, que acumula medio centenar de procesos
IMPUTACIONES
Julián Muñoz: Está imputado en 105 procedimientos. (Sólo 49 son delitos urbanísticos).
Rafael González Carrasco: 72 procedimientos (56 delitos).
José Luis Fernández Garrosa: 53 (36).
Tomás Reñones: 50 (35).
Francisco Javier Lendínez: 49 (33).
Marisol Yagüe: 28 (8).
Rafael Calleja: 11 (7).
Isabel García Marcos: 11 (8).
Carlos Fernández: 11(7) (prófugo).
Pedro Pérez: 10 (7).Carmen Revilla: 8 (7).
Otros ediles imputados por delitos urbanísticos: Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe (prófugo), Dolores Zurdo, Vicente Manciles, Carmen Revilla, Victoriano Martínez, Alberto García Muñoz, José Luis Troyano y Juan Guzmán.
CONTENIDO DEL PACTO
Penas: De seis meses a un año de cárcel por cada delito.
Prisión: No podrá ser sustituida por multa ni suspendida.
Delitos: El pacto afecta sólo a la concesión de licencias ilegales.
Tope máximo: La ley impide imponer más del triple de la pena máxima prevista, es decir seis años. Con el acuerdo, este castigo queda rebajado a tres años de cárcel.
Los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella acusados de conceder licencias de obras ilegales serán condenados a un máximo de tres años y un mínimo de seis meses en la cárcel. Eso es lo que propone la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para aceptar la acumulación de las más de 70 causas judiciales pendientes por delitos urbanísticos que piden los abogados defensores de los ex ediles, siempre y cuando éstos acepten que cometieron las ilegalidades de las que se les acusan. El más beneficiado podría resultar Julián Muñoz, ya que el ex alcalde acumula medio centenar de procesos por licencias contrarias al planeamiento.En este pacto, que se ha gestado con los letrados de los imputados y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ministerio Público plantea que los acusados ingresen en prisión y que las penas de cárcel «no puedan sustituirse en ningún caso por multas, ni tampoco ser suspendidas», explicaron fuentes judiciales. «Se ciñe, además, única y exclusivamente, a la concesión de licencias ilegales y no afecta, por tanto, a los convenios urbanísticos de los que se pudiera derivar imputaciones por cohecho y malversación», añadieron las fuentes.El sistema en el que se ha basado este pacto es el de la conformidad de las partes -acuerdo entre acusación y defensa previsto en la ley- que permite al acusado beneficiarse de una rebaja de la pena prevista en el Código Penal, siempre que reconozca su culpabilidad. El delito urbanístico está castigado con penas de multa o de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel, además de inhabilitación para cargo público. En este caso, para llegar a la conformidad, la Fiscalía mantiene que la pena que se impondrá a los ex ediles será siempre de prisión, nunca de multa, y propone rebajar de dos a un año de cárcel el castigo máximo por cada delito urbanístico, mientras que el mínimo quedará en seis meses. Ello quiere decir que ningún ex concejal pasará más de tres años en prisión, ya que la ley impide que el reo cumpla más del triple de la pena más alta con la que está castigado el delito y en este caso el tope lo ha situado la Fiscalía en un año de cárcel. Tomando como ejemplo el caso de Julián Muñoz aunque resultara condenado por cincuenta licencias ilegales a un año de cárcel por cada una de ellas, no podría imponérsele más de tres de prisión. Antes de este acuerdo el castigo máximo que recibiría el ex alcalde en caso de ser condenado sería de seis años.El pacto beneficiaría a una decena de ex ediles del Ayuntamiento de Marbella entre el periodo comprendido entre 1997 y 2004, aunque, según las fuentes, podría afectar a otros munícipes fuera de esas fechas. Igualmente explicaron que la horquilla de seis meses a un año de cárcel en la que sitúa la Fiscalía las penas para los ex concejales imputados se aplicarán por tramos en función de la responsabilidad y participación que haya tenido cada acusado y planeamiento urbanístico vigente transgredido.La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán penados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación. Igualmente, para el Ministerio Público es importante la «economía procesal» que se consigue en virtud de este acuerdo con el consiguiente ahorro de recursos materiales y humanos y de tiempo, ya que en caso contrario habría que celebrar 70 juicios por cada uno de los casos pendientes que son prácticamente idénticos.
Próxima reunión
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento. Aunque según las fuentes la mayoría de las defensas se acogerán a este pacto, algunos letrados consultados por este periódico han manifestado que irán a juicio ya que sus clientes piensan defender su inocencia.La próxima semana está prevista una reunión entre los abogados de los munícipes acusados y el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo, en la que se cerrará el acuerdo y se conocerán cuáles son los imputados que deciden acogerse al mismo.
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